A menudo, relacionamos los Derechos Humanos con el hambre, con dictaduras torturadoras y sus desaparecidos. Pero al mismo tiempo, olvidamos que estos derechos también hacen referencia a los más básicos e inalienables de todos los habitantes de este mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada por todos los países miembros de la Organización […]
A menudo, relacionamos los Derechos Humanos con el hambre, con dictaduras torturadoras y sus desaparecidos. Pero al mismo tiempo, olvidamos que estos derechos también hacen referencia a los más básicos e inalienables de todos los habitantes de este mundo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada por todos los países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hace 60 años atrás, plantea en su artículo 17 que toda persona «tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente». Además resalta que «nadie será privado arbitrariamente de su propiedad».
Sin embargo, en todos estos años no se han visto avances importantes en materia de Derechos Humanos a nivel internacional. No existe un compromiso verdadero de los firmantes de la Declaración en el cumplimiento de estos derechos.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, aseguró que sus objetivos permanecen incumplidos mientras nuevos problemas mundiales agravaron las condiciones de vida de millones de personas. (Ver. «¿Cuánto más hay que esperar para que se cumplan?». APM 12/12/08)
Sin dudas, un derecho básico para cualquier persona es tener una vivienda digna, con electricidad, agua potable y gas, pero no todos los ciudadanos tienen las mismas posibilidades de acceso a estos «beneficios de lujo».
En los 90, las deudas externas de los Estados a organismos financieros internacionales condicionaron las políticas de los gobiernos de la región. Entre las principales «recetas» de los organismos de créditos multinacionales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se encuentra el financiamiento de la oferta por el financiamiento de la demanda. Las entidades internacionales promovieron el rol del Estado como un simple «facilitador» del mercado inmobiliario dejando esto en manos de empresas privadas.
De esta manera, el Estado dejó de lado la planificación de obras públicas que estaban vinculadas a generar empleo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores a través de la construcción de viviendas para obreros. Así comenzaron a surgir los asentamientos en tierras usurpadas y «villas miserias», en donde sus habitantes viven sin las condiciones mínimas de saneamiento. (Ver. «Entre la pobreza y la marginalidad». APM 09/03/2008)
La mayor cantidad de asentamientos se ubican en los alrededores de las principales capitales de Latinoamérica, y Ciudad de Buenos Aires (Capital Federal de Argentina) no es la excepción.
Según un censo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más de 7.500 personas prefirieron armar casillas de chapa y madera en 100 hectáreas a la vera del Camino Negro, antes que dormir con sus hijos debajo de un puente o en un banco de alguna plaza.
Los habitantes de «17 de Noviembre» -denominado así por haber sido tomado ese día el año pasado- llegaron con la ilusión de un terreno propio y poder vivir un poco más cómodos.
Rosalía Mareco vivía con su marido y sus dos hijos en una habitación en la casa de sus suegros, junto con sus cuñadas y sus respectivas familias. «Teníamos muchos problemas, cosa que es normal entre 14 personas que comparten cocina y baño. Pero tuvimos que aguantar porque pagar un alquiler es imposible», agregó.
La mayoría de quienes hoy cuidan allí su lote aún se esfuerzan por mantener activo el contrato de alquiler que venían sosteniendo. «Es esperar un tiempito más hasta que salga esto, para empezar a pagar este terreno en vez de tirar la plata en un alquiler. Nadie pide que nos regalen nada, queremos pagar por esto», remarcó Silvano Espíndola, otro ciudadano.
Pero saben que es inminente un nuevo desalojo violento. Ya saben lo que es perder lo poco que tienen y quedar totalmente en la calle. Cuatro días después de la ocupación del terreno, que llevaba décadas vacío, la policía intentó desalojarlo en una operación en la que hubo balas de goma y gases lacrimógenos y resultaron heridas siete personas.
Los vecinos, tanto argentinos llegados desde distintos puntos del país como inmigrantes paraguayos, bolivianos y de otras naciones limítrofes, resistieron con un bloqueo del Camino Negro -que conecta la Capital con el sur del Gran Buenos Aires- que duró más de cinco horas.
Tras el desalojo y luego de las protestas, las autoridades provinciales y municipales acordaron permitir a la gente la permanencia en el terreno mientras se censaban a las familias para definir la cantidad de las más urgidas de vivienda y negociaban con los propietarios. «Dos chicas mandaron a censarnos. Imaginate que nunca podrían llegar a hacerlo ellas dos solas. No alcanzaron a anotar ni a la mitad», contó una vecina.
«Las tierras tienen dueño, los impuestos están al día», sostuvo Julio Massara, secretario de Obras Públicas de Lomas de Zamora, municipio que, según dijo, entablará «negociaciones con la familia propietaria para fijar una cifra de compra».
La pregunta es para qué quiere comprar la Municipalidad de Lomas de Zamora esas tierras: ¿quiere construir casas en esas tierras para los desalojados, o en unos meses irrumpirá un nuevo mega shopping?
