Horacio Rovelli

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El Ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, tras realizar el sinceramiento de los gastos estatales sostuvo que, finalmente, el déficit fiscal total del año 2021 estará en torno al 3,5% del PIB.

Emilio Luque es un empresario de la provincia de Tucumán que en octubre del año 2019 provocó la quiebra de su cadena de supermercados en la provincia, dejando en la calle a 1.200 familias y, además, tiene un embargo de la AFIP por una deuda impositiva de 200 millones de pesos.

Tras las elecciones de medio término del 14 de noviembre 2021, el Presidente de la Nación dijo en un breve discurso: “Cuando el modelo económico del anterior gobierno reveló ser un fracaso, en lugar de cambiar el rumbo decidieron tomar esa deuda de 44.000 millones de dólares [1] con un doble propósito: pagar la deuda insostenible que habían tomado con acreedores privados y permitirle la salida a capitales que habían ingresado sólo para especular”.

El jueves 30 de septiembre el gobierno argentino firmó y presentó en el Congreso el Proyecto de Ley de “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador», que consensuó con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y que tiene un conjunto de beneficios para un sector que básicamente no lo necesita.

El Mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2022 dice que en el corriente año 2021 el PIB va a crecer un 8%. Y plantea que solo es posible la estabilización mediante una recuperación de la actividad económica, donde el Estado continúe jugando un rol central en pos de sostener y apuntalar la recuperación económica y que llegue a todos los sectores.

El gobierno de Cambiemos volvió a rediseñar el país a un modelo extractivista, agropecuario e industrial, dependiente del capital financiero.

La Argentina supo tener un rumbo, un modelo económico y social que le permitió crecer desde junio de 1943 hasta junio de 1975 a una tasa del 3,4% anual, que duplicaba la tasa de aumento vegetativo de la población.

El anterior gobierno -neoliberal de Cambiemos presidio por Mauricio Macri- reinstauró en la Argentina el modelo extractivista, agropecuario exportador y para ello enriqueció al sector mediante la deuda externa y su fuga, a la vez que dicha deuda condiciona toda la economía al obligarla a obtener divisas para pagarla, cambiando el eje de la acumulación, que debe ser el mercado interno.

En primer lugar, la Argentina no tiene un problema de restricción externa, no es que no podemos crecer porque faltan divisas. Al contrario, las divisas deberían sobrar, de hecho en el año 2020 el superávit comercial fue de 12.528 millones de dólares y, sin embargo, las reservas internacionales del BCRA descendieron en 5.780 millones de dólares en el año pasado.

La administración nacional argentina aprobó a través del Decreto 676/2020 la enmienda que presentó ante la SEC (Comisión de Valores de EEUU), donde están publicados los detalles para la reestructuración de 66.137 millones de dólares en títulos de deuda elegibles bajo ley extranjera. Según el nuevo cronograma, el período de aceptación se extendió al 28 de agosto, pero la fecha de liquidación de las operaciones permanece igual: será el 4 de septiembre 2020.

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