El plan es el ajuste del gasto (I)

“Por su importancia relativa se destacan las reducciones en las jubilaciones y pensiones (10,0 % a/a) y en salarios (7,9 % a/a) que se explican porque las actualizaciones resultaron inferiores a la inflación, y en las transferencias a provincias (64,7 % a/a) y los otros programas sociales (41,5 % a/a)”, explica el documento. Esto significa, que sigue el ajuste a las jubilaciones, pensiones y salarios de los trabajadores públicos. El recorte a los programas sociales se explica por la decisión oficial de eliminar el IFE y el ATP bajo el irreal supuesto en el Presupuesto 2021 que la pandemia no golpearía este año en el país. Hay que recordar que, a pesar de los conflictos internos dentro del Frente de Todos, el Presupuesto fue aprobado por todos.

No hay IFE, pero sí plata para la deuda. Solamente en mayo el Gobierno pagó intereses de deuda por USD 943 millones. En lo que va del año ya son USD 2.659 millones. Alberto Fernández, desde que asumió hasta fines de abril, pagó más de U$S 6.000 millones (según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso), sin realizar ninguna investigación, a organismos multilaterales de crédito y otros Estados. Mientras tanto el 42% de la población es pobre y solo en la Conurbano bonaerense roza el 73% (72,7%) de las niñas y niños. 

Además, en los 6 meses que quedan del 2021, el Frente de Todos seguirá desembolsando, solo en concepto de intereses de la deuda USD 3.000 millones. Esto se desprende de los cálculos realizados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). 

Asimismo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó el martes pasado que el país se comprometió a pagar unos U$S 430 millones antes del 31 de julio al Club de París. El pago equivale a un mes de un IFE de $ 10.000 para cuatro millones de personas. De esa manera, consiguió un plazo de ocho meses para completar la negociación por el pago total de los U$S 2.400 millones que vencieron a fines de mayo. Con este pago, la Argentina garantiza que brindará el mismo tratamiento que a China, país al que le viene pagando su deuda en tiempo y forma. La semana pasada de hecho canceló intereses por unos U$S 30 millones. 

En abril de este año la deuda pública tanto en pesos como en moneda extranjera había ascendido a USD 338.501 millones, esto por la colocación de bonos en moneda nacional que viene realizando el ministerio de Economía como por la suba de las obligaciones con el FMI. 

El Gobierno entre los más necesitados y pagar a organismos internacionales de crédito, elige esto último. 

En mayo, por la mayor recaudación y la expansión moderada del gasto social, el sector público nacional registró un superávit fiscal de $ 25.724 millones, pese a la ampliación de la Tarjeta Alimentar, el subsidio Repro a las empresas y un segundo bono a los jubilados de $ 1.500. 

Por el lado de los ingresos, la recaudación del mes pasado sumó $ 711.304 millones (+115% interanual) impulsada por los ingresos no tributarios, en particular los $ 80.234 millones del aporte extraordinario y las retenciones a las exportaciones. 

De esta forma, el déficit primario acumuló $ 54.881 millones en los primeros cinco meses (0,14% del PBI).  

“Entre enero y mayo, la situación fue mejor de lo que se esperaba. Por un lado, buena recaudación por aporte solidario, retenciones y otros impuestos. Y por otro, fueron controlando el gasto porque licuaron jubilaciones en buena medida”, afirmó Andrés Borenstein, economista director de Econviews. 

El pago de intereses de deuda en mayo alcanzó los $ 90.332 millones, casi el doble que en abril. 

Consumos mínimos 

En un informe emitido el jueves pasado, la Junta Interna de ATE-INDEC calculó en $99.929 la Canasta de “Consumos Mínimos” que debe cubrir una familia tipo de dos mayores (35 años) y dos hijos. Este valor se compone de $ 33.754,18 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $ 66.175,68 para acceder a otros bienes y servicios básicos”, detallan. 

La Junta Interna aclara que “las canastas utilizadas para este ejercicio no son las utilizadas por el organismo para la medición de la pobreza, que en abril 2021 llegó a $ 62.958 para una familia tipo, sino que son las llamadas “Canastas de Consumos Mínimos” y surgieron como propuesta metodológica innovadora en el INDEC, aunque todavía no se han aplicado en las mediciones oficiales. Estas canastas indican un piso para que cada asalariado esté en condiciones de cubrir las necesidades básicas de su núcleo familiar y, de esa manera, no ser susceptible de caer en la pobreza y en la vulneración de sus derechos básicos”. 

Por último, el informe completa asegurando que “las “Canastas de Consumos Mínimos” no implican un modelo de lo que sería una canasta óptima, deseable (que no puede surgir de un análisis estadístico, sino de una discusión social más global acerca de los objetivos y valores a los que se aspira). Éstos son valores de mínima. Por eso mismo, ningún trabajador debería ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado en este ejercicio”. 

Además, “a la hora de calcular cuál es la pérdida global acumulada del salario estatal, tomando como referencia y línea de base el poder adquisitivo en noviembre de 2015 de una categoría D0 operativa de planta transitoria, los números son sorprendentes pero perfectamente lógicos si tenemos en cuenta que en 66 meses el salario de referencia de diciembre 2015, actualizado a pesos de mayo 2021, debería de ser $69.170 y no los magros $38.918, según la grilla salarial del SINEP de mayo de este año”, afirman los trabajadores del Indec. 

El ajuste del Frente de Todos consolida salarios de pobreza 

En un artículo de Pablo Anino y Lucía Ortega para La Izquierda Diario señalan que:

El poder de compra del salario en el convenio SINEP, el mayoritario entre los empleados públicos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional, exhibe un retroceso que lleva más de una década. De casi 200.000 estatales nacionales, unos 70.000 están regidos por el SINEP. [1] 

El retroceso en el poder de compra se hizo más notorio desde el año 2018 en adelante. Cuando finalice 2021, el mismo podría ubicarse alrededor de un 40 % por debajo del nivel de 2015: la trabajadora o trabajador que llenaba un changuito en el supermercado en 2015 con el sueldo que tendrá a fin de año apenas podrá comprar un 60 % del mismo changuito. 

Este año el oficialismo del Frente de Todos había prometido una recuperación salarial. Pero el acuerdo paritario para la administración pública del 35 % (más un 4 % en el SINEP) pactado con las conducciones de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) condenará a los empleados estatales a otro año de pérdida de poder de compra. La cifra de aumento quedó muy detrás del 49 % de inflación interanual que registró el INDEC para el mes de mayo. 

Derrumbe del poder de compra 

Los acuerdos paritarios firmados este año por la conducción de UPCN y ATE Nacional implicarán hacia fin de año un nuevo ataque al poder de compra del salario que se agrega al sufrido en el 2020. De esta forma, se consuma una acelerada pérdida del salario real en los últimos 7 años que alcanzará al 41,2% en diciembre de 2021 para un salario testigo (categoría D0) en comparación con diciembre de 2015, de acuerdo a un informe elaborado por los trabajadores de la Junta Interna de ATE-Indec. 

