Resultado del juicio contra el Bauen: la jueza Carla Cavaliere levantó la clausura que pesaba sobre el hotel y ordenó que se investigue penalmente a los antiguos propietarios por presunto vaciamiento. Y condenó al presidente de la Cooperativa solo a pagar una multa de 600 pesos en suspenso, que no deberá hacerse efectiva. El juicio […]
Resultado del juicio contra el Bauen: la jueza Carla Cavaliere levantó la clausura que pesaba sobre el hotel y ordenó que se investigue penalmente a los antiguos propietarios por presunto vaciamiento. Y condenó al presidente de la Cooperativa solo a pagar una multa de 600 pesos en suspenso, que no deberá hacerse efectiva. El juicio oral y público se llevó adelante por presunta violación de fajas de clausura y por explotar comercialmente el hotel sin contar con autorización para hacerlo. El fiscal, encargado de acusar, cuestionó el rol del Estado y la defensa denunció que la única razón de esta causa era fastidiar a los trabajadores. Crónica de las dos audiencias.
Los trabajadores del recuperado hotel Bauen ni se imaginaron que un juicio iniciado en su contra podría terminar con un fallo tan favorable para su futuro.
En el veredicto de la causa que se le seguía al presidente de la Cooperativa Marcelo Ruarte -por presunta violación de fajas de clausura y por explotar las instalaciones sin autorización- la jueza contravencional Carla Cavaliere levantó la clausura que pesaba sobre el hotel, ordenó que se investigue penalmente un posible vaciamiento realizado por la antigua patronal y sólo condenó al acusado con una multa de 600 pesos en suspenso, por lo que no deberá hacerse efectiva. Fueron dos audiencias, el martes 9 y miércoles 10 de mayo, para terminar descubriendo que los cazadores merecen ser cazados, y que todo este juicio sólo se hizo para molestar a los trabajadores, los únicos que lograron resucitar al Bauen, cuando la patronal lo había convertido en un cadáver.
Round 1: De testigo a acusado
Así terminó Samuel Kaliman en la audiencia del martes 10 de mayo. Fue la primera persona que declaró en el juicio contravencional, oral y público al presidente de la Cooperativa de Trabajadores Bauen, Marcelo Ruarte, imputado de haber violado fajas de clausura y de emprender junto a sus compañeros actividades comerciales para las que no fueron autorizados. El hombre se presentó como Director General de Mercoteles S.A. -la firma que realizó la presentación judicial que dio inicio a la demanda- y, sin embargo, no pudo señalar cuál era la sede de la compañía ni cuándo se realizan las reuniones de directorio. Por esas y otras aseveraciones, Diego Carbone, abogado defensor, lo denunció por falso testimonio.
Cuando Kaliman ingresó a la pequeñísima Sala 9 de los tribunales orales contravencionales de la Ciudad de Buenos Aires, el recinto, recién inaugurado, aún olía a pintura. Lo recibió la jueza de Primera Instancia en lo Contravencional, Carla Cavaliere, quien en su escritorio tenía apilados los nueve cuerpos de la causa. El testigo se sentó entre el escritorio de la magistrada y el del fiscal, y de frente a la defensa y el acusado. De fondo, se escuchaban los bombos y redoblantes de los trabajadores que recuperaron el hotel quebrado en marzo de 2003 y que se acercaron a solidarizarse con Ruarte. Enseguida, comenzó el interrogatorio. A medida que las preguntas se sucedían, crecían las miradas de asombro tanto de los abogados defensores como del fiscal Adrián Martín.
El lobby calamitoso
Kaliman, un testigo aportado por los querellantes, hacía malabares para callar más que para revelar. Se hacía evidente que deseaba evitar cualquier dato que permitiera establecer cuál es la relación de la empresa que dirige con los antiguos propietarios del edificio recuperado por los trabajadores, cosa que sólo amplió la incredulidad de quienes lo escuchaban. «Yo sólo cobro un sueldo por asesorar», terminó justificándose Kaliman, acorralado por las preguntas.
