En 1974 la Argentina era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre el decil más rico y el decil más pobre de la población.
El gobierno nacional y popular tras la muerte del Presidente Juan Perón fue sometido a un permanente desgaste, cuando la burguesía local a través de la CGE (Confederación General Económica) mantenía un rumbo de crecimiento y de distribución progresiva del ingreso y, a la vez, había pegado un salto cualitativo con el aumento de las exportaciones industriales [1]. En 1974, la Argentina era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre el decil más rico y el decil más pobre de la población [2]. Las pintadas de «judío marxista» y otras presiones contra el ministro José Ber Gelbard lograron que renunciara en octubre de 1974.
Lo reemplazó el que era en ese entonces presidente del BCRA, Alfredo Gómez Morales, quien devaluó nuestra moneda y levantó los controles de precios generalizando una inflación incipiente, disminuyendo el salario real. Pero la jugada de los monopolios estaba orquestada por Ricardo Mansueto Zinn, hombre del grupo FIAT y del grupo Azcuénaga [3], que fue viceministro y cerebro de la gestión de un ingeniero industrial, Celestino Rodrigo, nombrado ministro de Economía en junio de 1975 [4].
El nuevo equipo de Economía, el 4 de junio de 1975, devaluó el tipo de cambio en un 160%, el dólar pasó a valer 10 pesos a 26 pesos; duplicó en promedio el precio de las tarifas de servicios públicos y el transporte; aumentó el precio de los combustibles en un 180%, y a cambio concedió un aumento salarial del orden del 45%.
El 27 de junio, la CGT y las 62 organizaciones convocaron a una concentración de trabajadores en Plaza de Mayo. Largas columnas provenientes del cinturón industrial convergieron allí. Muchos espontáneamente se sumaron a la concentración, todos con cantos y estribillos de repudio a la gestión económica y a la persona del ministro de Bienestar Social, José López Rega. Se exigió su alejamiento y el del ministro de Economía y la presencia de la Presidenta en el Balcón de la Casa Rosada, para dar una debida respuesta a la situación. Los gremios que habían impulsado aquella demostración buscaban que Isabel Martínez de Perón se definiera. Pero la ella no se hacía presente. La jornada transcurrió y, a última hora de la tarde, la cúpula cegetista fue convocada a la residencia presidencial de Olivos. Allí se le exigió a la Presidenta que se homologaran los acuerdos de paritarias.
La Presidenta, el 28 de junio, dio a conocer su determinación: las paritarias fueron anuladas y se otorgó un aumento general del 50% y un 15% más en octubre. El 4 de julio, luego de haberse reunido, la CGT adoptó la determinación de un paro por 48 horas para el 6 y 7 de julio de 1975, exigiendo la renuncia de Celestino Rodrigo y López Rega. El paro se cumplió masivamente, no funcionaban ni las radios, y miles de personas en la Plaza de Mayo obligaban a homologar las paritarias y pedían por la renuncia de Celestino Rodrigo y todo su equipo. López Rega viajó a España, para luego aparecer en los Estados Unidos [5].
Eso fue ayer
Hoy nos volvemos a encontrar en una situación semejante, porque el modelo extractivista, agropecuario financiero exportador es mucho más fuerte que en 1975, la Argentina cuenta con más recursos (petróleo, gas, litio, minerales raros, y produce y exporta más alimentos y forrajes), sumado a que se le hace pagar a la población una deuda externa generada por el gobierno de Macri de más de 100.000 millones de dólares, que el gobierno de Alberto Fernández no solo no investigó adonde fue esa deuda, sino que colocó títulos de deuda interna ajustada por inflación, evolución del dólar o ambas a la vez a elección de su tenedor (bonos dual), agravando severamente el cuadro de endeudamiento y de dependencia del capital financiero.
Ambas administraciones endeudaron al país y, en lugar de hacer una auditoría, un arqueo de cómo, por qué y a quiénes benefició el endeudamiento, se lo hace pagar al pueblo argentino “a libro cerrado” y con júbilo por el dolor causado.