Eso sucedería suponiendo un escenario de desaceleración de la inflación al 2,5% mensual en lo que queda del año. Recordemos que en abril los precios subieron en promedio un 4,1% y en mayo un 3,3%, por lo cual de no efectivizarse esa disminución en el ritmo inflacionario, la pérdida salarial, con los aumentos paritarios acordados, sería aún mayor. 

En otras palabras, en diciembre de 2021 un trabajador en planta transitoria de la categoría D0 debería estar cobrando $ 81.571 (brutos) para poder tener el mismo nivel adquisitivo que en diciembre de 2015, pero sólo percibirá $ 49.010. 

Este análisis del deterioro salarial “punta a punta” significa una pérdida de consumo enorme para las trabajadoras y trabajadores estatales, que es inversamente proporcional al “ahorro” fiscal que llevaron adelante los Gobiernos de Macri y Fernández en este rubro. El informe muestra que si se suma la pérdida del salario mes a mes, esta alcanza a $1.353.971. [2] Es decir, en estos últimos 7 años (incluyendo el aguinaldo) en 92 sueldos la pérdida de consumo fue de 27 salarios y medio. Considerando solamente la pérdida salarial desde agosto de 2019 a diciembre 2021, la misma fue de $ 534.546, es decir, de 11 sueldos (para la categoría D0). 

E incluso, cabe señalar que para las escalas salariales más altas el deterioro del poder de compra es superior, por cuanto en ellas el impacto proporcional del monto fijo de $ 4.000 otorgado a inicios de 2020 es menor, y para los salarios superiores a $60.000 brutos directamente no se otorgó ese aumento. De esta forma, la Junta Interna de ATE Indec calcula que en promedio las categorías E, D, C y B tendrían una pérdida de 43,2% en diciembre de 2021 respecto a noviembre 2015. 

Este deterioro salarial se suma al que ya se venía arrastrando de años anteriores y puede remontarse hasta enero de 2009. [3] Sistemáticamente los acuerdos salariales se firmaron por debajo de la inflación, salvo escasas y acotadas excepciones en donde apenas logró empatarse a fin de año, con un fuerte retraso en 2018 y 2019. 

De esta forma, si se compara el poder de compra del salario que se alcanzará en diciembre de 2021 con el que se tenía 12 años antes, se llega a la lamentable conclusión de que sólo representa el 53% de la canasta de bienes que podía comprar en enero de 2009. Es decir, la mitad. 

Estatales pobres 

No sorprende entonces encontrar a muchas compañeros y compañeros estatales que ante semejante deterioro salarial comenzaron en los últimos años a intentar completar sus ingresos con todo tipo de mecanismos para llegar a fin de mes: pluriempleo, changas, reducción de consumos familiares, ayudas sociales, deudas, entre otros. Es que la gran mayoría no alcanza a cubrir el valor de la canasta de consumos mínimos de $ 99.930 que requiere una familia al mes de mayo según las estimaciones de la Junta Interna de ATE- Indec. Pero más grave aún es que muchos no alcanzan siquiera a cubrir la Canasta de pobreza, valuada en $ 64.445 (Canasta Básica Total, Indec) para el mismo mes. 

Por tomar un ejemplo, a junio de 2021 con cero grados de antigüedad sólo la categoría A (primera del escalafón) supera ese límite de pobreza, mientras el salario de bolsillo que percibe una gran parte de la planta estatal (categoría D0 SINEP) se encuentra en $ 34.146,2 netos (incluyendo la suma fija de $ 4.000), es decir que alcanza a cubrir sólo los costos de 10 días del mes que requiere como mínimo una familia y representa apenas la mitad de la Canasta de Pobreza. 

Otro tanto hay que decir de las más diversas formas de precarización laboral de contratación que realiza el propio Estado nacional, estados provinciales y municipales, que continuaron ejerciéndose sin distinción de gobierno. Empezando por la utilización de una “excepción” como si fuese la regla, tal como lo es la contratación de personal bajo el artículo 9 de la Ley Marco del Empleo Público, debido a la escasez (no casual) de llamados a concursos para el personal de planta. Esto implica contratos anuales o trimestrales, es decir, no se garantiza la estabilidad laboral, al mismo tiempo que se limita la carrera en la función pública, se abonan menores sueldos y se quitan derechos. 

Otra de las formas más frecuentes de precarización en el Estado es mediante el monotributo, una figura originalmente establecida para el pago de tributos por cuentapropistas y profesionales independientes que el propio Estado utiliza para encubrir relaciones de dependencia laboral. Como resultado, se excluye al trabajador de derechos básicos como estabilidad en el empleo, antigüedad, vacaciones pagas, licencias, aguinaldo, cobertura de riesgos del trabajo, entre otros. 

Y por último, pero no menos importante, existe en el ámbito público las más diversas formas de tercerización laboral, mediante contratos con empresas privadas para la realización de servicios, el más frecuente es el personal de maestranza, que desde hace años viene exigiendo su pase a planta y el reconocimiento de su labor dentro del Estado. 

Recaudar para honrar al FMI 

En 2020 el Gobierno de Alberto Fernández tuvo como excusa el Covid para suspender las revisión paritaria establecida para marzo y luego directamente postergar las paritarias por varios meses. De este modo, la baja en la recaudación tributaria la pagaron los salarios públicos y las jubilaciones a la baja. Pero la tendencia en la recaudación se revirtió totalmente en el año en curso: experimenta aumentos extraordinarios en términos nominales y reales (es decir, después de quitar el efecto de la inflación). En el acumulado del año hasta mayo, los ingresos tributarios aumentaron 68 % interanual en términos nominales. Es decir, muy por encima de la inflación, por lo cual se recuperan en términos reales. También muy por encima del aumento salarial concedido en el ámbito público. 

Tampoco sería válido que el Gobierno argumente que el aumento de la recaudación se explica por la vara baja de comparar contra los primeros meses de 2020 cuando más impactó el Covid. Durante los primeros cinco meses de 2021, en comparación con el mismo período de 2019, la recaudación también se recupera en términos reales: aumentó 116 % contra una inflación acumulada promedio de 112 %. Pero en el bienio 2019-2021 el aumento de 116 % de la recaudación contrasta mucho más con el escaso aumento de los salarios estatales, que es del 52 % (considerando la Unidad Retributiva utilizada para establecer la grilla salarial del convenio SINEP). 

Los primeros cinco meses de 2021 muestran un incremento extraordinario de la recaudación tributaria en prácticamente todos los ítems, pero se destaca el aumento de los derechos de exportación cobrados (+204 % interanual en el acumulado hasta mayo) debido al aumento en la cotización internacional de la soja. 