Por si alguien pensó, éste no es un hecho aislado. Todos los meses, las policías provinciales reprimen a personas que su único delito -pareciera ser- es no tener un lugar digno donde poder vivir con su familia.
Así como hay tierras que nunca han sido usadas por sus dueños legítimos, que quizás ni saben de la existencia de esas tierras porque fueron heredadas, o que no les interesa tenerlas porque nunca les va a dar uso; existen edificios o fábricas que ya no funcionan más como tales, que son ocupadas.
Un ejemplo es el edificio de «La lechería», donde hasta 1968 funcionó una cooperativa de lecheros y que era la vivienda de más de 300 familias, algo así como 1.000 personas.
Las familias de «La Lechería», una construcción de tres pisos subdivida con ladrillos en casillas, donde no hay agua potable ni cloacas, se agruparon en cooperativas para gestionar con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un subsidio y una «solución habitacional».
En marzo del año pasado, un centenar de los habitantes del predio cortó el puente de la Avenida San Martín, en repudio a una sentencia de desalojo que había impartido la jueza Dolores Miguens.
En aquella ocasión, residentes de «La Lechería» salieron a la calle con pancartas, banderas y bombos y quemaron neumáticos para que no les quiten su única vivienda. Frente a esta situación, funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri tomaron cartas en el asunto. Tras un proceso de negociación, se llegó a un acuerdo mediante subsidios y la promesa de trasladar a los ocupantes hacia una «vivienda digna», en caso de que desalojaran el edificio.
Los habitantes de «La Lechería» desocuparon el edificio pacíficamente, pero todavía siguen esperando que el Gobierno porteño cumpla con su parte del acuerdo: una vivienda digna.
A todo esto, no hay que dejar de lado, que todos los días, hay un nuevo edificio en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque parezca increíble, la oferta de departamentos y casas es enorme. Ya casi no quedan espacios verdes en la ciudad, todos están construidos, y los pocos que quedan lo estarán en breve.
Sin embargo, no todos los edificios encuentran dueño velozmente. Hay demasiadas casas antiguas abandonadas que, por no contar con las comodidades modernas, son abandonadas y sus dueños compran una casa nueva.
Entonces, existen casas y edificios -o esqueletos de construcciones- que son utilizados por personas de bajos recursos para guarecerse del frío, la lluvia y de los peligros de vivir en la calle. Estos son los denominados «ocupas», que son desalojados violentamente por efectivos policiales, sin saber muy bien para qué ni porqué se los saca del lugar. (Ver. «Casa tomada». APM 26/06/2008)
Pero siempre está la excusa de que la casa tiene un dueño, que después de 50 años, pide que le sea devuelta. Sin embargo, distinta es la situación si se trata de tierras fiscales (es decir del Estado), que de más está decir, es el responsable de que cada ciudadano tenga su vivienda digna.
Justamente, por este compromiso que tiene el Estado con la ciudadanía, es que es ilógico que las fuerzas de seguridad estatales desalojen a quienes ocupan estas tierras porque no tienen otro lugar en donde estar, ya que están olvidados por el sistema reinante.
Desalojos en casa propia
No sólo se dan desalojos en las grandes ciudades y sus periferias, sino también lo sufren los indígenas, a pesar de tener una ley que protege sus tierras.
Recientemente, Inés Larenas es un antigua pobladora de El Pedregoso (paraje ubicado a 10 km al sur de la ciudad de El Hoyo, Chubut), que recibió una orden de desalojo. Frente a tan arbitraria e injusta decisión, los vecinos, las comunidades de pueblos originarios de la zona y organizaciones sociales se solidarizaron y resistieron junto a la familia Larenas.
La orden de desalojo de Larenas encuentra sus motivos en la historia de El Hoyo relacionada a sus recursos forestales, potencial turístico y la minería.
Durante la década de 1970, con el aval del gobierno provincial, la Maderera Noroeste S.A. (Manosa), operó en 34 mil hectáreas, en la zona de El Hoyo y Epuyén. Arrasó con innumerables hectáreas de bosque nativo para plantar pinos exóticos en su lugar. Todo, por supuesto, sin el consentimiento de los pobladores.
Entre las tierras afectadas por este desastre ecológico se encontraban las de la familia Larenas, que habita en ese lugar desde 1941.
El abogado Enrique Alejandro Korn, quien ahora pretende arrebatar 1.200 hectáreas y desalojar a los Larenas, había sido asesor de la empresa forestal en aquellos años, y al cierre de ésta empezó a diseñar un plan para que las tierras queden en su poder.
Hábilmente, y con la anuencia de funcionarios judiciales y de gobierno, Korn transformó los derechos del vuelo (recurso forestal existente en la tierra), en su ahora pretendido reclamo de las tierras en las que están esos pinos y las familias que viven allí desde hace más de medio siglo.