«Este hombre mintió, dijo que la cooperativa era ilegal y que no cumplió con un contrato de alquiler firmado en 2003», manifestó indignado Luis Lofeudo, miembro de la defensa, mientras se realizaban los trámites para denunciar el falso testimonio.
La mayor parte de la jornada transcurrió entre declaraciones que buscaron desenredar la vinculación de Mercoteles y los antiguos propietarios del Bauen. «Buscamos acreditar que la denuncia contra Ruarte es una venganza contra los trabajadores que recuperaron el Hotel», explicó la defensa. A su vez, poco pudieron aportar los testigos sobre los hechos que se investigan. Las tres personas que declararon en la audiencia negaron haber visto a Ruarte rompiendo fajas de clausura. Sólo el síndico de la quiebra del Bauen, Camilo Rascado Fernández, señaló que en una visita al hotel advirtió que los trabajadores lo explotaban comercialmente, aunque no estaban autorizados para ello. De todas formas, el testigo admitió que no recordaba si los trabajadores habían solicitado el permiso para explotar el edificio y subrayó que los miembros de la cooperativa nunca ocultaron que habían puesto en funcionamiento el emprendimiento turístico. «Pude ver que el lobby, está muy mejorado. Cuando el hotel quebró su estado era calamitoso», sostuvo.
Experto en psicosis
Como parte de la sindicatura, Rascado Fernández administró el hotel entre el 22 de febrero y el 28 de diciembre de 2001, mientras duró la continuidad de la quiebra. En ese lapso, el hotel también sufrió clausuras. «Fue porque había unas cucarachitas», reconoció. Después señaló: «Fuimos nosotros los que pedimos al juzgado el cierre definitivo porque el déficit operativo era insostenible».
El síndico recordó que los trabajadores irrumpieron en el edificio de Corrientes 360 a través de las cocheras en marzo de 2003, cuando el hotel estaba cerrado, y que en forma simultánea el juzgado les otorgó la custodia y vigilancia de las instalaciones. «En un auto el juez resolvió que no había nadie mejor que los trabajadores para custodiar el lugar», explicó y agregó: «No había fondos para pagar una custodia».
Durante una buena parte de su declaración, Rascado Fernández se preocupó en remarcar que no tuvo acogida en el gobierno de la Ciudad cuando quiso denunciar a la cooperativa del Bauen por no cumplir con las normas de seguridad. «No soy técnico ni experto en seguridad. Pero frente a la psicosis de Cromañón estaba bastante preocupado. Así que, desde el sentido común, verifiqué los extinguidores y estaban todos vencidos. La salida de emergencia del teatro estaba clausurada».
-¿Vio la escalera de incendio? -preguntó el abogado defensor.
-No, no la vi- contestó el testigo
-¿Sabía que el Bauen es uno de los únicos siete edificios de Buenos Aires que posee escalera de incendios?
-No.
La claridad de la confusión
El último testigo de esa primera jornada fue Gustavo Ruggero, empleado del Suite Bauen, el hotel que está a la vuelta del edificio recuperado por los trabajadores y cuyos propietarios también administraron el edificio de Callao 360. Especialista en mantenimiento, el joven -muy nervioso- realizó un papel tan confuso como Kaliman, cuando tuvo que explicar quiénes son sus patrones.
Ruggero dijo que actualmente trabaja para la empresa Ghesa SA, pero que a los fines prácticos reporta a Luciana y Mónica Yurcovich, hijas del fallecido Marcelo Yurcovich, antiguo dueño del Bauen. El joven también admitió conocer a Samuel Kaliman, quien se presentó como Director de Mercotel S.A. Por último, reconoció su firma en un acta junto a la de un ingeniero de apellido Capelutti, que figura como apoderado de Mercoteles. De esta manera, sumó indicios a la relación entre la empresa que presentó la denuncia y el Bauen Suite, que sigue teniendo intenciones de quedarse con el hotel que reabrieron 30 trabajadores y hoy da trabajo a 150, aunque no se entiende si tal vez ese es el delito por el que Ruarte y sus compañeros fueron llevados a juicio. Con esos dilemas terminó la primera jornada.
