Iniciamos el año 2019 con 14 pesos más en el bolsillo, pues el salario mínimo aumentó un 16.2%, es decir, pasó de 88.36 pesos a 102.68 pesos. ¿Qué hará usted con dicho aumento? ¿Se comprará dos boletos más del metro? ¿Pagará un pasaje en la combi hacia su trabajo? ¿Comprará medio kilo de huevo? Al […]
Iniciamos el año 2019 con 14 pesos más en el bolsillo, pues el salario mínimo aumentó un 16.2%, es decir, pasó de 88.36 pesos a 102.68 pesos. ¿Qué hará usted con dicho aumento? ¿Se comprará dos boletos más del metro? ¿Pagará un pasaje en la combi hacia su trabajo? ¿Comprará medio kilo de huevo? Al parecer, no se podrá hacer mucho. Por su parte, para 43 municipios de la frontera con Estados Unidos el aumento fue de un 100%, es decir, el salario mínimo será de 176.72 pesos.
El gobierno de la «cuarta transformación» anunció este incremento como la mayor alza en los últimos 25 años, y que fue posible gracias a un acuerdo entre el sector privado [Consejo Coordinador Empresarial, el Banco de México (Banxico)] y representantes del sector obrero (Confederación de Trabajadores de México). ¿Acaso bastó un acuerdo para implementar tal política? Si así fue, ¿por qué los empresarios no acordaron algo semejante con otros gobiernos?, y ¿por qué si en la frontera el aumento fue del 100%, no se aplica lo mismo en todo el país?
A diferencia de los pasados gobiernos, el encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha mostrado cierta voluntad política en algunos temas, pero esto no es algo fortuito ni obedece a pactos con las cúpulas empresariales y los líderes sindicales charros. Históricamente la clase proletaria ha luchado por mejorar sus condiciones laborales; tan sólo recordemos algunas demandas que impulsó el Partido Liberal Mexicano en su programa de lucha de 1906, en el que exigían reducir la jornada laboral a ocho horas, mejorar las condiciones de seguridad y salubridad en las fábricas, aumentar el salario, entre otras demandas sentidas de la población. La lucha por arrancar estos derechos al gobierno ha costado sangre y vidas; los movimientos obreros, las huelgas y la asociación libre de los trabajadores ha sido un proceso permanente para alcanzar los objetivos inmediatos e históricos del proletariado.
Por ello, a pesar de que el incremento es algo tangible y esperanzador para muchos, la voluntad política está lejos de alcanzar a nuestra realidad; primero, porque dicho aumento «beneficia» principalmente a los trabajadores formales -es decir, al 43.4% de la población económicamente activa que cuenta con un trabajo estable, seguridad social y prestaciones de ley-, mientras que el 56.6% (más de 30.5 millones) de la población que se desempeña en la informalidad -pequeños comerciantes, trabajadores de la construcción, jornaleros agrícolas, campesinos de subsistencia, trabajadores manufactureros, de transporte, almacenamiento, entre otros- no verán un aumento a su salario.
Segundo, porque miles de familias seguirán haciendo malabares con los gastos del hogar para sobrevivir, pues según el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM el costo de la Canasta Alimentaria Recomendable es de 264.68 pesos diarios; esto significa que para los que ganan un salario mínimo el aumento debería ser del 200% sólo para cubrir la alimentación diaria. También el CAM documentó que a este paso, con el incremento del 16% al salario y con una inflación promedio del 4.9%, tendríamos que esperar hasta el año 2040 para que nuestro salario recupere su poder adquisitivo, es decir, que nos alcance para satisfacer nuestras necesidades alimenticias. ¿Usted está dispuesto a esperar tanto?
¿Y el outsourcing o subcontratación laboral ‘apá’? Sin embargo, más de cinco millones de personas que trabajan en la formalidad lo hacen bajo la figura del outsoucing o subcontratación, una de las formas de explotación que despoja de todos sus derechos al trabajador (reconocimiento de la relación obrero-patronal, libertad de asociación, derecho a la antigüedad, jubilación, entre otros), por lo que este sector tampoco se verá beneficiado del todo con el aumento salarial, pues la manera en la que recibe su salario está amañada : cuando el patrón paga el sueldo, un monto de éste no lo declara como tal, es decir, no declara al gobierno el 100% del salario de un trabajador, sino únicamente un porcentaje, mientras que el restante lo declara como otro tipo de concepto. De esta manera, con el aumento al salario, los patrones no están obligados a subir el sueldo de los trabajadores contratados bajo esta modalidad, ya que si, por ejemplo, un trabajador gana 100 pesos antes del aumento al salario, el patrón declaraba 50 pesos al gobierno como gastos por pago de salarios y los 50 restantes los justificaba como «otros gastos»; sin embargo, con este aumento, que los obliga a subir los salarios, lo único que harán las empresas será declarar ahora 60 pesos como pago de salarios y comprobar 40 por «otros gastos»; es decir, en papel estará subiendo el suelo del trabajador, pero en la realidad éste seguirá recibiendo 100 pesos.
Pero el problema no acaba ahí; lejos de que se elimine esta modalidad de contratación, pues no garantiza los derechos del trabajador, el nuevo gobierno justifica su existencia con el argumento de que hay una parte «buena» del outsourcing que debe regularse. En consecuencia, se hará una reforma a la Ley Federal del Trabajo con la que se pretende legalizar esta práctica que en los hechos ha dejado en la calle a muchos trabajadores, como a las trabajadoras de Intendencia del IEMS, quienes cumplen tres años de ser despedidas injustificadamente, y quienes hasta la fecha siguen luchando contra la negativa de parte del gobierno de la Ciudad de México de solucionar su problemática, incluso la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha negado que se haya violado su derecho humano al trabajo.
Por otra parte, mientras aumentan 14 pesos a nuestro salario mínimo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguirán con sueldos descomunales de hasta 4 millones 169 mil pesos anuales para impartir «justicia», vivir «dignamente» y evitar corromperse.
Por ello, como Organización de Lucha por la Emancipación Popular hemos impulsado con nuestro Programa Mínimo de Lucha la demanda de terminar con estas nuevas formas de explotación laboral, así como el aumento del 100 al salario mínimo. Además, no cederemos en la lucha por la organización de los trabajadores en sindicatos independientes, democráticos, combativos y con carácter de clase proletaria, pues entendemos que la exigencia de un trabajo digno, con salario justo y seguridad social sigue más que vigente.
¡Aumento salarial de emergencia en un 100% en todo el país!
Nota:
Este artículo fue publicado como parte de la sección ANÁLISIS del No. 39 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Enero-Febrero 2019.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.