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La matriz productiva y distributiva en la Argentina actual genera renta y pobreza en una relación directamente proporcional, cuando mayor renta mayor pobreza, es una correspondencia de causa y efecto, donde la primera es la causa de la segunda.
Es crucial que se sepa la verdad y se castigue con multa y recargo a los evasores.
La deuda beneficia a una minoría que la fugó casi en su totalidad
La deuda externa Argentina se incrementó en el gobierno de la alianza neoliberal Cambiemos -de 2016 a 2019- en más de cien mil millones de dólares.
La Argentina representa solo el 0,3% de la cantidad de bienes y servicios que se producen en el mundo, pero es el décimo exportador de alimentos y el tercero en soja y sus derivados (harinas, pellets, aceite y biocombustible).
Cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la República Argentina, la deuda externa rondaba los 43.600 millones de dólares.
La economía argentina había logrado en la gestión de los Kirchner (Néstor y Cristina) reencauzar su camino para apuntalar el mercado interno, impulsar el consumo, proteger el trabajo y, la producción nacional.
El Proyecto de ley de los Senadores nacionales del Frente de Todos crea un fondo en dólares para la cancelación de la deuda con el FMI, que se constituye por un aporte especial de emergencia que se aplicará sobre los activos de residentes en el país que se encuentren en el extranjero y que no han sido declarados al fisco.
La Argentina logró, en forma desigual y combinada y con el objetivo de dar respuesta a la crisis de 1930, un inicio de industrialización.
El problema de la deuda pública y el acuerdo y plan de pago con el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisten extrema gravedad por su grado de condicionamiento al modelo económico local, que es propiciado por los acreedores externos y por las grandes empresas y sus dueños y administradores, que son los beneficiados de la deuda y su fuga.
El acuerdo con el FMI es incumplible porque la economía argentina sólo crece sostenidamente si lo hace en base a su mercado interno, y para ello se requiere redistribuir el ingreso a favor de la población y no, como plantea el acuerdo, propiciar a como dé lugar la venta al exterior de productos primarios, incluso con algún grado de industrialización, que no genera trabajo y menos trabajo de calidad.