El nuevo año comenzó mal en Argentina, el conflicto causado por el desplazamiento del presidente del Banco Central, Martín Redrado, disparó una grave crisis institucional donde se enfrentan dos bandos que van endureciendo sus posiciones. Por un lado una oposición de derecha cada vez mas radicalizada ahora con mayoría en el poder legislativo encabezada por […]
El nuevo año comenzó mal en Argentina, el conflicto causado por el desplazamiento del presidente del Banco Central, Martín Redrado, disparó una grave crisis institucional donde se enfrentan dos bandos que van endureciendo sus posiciones. Por un lado una oposición de derecha cada vez mas radicalizada ahora con mayoría en el poder legislativo encabezada por el vicepresidente de la República y que se extiende hacia los núcleos más reaccionarios del poder judicial y de las fuerzas de seguridad (públicas y privadas).
Se trata de una fuerza heterogénea, casi caótica, sin grandes proyectos visibles impulsada por los grandes medios de comunicación que operan como una suerte de «partido mediático» extremista, su base social es un agrupamiento muy belicoso de clases medias y altas. En el otro bando encontramos a la presidenta Cristina Kirchner resistiendo desde el Poder Ejecutivo con sus aliados parlamentarios, sindicales y «sociales», su perfil político es el de un centrismo desarrollista muy contradictorio oscilando entre las capas populares más pobres a las que no se atreve a movilizar con medidas económicas y sociales radicales y los grandes grupos empresarios y otros factores de poder que busca en vano recuperar para recomponer el sistema de gobernabilidad vigente durante la presidencia de Néstor Kirchner.
A este abanico de fuerzas locales es necesario incorporar la intervención de los Estados Unidos que a partir de la llegada de Barak Obama a la Casa Blanca se muestra cada vez más activa en los asuntos internos de Argentina. Esto debe ser integrado al contexto más amplio de la estrategia imperial de reconquista de América Latina marcada por hechos notorios como el reciente golpe de estado en Honduras, el despliegue de la Cuarta Flota, las bases militares en Colombia y otras actividades menos visibles pero no menos efectivas como la reactivación de su aparato de inteligencia en la región (CIA, DEA, etc.) y la consiguiente expansión de operaciones conspirativas con políticos, militares, empresarios, grupos mafiosos, medios de comunicación, etc.
La ola reaccionaria
Como es sabido la crisis se desató cuando el presidente del Banco Central decidió no acatar un decreto llamado de «necesidad y urgencia», con fuerza de ley, que le ordenaba poner una parte de las reservas a la disposición de un fondo publico destinado al pago de deuda externa. De ese modo Redrado (apoyándose en la «autonomía» del Banco impuesta en los años 1990 por el Fondo Monetario Internacional, FMI) desafiaba la legalidad y asumía como propia la reivindicación del conjunto de la derecha: no pagar deuda externa con reservas sino con ingresos fiscales obligando así al gobierno a reducir el gasto público lo que seguramente impactaría de manera negativa sobre el Producto Bruto Interno, el nivel de empleo y seguramente sobre los salarios.
En una primera aproximación, la crisis aparece como una disputa sobre política económica entre neoliberales partidarios del ajuste fiscal y keynesianos partidarios de la expansión del consumo interno, sin embargo la magnitud de la tormenta política en curso obliga a ir más allá del debate económico, no existe proporción entre el volumen de intereses financieros afectados y la extrema virulencia del enfrentamiento. Tampoco se trata de un problema causado por la necesidad de pagar deuda externa ante una situación financiera difícil, por el contrario, el Estado tiene un importante superávit fiscal y la deuda externa representa actualmente cerca del 40 % del Producto Bruto Interno contra un 80 % en 2003 cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia de la República.
Para empezar a entender lo que esta ocurriendo es necesario remontarnos al primer semestre del 2008 cuando estalló el conflicto entre el gobierno y la burguesía rural, en ese caso también la confrontación apareció bajo el aspecto económico: el gobierno intentó establecer impuestos móviles a las exportaciones agrarias, cuyos precios internacionales, en ese momento, subían vertiginosamente, los grandes grupos del agrobusiness se opusieron, aunque estaban ganando mucho dinero pretendían ganar mucho más acaparando la totalidad de esos beneficios extraordinarios. Para sorpresa, tanto del gobierno como de los propias elites agrarias, su protesta fue inmediatamente respaldada por la casi totalidad de los empresarios rurales, incluso por sectores que por su área de especialización o ubicación regional no tenían intereses materiales concretos en el tema, y rápidamente los cortes de ruta, magnificados por los medios de comunicación, arrastraron la adhesión de las clases altas y medias urbanas, estructurándose, de esa manera, una marea social reaccionaria cuya magnitud no tenía precedentes en la historia argentina de los últimos cincuenta años. Para encontrar algo parecido sería necesario remontarnos a 1955 cuando una masiva convergencia conservadora de clases medias apoyó el golpe de militar oligárquico.