Estos datos contrastan también con el recorte en el Gasto en Personal que ya estaba definido en el Presupuesto de 2021, votado en el Congreso por el Frente de Todos. Este rubro, que incluye sueldos, transferencias, aportes personales, entre otros, pasa de $ 545.898 millones (presupuesto ejecutado 2020) a $ 623.362 millones (presupuesto vigente para 2021). Es decir, el gasto en personal aumenta apenas un 14,2 % en términos nominales, lo que implica un recorte real fenomenal. De esta forma, el Gobierno se “ahorra” en salarios alrededor de $ 180.000 millones comparado con el gasto de haberse incrementado al igual que la inflación. 

El ajuste sobre los salarios públicos se enmarca en una estrategia general de comprimir el gasto público. Mientras la recaudación aumenta a paso firme, en mayo el gasto primario retrocedió 17 % en términos reales respecto del año anterior, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Esta disminución se asienta, entre otros ítems, en bajas de los montos destinados a las jubilaciones (-10% interanual), a los salarios públicos (-8%) y a los programas sociales (-42%). El ajuste de las cuentas públicas, en sintonía con lo que exige un futuro acuerdo con el FMI, lo están pagando los sectores de la población más expuestos a los efectos de la crisis en un país con alrededor de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza. 

Esta situación expone la voluntad de ajuste del Gobierno del Frente de Todos. En los primeros meses del año, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se aproxima a hacer realidad el sueño eterno de Domingo Cavallo, el ex ministro de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, de lograr el “déficit cero”. El desenvolvimiento futuro dirá si el resultado fiscal de los primeros meses se sostiene o las necesidades electorales del oficialismo imponen un mayor volumen de gasto público. Por el momento Guzmán se ganó el elogio de Cavallo. El ex ministro aseguró que Guzmán “puede exhibir los resultados de los cuatro primeros meses como un ajuste fiscal muy superior al presupuestado”. 

Teletrabajo, reforma laboral en los hechos 

Un gran número de estatales ingresaron a la modalidad del teletrabajo sin ningún tipo de derechos. Si la pandemia puede ser un motivo lógico para no asistir a organismos públicos que en tiempos normales aglomeran grandes masas de personas, no hay ningún motivo lógico para que el estado empleador haya incorporado a la fuerza al teletrabajo a miles de estatales sin proveer las herramientas necesarias como ser computadoras, escritorio, sillas, entre los más importantes. En abril-mayo de 2020 una encuesta de la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP) exhibía que “el 79% de las y los encuestados puso a disposición equipos propios mientras que sólo el 21% dan cuenta del uso de equipos pertenecientes a su respectiva jurisdicción”. Es probable que transcurrido más de un año esa situación no hay cambiado sustancialmente. 

Tampoco el estado empleador se hizo responsable de los gastos que conlleva desarrollar las tareas en el hogar, como ser el pago de la conectividad a través de internet. Pero también hay otros gastos como el alquiler, la electricidad y el gas que el estado empleador debería pagar en las proporciones que corresponden al consumo en el horario laboral. 

Además, los empleados estatales ingresaron masivamente al teletrabajo sin capacitación para el uso de herramientas informáticas adecuadas a las nuevas condiciones laborales. Si bien existieron algunas ofertas de capacitación, estas fueron limitadas y no necesariamente adecuadas a las necesidades del trabajo en el hogar. No hay mundo feliz en el teletrabajo donde se mezclan los tiempos laborales y las tareas domésticas, que recaen mayormente sobre las mujeres. Esto se agrava en los casos que las autoridades de los ministerios no respetan los horarios laborales, el derecho a la desconexión o la interrupción del trabajo para tareas de cuidados. 

La administración pública nacional es un ejemplo de precarización laboral. Según un informe de la extinguida Secretaría de Modernización [4], entre el personal civil, en diciembre de 2018, existía un 37 % de planta temporaria y contratada. El teletrabajo allana el camino a una mayor precarización, en tanto resulta más sencillo establecer contratos temporales cuando se trabaja desde la casa que cuando se está organizado en el lugar de trabajo. De hecho, antes de la pandemia existían en varios organismos públicos áreas con días de teletrabajo. En esos casos, la mayoría de las trabajadoras y trabajadores tienen contratos temporales. 

La reglamentación de la Ley de Teletrabajo resultó incluso más favorable a la expansión de la precariedad. Según analiza el Observatorio del Derecho Social de la CTA “si la ley ya era bastante laxa en cuanto a las posibilidades que brindaba para que los empleadores utilizaran esta modalidad, la reglamentación avanza un paso más y pone en riesgo el ejercicio en la práctica de algunos de los derechos que ella había reconocido. Este es el caso, en particular, de la habilitación para que los trabajadores desarrollen tareas en sus domicilios sin contar con la cobertura de la ley (artículo 1 de la reglamentación) y del debilitamiento del derecho a la reversibilidad (artículo 8)”. Pero la reglamentación también debilita el derecho a la desconexión digital y a la interrupción del trabajo para desarrollar tareas de cuidado. No solo eso. La reglamentación estableció el carácter no remunerativo de las compensaciones por gastos y de la entrega de elementos de trabajo, por lo cual no entran en consideración para el cálculo de indemnizaciones. 

Luego de dos rondas paritarias, el teletrabajo no fue discutido entre el estado empleador, los gremios y mucho menos, obviamente, el colectivo de trabajadores y trabajadoras estatales. Es decir que, así como el estado es uno de los empleadores que más recurre a la precarización laboral, también mantiene a miles de empleados en el teletrabajo sin que exista resguardo de derechos a través del convenio colectivo de trabajo. 

[1] Los números corresponden al personal civil. Secretaría de Modernización, Informe Trimestral de Empleo Público (ITEP), diciembre de 2018. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/modernizacion-inap-itep-informe-trimestral-empleo-publco-2018-01.pdf. 

[2] El informe de la Junta Interna de ATE – Indec aclara que este cálculo se realiza tomando como referencia y línea de base el poder adquisitivo en diciembre de 2015 de una categoría D0 operativa de planta transitoria. 

[3] De acuerdo a los datos disponibles, la serie SINEP comienza en enero 2009. 

[4] Secretaría de Modernización, Informe Trimestral de Empleo Público (ITEP), diciembre de 2018. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/modernizacion-inap-itep-informe-trimestral-empleo-publco-2018-01.pdf. 

Entrevista a Giselle Santana, ATE-INTI 

Reclamamos la reapertura de la paritaria estatal 

M.H.: El jueves 17 el espacio de Interjuntas de ATE realizó un acto frente al INDEC para exigir la reapertura de la paritaria estatal. Según información que he recopilado el poder de compra de los estatales ha perdido un 40% desde 2015, este año la paritaria del 35% se ubica por debajo de la inflación interanual del 41%, estimado de mayo a mayo. Que en los últimos 7 años la pérdida salarial alcanzará a diciembre un 41.2%. Todas cifras abrumadoras. Y ustedes están planteando una reapertura de la paritaria. 

