A mi tío, José Abate (1930 – 2007). Se sacan fotos en las plazas, rodeados de chicos, sonríen con basurales de fondo, prometen ser «eficientes» y al mismo tiempo construir hospitales, escuelas y viviendas para todos. Porque ellos pueden sonreír sin dejar de ser «serios». Ellos saben, según nos dicen sus «equipos», cuál es la […]
A mi tío, José Abate (1930 – 2007).
Se sacan fotos en las plazas, rodeados de chicos, sonríen con basurales de fondo, prometen ser «eficientes» y al mismo tiempo construir hospitales, escuelas y viviendas para todos. Porque ellos pueden sonreír sin dejar de ser «serios». Ellos saben, según nos dicen sus «equipos», cuál es la receta mágica para resolver -en su pequeño mundo burgués- el nudo gordiano de la sociedad argentina: la inseguridad de las personas y las fortunas. Son, se diría, hombres sabios, pues poseen la solución para todos nuestros males. Algunos de ellos son, además, ricos, y la medida de su riqueza es la garantía de que saben lo que hacen: eventualmente, nos harán ricos a todos. Finalmente, todos ellos son buenos, buenos, buenos. Les gustan los recorridos y las caravanas, adoran escuchar las anécdotas de los vecinos y juntarse a recordar los casi épicos «buenos viejos tiempos», cuando se podía caminar por la calle sin temor.
De pronto, una protesta gremial pacífica, legítima, contemplada por la ley y amparada en el marco del Estado de Derecho y la doctrina republicana, que dicen defender tanto de los usurpadores «populistas» como de los «políticos» demagogos, termina con un muerto. Y, ahí, se les cae la careta. Los mismos hombres que ayer desfilaban por los medios masivos de comunicación con aires de estadista, vociferando su vocación de servicio y tono diligente, no pudieron contener un simple corte de ruta y, al defender, según dicen, los derechos de los demás -que, como reza el sentido común del taxista, «terminan donde empiezan los míos»- acabaron con el más elemental de los derechos humanos: el derecho a la vida. En definitiva, aparece en su verdad más elemental el adagio popular según el cual los hombres sabios rara vez son ricos, y los hombres ricos rara vez son buenos.
Esta es la derecha argentina, ahora con nuevos rostros y apellidos diferentes, pero con las mismas concepciones reaccionarias de siempre. Rejuvenecida por obligación, debido a que muchos de sus referentes de la pasada década sufren hoy la total execración pública, la derecha argentina, defensora intransigente de los intereses de los grupos más privilegiados, se sigue mostrando remisa a aceptar las bases más elementales de la vida en una sociedad democrática, como por ejemplo el derecho al disenso, públicamente expresado por sujetos colectivos que actúan en defensa de sus intereses.
Ahora, ha sido un docente neuquino, Carlos Fuentealba, quien pagó con su vida el precio de desconocer las reglas del juego. El gobernador Sobisch, responsable intelectual confeso del crimen, acudió al poco innovador expediente de dejar su muerte librada al ambiguo campo de los «excesos» -como si quitar una vida pudiera ser simplemente eso, un «exceso»-, en una apelación explícita a la retórica de la última dictadura militar.
¿El crimen de Fuentealba? Laburar mucho, toda la vida, para ser docente, ganar poco, y sobre todo, no resignarse a la pobreza impuesta desde arriba. Porque Carlos Fuentealba no se resignaba al lugar que le proponían en el orden de las cosas. Era un docente dedicado, un padre de familia y un hombre de trabajo. Y, como trabajador, un día decidió protestar, junto a sus compañeros, para que el gobierno atendiera sus demandas de mejores salarios. El gobernador, lejos de examinar su reclamo, ordenó el desalojo de la ruta. Como resultado de la represión, Fuentealba murió. Imagínense, qué barbaridad, había cortado una ruta.
Paradójicamente, la misma derecha que toma las vidas de los militantes opositores, de los que «hacen política», de los que protestan, de los que querellan, de los que reclaman, de los trabajadores, de los desocupados, etc., tiene una feroz insistencia en el valor sagrado de la vida. Porque ellos están «a favor de la vida». Todos ellos, por ejemplo, están en contra del aborto, que reducen a un simple asesinato.
