Luego de acampar y pasar la noche en el Puente Pueyrredón, las organizaciones piqueteras iniciaron a las 14 la marcha a Plaza de Mayo en reclamo de justicia para Darío Santillán y Maximiliano Kosteki a dos años de sus asesinatos. La movilización ingresó a la Plaza de Mayo alrededor de las 15 y al frente […]
Luego de acampar y pasar la noche en el Puente Pueyrredón, las organizaciones piqueteras iniciaron a las 14 la marcha a Plaza de Mayo en reclamo de justicia para Darío Santillán y Maximiliano Kosteki a dos años de sus asesinatos.
La movilización ingresó a la Plaza de Mayo alrededor de las 15 y al frente de la columna estaban Alberto Santillán, padre de Darío, y el padre de Diego Lucena, el chico asesinado recientemente en Isidro Casanova . Los acompañaban dirigentes y referentes piqueteros como Pablo Solana del MTD Anibal Verón de Lanús, militantes del MST Teresa Vive y Néstor Pitrola del Polo Obrero.
Mirta, de la Asamblea de Córdoba y Anchorena, quien junto a integrantes de asambleas barriales que también encabezaban la marcha, expresó que «el principio Piquete y Cacerola, la Lucha es una sola, se encuentra vigente. Nuestro lugar como asamblea es con todos los que luchan». También se encontraba la madre de Andrea Viera, asesinada por la policía de la comisaría 1ª de Florencio Varela.
En la bandera ancha que los unía, al estilo Madres de Plaza de Mayo, podía leerse «El Estado sigue encubriendo. Castigo a todo los responsables de la Masacre de Avellaneda», en alusión a la política de Néstor Kichner. En el documento conjunto dicen al respecto: «A dos años de la masacre el presidente Kirchner no ha cumplido con su palabra empeñada frente a los familiares, organismos de derechos humanos, y organizaciones populares de «investigar hasta las últimas consecuencias, sin importar quién caiga». Además observamos que los políticos implicados en la represión continúan ejerciendo cargos legislativos, judiciales, ejecutivos y hasta de representación internacional con total impunidad, como Duhalde a cargo de la presidencia del Mercosur, o el caso de Fanchiotti, que siguió cobrando su sueldo de comisario aún estando en la cárcel, y recién ahora, cerca de estas fechas, se lo expulsa de la fuerza».
Al ingresar en la Plaza, los integrantes de la Verón cantaban «piqueteros carajo», recordando a sus compañeros caídos y la lucha cotidiana que realizan en los barrios. El acto comenzó a las 16 con la lectura de un documento conjunto elaborado por las organizaciones convocantes. Previo a esto se leyó una adhesión de los Veteranos de Malvinas que se encuentran acampando en la plaza. A la derecha del palco estaban los integrantes de la FTC con una bandera que decía «cárcel a los asesinos de Diego» en referencia a Diego Lucena. Su hermano estaba en la columna del FTC portando su foto.
En el marco de esta movilización, Claudio Pandolfi, abogado de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que interviene en la investigación por la Masacre de Avellaneda, declaró a ANRed: «Las causas son tres. La principal es donde están los homicidios de Maxi y Darío y siete tentativas de homicidio. Quedó radicada en el Tribunal oral Nº 7 de Lomas de Zamora y estamos esperando la etapa de preparación del juicio; es decir el ofrecimiento de pruebas y demás elementos que se van a tratar en el debate.
La segunda causa, donde hay siete policías procesados pero ninguno detenido, es la del allanamiento al local de Izquierda Unida. También está en la misma situación pero en el juzgado correccional Nº6.
La tercer causa es la de Leiva, donde está detenido con prisión preventiva, que está en plena investigación. Están volviendo a declarar los testigos y tratando de identificar al resto del personal policial que aparentemente también habrían estado disparando con munición de plomo.
Con respecto a la investigación de las responsabilidades políticas, nunca se ha avanzado en la causa judicial. Nunca ha sido una hipótesis de la fiscalía en el tema de instrucción, teniendo en cuenta que la ley dice que el que decide lo que se investiga es el fiscal. Cuando nosotros apelamos en su momento los sobreseimientos, le pedimos a la Cámara de Apelaciones que ordene investigar eso y la Cámara nos contestó que era iniciatiiva del fiscal y que si él investigaba, bien, y que sino investigaba era su responsabilidad.
Nosotros vamos a tratar en el juicio oral propiamente dicho de aportar las pruebas que demuestren la existencia de responsabilidades políticas.
La judicialización de la protesta es una puerta que está abierta y avanza para todos. La diferencia que hace el gobierno entre duros y blandos no se nota. Los jueces tratan de procesar a todos sin hacer ninguna distinción. Me parece que la judicialización de la protesta social hay que enfrentarla en conjnto; dejando de lado nuestras diferencias, dejando de lado las distintas banderas que tenemos cada uno y salir a luchar todos juntos en contra de la judicialización, sea quien sea el judicializado. Si alguien es judicializado todos debemos responder».
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