Round 2: el Estado ambiguo
Si bien los fundamentos de la sentencia recién se conocerán el próximo 17 de mayo, ya en los dichos del fiscal Adrián Martín, conocidos el miércoles 10 durante la segunda jornada del juicio, puede entenderse qué pasó en los tribunales de Tacuarí 138. «Este juicio debería haber encontrado soluciones en otras instancias judiciales – como la que lleva la quiebra- o políticas. Si esto hubiese ocurrido este proceso no se hubiera realizado. Si bien lo que se debate aquí es importante, resulta absurdo frente al problema de fondo. Por discutir algo tan específico corremos el riesgo de dejar de lado cuestiones centrales como la recuperación de fábricas por sus trabajadores; o los diversos grupos económicos que realizan maniobras harto sospechosas. Nos están pasando elefantes por delante y no podemos resolver porque no tenemos competencia», advirtió.
Martín también cuestionó al juzgado donde se tramita la quiebra. Señaló que es llamativo que no se haya expedido sobre la solicitud de los trabajadores para explotar comercialmente el edificio. «Un juez -dijo- no puede abstenerse de resolver».
Por último, el fiscal responsabilizó al Estado de la situación por sus políticas ambiguas, que por un lado obstaculizan el funcionamiento de la cooperativa al no darle las habilitaciones necesarias y por el otro le otorgan subsidios y programas de capacitación, tal como unos minutos antes había declarado en carácter de testigo Enrique Deibe, secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación.
¿Investigarán el vaciamiento?
Después de todo este desarrollo, Martín confesó que se sentía incómodo, obligado a realizar una acusación por una lógica meramente jurídica. Fue entonces, cuando señaló que de acuerdo a las actas labradas por distintos funcionarios públicos y lo declarado por los distintos testigos quedaba acreditado que los trabajadores del Bauen violaron en dos momentos la clausura, una entre el 5 y el 17 de junio de 2005 y otra desde el 6 de julio pasado hasta la fecha. No obstante, Martín consideró como atenuantes la predisposición que demostraron los trabajadores en ponerse en regla con la normativa. Por eso, propuso una pena de 3000 pesos en suspenso, que la jueza Cavaliere consideró excesiva y redujo a 600. La magistrada habría tenido en cuenta que Ruarte no actuó bajo propio voluntad, sino cumpliendo el mandato de una asamblea.
Sin embargo, las medidas más importantes que solicitó el fiscal -y a las que accedió la jueza- no estuvieron relacionadas con la condena. Martín pidió el levantamiento de la clausura -porque se extinguieron las razones que le habían dado lugar- y que se investigue penalmente el posible vaciamiento del Bauen por parte de sus antiguos propietarios, delito que consideró bastante probable según algunos testimonios que desfilaron por las audiencias.
Cambiar la sociedad
«La cooperativa es víctima de una embestida jurídica de un grupo económico. El objetivo de Mercoteles es fastidiar al Bauen», denunció en su alegato Diego Carbone, uno de los abogados defensores y agregó: » El testimonio de Samuel Kaliman, que se presentó como Director General de Mercoteles, fue vergonzoso. Dijo que desconocía la sede legal de la compañía, la composición accionaria, cuándo se reunía el directorio. ¿Por qué quieren fastidiarnos? Porque este grupo de trabajadores puso luz donde ellos querían poner sombra». Otro de los abogados defensores, Marcelo Vera, opinó que no cabe hablar de contravenciones: «Para cometer esas faltas se necesita la libertad de hacerlo. Ruarte no tenía la libertad de decidir cometer una contravención, estaba coaccionado por la situación social, económica y laboral, tanto suya como de sus 150 compañeros».
Las últimas palabras antes del veredicto las tuvo el acusado, Marcelo Ruarte. «No es casualidad que al fiscal le cueste acusar y a la jueza fallar. Para nosotros es muy gratificante, porque no solo potenciamos una fuente laboral sino también el cambio en la sociedad», dijo antes de que se le anudara la garganta y saliera a festejar con sus compañeros que, batiendo parches, regresaron al hotel.