G.S.: Sí. Y no importa que esto haya sucedida el jueves pasado porque la idea es continuar uniendo fuerzas desde Interjuntas para reclamar la reapertura. Ayer justamente salió en los medios la noticia de que “Cachorro” Godoy que es nuestro secretario general de ATE nacional, el mismo que firmó esa paritaria del 35%, ahora está planteando la reapertura. Y sí, no debería haberla firmado a esa paritaria que desde el comienzo muchos afiliados de ATE y delegados que fuimos construyendo este espacio Interjuntas rechazamos. Justamente porque no venía a cubrir ninguno de estos números tan tremendos que perdimos que mencionabas.  

Si perdimos un 40% no podemos discutir una paritaria por debajo de esa pérdida y menos en 6 cuotas que es el otro dato fundamental de este acuerdo del 35%. Lo terminamos de cobrar en febrero del año próximo. Con una pérdida del 40% nuestro reclamo era el 40% en una sola vez y a partir de ahí una cláusula de activación automática que equipare la inflación porque los precios están desbocados. Y además porque los y las estatales estamos partiendo de muy atrás, hay compañeros y compañeras que tienen sueldos por debajo del salario mínimo, que es de 26.000 pesos. Y la inmensa mayoría de los y las estatales de organismos nacionales, ni hablar de los provinciales y municipales, están por debajo de la canasta de consumos básicos que son 66.000 pesos según el INDEC en los últimos informes.  

Justamente por eso hicimos el acto en el INDEC, que habla de la línea de pobreza y la inmensa mayoría de nuestros compañeros y compañeras están por debajo de eso. Por eso el reclamo de reapertura de esta paritaria que fue firmada sin ninguna consulta por nuestro sindicato, por ATE, por supuesto por UPCN pero ellos históricamente han firmado paritarias a la baja. Por eso el reclamo. 

M.H.: Otro de los temas que llamaron mi atención es la situación de precarización del empleado estatal, contratos trimestrales, monotributistas, tercerización como el caso del personal de maestranza ¿qué nos podés comentar? 

G.S.: Ese ha sido otro reclamo porque es una promesa incumplida de la paritaria pasada, que también fue firmada por nuestro sindicato y que en este espacio también rechazamos. Porque se planteó que iban a avanzar con el pase a planta permanente, una especie de extorsión, del tipo ‘no hay salario, pero vamos a trabajar sobre el tema de la precarización’ y la verdad es que hasta acá no pasó nada tampoco en ese aspecto. A un año de esa paritaria.  

Esa es una situación gravísima y que genera mucho temor hoy entre los y las compañeras porque venimos de una experiencia que fueron los 4 años de macrismo, con despidos masivos en el Estado. Despidos que fueron posibles porque nos encontrábamos en esta situación de precarización que este gobierno se niega a resolver a pesar de haberlo prometido incluso en campaña.  

En el INTI donde yo trabajo un altísimo porcentaje de los y las trabajadoras estamos contratados, me incluyo. Está en extinción la planta permanente. Y justamente la planta permanente está contemplada en la Ley de empleo público como una manera de garantizar la estabilidad de trabajadores y trabajadoras cuyas patronales van cambiando de acuerdo a las elecciones, cambian los vientos políticos, justamente para tener una protección de un empleo que de por sí es muy inestable porque depende justamente de los cambios en los gobiernos y las políticas.  

También sería la única manera no solo de conservar nuestros puestos de trabajo, que ya de por sí es absolutamente relevante, sino de mantener determinadas políticas públicas. Es imposible mantener a largo plazo proyectos estratégicos en el Estado con personal precarizado en condiciones de fraude laboral como es el monotributo. Cómo van a ir los y las compañeras del ministerio de Trabajo a auditar una empresa privada cuando en el propio ministerio de Trabajo tienen trabajadores y trabajadoras monotributistas. Que es un fraude, porque es facturarle a tu empleador como si fueras una persona que pasó por la puerta y entró a arreglar una canilla.  

La verdad es que la situación es tremenda y es uno de los reclamos más sentidos, terminar con esta precarización laboral que nos afecta como trabajadores pero también afecta nuestro trabajo, y nuestro trabajo como estatales son los derechos de la población, fundamentalmente la población trabajadora del pueblo pobre. Es fundamental que no exista este nivel de precarización en el Estado. 

Paro en el Garrahan contra el acuerdo salarial del gobierno nacional, UPCN y ATE 

Las y los trabajadores del Hospital Garrahan este jueves realizaron un paro contra la paritaria acordada y firmada entre el gobierno nacional, y las direcciones de ATE y UPCN de un 35% en cuotas, cuando la inflación acumulada es del 48.8%.  

Sostienen: “Nosotros con nuestro sueldo no llegamos a fin de mes. Es claro que la situación de ajuste no da para más. Esto sin contar con el cansancio que llevamos acumulado por hacerle frente a esta pandemia con ritmos agotadores y con falta de personal. 

El paro se fue gestando desde abajo. Las compañeras del sector de Instrumentación quirúrgica tomaron el guante, se organizaron en su sector y decidieron que la mejor manera de enfrentar esta realidad era planteando un paro, dijeron ‘si Neuquén pudo nosotros también’. Así, lograron contagiar al resto de los sectores que se fueron sumando: enfermeras y enfermeros de diferentes sectores, laboratorio, los sectores covid, administrativos, farmacia, rayos, sala de yeso, hemoterapia, camilleros. 

Así es que esta semana en asamblea se votó un paro de todo el día, con el apoyo de la Junta Interna, y el jueves desde las 7:00 nos fuimos reuniendo en la entrada del Hospital para que todos sepan que nos estamos poniendo de pie, porque no queremos que nos pasen por encima. 

¿Qué camino debemos tomar? 

Mientras el gobierno sabe cuál es su plan, acuerdan recortes en el presupuesto de salud sin invertir lo necesario para hacerle frente a la pandemia, están llevando adelante un ajuste hacia el conjunto de las y los trabajadores por la vía de acuerdos de salarios de miseria, mientras el costo de vida es altísimo, con un pacto sellado con las direcciones de las burocracias sindicales, para poder hacerle honor al FMI y pagarle al Club de París. 

Por otro lado las familias de nuestros pacientes cada día están en peores condiciones, con trabajos precarios, o familias que perdieron el trabajo, sin IFE y además interrumpiendo los tratamientos de sus hijos por falta de plata, o porque las obras sociales ponen trabas para cubrir los tratamientos porque de acuerdo a ellos la salud es un gasto. 

Hay que continuar construyendo la unidad por abajo, desde cada sector del hospital, sin importar si están afiliados o no. Desde la Junta interna y desde la Asociación de Profesionales no podemos seguir en la sintonía de no poner por delante la unidad, hay que dejar las discusiones estériles de si se llama asamblea conjunta o no. (…) Hay que ponerse por delante de la situación que está atravesando al conjunto de las y los trabajadores y coordinar convocando desde los enfermeros, técnicos, médicos, administrativos, camilleros, etc. Tomando además las demandas de nuestros compañeros tercerizados. Neuquén marco un ejemplo de lucha muy importante, decidiendo en asambleas y votando el camino a seguir, coordinando con el resto de los hospitales de la provincia. Así lograron cortar Vaca Muerta, buscaron el apoyo de la comunidad que los acompañó en las movilizaciones y así lograron pasar por arriba a la burocracia sindical y al gobierno provincial. Este es el camino que debemos tomar”. 

El salario mínimo sigue sin cubrir las necesidades para no ser pobre 

Esta semana Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los principales indicadores inflacionarios con respecto al mes de mayo. La Canasta Básica Total (CBT) se incrementó un 2,4 % y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el umbral de la indigencia, un 2,8 %, ambas detrás de la inflación mensual que marcó un 3,3 %. Sin embargo, una familia integrada por dos adultos y dos menores, con salarios mínimos, no alcanza a superar la línea de pobreza. 

A partir de mayo dicha familia necesita 64.445 pesos para superar dicha condición. La inflación mensual se vio afectada en especial por la suba en transporte y salud, 6 y 4,8 %, respectivamente. Los alimentos estuvieron en línea con la CBA, compuesta por una selección de aquellos bienes alimentarios capaces de garantizar calorías nutricionales necesarias para el hogar del tipo de familia mencionado.  

A nivel interanual, el Índice de Precios de Precios al Consumidor (IPC) mostró una evolución del 48,8 %, mientras que la línea de indigencia (CBA) y pobreza (CBT) estuvieron por encima: 53,4 % en el primer caso y 49,6 % en el segundo. De esta manera, el hogar tipo señalado no logra superar la línea de pobreza. El salario mínimo vital y móvil alcanzó los 24.408 pesos en mayo, tras el incremento pautado del 35 % desde abril de este año a febrero de 2022. Representa un 38 % del valor de la CBT y un 89 % de la CBA. 

Uno de cada tres trabajadores es pobre 

Un trabajo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) afirmó que un 38 % de los asalariados del país tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Además, un 5 % está por debajo de la línea de indigencia.  

Desde octubre del año pasado, el aumento de la inflación disparó el IPC en todo el país, en especial en alimentos, lo que impacta de forma directa en la cantidad de personas que están afectados por la pobreza. Es que el crecimiento de precios es el “impuesto de los pobres”, como suelen analizar los economistas, e impacta de forma directa en los sectores con ingresos más bajos. 

Pero la tendencia alcista se mantiene al punto que comenzó a afectar a otros sectores, incluyendo a los asalariados, y lo que hace que hoy cada vez más trabajadores son pobres. Este fenómeno, que afecta a informales y cuentapropistas, también alcanza a empleados bajo convenio. 

En este punto, un reciente informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) alerta que con los datos actuales, uno de cada tres asalariados argentinos está en esa condición de precariedad. Los números marcan que las mujeres son las más afectadas por este fenómeno, que además tiene en algunos sectores una incidencia mayor, como los estatales municipales, que vienen bregando para que los salarios en las comunas no puedan ser inferiores del mínimo, vital y móvil. 

En el Gobierno confían que el ritmo inflacionario se frenará, pero las paritarias, herramienta para proteger los sueldos, siguen cerrando acuerdos por debajo de la expectativa del crecimiento de precios. 

El informe del IPyPP, que lidera el economista y director del Banco Nación, Claudio Lozano, analizó el impacto de la actual situación económica en el poder adquisitivo de los trabajadores. 

Según los datos del trabajo, “el 38 % de los trabajadores percibe salarios por debajo de la canasta familiar”, es decir, uno de cada tres empleados, mientras que “el 44,7 % se encuentra precarizado”. Además, “si se toman como referencia los valores de las canastas básicas utilizadas oficialmente, surge que el 32,4 % de los asalariados están por debajo de la línea de la pobreza y el 5 % en la indigencia”. 

“Uno de los datos más alarmantes que arroja el estudio es el hecho de que uno de cada tres trabajadores obtiene ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, vital y móvil (23.544 pesos”, agregó el informe. “Esto es una radiografía de la crisis en el mercado laboral y hace imprescindible la necesidad de garantizar un Ingreso Básico Universal”, destacó el Instituto, que viene trabajando en este “salario universal”, una propuesta que apoyan diversos sectores gremiales y sociales, como la CTA Autónoma. 

El detalle, por ramas y género 

En el detalle, el informe dirigido por Lozano bajo la coordinación de Ana Rameri, indicó que al cuarto trimestre del 2020, “hay cuatro ramas de actividad que concentran la mitad de las ocupaciones: comercio (17 %), industria manufacturera (13,2 %), servicios financieros, de alquiler y empresariales (11,1 %) y construcción (10,1 %). 

La actividad mercantil es la que más empleados bajo convenio tiene en el país, y no escapa a la realidad de tener muchos empleados bajo la línea de pobreza. “En el sector tenemos este problema, en especial entre los empleados que realizan tareas ‘part time’ o de medio tiempo”, explicó Mario Amado, líder de la agrupación La Voz de Comercio. 

El dirigente recalcó que “cuando se negocian las paritarias los sueldos quedan por encima de la línea de pobreza, pero en este contexto de inflación y deterioro salarial a los dos, tres meses te supera, volvés a quedar abajo”. “Esto afecta a los trabajadores de jornada completa también, porque a los ‘part time’ siempre los tenés bajo esos niveles”, dijo Amado. 

Además, el informe del IPyPP alertó que existe un fuerte componente de género en este fenómeno, ya que “mientras el 26,7 % de los varones gana menos que el mínimo, el porcentaje asciende al 43 % en el caso de las mujeres”. 

En parte, analizó el estudio, esto responde a que las trabajadoras “son también las más afectadas por la desigual distribución de las tareas domésticas y de cuidado, y la consecuente necesidad de desplegar estrategias de conciliación entre el trabajo productivo y reproductivo”. Sin embargo, “los bajos ingresos no se explican exclusivamente por los empleos de tiempo parcial. 

De hecho, aun ajustando el indicador en función de las horas trabajadas, resulta que una cuarta parte de las/os trabajadores ganan menos del salario mínimo por hora”. “Este porcentaje asciende a casi el 40 % para las/os cuentapropistas y para la población asalariada informal”, recalcó el informe. 

Además, se subrayó que el nivel de fragilidad social que atraviesa Argentina “se manifiesta con mayor crudeza en las condiciones de vida de las infancias y juventudes: 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes están por debajo de la línea de pobreza”. 

Salario Mínimo 

Para el trabajo de Lozano, en este contexto “obtener un empleo no garantiza acceder al salario mínimo, vital y móvil”. Esto es algo que vienen alertando varios sectores, en especial los municipales de todo el país. Con salarios deteriorados, son un sector que históricamente denuncia la presencia de “trabajadores pobres”. 

