Protagonizó el primer escándalo de la era K cuando, en 2003, debió abandonar su cargo como procurador del Tesoro de la Nación apenas 13 días después de jurar. Fue porque se reveló que había sido abogado de un general de la dictadura. Ahora se sabe que retornó como representante legal de Santa Cruz por pedido […]
Protagonizó el primer escándalo de la era K cuando, en 2003, debió abandonar su cargo como procurador del Tesoro de la Nación apenas 13 días después de jurar. Fue porque se reveló que había sido abogado de un general de la dictadura. Ahora se sabe que retornó como representante legal de Santa Cruz por pedido del ex presidente, pese a seguir asesorando a represores.
«Néstor Kirchner no sabía estos antecedentes. Esto no se corresponde con los principios éticos del Gobierno. Ningún funcionario involucrado en hechos relacionados con la dictadura militar puede formar parte de esta administración.»
Así explicó el vocero presidencial, Miguel Núñez, las razones por las que Carlos Alberto Sánchez Herrera debió renunciar a su cargo de procurador del Tesoro de la Nación apenas trece días después de haber sido designado. El hombre que Kirchner había elegido como jefe de todos los abogados del Estado se había desempeñado como defensor de un jerarca de la dictadura en causas de violaciones a los derechos humanos, nada menos que el temible general retirado Juan Bautista Sasiaiñ.
Pero cinco años después, las cosas no cambiaron mucho: el mismo abogado que fue echado del gobierno kirchnerista por defender a represores de la última dictadura ahora trabaja como apoderado legal de la provincia de Santa Cruz. Este dato no sólo aparece en sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Además, el propio Sánchez Herrera confirmó el dato a este diario y reconoció que fue el mismísimo Néstor Kirchner quien le pidió que volviera a ese puesto de la provincia que había ocupado durante doce años. «Sí. El presidente me pidió… me dijo que siguiera defendiendo los intereses de la provincia», sostuvo en diálogo con PERFIL.
Sin embargo, el caso es aún más sorprendente ya que Sánchez Herrera ha continuado defendiendo a militares con causas por violaciones a los derechos humanos, un dato que a esta altura no caben dudas de que es del conocimiento del ex presidente.
El propio Sánchez Herrera se encargó de sugerirlo cuando, ante una pregunta de este diario al respecto, contestó elípticamente: «Los políticos saben que hay momentos en los que conviene decir algo distinto de la realidad».
Otro dato curioso es que a pesar de los documentos aquí mencionados, y de la propia declaración del asesor jurídico de Santa Cruz, la Fiscalía de la provincia negó por escrito el dato.
«Le informo que la mencionada persona no es apoderada del Estado provincial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación», señala una nota del fiscal de Estado de Santa Cruz ante un pedido de informes de la Legislatura local.
Un pasado condenado
Corría junio de 2003 y el escándalo tenía el mal gusto de aparecer justo cuando empezaba su tarea un gobierno que quería impulsar una política activa en materia de derechos humanos y promover el juzgamiento de los responsables de los delitos de lesa humanidad.
Nadie se imaginaba que Sánchez Herrera iba a durar menos de dos semanas en su función. Cuando Kirchner era gobernador, el abogado lo asesoró en el famoso juicio por las regalías petroleras mal liquidadas, que le hizo ganar a la provincia 630 millones de dólares que fueron depositados en el exterior. A partir de ese momento, Sánchez Herrera se ganó la confianza de Kirchner y pasó a encargarse de los asuntos judiciales de Santa Cruz. Después, cuando llegó a la Presidencia, lo premió por su trabajo.
El 4 de junio de 2003 le tomó juramento como procurador del Tesoro de la Nación, pero pocos días después tuvo que aceptar su «renuncia indeclinable» al importante puesto de jefe de los abogados estatales. Fue el primer funcionario kirchnerista que dejó su cargo.
El motivo fue un artículo del diario Página 12 que reveló que el abogado había defendido al general Sasiaiñ en una causa por apropiación sistemática de hijos de desaparecidos en la última dictadura. Sasiaiñ fue todo un emblema de los mandamases del Proceso que decidían quién vivía y quién moría en la Argentina. Su currículum provoca escalofríos: primero fue comandante de la X Brigada de Infantería, después pasó a desempeñarse como jefe de la Policía Federal, y fue responsable de centros clandestinos de detención como La Perla, La Ribera y Malagueño.
Cuando estalló el escándalo del procurador, el represor estaba en prisión domiciliaria. Sánchez Herrera había sido su abogado defensor desde el principio de la causa y hasta una semana antes de asumir en la Procuración.