Aunque, curiosamente, la vida del feto nonato les va importando cada vez menos conforme se acerca su nacimiento. Una vez nacido, el niño ya no forma parte de la «vida» que defienden. Ni siquiera es parte de la «sociedad» cuya representación ideal se invoca. Es una etiqueta: pibe chorro, cartonero, drogadicto, piquetero, subversivo, villero, «cabecita». En una palabra, «pobre». Si el niño no puede defenderse de esta última acusación, entonces su vida ya no interesa. Si le pasa algo, no lo llamaremos por el nombre de pila, «Axel», o cualquier otro que tenga. No lloraremos su destino, no lo veremos sonreír en sus fotos. No sabremos nada de él, hasta que se convierta en un número, una estadística.
Pues la «etiqueta social» identifica a un enemigo de la sociedad, un insocial, un «bárbaro». Todos caen en la misma bolsa. Hay que poner orden, detener a esos delincuentes, atraparlos a todos, no vaya a ser que atenten contra la vida realmente valiosa, verdaderamente sagrada: la vida del individuo abstracto, que es en el fondo la vida de la «gente decente», las clases altas de nuestra sociedad.
En un artículo reciente, Sandra Russo señaló: «Sería interesante que la derecha dejara de ser intelectualmente tan pobre y enunciara claramente su noción de su derecho a la vida, más allá del derecho de los particulares«[1]. Lo que la autora no parece entender en estas líneas es que la derecha tiene una noción ya demasiado clara del derecho a la vida, una noción muy coherente, aunque criminal. Y es que, precisamente, el nudo del problema estriba en que se puede defender el derecho a la vida de unos mientras se atropella el derecho a la vida de otros. Lejos de ser contradictoria, la derecha argentina enuncia -eso sí, en la práctica, porque esto jamás lo van a reconocer de palabra- una concepción general consecuente con los intereses que representa, una concepción en la cual sólo la vida de los socialmente privilegiados vale la pena.
A la derecha argentina no le interesan los niños de los basurales, con los que se saca fotos en los años electorales. De hecho, sus referentes sólo consideran invaluable la vida del ciudadano individual que tiene algo que perder fuera de la misma. La vida de los que no tienen nada, ni futuro, por sí mismos, aunque conozcan los rudimentos de la lucha colectiva -diría más, en la misma medida en que los conocen- no tiene valor, pero la vida de los individuos que, aunque colectivamente poco significativos, comparten con sus representantes cierto nivel de vida, cierta clase de aspiraciones, cierta posición social, debe ser defendida a sangre y fuego.
Ese es el país, para Macri, Sobisch, Puerta, Lavagna, López Murphi y el resto de la banda. Ese era el país, para Videla, Massera, Agosti y los jefes de las juntas militares. Es, ciertamente, un país chiquito, una patria chica, una nación dentro de la nación: la nación de los que individuos que, casi por opción natural, tienen derechos individuales, en oposición a la nación de los hombres y mujeres que sólo pueden ser reconocidos como tales por las autoridades si se agrupan detrás de una misma bandera y luchan en pos de un objetivo común.
El escenario de la batalla entre unos y otros es, naturalmente, el Estado, que ha sido objeto, en los últimos treinta años, de una destrucción sistemática. El problema no es indiferente a nuestra realidad, pues, como indica Guillermo O`Donnell, «cuando se destruye el Estado sólo se protege a los privilegiados. El privilegiado tiene su guardia en el country, manda a los hijos al colegio privado, privatiza la salud y tiene su dinero afuera. Esa gente necesita poco Estado. Los que necesitamos Estado somos nosotros, los ciudadanos, ciudadanos que sólo podemos serlo dentro de un Estado eficaz.»[2]
La destrucción del Estado es, de hecho, la otra cara del proceso de desindustrialización acelerada «desde arriba» que vivimos desde 1976. La inutilidad del Estado para modificar la estructura del ingreso entre los diferentes actores es la garantía final de un proceso de redistribución del ingreso globalmente regresivo para los sectores populares, así como de un equilibrio de poder hegemónico netamente favorable a los grupos más poderosos. Porque un Estado que se desentiende es un Estado que se olvida. Y, para los que supieron hacer fortunas agotando las arcas del Estado, y llevaron el país a tres sucesivas bancarrotas en apenas veinticinco años, lo mejor que puede pasar es que nos olvidemos del Estado.