En este sentido, desde la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM) vienen trabajando en un Proyecto de ley para que ningún empleado comunal cobre por debajo del ingreso mínimo. La propuesta está en el Congreso, presentado por el diputado nacional Walter Correa, y además fue llevado a la discusión en la última reunión del Consejo del Salario. En este sentido, la dirigencia sindical viene pidiendo este paso desde el año 2000, pero hasta ahora no lograron el consenso para aprobar la iniciativa. 

“Hoy hay provincias donde se cobran salarios conformados más bajos, como en el NEA, donde no hay un valor de referencia y el poder político paga lo que quiere. La nueva ley haría que nadie cobre por debajo del salario mínimo”, dijo el titular de la Federación de Trabajadores Municipales, Rubén “Cholo” García, a mediados de abril en la previa de la reunión del Consejo del salario. 

En ese encuentro, los municipales no lograron avanzar sobre su pedido, pero pudieron plantear sus necesidades. Como ejemplo, contó García, “en Jujuy un municipal cobra un sueldo de 15.000 pesos, cuando el mínimo, sin la actualización de abril, está en 21.600 pesos”. 

En coincidencia con esto, el informe del Instituto que lidera Claudio Lozano reafirmó en este contexto “resulta aún más grave si tenemos en cuenta el fuerte deterioro que ha sufrido ese valor (el salario mínimo) de referencia en los últimos años”. “ 

“Lo expuesto sumado al mayor crecimiento de la indigencia (el hambre) en el marco del empobrecimiento general de la población, ratifica la imprescindible necesidad de garantizar un Ingreso Básico Universal para toda la población en situación de informalidad y desempleo que fije un piso alimentario para toda la sociedad argentina”, concluyó el trabajo. 

Desempleo: 10,2% en el primer trimestre del año 

La tasa de desocupación alcanzó al 10,2% al término del primer trimestre del año, por debajo del 10,4% de igual período del año, y del 11% con que cerró el 2020, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

La población ocupada que realizó el trabajo desde su vivienda creció de 6,1% a 17,1% entre los 1° trimestres de 2020 y 2021. 

La tasa de desocupación fue de 12,3% para las mujeres, en tanto que, entre los varones, se ubicó en 8,5%. Asimismo, la tasa fue menor en los aglomerados de menor población. En los aglomerados con menos de 500.000 habitantes, alcanzó 6,8% de la población económicamente activa en el primer trimestre, contra 10,8% en aquellos con 500.000 y más habitantes. 

Entre las regiones, Gran Buenos Aires presentó el mayor porcentaje de desempleo (11,0%), mientras que Noreste fue la de menor nivel (6,1%). 

Miles de manifestantes de la Unidad Piquetera marcharon otra vez a Desarrollo Social  

Organizaciones sociales nucleadas en Unidad Piquetera se manifestaron el viernes 18 de junio frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, frente a la Avenida 9 de Julio, donde volvieron a reclamar por una mayor asistencia en medio de la pandemia y piden ser recibidos por el titular de la cartera, Daniel Arroyo. Además, las mismas agrupaciones, junto a trabajadores de la salud, se movilizaron en el Puente Pueyrredón. 

Los manifestantes se concentraron en tres columnas desde las 11:00 en las zonas norte, sur y oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde allí, caminaron al centro porteño para rodear la sede del ministerio. 

Marcharon reivindicando estas consignas: 

AGUINALDO O BONO COMPENSATORIO PARA LXS TRABAJDORXS DEL POTENCIAR TRABAJO. 

APERTURA DEL PROGRAMA PARA ASISTIR A LXS DESOCUPADXS. 

ATENCIÓN INTEGRAL A LOS COMEDORES Y MERENDEROS POPULARES. 

AUMENTO DE LOS POTENCIAR TRABAJO, ¡NINGUN TRABAJADORX POR DEBAJO DE LINEA DE POBREZA! 

VACUNAS PARA LXS COMPAÑERXS QUE ATIENDEN MERENDEROS Y COMEDORES DE TODO EL PAÍS. 

Varias arterias centrales de la CABA fueron bloqueadas por miles de integrantes de unas 40 organizaciones sociales, entre ellas el Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha, en reclamo de ayudas para los trabajadores informales y los desempleados. 

Los manifestantes amenazaron con montar carpas en el lugar si no son atendidas sus demandas. 

Esas organizaciones también se movilizaron en distintas provincias del país en un marco del creciente endurecimiento de sus demandas luego de tres años de deterioro de la situación económica y social. 

El ministerio de Desarrollo Social anunció que pagará un bono extraordinario de 6.000 pesos a cerca de un millón de titulares de un programa que busca potenciar el trabajo. 

Representantes de las organizaciones dijeron que ese bono no es suficiente y el gobierno debe garantizar un “aguinaldo” o paga extra para la mitad del año que “compense las pérdidas frente al aumento de los precios”, así como asistencia para los comedores que alimentan a familias empobrecidas. 

Según los manifestantes hay unos ocho millones de personas -de una población total de 45 millones- que no tienen asistencia y que deberían recibir además el llamado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que implementó el gobierno en 2020 para contrarrestar los perjuicios económicos de la pandemia. 

“Lo que le estamos planteando al Gobierno es que tiene que volver a pagar el IFE. Alcanzó a nueve millones de familias el año pasado, pero hoy con suerte hay un millón que acceden al Potenciar. La cuenta es simple: quedan ocho millones de personas sin ningún tipo de asistencia”, dijo Silvia Saravia, dirigente nacional de Barrios de Pie-Libres del Sur. E insistió: “La situación de hoy es peor a la del año pasado, respecto de los contagios y los datos de indigencia, pero el Gobierno no da ninguna respuesta. Ayer confirmaron el bono, que no está mal, pero no alcanza, porque solo llega al millón de titulares del Potenciar”. 

«Desde que empezó este Gobierno empezaron con las promesas no cumplidas. Pero no a nosotros, a nadie le cumplieron. A los jubilados les dijeron que les iban a aumentar con los intereses de las Leliq. La verdad que el Gobierno tiene suerte de que la gente no esté prendiendo fuego todo«, esgrimió el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. 

Por otra parte, Belliboni sostuvo que actualmente hay menos personas con planes que en el 2001, debido a que en esa época «había 2, 2 millones de personas» con beneficios del Estado «y ahora hay 800.000». 

La crisis sanitaria aceleró la recesión y la pobreza se disparó a más del 40%. El gobierno de Fernández, quien asumió en diciembre de 2019, afirma que hay una incipiente reactivación, sin embargo, por ahora resulta insuficiente en este contexto de deterioro. 

“Gran unidad piquetera contra el ajuste” fue el lema de la movilización, que incluyó cortes de rutas ybloqueos de puentes y accesos a la ciudad de Buenos Aires. La marcha tuvo réplicas en distintos puntos del país. 