El presupuesto de la Administración nacional de 2024 reduce severamente los haberes previsionales, todo el gasto social (incluido la disminución y/o eliminación de subsidios), se despide a empleados nacionales, etc., con el objetivo de reducir el gasto público y, a la vez, con ello, que disminuya el consumo de alimentos y de energía para incrementar los saldos exportables.
Como los que ingresan las divisas de esas ventas externas son empresas privadas, el Tesoro de la Nación debe comprarlas para pagar la deuda externa (deuda que seguramente tiene entre sus beneficiados a la mayoría de los grandes exportadores).
Entonces los mesadineristas Luis Caputo y Santiago Bausili encuentran la solución en restringir la cantidad de dinero y en pagar en cuatro cuotas las importaciones; de esa manera obligan a personas físicas y jurídicas (empresas) a tener que vender dólares ahorrados y/o desarmar plazos fijos para poder llegar a fin de mes y/o financiar la falta de ventas. Como eso no es suficiente, imponen techo a las paritarias como lo demostró en diciembre el acuerdo con los trabajadores aeronáuticos y en abril con los trabajadores de transporte [6].
Paralelamente y tras la no aprobación del proyecto de Ley Ómnibus, el gobierno de Milei remitió, el miércoles 10 de abril de 2024, al Congreso de la Nación, dos proyectos:
- “Nueva Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, propiciando la venta vil de los activos públicos [7]. También propone derogar la Ley 27.705 (para que no haya más moratorias previsionales). Y apuntala un Régimen para Grandes Inversiones (RIGI) [8].
- Como todo eso tampoco es suficiente y los dólares no ingresan al país en la magnitud que necesitan para cumplir con los pagos de la deuda, enviaron un segundo proyecto de ley: Proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que se divide en cinco temas:
1) Un nuevo “blanqueo” de capitales: Aquellos que ingresen al país hasta 100.000 dólares no pagan ningún tipo de impuesto. Más de 100.000 dólares, si lo ingresan hasta el 30 de septiembre de 2024 y lo depositan en una cuenta bancaria hasta el 31 de diciembre de 2025 (o lo invierten según la reglamentación), no pagan ninguna alícuota. Si lo traen desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024, deben abonar una alícuota del 5%, y los que ingresen al “blanqueo” en el año 2025 deben pagar el 15% [9].
2) Bienes Personales: Los contribuyentes que opten por adherirse, tributarán el Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente a los períodos fiscales 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027 en forma unificada (se elimina el diferencial de tasas entre los bienes en el país y en el exterior y se establece una escala de 0,50% a 1,50%). Al pagar por adelantado lo hacen a una tasa del 0,45% anual (2,25% para los cinco años) y al tipo de cambio oficial. Además, no presentarán nuevas DDJJ hasta el año 2028 y gozarán de estabilidad fiscal hasta el año 2038.
3) Eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas aduciendo a su baja incidencia recaudatoria y para simplificar el entramado tributario argentino (sic).
4) Determinación del mínimo no imponible anual de la IV Categoría (ingresos personales) del Impuesto a las Ganancias en $ 3.091.035, siempre que las personas que se indican sean residentes en el país. Y de la misma manera las deducciones por cargas de familia y otras.
Los montos previstos se ajustarán anualmente, a partir del año fiscal 2025, por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
5) Monotributo: Actualizan los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300% y 330%.
En síntesis
El avance ideológico y cultural del capital financiero sobre el pueblo argentino y sus dirigentes gremiales, políticos, sociales, no tiene calificativo. Solo así se puede entender que todas las medidas que toman tienen nombre y apellido y las paga la población que no tiene ni nombre ni voz, y la posibilidad de votar cada dos y cuatro años está acotada por la hegemonía del gran capital que impone, de una manera u otra, sus empleados y, con ello, el modelo extractivista, agropecuario, financiero exportador, que los tiene como principales beneficiarios.
Notas: