La casta de intelectuales, hombres y mujeres, que a lo largo de los últimos treinta años se enquistó en los medios de comunicación, es producto de ese proyecto cientificista y de la agenda político-empresarial neoliberal.
Desde que la figura de Andrés Manuel López Obrador cobró la relevancia política nacional suficiente como para convertirse en un desafío para los intereses de algunos sectores en el seno de las élites mexicanas, ciertos círculos corporativos han sostenido el discurso de que el personaje en cuestión es la representación más acabada de una suerte de falso mesías, partiendo del entendido de que el ser un mesías es, en sí mismo, una falsedad, pero, además, implicando en su caracterización la idea de que la falsedad inicial de su mesianismo se aloja en la concepción que López Obrador tiene de sí mismo: impidiéndole reconocer la fantasía en la que habitan sus aspiraciones políticas.
Así pues, desde las elecciones de 2006 (cuando su candidatura a ocupar el cargo de la presidencia de México demostró su músculo electoral a través de un profundo y multitudinario arrastre de amplios sectores de la población, con singular profusión en las capas más explotadas de la sociedad y algunos de los estratos más bajos correspondientes a las capas medias), y a lo largo de los años, si hay tres argumentos que no han dejado de estar presentes para definir a la figura pública de López Obrador y su carácter personal (como cualquier ciudadano en el ámbito de su vida privada), esos tres rasgos son: i) su falso mesianismo, ii) su autoritarismo, y, iii) su populismo.
Barajadas de distintas maneras, de acuerdo con la narrativa a defender como sentido común en distintas ámbitos y diferentes escalas de la vida pública nacional, cada una de esas tres adjetivaciones del personaje López Obrador ha servido como un ariete difícil de resistir en la disputa electoral por parte de él mismo y del proyecto político que encabeza a través del Movimiento de Regeneración Nacional (que hoy se hace llamar partido, a pesar de seguir siendo un movimiento social bastante informe y heterogéneo). De tal suerte que, en grados diversos, todo lo que de alguna manera llega a tener contacto con la esfera de influencia ideológica de López Obrador en automático para a ser una apuesta mesiánica, autoritaria y populista: el pecado original de la persona, así, se convierte en una enfermedad que se expande, casi que por osmosis, por el resto del cuerpo social.
Poco ha importado, por ejemplo, para desmontar esa narrativa, el demostrar que ha sido, en los últimos años (e incluso décadas) la figura de López Obrador la que más se ha intentado ridiculizar, silenciar, reducir y/o excluir de la política nacional; y, a menudo, partiendo de lógicas racistas y clasistas profundamente perniciosas. Y ya en la presidencia de México, tampoco parece surtir efecto en la desarticulación de esa narrativa el evidenciar la enorme cantidad de frentes de batalla a los cuales el proyecto político de López Obrador se debe de enfrentar, no únicamente en el ámbito de las diferencias que se abren entre su visión de nación y los intereses empresariales que le son adversos, o entre su proyecto de partido y los intereses defendidos por tres de los partidos históricamente mayoritarios en México (y un par de rémoras), sino, asimismo, en el ámbito mucho más amplio del cuerpo social.
Y lo cierto es que no es para menos la dificultad presente en el desmontaje de tales discursos. Una parte importante de la autoridad con la cual se revisten ese tipo de argumentos descansa sobre los hombros de la reputación que durante años se forjaron corporaciones y personalidades públicas en el ámbito de los medios de comunicación masiva. El grueso de estos medios (lo mismo locales y nacionales que extranjeros), después de todo, no por dedicarse al ámbito de la información dejan de ser entidades privadas cuya existencia depende de los ingresos que sus productos informativos logren captar (o, en su defecto, de la publicidad que se les contrate: acto que requiere, por supuesto, de afinidades ideológicas entre la corporación y el cliente). De ahí que las personalidades públicas que participan en ellos como su cuerpo de técnicos especialistas en la producción del discurso político que defienden ante la sociedad sean su más original y valiosa mercancía
En sociedades como la mexicana, además, a lo largo de los años, un perverso y autoritario paternalismo cientificista, oculto en lo más recóndito de la cultura política del priísmo, fundó, en la conciencia colectiva nacional, a fuerza de sangre y fuego, el sentido común de que el único recurso con el que contaba la población mexicana para salir de su estado de barbarie, para superar, por fin, su indigenismo, era el de la dedicación religiosa a los estudios profesionales. Así pues, a mayor grado de escolarización menos tendrían que ver los y las mexicanas con su pasado indígena: el acceso al progreso, la alta cultura y la civilización dependían, en última instancia, no únicamente de que la población general del país se escolarizara, sino, además, de que el control y la dirección del Estado y de su andamiaje gubernamental se dejasen en las manos de técnicos y especialistas en distintas áreas.
Tales rasgos, por supuesto, vale aclararlo, no son propios de la cultura política del priísmo. En general, en las sociedades americanas, la escolarización como desindianización es una nota dominante inscrita en la lógica misma del proyecto civilizatorio que sostiene al capitalismo moderno desde sus orígenes; mientras que el cientificismo, a su vez (entendido como una forma específica del discurso y la práctica científica que pretende abstraerse de toda utilidad y aplicación política), es la trayectoria específica que ha seguido la ciencia (social y natural) en el continente y en todo Occidente producto del empuje que el neoliberalismo ha tenido en la definición de los objetivos que —dicho proyecto ideológico da por sentado— deben de ser los propios de un discurso y una práctica científica por completo al margen de toda necesidad social.
No sorprende, por eso, que en las últimas cuatro o cinco décadas (desde que el neoliberalismo comenzó a ensayarse en la región a partir del golpe de Estado a Salvador Allende, en Chile, en 1973), se terminase constituyendo como un sentido común dominante, en la mayor parte de las sociedades nacionales americanas (incluida la mexicana) el mantra que dicta que: a menor conexión con las necesidades históricas, políticas, culturales, ideológicas y económicas de las clases populares mayor es el grado de cientificidad del conocimiento científico producido. En los hechos, al aceptar dicho mantra como el eje de articulación de todo proyecto educativo nacional, en el fondo, lo que se terminó aceptando fue la idea de que el conocimiento científico sólo es científico en la media en que opere para sostener la lógica de reproducción autónoma y sistemática de la economía neoliberal y su mercado. ¿No fue, después de todo, la afirmación de que la economía y el mercado neoliberales son ajenos y hasta excluyentes de la política y de la ideología el ariete que se empleó por parte de sus ideólogos lo que hizo que la educación pública en América pronto se viese objeto de profundas afrentas que buscaron (y aún buscan) reducirla a mero conocimiento técnico-operativo y pericia instrumental-administrativa?
La casta de intelectuales, hombres y mujeres, que a lo largo de los últimos treinta años se enquistó en los medios de comunicación, en México y en el resto de América, es producto de ese proyecto cientificista y de la agenda político-empresarial que en esos años vio en las apuestas del neoliberalismo el mejor caldo de cultivo con el que contaba para sobrevivir a la crisis que el propio capitalismo regional había alimentado en el medio siglo precedente, enmascarado por las bondades del Estado de bienestar (welfare state). Es esa misma generación la que, valiéndose del argumento de que todo conocimiento científico es apolítico, axiológicamente neutral, ajeno a las perversiones de cualquier ideología, hoy domina en México y el resto del continente en la producción del discurso político que satura tanto la agenda pública como la agenda de los medios: apoyando a gobiernos que le son afines a sus intereses o golpeando a aquellos que les son hostiles, pero siempre impactando en los términos de la discusión.
¿En qué se basa la autoridad que profesan, en tanto que intelectuales, y de la cual revisten a su discurso? Por supuesto en el peso que tienen dentro de un universo de instituciones (como su preparación universitaria y, con posterioridad, su trayectoria en entidades dedicadas a la reproducción de conocimiento científico y la preparación de más técnicos y especialistas) y también en criterios de carácter cuantitativo en otros ámbitos (como el número de grados académicos que ostentan, la cantidad de artículos escritos o participaciones orales que han tenido en medios públicos, privados y académicos; sus años de experiencia dedicados a un tema o a una problemática en especial, etc.). Sin embargo, y por su puesto que, sin menospreciar todos esos méritos, la autoridad de sus intervenciones públicas también se sustenta en diferentes estrategias que tienen por objeto construir su imagen como eso: la de una autoridad en el ámbito del Saber social, científico y/o humanístico.
Ahora bien, ¿por qué viene a cuento esta breve digresión sobre la figura del intelectual en sociedades como la mexicana, de cara a las implicaciones que tiene el hecho de que, discretamente, The Economist sugiriese al gobierno de Estados Unidos intervenir democráticamente en México para calmar los ánimos de López Obrador, a quien su editorial califica de falso mesías? En general, toda esta reflexión viene a cuento porque, a lo largo de los años, en México (como en el resto de Occidente) se perdió o se abandonó la necesidad de reflexionar sobre las condiciones de posibilidad que se articulan o se requieren en el decir veraz: en el decir verdadero o el decir la verdad. Y lo cierto es que tal problematización no es para menos, porque en el fondo de ella lo que realmente importa es rescatar de ese olvido histórico el imperativo de no dar por sentada la autoridad del conocimiento y del discurso científico (de la ciencia social y la ciencia natural) sólo porque tradicionalmente esa función ha estado garantizada por la institución educativa.
¿A caso las sociedades contemporáneas ya se olvidaron que la homosexualidad fue descatalogada como una enfermedad genética o sicológica hasta la década de los años noventa del siglo XX? ¿es necesario recordar que la histeria se construyó como una enfermedad sicológica específica de las mujeres para someterlas a regímenes sexuales de explotación?, ¿y no son, por cierto, la ingeniería genética y las ciencias genómicas los discursos y las prácticas científicas que impulsan la renovación de justificaciones científicamente validadas sobre el racismo? ¿La antropología no se instituyó en Occidente como el saber especializado para estudiar a los pueblos sin historia, sin política, sin economía, en suma, sin civilización, fuera de Occidente? ¿Y no fueron, por casualidad, los más grandes genios del neoliberalismo, como Milton Friedman y Friedrich V. Hayek, defensores del mercado al margen del Estado y de la política, a su vez, los más grandes ideólogos y apologistas de las dictaduras de seguridad nacional en América?
Hasta el presente, en Occidente se cuenta, aún, con un par de figuras que, se da por sentado, están autorizadas para emitir un discurso veraz: la religión, los partidos políticos, la academia y los medios de comunicación son, entre ellos, algunas de las principales instituciones que se disputan la propiedad y la legitimidad de lo que en las sociedades capitalistas contemporáneas se considera como verdadero: el ministro del culto espiritual, los políticos, los académicos, investigadores y técnicos, así como los intelectuales y comunicadores son, en el presente, las personificaciones de aquellos y aquellas que, incuestionablemente, se disputan la verdad sobre la situación imperante.
Y, sin embargo, lo que es un hecho, es que en esas mismas sociedades poco importa ya el someter a crítica cuáles son las bases sobre las cuales se asienta la autoridad de los argumentos que se emiten por parte de cada una de esas figuras. Se da por sentado, sin duda, y dependiendo de los intereses que se defiendan, que en cada uno de ellos hay un recurso, precisamente, a la autoridad, para validar sus discursos: en el sentido de que se suele apelar al rol público que ocupa cada una de esas figuras, en el seno de una colectividad, para dar por supuesta su versión de los hechos. Pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué, cuando en los medios se advierte que el presidente actual de México es un peligro para el país y para la democracia, la primera reacción que se obtiene por parte de las masas no es la de la puesta en cuestión de la verdad o la falsedad detrás de esas aseveraciones, aceptándolas sólo por la autoridad que el rol social que desempeñan da por descontada esa necesidad?
No cabe duda de que, cuando se dice que The Economist asevera en su editorial que López Obrador es un mesías autoritario y populista, en parte, lo primero que en términos colectivos suele convalidar dicha aseveración es el recurso a la historia y la tradición del medio: los años que lleva de publicarse, los hitos que ha conseguido a lo largo de su existencia, las excelentes piezas de análisis, investigación o reportaje que han publicado, etcétera. Sin embargo, al apelar a ese tipo de argumentos de autoridad, lo que las masas parecen no estar observando es que la posición que todo actor ocupa en una sociedad particular es siempre relacional. Es decir, que The Economist se publique desde 1843 no implica que, sólo por contar con casi dos siglos de historia, lo que se plasma en sus páginas ya lleva, de suyo, la expresión de una verdad absoluta. Y por eso, juzgar al todo por la parte (a la revista en cuestión por la consideración de sus aciertos pasados, aislados o en conjunto) también es un error.
¿Es paradójico cómo funciona, cierto? La autoridad de estas publicaciones se ancla en un criterio de carácter temporal, pero la ciencia moderna, en todos sus ámbitos, existe por y para reivindicar una constante superación del pasado por las investigaciones del futuro. Por eso la mayor parte de la producción científica de siglos pasados ha quedado superada de acuerdo con el instrumental y los criterios de investigación que se emplean en el presente. Y, no obstante esa permanente superación del pasado, la tradición sigue siendo uno de los principales fundamentos para considerar la verdad de los discursos enunciados en el presente.
Y es que, si no es la tradición, ¿entonces qué es?, ¿su localización geográfica? ¿No fue, acaso, Inglaterra la principal potencia colonial que se valió del darwinismo social para justificar genocidios y todo tipo de esclavizaciones en masa en sus posiciones coloniales? ¿Será, entonces, el estrato socioeconómico de su personal lo que garantiza su veracidad? ¿No es ese el mismo criterio que se emplea para llevar a cabo campañas de intervención alrededor del mundo, con el argumento de que la civilización occidental debe de terminar su tarea de civilizar al mundo? ¿Sería, por lo tanto, el público al que se dirige: los grandes perfiles de negocios? ¿los mismos perfiles empresariales que existen gracias a la explotación del trabajo de las masas obreras y que, además, mantienen al planeta Tierra al borde del colapso gracias a sus necesidades de explotación de los recursos naturales? ¿En dónde encontrar, pues, la autoridad de la que se vale The Economist en su editorial para justificar un llamado a intervenir en México?
Cuestionar cuáles son las condiciones que en el presente hacen posible al decir veraz (al discurso del crítico, del intelectual, del especialista, etc.,) sin duda conlleva el riesgo de reproducir un añejo y reaccionario antiintelectualismo o posturas anticientíficas igual de perniciosas que aquellas que se desenvolvieron, por ejemplo, en tiempos del nacionalsocialismo alemán o las expansiones coloniales europeas durante la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, ese no debe de ser el camino por seguir. Negar la necesidad de la ciencia, de la figura del intelectual o del rol del técnico y del especialista es un recurso que ninguna izquierda que se precie de crítica debe de transitar. Sin embargo, lo que sí resulta fundamental es visibilizar, en el debate público y en la agenda de los medios, lo necesario que es el problematizar los regímenes o ejercicios de poder que se articulan a esos discursos para garantizar sus efectos de verdad; y al mismo tiempo, lo importante que es no pasar por alto que todo efecto de verdad de un discurso sirve a los propósitos de un régimen de poder particular cuya existencia no sería posible si no hay un saber especializado detrás de su aplicación y desdoblamiento efectivo justificándolo y legitimándolo.
Recuperar la articulación del saber con el poder en la producción de la verdad es, hoy más que nunca, un imperativo ético para la izquierda, toda vez que en Occidente comienzan a ser dominantes proyectos políticos de extrema derecha valiéndose de la captura de las nuevas ciencias (ingeniería genética, geoingeniería, inteligencia artificial, etc.) para consolidar sus agendas programáticas. Si la verdad sigue siendo considerada como una verdad absoluta, al margen de toda consideración y análisis de los ejercicios de poder que la sostienen, el riesgo que se correrá en los años por venir será el de una radicalización del fundamentalismo que moviliza a esos proyectos de extrema derecha. The Economist recién lo acaba de demostrar: en su apología del intervencionismo estadounidense en México, el argumento de verdad que postula es que entre Donald Trump, Jair Bolsonaro, Viktor Orbán y López Obrador no hay diferencia alguna: poco importa que las agendas de aquellos se caractericen por la exclusión, la explotación y la aniquilación, y la de éste por conseguir una sociedad más justa.
Ricardo Orozco, internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México
@r_zco