El 17 de junio, el mismo día en que se conoció la noticia sobre su pasado, Kirchner le pidió su renuncia. «El presidente no sabía que había sido abogado de este tipo de causas penales, lo eligió porque es un especialista en temas comerciales y administrativos», salió a justificar Núñez cuando todavía cumplía con la obligación de su rol de vocero. La revelación dejó en una situación más que incómoda a Kirchner. ¿Cómo se explicaba que el presidente hubiera elegido como jefe de los abogados oficiales a un defensor de los militares acusados por esos delitos?
Después de su renuncia, nunca más habló de Sánchez Herrera. El abogado volvió a trabajar en su estudio jurídico de Buenos Aires, que fundó en el año 1980, y a defender a militares con causas por violaciones de derechos humanos, según confirmó él mismo a este diario.
Ese no fue el único retorno: Sánchez Herrera volvió de inmediato a trabajar como apoderado de la provincia de Santa Cruz. Esto significa que el mismo funcionario que fue echado del gobierno kirchnerista por «estar vinculado de alguna manera a la dictadura» reasumió como representante legal del distrito donde el verdadero jefe político no es otro que Néstor Kirchner. Así lo entendió el gobernador santacruceño, Daniel Peralta, quien aceptó que el polémico abogado representara a su provincia en cuestiones litigiosas.
Y lo hizo con tanto sigilo que pasó inadvertido en los últimos años y fue descubierto casi de casualidad por una legisladora santacruceña en abril pasado.
«Estábamos buscando información sobre las demandas judiciales que algunas empresas presentaron contra Santa Cruz y encontramos que como abogado de la provincia figuraba un señor de nombre Carlos Sánchez Herrera», revela la diputada provincial Gabriela Mestelán, del flamante partido Encuentro Ciudadano.
«Vimos que el nombre aparecía al final de algunos fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como representante legal de la provincia de Santa Cruz», comenta el abogado Javier Pérez Gallart, asesor de la legisladora.
Decidida a confirmar si Sánchez Herrera trabajaba como apoderado de la provincia, la diputada presentó un proyecto que pedía información sobre este asunto. Y de manera insólita, la provincia negó todo: la Fiscalía de Estado santacruceña respondió por escrito que el ex procurador «no es apoderado del Estado provincial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
La negación tomó por sorpresa a la legisladora, pero también al propio Sánchez Herrera. «Hay dos apoderados legales en Santa Cruz: una socia de mi estudio jurídico y yo», confirmó el abogado a PERFIL. «Después de mi renuncia como procurador, el presidente me pidió que siguiera defendiendo los intereses de la provincia», le reveló a este diario en una entrevista telefónica exclusiva, donde se definió como «amigo» de Néstor Kirchner y aseguró que el ex presidente siempre supo que defendía a ex represores.
«Nos preocupa que la persona que defiende los intereses de la provincia haya defendido a los acusados de apropiarse de menores durante la dictadura. El desplazamiento del procurador se pareció a una jugada política que apuntó sólo a mantener una imagen de compromiso con los derechos humanos», opina Mestelán.
Tal vez Sánchez Herrera es el único de esta historia que no podría ser acusado de incoherencia. Nunca modificó su controvertido criterio de defender a militares acusados de delitos de lesa humanidad. Antes defendía a Sasiaiñ, ahora patrocina desde su estudio jurídico a personajes tenebrosos como el ex médico de Campo de Mayo Norberto Bianco. Hijo de un general asesinado a balazos por el ERP en el año 1972, viene trabajando en la defensa legal de crueles ex represores desde el principio de la vuelta de la democracia.
No se puede decir lo mismo de Kirchner, el otro protagonista de esta historia, quien públicamente ha defendido la causa de los derechos humanos, pero en reserva ha promovido a un abogado de represores.
La insólita negación de la Fiscalía
La Fiscalía de Estado de Santa Cruz negó por escrito que Carlos Sánchez Herrera sea apoderado de la provincia, a pesar de que su nombre figura en sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de que el propio abogado lo confirmó a este diario. Todo empezó en abril, cuando la diputada Gabriela Mestelán (Encuentro Ciudadano) presentó un pedido de informes en la Legislatura para aclarar el asunto. «Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial informe si el Dr. Carlos Sánchez Herrera es apoderado del Estado provincial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación», requería el proyecto de resolución 067.
El fiscal del Estado santacruceño Carlos Javier Ramos envió una respuesta insólita. «Le informo que la mencionada persona no es apoderada del Estado provincial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación», asegura la nota fechada el 29 de abril. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía de Estado no había respondido los llamados de PERFIL para aclarar la contradicción.
«Es muy importante que recuperemos la confianza en las instituciones y para eso hay que generar la posibilidad de conseguir información pública confiable», comentó la legisladora.