El jueves será muy recordado por las cúpulas de la AMIA y DAIA, por la embajada de Israel y todos los sectores políticos y mediáticos que se habían opuesto al Memorando de Entendimiento de Argentina con Irán. Es que la Sala I de la Cámara Federal integrada por Eduardo Farah y Jorge Ballestero declaró inconstitucional […]
El jueves será muy recordado por las cúpulas de la AMIA y DAIA, por la embajada de Israel y todos los sectores políticos y mediáticos que se habían opuesto al Memorando de Entendimiento de Argentina con Irán. Es que la Sala I de la Cámara Federal integrada por Eduardo Farah y Jorge Ballestero declaró inconstitucional el mencionado instrumento. El tercer camarista, Eduardo Freiler, se había excusado porque había tenido intervención en el caso.
El ministro de Justicia Julio Alak y el canciller Héctor Timerman, en una conferencia de prensa que dieron, aseguraron que el gobierno nacional lo apelará hasta las últimas instancias. Eso es, la Corte Suprema de Justicia, que recibirá tan espinoso asunto justo cuando ha fallecido Carmen Arbigay y Raúl Zaffaroni ha anunciado su retiro por cumplir 75 años.
El expediente llegó a la Cámara Federal debido a una apelación del abogado de las entidades sionistas, Miguel Bronfman, una vez que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral había rechazado en diciembre de 2013 ese pedido de inconstitucionalidad. Ese magistrado entendió que el Memorando tampoco había sido puesto en marcha por los dos países firmantes, de modo que falló en contra de las pretensiones de las dirigencias que lo tachaban de ilegal y hasta de aquiescencia con un «régimen terrorista» como el de Irán. En esa versión tremendista y maniquea, firmar un acuerdo con Teherán era una burla siniestra a los 85 fallecidos el 18 de julio de 1994 en el atentado en Pasteur 633.
Esos sectores viven clamando, como los demás voceros de la oposición, a favor de «la división de poderes en una república», pero lograron que el Poder Judicial se entrometiera en lo resuelto por otros dos poderes. El Ejecutivo firmó el Memorando en Adis Abeba por medio de Timerman, y el Legislativo lo convirtió en la Ley 26.843 luego de un debate democrático y un trámite legal, pero eso ahora quedó en el limbo.
Malos argumentos
Los argumentos de Farah y Ballestero fueron que el gobierno nacional se había inmiscuido indebidamente en una causa judicial.
En rigor se trata de una causa que en julio próximo va a cumplir 20 años de contaminación, desviación de los cursos investigativos por servicios de inteligencia extranjeros, el gobierno menemista y la propia DAIA en la persona de su presidente, el banquero Rubén Beraja. Con esos métodos, bajo la actuación del juez Juan J. Galeano, ese proceso judicial no llegó a ninguna parte y el magistrado fue destituido por mal desempeño, siendo liberados los detenidos de la llamada «conexión local». Estos habían sido acusados luego del pago de 400 mil dólares al procesado Carlos Telleldín con fondos de la SIDE.
En un primer momento aquella «justicia» ordenó capturas internacionales mediante Interpol y uno de los iraníes solicitados, Hadi Soleimanpour, fue detenido por la justicia inglesa pero fue liberado por total falta de pruebas. Posteriormente ocurrió la debacle de Galeano. Capotó ese expediente armado por los servicios, la CIA y el Mossad israelí en Buenos Aires, que inventaron un coche bomba nunca visto en el lugar ni entre los escombros. Irán habría sido, según ese armado falaz, quien organizó la masacre.
Ante el fracaso, la causa se empantanó por completo y fue refritada, con los mismos o mayores vicios de antes, por el fiscal sionista Alberto Nisman, en 2006. En el curso de 2013 este magistrado produjo un informe de 500 páginas que de nuevo no tenía nada, salvo tratar de obstaculizar el Memorando ya firmado con Teherán.
Una causa judicial totalmente parada, no por culpa de los iraníes sino por falta de elementos de la justicia argentina. Mal podían Farah y Ballestero fundamentar su fallo en que el gobierno nacional se entrometía en la causa. La verdad es que ante el parate vergonzoso de casi 20 años (que son 22 en la causa por la voladora de la embajada de Israel), el Palacio San Martín lo único que hizo fue buscar un atajo legal. O sea, un acuerdo con el país donde viven cinco de los sospechosos: el ex ministro de Seguridad, Alí Fallahijan; el ex comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai; el ex comandante de las fuerzas QUDS, Ahmad Vahidi; el ex agregado cultural en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, y el ex tercer secretario de esa embajada, Ahmad Reza Ashgari. De ese modo, al final un juez argentino (Canicoba Corral) y un fiscal (Nisman) podrían ir a Teherán e interrogar a esas personas.
