Daniel Ortiz, falleció este viernes luego que sufriera una severa intoxicación con agrotóxicos aplicados en forestaciones ubicadas en predios propiedad de la empresa Iberpapel Argentina S.A. Su única condición fue la pobreza y trabajar como peón rural. Luego de un prolongado padecimiento, sin que la salud publica de San José, Colon, y Concepción del Uruguay […]
Daniel Ortiz, falleció este viernes luego que sufriera una severa intoxicación con agrotóxicos aplicados en forestaciones ubicadas en predios propiedad de la empresa Iberpapel Argentina S.A. Su única condición fue la pobreza y trabajar como peón rural. Luego de un prolongado padecimiento, sin que la salud publica de San José, Colon, y Concepción del Uruguay pudiera dar respuesta al cuadro clínico presentado, falleció en su humilde vivienda ubicada en el barrio El Brillante de la localidad de San José en la provincia de de Entre Ríos. Misionero de origen, es una victima anónima más de la explotación irresponsable por el uso desmedido de químicos utilizados en las producciones agropecuarias, en este caso en particular, en la forestación.
Actualmente la legislatura provincial está tratando la modificación a la ley de aplicación de agroquímicos, y el punto de vista de los tecnicismos tapa la realidad socioambiental que padecemos los habitantes de esta tierra. Cuantas muertes mas tienen que ocurrir en el actual sistema productivo, para que nuestros representantes asuman su responsabilidad y modifiquen las condiciones para que realmente podamos habitar un ambiente como la constitución nacional lo establece, « apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras».
El certificado médico es contundente:«Intoxicación con Agroquímicos-Dermatitis grave exfoliativa».- «Los tratamientos son muy costosos y no tiene ninguna asistencia social», decía la ingeniera Liliana Quiroga de Quinodoz , y el doctor Teodoro Cristoff, ambos de la Asociación Civil Vida de Concepción del Uruguay.
Ortiz s oriundo de Misiones, comentó que trabajaba para una empresa transnacional española que se dedica al cultivo de eucaliptos, que son rociados con un herbicida de nombre comercial LONTREL el cual según las prescripciones de uso debía diluirse 1 litro del mencionado en 400 litros de agua.
Una vez diluido, el señor Ortiz al igual que otros trabajadores del establecimiento calzaban sobre sus espaldas las mochilas fumigadoras, sin estar protegidos con la indumentaria apropiada para dicha tarea, la cual no era suministrada por la patronal, mojándose en consecuencia con dicho «veneno» -así lo llama-, detallando otras condiciones deplorables de trabajo. Condiciones que nunca se tienen en cuenta y donde la víctima pasa a ser victimario porque el producto «no ha sido usado correctamente».
Aprobado por la EPA en 1987, el herbicida se vende en 50 estados con hasta 37 nombres de marca, incluyendo Confrontar, Stinger y Lontrel. El ingrediente activo es el Clopyralid, cuya categoría toxicológica es Clase II y fue inscripto en SENASA con el N° 33.572.
El herbicida en cuestión puede persistir en el ambiente hasta 18 meses después usado y es producido por Dow AgroSciences subsidiaria de Dow Chemical Co. «Se ha detectado esta sustancia a niveles peligrosos en el abono natural o compost en los estados de Washington, California, Pennsylvania así como en Nueva Zelanda» publicó en diciembre de 2001 el diario Los Angeles Time.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) fue acusada de ceder a la presión de Dow Chemical Co. al cortar el comentario público sobre los usos del clopyralid.
La EPA propuso seis meses de período de comentarios públicos, pero luego cambió a 30 días», informó el diario The Spokesman-Review en septiembre de 2002.
El herbicida se cree que es un contaminante de las aguas subterráneas y está incluido en la lista de los pesticidas villanos» de la organización Pesticide Action Network North América.
En 1997 algunas tesis en especializaciones de malezas que estudiaron la respuesta de plantas jóvenes de eucalipto al herbicida clopyralid (Lontre) no podían predecir éstos impactos posteriores. Pero la excusa siempre es la misma: «buenas prácticas». De prohibir, suspender, educar o controlar no se habla. Tampoco de las consecuencias sanitarias y para la biodiversidad.
La Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados prorrogará hasta junio de 2010 la presentación de proyectos, que serán beneficiados con subsidios. El monocultivo es rentable con apoyo estatal, mientras especies de otros países suplantan al bosque nativo y expulsan a sus habitantes.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.