Participaron las siguientes organizaciones sociales: 

POLO OBRERO- MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba.☆M.T.R./MIDO – MAR – M29 – BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA-RUP- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU – BUEL – A TRABAJAR – ORGANIZACIÓN 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L – LA WILLIAM COOKE- MUJERES EN LUCHA) – MTL REBELDE – M.B.T – FRENTE DE LA RESISTENCIA. 

BARRIOS DE PIE – MST TERESA VIVE.
FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; IZQUIERDA LATINOAMERICANA SOCIALISTA; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR 

Paritarias en prensa 

Las empresas periodísticas de prensa escrita y un sindicato sin representación real en la Ciudad de Buenos Aires (UTPBA) cerraron la negociación paritaria 2021-2022. El “acuerdo”, que repudiaron desde el SiPreBA por ilegítimo e insuficiente, consiste en la mayoría de los casos en un “incremento” del 30% fraccionado en tres cuotas de 10%, a cobrarse con los sueldos de septiembre, noviembre y enero de 2022. 

– La negociación consolida la pérdida acumulada en los sueldos del sector, que desde enero de 2017 han sufrido el recorte de un 42% en la capacidad de compra. Lejos de recomponer ese retroceso, tampoco se acerca a empatar la proyección inflacionaria de 2021. 

– Las cuotas, que serán en su inicio no remunerativas, se irán incorporando al salario a costa del sueldo neto. Por lo tanto, el incremento porcentual será menor. 

– La recomposición fraccionada implica la inevitable pérdida de poder adquisitivo contra la inflación, que se acumula con el correr de los meses en paralelo a las cuotas. Como agravante, lo firmado le confiere a las empresas el derecho de declararse en crisis y diferir los pagos. 

– A pesar de que la ley 27.555 que regula el Teletrabajo está vigente desde el 1 de abril, las empresas siguen sin asumir costo alguno. Lo firmado en paritaria pauta una comisión para tratar el tema recién en julio, casi un año y medio después de que la mayoría de les compañeres de prensa escrita tuvieron que adoptar esa modalidad. 

La recomposición, fechada el 11 de junio, fue pactada por las cámaras AEDBA (que nuclea al diario Clarín, El Cronista, La Nación, Perfil y Página/12, entre otros), AFERA, el sector de AAER y APTA, que reúnen a las revistas, y representantes de Infobae, Publirevistas S.A y las agencias internacionales ANSA y EFE. Empresas de medios con redacciones que tienen asambleas y Comisiones internas organizadas en el SiPreBA. 

Sin embargo, periodistas y trabajadores de prensa escrita no fueron parte de la negociación. Sin una representación real y legítima del sector gremial, la paritaria resulta una competencia entre las empresas por ver quién rebaja más los salarios. 

Marcan la diferencia las negociaciones llevadas adelante por la FATPREN con los medios de distintas provincias, con instancias que cuentan con la participación tanto de las asambleas como de los plenarios de delegades y dirigentes. Incluso, a través de la Federación, la asamblea de Agencia Télam está en vías de cerrar su nueva pauta salarial. Mientras que en los canales de televisión, los acuerdos por empresa con las Comisiones internas y asambleas del SiPreBA obtuvieron mejores resultados porcentuales frente a lo “negociado” en prensa escrita, por quienes formalmente tienen el sello para la paritaria, pero sólo representan los intereses de las empresas. 

El panorama es dramático para quienes trabajan en diarios, revistas, agencias de noticias y portales web. Desde el SiPreBA constatan que el 80% de les compañeres en la categoría testigo de “redactor” cobra menos de $62.958, el umbral que define lo mínimo para cubrir una canasta básica total (CBT). 

Ejercer un periodismo de calidad con libertad de expresión requiere de salarios dignos. La tarea de informar no puede transformarse en una “vocación” mal remunerada, como sueña algún empresario que precariza nuestro trabajo. Desde el SiPreBA repudiamos esta nueva paritaria a la baja y exigimos una recomposición salarial con representación directa de les trabajadores. 

Comisión Directiva – Sindicato de Prensa de Buenos Aires 

Miércoles 16 de junio de 2021

Acuerdos paritarios en Telefe y América 

En el área de noticias de Telefe la recomposición, previo a su firma legal a cargo de los dirigentes Agustín Lecchi y Diego Pietrafesa, fue aprobada en una masiva asamblea del sector conducida por la Comisión Interna (Laura Kalerguiz, Rodolfo Luccioni y Miguel Aranda), que contó con la participación del 80% de les afiliades al SiPreBA en el canal. 

Por su parte, para el área de prensa de los canales América y A24, el acuerdo también fue rubricado por la Comisión Interna, con les compañeres Darío Martínez, Luisa Barbosa y Leo Godoy. Con el apoyo de la asamblea por votación unánime, el mismo tendrá vigencia hasta marzo 2022. 

Entrevista a Agustín Lecchi, delegado del SiPreBA y la TVP 

M.H.: Un Día del periodista que nos encuentra parados ¿dónde? 

A.L.: Después de cuatro años de macrismo en donde perdimos 4.500 puestos de trabajo, un 40% de nuestro poder adquisitivo, el 7 de junio hicimos pública una encuesta del SiPreBA que hacemos todos los años para esta fecha, con mil casos de compañeros y compañeras de los que más de 55% cobra salarios por debajo de la canasta básica, por debajo de los 62.000 pesos. Y la pandemia y la situación actual también, lejos de revertir la situación que heredamos del macrismo, tendió a consolidarse.  

Lo que hay que decir es que en los lugares donde estamos organizados, donde hay organización gremial estamos mejor que donde no la hay, podemos defender nuestros derechos, en algunos casos ampliarlos, pero en la generalidad de los casos la situación es muy crítica y va de la mano con una erosión general de la actividad y las condiciones obviamente laborales pero también en las que se produce la información y en la que se construye la comunicación en nuestro país, que es algo que afecta al debate público  y a toda la sociedad, no solo a nosotros como sector.  

M.H.: Otro de los reclamos es el plan de vacunas. 

A.L.: Nosotros en muchas provincias logramos a través de los sindicatos de base de la Federación, que los trabajadores de prensa fueran integrados como estratégicos en los planes de vacunación. 

M.H.: Neuquén, Córdoba y Misiones. 

A.L.: Chaco y Santa Cruz también. No lo logramos en CABA y es una situación grave porque se han muerto y se siguen muriendo compañeros, la semana pasada falleció Miguel Fernández de América, más de 50 trabajadores de prensa fallecieron a causa del Coronavirus y muchos estamos trabajando de manera presencial. 

M.H.: 3.300 contagios. 

A.L.: De esa encuesta que te mencionaba, un 15% se contagió y muchos con secuelas importantes y algunos fallecieron. Por eso lo de la vacunación es importante, no pedimos ningún privilegio, sino que como realizamos una tarea esencial en la calle durante toda la pandemia, merecemos ser vacunados. 