A la inversa, la recuperación de lo público como herramienta para luchar por el interés general ha sido, en los últimos años, un renglón saliente de las organizaciones sociales y de derechos humanos. Que el Estado responda a las necesidades de sus ciudadanos, que les garantice un mínimo ingreso para subsistir. Que el Estado imparta justicia sobre los asesinos de masas. Que el Estado garantice mejores escuelas, una buena enseñanza, hospitales en condiciones adecuadas, comedores populares, etc. Estos son los reclamos de las organizaciones populares. Y quienes, desde dichas organizaciones, apelaron al Estado, no lo hicieron solamente como obreros en lucha. Lo hicieron también como ciudadanos, portadores de derechos individuales y colectivos básicos.
Pues un Estado que reconoce su responsabilidad para con sus ciudadanos, un Estado que asume los costos de sus políticas de exterminio físico y económico de los actores sociales, es todo un peligro para quienes quieren juicios sin jueces, luchas sin árbitros, represión sin explicaciones, orden a balazos. Ese Estado, recuperado por la democracia a partir del ejercicio soberano de los derechos políticos inalienables del pueblo argentino, es un escollo en el proceso de acumulación de los más poderosos.
En el discurso de sus referentes, los silencios de la derecha valen mil palabras. Por ejemplo, ya no aparecen menciones al pueblo como sujeto depositario de los intereses de la nación. Se mencionan, en cambio, los disgustos de «la gente», esa referencia difusa que jamás toca, ni de pasada, a los actores concretos, así como tampoco señala los problemas reales del país. En cambio, escuchamos sendos parlamentos sobre la «calidad institucional», la «defensa de la República», la seguridad de los bienes, etc. No escuchamos nada sobre la dimensión social de la ciudadanía, la importancia de los derechos sociales como parte de los derechos humanos, la provisión de servicios públicos de calidad para equiparar las asimetrías sociales y culturales que atraviesan nuestro país, la lucha contra la pobreza o la generación de puestos de trabajo.
En suma, la derecha no tiene un proyecto estratégico de gobierno para revertir desde el Estado los males actuales, sencillamente porque eso iría en contra de sus intereses: un Estado más chico es también, a fin de cuentas, un Estado más barato, menos metido en las cuentas privadas, completamente impotente ante los hechos consumados, absolutamente incapaz de defender al ciudadano de la arrogancia de los más poderosos.
«Para la derecha, los hombres y mujeres en tanto ciudadanos y actuando colectivamente no son exactamente hombres y mujeres, sino más bien una fuerza que hay que derrotar«[3], señala, un poco alelada, Sandra Russo, en el artículo recién citado, sin extraer de esta profunda reflexión todas las consecuencias del caso. Los mismos términos del enunciado («fuerza», «derrota», etc.) lo dejan en claro: se trata de una guerra, una guerra inevitable por los mismos intereses de los bandos en pugna. Esa guerra fue abierta por los militares genocidas, y ahí quedó claro qué bando tomaban las Fuerzas Armadas. Bajo el régimen democrático actualmente imperante, es una guerra larvada, de baja intensidad, pero igualmente criminal. La propuesta de paz de la derecha argentina es algo así como: «ríndanse y vivan la vida que les dejamos vivir, o los matamos. Sean nuestros reos, reos de pobreza, indigencia, desocupación y miseria, o los convertiremos en nuestros enemigos. Resistan, y morirán.»
Esta derecha no sólo no es capaz de volver a dirigir el Estado y conducir a la nación argentina: aún más, sería una locura dejar que lo intente. Es una derecha de matones y asesinos, por supuesto impunes; una derecha de criminales de verdad -no hablamos de ladrones de manzanas-; una derecha de «nenes bien» privilegiados, de esos que parece que vivieron toda su vida haciendo turismo en su propio país, porque no lo conocen, de esos que largan un berrinche al menor desajuste. El problema es que, para la derecha argentina, la vida en democracia -con su correlato de libertad e igualdad entre todos los ciudadanos, independientemente de su origen social- es un desajuste. Y el berrinche es la represión indiscriminada. No hace falta ser adivino para darse cuenta de que, si la derecha argentina toma el timón, vamos derechito hacia un nuevo baño de sangre. Después de todo, si miramos para atrás, es lo único que saben hacer bien…