Sin opciones intermedias, cruje la institucionalidad
A poco más de 22 años de uno de los importantes estallidos insurreccionales que la historia moderna registra, Argentina vuelve a aproximarse a la evocación de las condiciones cualitativas que dieron origen a aquella épica rebelión. El llamado “argentinazo” de diciembre de 2001 no solo se inició cuando el gobierno de De la Rua, asestaba un nuevo y potente zarpazo sobre ingresos, empleo y ahorros populares, sino cuando simultáneamente pretendía blindar la ofensiva de las clases y corporaciones dominantes, mediante una sangrienta represión jurídicamente amparada bajo el manto del estado de sitio. No es objeto de estas líneas establecer analogías y diferencias precisas entre aquellos momentos con el actual, sino apenas dejar algunas anotaciones retomables en otra oportunidad, no exentas de expectativas respecto a una nueva desembocadura revocatoria de los poderes gubernamentales, como fácticamente sucedió entonces ¿Quién no disfrutaría de una versión pacíficamente superadora de semejante déjà vu histórico, aún en sus ensoñaciones? Cualquier despertar exigirá reconocer la realidad como pesadilla: no sería poco avance a la luz de gravísimas regresiones muy recientes, no menos alucinadas.
Es inobjetable que una proporción abrumadora de la ciudadanía decidió aventurarse electoralmente con un candidato que, con inflexión desencajada, anticipaba el aquelarre económico actual, custodiado por una despiadada retaliación furiosa sobre cualquier conquista social, libertad civil o amparo ante la inclemencia del rumbo económico. Anticipaba su curso tanto en el poder de las armas en manos de las fuerzas públicas, cuanto en el poder simbólico de la reivindicación del terrorismo de Estado y el genocidio en el campo de la comunicación pública y la lucha político-cultural. Como si fuera poco, apoyó sus certezas en fuerzas del cielo custodiadas por un irascible mastín consejero. Ante la protesta, una de sus actuales espadas legislativas proponía “cárcel o bala”. Sin embargo, la significativa minoría restante, por espanto (como en mi caso) o convicción (en otros) expresó su apoyo a una fracción hoy fugitiva de la dirigencia que, en el mejor de los casos -haciendo un indulgente ejercicio metodológico contrafáctico- habría intentado un “gobierno de unidad nacional”, es decir algún tipo de acuerdo como aquel con el que Milei intenta consolidarse en estos días, tal vez algo más pausado o con aliados menos voraces, aunque nunca desinteresados. Que el castigo a la fracción política saliente sea mediante el pandemonio triunfante, debería exponer la magnitud del padecimiento popular y el repudio ante la indiferencia de la primera.
Heterogéneas ambas (internamente y entre sí) las alternativas que convergieron en el balotaje, el peronismo en todas sus variantes incluyendo las antikirchneristas, digámoslo así, (Massa y Schiaretti) por un lado y el antiperonismo “gorila” (Bullrich y Milei) por otro, terminaron configuradas por la decantación convergente de cuatro de las cinco opciones de la primera vuelta. Las que, en conjunto, vienen exhibiendo una destreza inigualable en la utilización inescrupulosa de “la política” y los recursos públicos materiales y simbólicos para sus propios privilegios y boato, para los negociados personales y de las empresas a cuyos intereses responden, incluyendo sin duda al principal delator de ella, Milei, a la sazón integrante de la alianza con lo más granado de tales provechos: el partido del ex presidente Macri. Garante, éste último, ante potenciales incumplimientos contractuales, a la par que gendarme, mediante la asunción de los ministerios de seguridad y de defensa a cargo de sus candidatos a presidenta y vice. De este modo, simplificadamente, Milei sería el capitán del acorazado económico, con el macrismo al timón de las fragatas escoltas, custodiándolo con la más pesada artillería.