M.H.: Hoy apagón de noticias. 

A.L.: Sí, hoy vamos a hacer cese de tareas de dos horas por turnos en todas las redacciones de diarios, revistas, agencias y portales de CABA exigiendo el pleno reconocimiento del SiPreBA que es nuestro sindicato, estar en paritarias, que es lo que debería suceder porque son paritarias rengas sin la pata trabajadora y esa es una de las principales causas por las que nuestro salario se devalúa año a año. Hoy en Clarín, Página 12, Olé, Ámbito Financiero, Infobae, en las redacciones más importantes, va a haber paro de 2 horas por turno. 

M.H.: ¿Querés agregar algo más? 

A.L.: Agradecer el espacio, porque si bien hice hincapié en los medios privados y los medios públicos, también es muy importante el acompañamiento de los medios autogestivos, independientes y populares y la unidad que logramos conseguir, así que muy feliz día para ustedes también.  

Con una carta ante la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Medios de la Nación, desde el SiPreBA en conjunto con la FATPREN reiteraron el pedido para que se incluya a les trabajadores de prensa, que realizan tareas en coberturas en exteriores y de manera presencial, entre las prioridades del plan vacunación contra el COVID como parte de los sectores estratégicos. La presentación fue acompañada por el apoyo de más de 1.000 firmas de periodistas de diversos medios de alcance nacional, como Telefe, Clarín, Télam, Página 12, La Nación, Tiempo Argentino, Radio Nacional, AM 750, América, Perfil, Televisión Pública, Diario Popular, El Diario Ar, El Trece, TN, El Cronista, Futurock, Del Plata, Ámbito Financiero, entre muchos otros. 

Este pedido ya había sido realizado, en conjunto con la Federación y ARGRA, en distintas oportunidades. Frente al Ministerio de Salud de la Nación, se solicitó, en primera instancia, el 12 de febrero, y luego se insistió el pasado 11 de mayo. Asimismo, han hecho planteos similares a la Jefatura de Gobierno y al ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, incluso junto a otras organizaciones sindicales, sin ningún tipo de respuesta.  

En la presentación, informan al Gobierno que en el sector, entre un 14% y un 18% del total de les trabajadores se enfermó de coronavirus. Porcentaje que está por encima de la media de contagio de la población nacional y que aumenta marcadamente en el reducido grupo que cumple funciones en coberturas y exteriores. 

Reiteran la urgencia de esta solicitud y lamentan el fallecimiento de más de 50 compañeres de prensa desde el inicio de la pandemia. 

Volvió a fracasar la paritaria de Alimentación  

Las empresas no mejoraron la oferta salarial en el marco de las paritarias de Alimentación por lo que los representantes de la Federación de Trabajadores de Industrias de Alimentación (FTIA) volvieron a rechazar el 32% de recomposición. 

Desde el gremio acusaron de intransigentes a los empresarios y recordaron que el 29 de este mes vence la conciliación obligatoria, por lo que en ese momento se retomaría el plan de lucha. 

“El día de hoy, martes 22 de junio, la Cámara empresaria se presentó a la audiencia por las paritarias del CCT 244/94, sin modificar la propuesta realizada con anterioridad” señala el comunicado de la filial Buenos Aires del Sindicato de Alimentación que conduce Rodolfo Daer. 

Además, destaca que: “Los paritarios de la Federación de Trabajadores de Industrias de Alimentación consideran inaceptable la actitud mezquina del sector empresario”. 

“Desde el STIA Buenos Ares, ratificamos, una vez más, la necesidad de preservar el poder de compra de los salarios de las trabajadoras y trabajadores de Alimentación, y en tal sentido, instamos al sector empresario a que presente una propuesta acorde a las circunstancias económicas que atravesamos los asalariados de Alimentación”, remarcaron desde el STIA. 

También dejaron trascender que, según su opinión, el boicot paritario de las alimenticias es parte de un plan sistemático. 

Desde el gremio consideran que las firmas están en una cruzada contra el Gobierno que se profundizó tras la asunción de Daniel Funes de Rioja como presidente de la UIA. 

Las patronales alimenticias aumentaron sus ingresos un 83 % en un año 

El sector de los productos alimenticios registró en abril un crecimiento interanual del 83,3 %, en tanto la producción reflejó un incremento del 7,2% y las cantidades enviadas un avance del 32,3% interanual de acuerdo con un informe de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES). La diferencia entre los ingresos obtenidos y las cantidades se explica por una suba del 38,6 % promedio de los precios internacionales de los commodities. 

Los precios internacionales que vienen en alza en el último tiempo permiten a las patronales agroexportadoras aumentar más sus ganancias. En mayo de este año el precio de la soja tuvo su récord llegando a 600 dólares por tonelada, el valor más alto en los últimos 12 años. Desde ahí en adelante el precio sufrió altibajos y hoy en día ronda los 500 dólares por tonelada, lo cual sigue estando muy por encima de precio que tenía en la primera parte de 2020, cuando cotizaba en torno de los 350 dólares por tonelada. 

El gran aumento de los ingresos de los grandes grupos agroexportadores contrastan con el deterioro en las condiciones y poder de compra de la mayoría de la población del país.  

A pesar del incremento de las ganancias de las patronales agrarias en el último tiempo y luego de algunos “amagues” el gobierno no incrementó el valor de las retenciones y en 2020 el sector fue premiado con la reducción temporal de las retenciones a la soja y la aprobación del trigo transgénico, además de la persistente depreciación del peso. 

La patronal da marcha atrás con un despido en Acindar 

El 14 de abril la patronal de Acindar despidió a Walter Valiente, operario del sector de alambre de la planta de Villa Constitución, ex delegado y referente del sector, que venía denunciando condiciones inseguras en su lugar de trabajo. Los trabajadores del sector, junto a la Comisión Interna y la directiva de UOM Villa, llevaron adelante un paro total de actividades que llevó a una conciliación voluntaria. Vencida la conciliación, ante la determinación de la patronal de ratificar el despido, los trabajadores volvieron a parar la planta, logrando un nuevo llamado a diálogo por parte de la patronal y llegando al acuerdo de retrotraer el despido, aunque la patronal sostiene la voluntad de trasladar al compañero a otra planta en otra localidad. 

Mientras se desarrollaban las negociaciones, en la planta falleció Brian Albornoz, en un accidente laboral completamente evitable que demuestra que los reclamos por seguridad son más que justos, y los trabajadores de Acindar también respondieron parando la planta. 

Fuentes: www.atecordoba.org, www.infogremiales.com.ar, Gestión Sindical, Resumen Latinoamericano, Anred, APU, argentina.indymedia, Red Eco Alternativo, Clarín, Tiempo Argentino, Página12, “Fe de erratas” y Plan B(aires)” (FM La Boca -90.1), La Izquierda Diario.