La movilización derechista de 2008 estuvo plagada de brotes neofascistas, alusiones racistas a las clases bajas, insultos al «gobierno montonero» (es decir supuestamente controlado por ex guerrilleros marxistas reciclados), etc. Esa ola reaccionaria se prolongó en las elecciones legislativas de 2009 donde la derecha obtuvo la victoria (y la mayoría en el Parlamento), antes y después de ese evento estuvo permanentemente alimentada por los medios de comunicación concentrados. Actualmente es difícil diagnosticar si mantiene o no su nivel de masividad, el conflicto se desarrolla por ahora sin presencias multitudinarias, la gran mayoría de la población observa la situación como a una pelea por arriba entre grupos de poder.
Si evaluamos la trayectoria en los dos últimos años de la confrontación entre una derecha, cada vez más audaz y agresiva, y un gobierno, crecientemente acorralado, no es difícil imaginar un escenario próximo de «golpe de estado», no siguiendo los viejos esquemas de las intervenciones militares directas, ni siquiera pensando en una réplica del caso hondureño (golpe militar con fachada civil) sino más bien en un abanico de alternativas novedosas donde se combinarían factores tales como la manipulación de mecanismos judiciales, el empleo arrollador del arma mediática, la utilización de instrumentos parlamentarios, la movilización de sectores sociales reaccionarios (cuya amplitud es una incógnita fuerte) incluyendo acciones violentas de grupos civiles dirigidos desde estructuras de seguridad policiales o militares. En este último caso, deberíamos tomar en consideración las posibles intervenciones del aparato de inteligencia norteamericano que dispone actualmente de un importante know how en materia de golpes civiles, como las llamadas revoluciones coloridas o blandas, algunas exitosas como la «naranja» en Ucrania (2004), la que derrocó a Milosevic (Yugoslavia 2000), la de «las rosas» (Georgia 2003), la de «los tulipanes» (Kirguistán 2005), la «del cedro» (Líbano 2005) y otras fracasadas como la «revolución blanca» (Bielorrusia 2006), la «verde» (Irán 2009) o la «revolución twitter» (Moldavia 2009).
En todas esas «revoluciones», orquestadas por el aparato de inteligencia de los Estados Unidos, las convergencias entre grupos civiles y medios de comunicación golpearon contra gobiernos considerados «indeseables» por el Imperio, tuvieron éxito ante estados sumergidos en crisis profundas, fracasaron cuando las estructuras estatales pudieron resistir y/o cuando las mayorías populares les hicieron frente.
Las raíces
¿Cuales son las raíces de esa avalancha derechista?, no puede ser atribuida al descontento de las elites empresarias y de las clases superiores ante drásticas redistribuciones de ingresos en favor de los pobres o a medidas económicas izquierdizantes o estatistas que afecten de manera decisiva los negocios de los grupos dominantes. Por el contrario, la bonanza económica que marcó a los gobiernos de los Kirchner significó grandes beneficios para toda clase de grupos capitalistas: financieros, industriales exportadores o volcados al mercado interno, empresas grandes o pequeñas, etc. Argentina experimentó altas tasas de crecimiento del PBI y enormes superávits fiscales impulsados por exportaciones en vertiginosos ascenso. Y aunque la desocupación se redujo la estructura de distribución del Ingreso Nacional heredada de la era neoliberal no varió de manera significativa. La gobernabilidad política permitió la preservación del sistema que tambaleaba hacia 2001-2002, las estatizaciones decididas durante la presidencia de Cristina Kirchner fueron en realidad medidas destinadas a preservar el funcionamiento del sistema más que a modificarlo, la estatización de la seguridad social privada, por ejemplo, fue precipitada por la crisis financiera global y el agotamiento de una estructura de saqueo de fondos previsionales, la estatización de Aerolíneas Argentinas significó tomar posesión de una empresa totalmente liquidada a punto de desaparecer.
Si alguna presión existe a nivel de las clases altas es hacia una mayor concentración de ingresos y ello debido a su propia dinámica gobernada por el parasitismo financiero global-local que opera como una suerte de núcleo estratégico, central de sus negocios. En ese sentido la resistencia del gobierno a esa tendencia en aras de la gobernabilidad aparece ante dichas elites como un «intervencionismo insoportable».
Otro factor decisivo es la creciente agresividad de los Estados Unidos acosado por la crisis, sabiendo que el tiempo juega en su contra, que la decadencia de la unipolaridad imperial les puede hacer perder por completo sus tradicionales posiciones de poder en América Latina. En realidad eso ya está empezando a ocurrir a partir del proceso de integración regional, de un Brasil autonomizándose cada vez mas de los Estados Unidos, de la persistencia de la Venezuela chavista, la consolidación de Evo Morales en Bolivia, etc. La Casa Blanca está embarcada en una loca carrera contra el tiempo, extiende las operaciones militares en Asia y Africa heredadas de la era Bush, apadrina el golpe militar en Honduras y otras intervenciones en América Latina. La caída o degradación integral del gobierno kirchnerista sería para los norteamericanos una muy buena noticia, debilitaría a Brasil, reduciría el espacio político de Venezuela, Ecuador y Bolivia.