Las parcelas ocupadas por los Larenas fueron entregadas a Korn, que nunca vivió en El Pedregoso, en concepto de pago de honorarios profesionales, a partir del juicio que tuvo lugar entre la empresa Manosa y la provincia de Chubut.
Así, Korn adquirió los derechos de vuelo de una amplia zona, entre las que están los lotes ocupados por las familias Larenas y Quilodrán. A partir de ahí, Korn comienza a gestionar el título de las mismas argumentando ocupación veinteñal. Para esto, contó con la complicidad del entonces director de Tierras de El Hoyo, Santiago «Chito» Cárdenas, que certificó la pretendida ocupación.
Dicha certificación fue totalmente amañada y falsa, certificando una circunstancia totalmente ajena a la verdadera realidad de aquel momento: Inés Larenas vivía en ese lugar, y no Enrique Alejandro Korn.
Algunos años después, en 1999, Cárdenas asumió la intendencia del El Hoyo, y es durante su gestión que en el año 2003, Korn logra la aprobación de las mensuras y el título de propiedad de las mismas.
Sin embargo el de Korn no es un caso aislado, durante las gestiones de «Chito» Cárdenas, otros empresarios y poderosos se hicieron de tierras de manera irregular, cuando no fraudulenta.
Korn manifestó su interés por estas tierras para desarrollar emprendimientos hidroeléctricos en el arroyo El Pedregoso, presentando los estudios realizados a su pedido, por la empresa canadiense Oboe Engineering Ltd.
Más tarde, en el 2005, Korn a través de Tomás Cané, apoderado legal, y actual integrante del departamento ejecutivo de la localidad de Lago Puelo, inicia acciones legales contra Inés Larenas por usurpación con violencia de «su» propiedad.
En julio de 2008 se conoció el fallo de la jueza. La sentencia ordenó seis meses de prisión en suspenso y la «restitución» de las tierras a Korn, previo desalojo compulsivo y lanzamiento de todos los bienes y personas que se encontrasen en el lugar.
Desconociendo tan absurdo e injusto fallo, Inés Larenas permaneció en el lugar donde nació y vivió toda su vida; por lo que en diciembre, la Jueza firmó la orden de hacer efectivo el desalojo, que debería producirse dentro de los próximos cinco días hábiles.
Es de destacar que esta decisión de hacer efectivo el desalojo marca dos irregularidades.
Por un lado desconoce lo establecido por la Constitución y la suscripción a Pactos Internacionales (como el de los Derechos económicos, sociales y culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), que impiden los desalojos forzosos hasta que la última autoridad competente, se expida al respecto.
Por otra parte, se libra la orden aunque la sentencia esté apelada y falte aún una decisión superior a ella al respecto. Estando la sentencia apelada ante el Superior Tribunal, la Jueza perdió ya jurisdicción para seguir expidiéndose al respecto. Vemos en esta irregularidad una clara intencionalidad por continuar avasallando e intimidando a los pobladores.
Con el retiro de Larenas de sus tierras y Korn como propietario, el desembarco de las mineras solo espera que Das Neves levante la medida de zonificación minera que vence el año próximo, y que sacó de manera apresurada en 2006 ante la movilización popular y frente a su re postulación como Gobernador en las elecciones de 2007.
Por otra parte, no es un dato menor que el hijo de Enrique Korn, Pablo Korn, sea el actual Ministro Coordinador de Gabinete, con lo cual sus conexiones con el poder político y económico son claras.
No olvidemos que en junio del año pasado, en la Embajada de Canadá y ante empresarios mineros, Das Neves aseguró que iba a convencer a los pobladores de las bondades de la minería, que se iba a revertir el proceso de Esquel (Provincia de Chubut) del «NO a la mina» y que se iba a asegurar a las empresas su desarrollo.
El intento de desalojo contra Inés Larenas no es un hecho aislado, es tan solo uno de la larga lista de casos que evidencian los avances impunes del poder para expulsar a los campesinos de las tierras en las que han vivido siempre.
De todas estas historias, la que tiene como víctima a la familia Larenas es una de las que más evidencian las interconexiones corruptas entre el poder económico y el poder político, los manejos turbios de funcionarios provinciales y municipales en connivencia con mafias jurídicas en todos los estratos.
Son cinco generaciones de vida campesina que el poder de estas mafias está intentando eliminar. Cinco generaciones que habitan esta tierra, desarrollando su cultura y haciendo de la tierra su forma de ejercer la subsistencia y la autonomía.
Esta situación la sufren los indígenas de toda Argentina. El avance de los desmontes y de los campos privados para el cultivo (principalmente de soja), son los principales enemigos de las comunidades que vieron nacer a este país y que son olvidados por los gobernantes.
Los intereses económicos parecen ser más fuertes que el patrimonio cultural originario. Increíble pero cierto. El que no tiene casa, el Estado no deja que tenga una, aunque sea usurpada u ocupada; y el que es dueño de tierras desde la época colonial, se las quitan para que un privado haga negocios personales.
¡Que ironía!