Y peor salida
El Memorando tan cuestionado por esa parte de la comunidad judía prevé la formación de una Comisión de Notables de cinco miembros. De allí que el otro argumento de la dupla de camaristas fue que eso puede interferir en la justicia argentina, por ejemplo considerar que ésta no tiene pruebas suficientes.
Que Nisman no tiene pruebas es una verdad evidente y no hace falta que una Comisión Internacional lo diga. El ministro Alak y el canciller Timerman refutaron bien a Farah y Ballestero: lo que opine la Comisión de la Verdad no es de cumplimiento efectivo para la justicia argentina.
De todos modos los camaristas, y por su intermedio Nisman y los directivos de AMIA y DAIA dejaron la pelota picando y servida para preguntarles: ¿tanto miedo tienen de que las audiencias en Teherán muestren cabalmente que no hay nada concreto para acusar a esos ciudadanos iraníes?
El argumento muy válido que usaron en su momento la presidenta Cristina Fernández ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2013 y Timerman en las comisiones del Congreso que debatían el proyecto de ley, fue que el Memorando era la única forma legal como podía la justicia argentina interrogar a los iraníes sospechosos.
Es que no existe en nuestro ordenamiento legal el juicio en ausencia. Y precisamente esto es lo peor, jurídicamente hablando, que aportó la Sala I de la Cámara Federal del jueves pasado: sus firmantes deslizan la posibilidad de implementar, contra toda lógica y respaldo jurídico, un juicio en ausencia contra los cinco iraníes. Cinco que los camaristas quieren llevar a ocho, pues en su desatinada resolución solicitaron que Interpol revise su criterio y ponga tarjeta roja con requerimiento de detención a las tres personalidades que también figuraron al principio en esa situación de revista pero que Interpol no aceptó ponerles tarjeta roja por sus altas investiduras: el ex presidente iraní, Alí Rafsanjani; el ex canciller, Alí Akbar Velayati y el ex embajador en Buenos Aires, Hadi Soleimanpour.
Como recuerda Raúl Kollman en Página/12 de ayer, lo de un juicio en ausencia es temerario. Ni siquiera a los genocidas argentinos prófugos se les ha realizado un juicio de esas características. El prestigio bien ganado por Argentina con los procesos por delitos de lesa humanidad se caería al piso si por alguna extraña razón y con el sionismo metiendo la cola en Tribunales, se atendiera a la barbaridad jurídica propuesta.
Son de Tel Aviv
La campaña del sionismo para frustrar o al menos demorar el avance del Memorando de Entendimiento con Irán y su mejor fruto, que podría ser el interrogatorio de los cinco iraníes sobre los que se levantaron falsos cargos, sugiere que Israel no quiere la aclaración de lo sucedido en 1994.
¿Por qué el cronista identifica la campaña de los directivos de la DAIA y la AMIA con el Estado de Israel?
Es que esos vínculos son preferentes, para todos ellos, y quedó demostrado una vez más con este asunto en debate. El Memorando fue firmado el 27 de enero por Timerman y su par iraní, Alí Akbar Salehi. Dos días más tarde, ya de vuelta en Buenos Aires, el canciller concurrió a reunirse con las cúpulas de las dos entidades, que hicieron a la salida declaraciones comprensivas y de cierto apoyo a lo suscripto. Sin embargo, bastó que la cancillería israelita y la embajada en Buenos Aires hicieran pública su negativa al acuerdo, para que los dirigentes aludidos se dieran vuelta como una media.
Por eso el cronista, en una nota de opinión, escribió que no actuaban como vecinos de Villa Crespo sino como israelitas de Tel Aviv. Esa afirmación originó que una delegación de cinco dirigentes de la DAIA llegaran desde Buenos Aires hasta Santa Rosa y ante el director de LA ARENA acusaran al autor de «antisemita».
Lo dicho era cierto. Y en el reciente documental «AMIA Repetita», de María Poumier (http://www.youtube.com/watch?
Frente a los fallos de Galeano e informes de Nisman, y ante la resolución de Farah y Ballestero, es altamente recomendable el documental de Poumier para echar luz sobre el fondo del asunto: el atentado a la AMIA. En sus 59 minutos queda claro que Irán no tuvo nada que ver. Rabbani se defiende en forma convincente, pero además pregunta: «yo viví en Buenos Aires hasta 1998, cuatro años después del atentado, ¿por qué no me citaron?»
El sionismo no quiere que Canicoba vaya a Teherán a interrogar a los cinco; prefiere seguir metiendo la cola en Tribunales de Comodoro Py; sus amigos de allí tienen varias togas y kipás.
Fuente original: http://www.laarena.com.ar/