Pero existe un fenómeno de primera importancia que probablemente los Kirchner ignoraron y que buena parte de la izquierda y el progresismo subestimaron: el cambio de naturaleza de la burguesía local, cuyos grupos dominantes han pasado a constituir una verdadera lumpen burguesía donde se interconectan redes que vinculan negocios financieros, industriales, agrarios y comerciales con negocios ilegales de todo tipo (prostitución, tráfico de drogas y armas, etc.), empresas de seguridad privada, mafias policiales y judiciales, elites políticas y grandes grupos mediáticos. Es la más importante de las herencias dejadas por la dictadura, consolidada y expandida durante la era Menem.
La política de derechos humanos del gobierno no afectó solo a grupos de viejos militares criminales aislados e ideológicamente derrotados, al golpear a estos grupos estaba desatando una dinámica que dañaba a una de las componentes esenciales de la (lumpen) burguesía argentina realmente existente. Cuando empezamos a desentrañar la trama de grupos mediáticos como «Clarín» o no mediáticos como el grupo Macri aparecen las vinculaciones con negocios provenientes de la última dictadura, personajes clave de las mafias policiales, etc. En esos círculos dominantes la marea creciente de procesos judiciales contra ex represores pudo ser vista, tal vez en su comienzo hacia mediados de la década pasada, como una concesión necesaria al clima izquierdizante heredado de los acontecimientos de 2001-2002 y que mantenida dentro de límites modestos no afectaría la buena marcha de sus negocios. Pero esa marea creció y creció hasta transformarse en una presión insoportable para esas elites.
Finalmente es necesario constatar que así como se desarrolló ese proceso de humanización cultural democratizante también se desarrolló, protagonizado por los grandes medios de comunicación, un contra proceso de carácter autoritario, de criminalización de los pobres, de condena al progresismo que pone a los derechos humanos por encima de todo. En cierto sentido, se trató de una suerte de reivindicación indirecta de la última dictadura realizada por los grandes medios de comunicación, centrada en la necesidad de emplear métodos expeditivos ante la llamada «inseguridad», la delincuencia social, los desordenes callejeros. La misma encontró un espacio favorable en una porción importante de la población perteneciente a las clases medias y altas muchos de cuyos miembros no se atreven a defender a la vieja y desprestigiada dictadura militar pero que han encontrado un nuevo discurso neofascista que les permite levantar la cabeza.
Esta gente se movilizó en el 2008 en apoyo de la burguesía rural y contra el gobierno «izquierdista», estuvo a la vanguardia de la victoria electoral de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires y de los políticos de derecha en las elecciones parlamentarias de 2009.
¿Jugando con fuego?
La crisis actual puede llegar a tener serias repercusiones económicas, es lo que esperan muchos de los dirigentes políticos de derecha que sueñan con apoderarse del gobierno en medio del caos y/o de la pasividad popular. La parálisis del Banco Central o su transformación en una trinchera opositora podría desordenar por completo al sistema monetario, degradar al conjunto de la economía lo que sumado a un Tsunami mediático convertiría al gobierno en una presa fácil.
En teoría, existe la posibilidad de que el gobierno acorralado por la derecha busque desesperadamente ampliar su base popular multiplicando medidas de redistribución de ingresos hacia las clases bajas, estatizaciones, etc. La derecha cree cada vez menos en esa posibilidad lo que la hace más audaz, más segura de su impunidad, considera que los Kirchner están demasiado aferrado al «país burgués», por razones psicológicas, ideológicas y por los intereses que representan y que por sus cabezas no asoma ni siquiera débilmente esa alternativa de ruptura. Una sucesión de hechos concretos parecen darle la razón, después de todo Martín Redrado, fue designado como presidente del Banco Central por Néstor Kirchner y confirmado luego por Cristina Kirchner, ahora ellos «descubren» que es un neoliberal reaccionario mientras buscan reemplazarlo por algún otro neoliberal o buen amigo de los intereses financieros.
También existe la posibilidad de que el caos buscado por la derecha o las medidas económicas que ésta seguramente tomará si conquista el gobierno desaten una gigantesca ola de protestas sociales haciendo estallar la gobernabilidad y reinstalando a escala ampliada al fantasma popular de 2001-2002. Pero esa derecha considera cada vez menos probable la concreción de dicha amenaza, está cada vez más convencida de que los medios de comunicación combinados con un sistema de represión puntual, no ostentoso pero enérgico pueden controlar a las clase bajas. Es muy probable que esas elites degradadas, lanzadas en una cruzada irracional, estén atravesando una serie crisis de percepción.
Jorge Beinstein es economista argentino, docente de la Universidad de Buenos Aires.