La ironía de la historia, reiterándose como farsa para usar una vieja alegoría de Marx, al erigir al grotesco en repentino triunfador, obligó a un armado improvisado de equipos de trabajo y medidas con las que viene resultándole difícil traccionar mecánica y dócilmente a la mayoría necesaria de aliados y adversarios. Hasta el momento al bufón le ofrendan no solo respeto y cortesía, sino predisposición dialoguista y lubricante para su motosierra. Mas no pleitesía. Desde la mayoría de gobernadores y sus representantes legislativos chantajeados por el poder federal, que se prodigan en contertulios y reclamo de permutas y los tantos inveterados tránsfugas que el peronismo produce de manera ampliada, más aún que los clones caninos del presidente. Pero hasta el momento de enviar este artículo a edición, el tratamiento legislativo de la ley ómnibus con la que el presidente pretende poner en marcha su topadora, fue postergado en dos oportunidades, viene modificándose a cada hora y todo parece indicar que el único interés ya solo sería una aprobación general, aunque luego se rechace cada artículo, siempre a condición de que se mantenga el capítulo destinado a la delegación de facultades legislativas que referiré más adelante.
En lo que respecta a la quinta alternativa electoral de primera vuelta, la autodenominada “izquierda” (en estricto singular tal como gusta circunscribirse en exclusividad) si bien carece de complicidad con estas prácticas políticas cada vez más degradantes, también de posibilidades de constitución de una opción real mientras solo sea una alianza electoralista de autopreservación de pequeños grupos ante el mínimo de votos requeridos por el sistema electoral para la participación política formal y la consecuente recepción de fondos y espacios publicitarios. El solo hecho de festejar (sin autocrítica alguna) el crecimiento de centésimas porcentuales (sobre un total por debajo del 3%) obteniendo un solo diputado en 130 (38 veces menos que el partido de Milei) y ningún senador, refleja el testimonialismo irrelevante que articula esta herramienta herrumbrada e impotente.
Nunca en la historia posdictatorial argentina ha sido tan evidente la descomposición política del orden institucional, combinada con un avance semejante de los niveles de pobreza e indigencia, y menos aún la reimplantación explícitamente potenciada del programa económico de la dictadura con Martínez de Hoz, quien, dicho sea de paso, jamás se hubiera animado a acometer el saqueo de recursos, las privatizaciones y fuga de capitales que se proyecta inmediatamente. Quizás algunas de las medidas sean pospuestas. Pero el proyecto legislativo “Bases y puntos de partida -paráfrasis vergonzosa del texto fundacional de Alberdi- para la libertad de los argentinos”, que viene sufriendo incesantes modificaciones de apuro desde su original tratamiento en comisiones, aunque elimine el capítulo fiscal, pretende mantener el de delegaciones legislativas que de ser aprobado permitirá al presidente junto al jefe de gabinete ejercer funciones legislativas mediante decretos. El interés se insinúa para el caso de voto en contra de los artículos de emergencia en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, energética, administrativa y tarifaria. O los de privatizaciónde unas 40 empresas, el traspaso del “fondo de garantía de sustentabilidad” de jubilaciones y pensiones al tesoro o la pretendida reforma del Estado. También en materia represiva ya que, por caso, en la ley ómnibus original se establecía que una reunión de 3 personas en el espacio público podía ser considerada manifestación, aunque en un acto de consideración hacia los niños en las plazas de juegos, se modificó incrementándolo a 30. No solo amenaza con arrasar con los recursos públicos sino además con las libertades civiles elementales, el derecho de reunión y asociación, de expresión y protesta, de derechos humanos y garantías, algo plenamente antiliberal, aunque travestido de libertario.
No creo casual que semejante proyecto demande facultades delegadas y que buena parte de la dirigencia política aludida se muestre porosa a concederla. Le encanta asumirlas cuando no hay control ni obligaciones y delegarlas cuando suponen responsabilidad. Conservadores radicales, conciben la democracia como lazo representativo fiduciario, es decir basado exclusivamente en la confianza, carente de responsabilidad jurídica o inmediatamente extinguida en el mismo acto de depositación electoral, con representantes inmediatamente autonomizados. No obstante, la sociedad argentina, ha mostrado dinámica para la movilización y protesta ante el deterioro del nexo político representativo. Y el único modo de ruptura ante la desconfianza es la revocación, algo carente de instituto político en la constitución y las normas electorales argentinas, aunque fácticamente posible como en 2001. Hacia esta desembocadura podría encaminarse de a poco la protesta popular, aún en casos como en la última marcha, convocada por la burocracia sindical de los “gordos” de la CGT, quienes apenas vieron luz en la ventana han llamado a la puerta con el timbre de un paro parcial para ser atendidos.
Aún éstos, llamando a la calle, logran ahogar parcialmente el rugir atemorizante del felino.
Emilio Cafassi. Profesor Titular e Investigador de la Universidad de Buenos Aires.
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