La justicia cordobesa aceptó esta semana una medida cautelar que promete ser la versión remixada de la trampa judicial que benefició al Grupo Clarín tras la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009.
El campo de batalla es la aplicación del decreto 690/20, que por primera vez pone topes a los aumentos indiscriminados en los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC, que incluyen telefonía móvil, Internet y TV por cable). La decisión del juez federal cordobés Ricardo Bustos Fierro se convierte en la llave de un nuevo conflicto entre la corporación judicial, el gobierno nacional y las empresas de telecomunicaciones cartelizadas. Mientras tanto, Cablevisión Holding S.A. insiste en el aumento de un 20% cuando la autoridad de aplicación sólo autorizó un 5% para enero.
La acción judicial a favor de una pequeña cablera local será el precedente para quienes buscan evitar que el Estado regule los servicios públicos de comunicaciones. Los principales interesados son, además de Cablevisión (Telecom-Clarín), Telefónica de Argentina y Claro (Carlos Slim), que concentran la mayor parte del mercado. Le siguen la satelital Direct TV (AT&T), Telecentro (Alberto Pierri) y operadoras como Supercanal, con presencia en 14 provincias. Esta última fue adquirida por 400 millones de dólares al Grupo Vila-Manzano en 2018 por el fondo de inversión CVI Austral LLP de Carlos Joost Newbery, un emprendedor multitasking de larga trayectoria en los negocios de telecomunicaciones desde la privatización de Entel.
Cabe destacar que Daniel Vila concretó la venta luego de que el ENACOM y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) autorizaran, en diciembre de 2017, la fusión por absorción de Cablevisión a la empresa Telecom. También vale recordar que durante el gobierno de Mauricio Macri esta última obtuvo el permiso para comprar Nextel y cambiar el uso de las frecuencias del espectro (refarming) para brindar telefonía celular 4G (streaming de video principalmente), entre otros beneficios que la pusieron a disputarle la crema del negocio a Telefónica.
La medida cautelar otorgada por el juez Bustos Fierro a la empresa TV Cable Color S. A. tiene un alcance limitado a la parte demandante pero pone en cuestión la legalidad del decreto 690/20, cuyo espíritu impide situaciones de abuso de poder dominante en el mercado, muy comunes entre las principales operadoras de servicios de telefonía fija, móvil, Internet y televisión paga. Desde agosto de 2020, la mencionada norma las considera servicios públicos, esenciales y en competencia, porque entiende que se debe garantizar la universalidad en el acceso y calidad en el servicio.
Se trata de un cambio de paradigma en donde la comunicación es considerada un derecho humano fundamental. Esto lo hemos comprobado durante la pandemia: quien no estuvo conectado no pudo estudiar, trabajar ni acceder a contenidos culturales o de entretenimiento. Y quien no tenía un celular en línea con la aplicación Cuid.ar tampoco podía circular por las calles durante la etapa de aislamiento preventivo y obligatorio.
Para Bustos Fierro el ENACOM en tanto autoridad de aplicación no puede intervenir mediante decisiones administrativas sobre los precios (como lo hizo con la Resolución 1466/2020) y tampoco establecer una Prestación Básica Universal y obligar a las prestadoras de servicios TIC a presentar planes asequibles para grupos sociales vulnerables y de escasos recursos (Resolución 1467/2020). Si se observan con cuidado los precios establecidos, estos no resultan distantes a los ofrecidos libremente a los usuarios en las estrategias para la retención de clientes.
Historia de un clan
Ricardo Bustos Fierro es el mismo magistrado que estuvo a punto de ser removido por admitir en 1999 otra medida cautelar que habilitó la presentación de Carlos Menem a las internas del PJ cordobés, para que el actual senador riojano se postulara a una tercera reelección. Había sido designado por el menemismo como titular del Juzgado Federal 1 de Córdoba en diciembre de 1993 y el Consejo de la Magistratura entendió que obró con falta de independencia y en contra de lo dispuesto por la Constitución Nacional, que permite sólo una reelección. Por ese caso estuvo seis meses suspendido hasta que el jurado de enjuiciamiento lo absolvió por un voto de diferencia y lo repuso en el cargo.
En 2015 también fue apartado de una causa en la que se investigaba el presunto lavado de dinero en el Banco de Córdoba, debido a que su hijo Pablo Alfredo Bustos Fierro había sido propuesto –y luego confirmado– como fiscal adjunto, lo cual ponía nuevamente en duda la imparcialidad del padre. El diario La Voz del Interior publicó una foto de Pablo Bustos Fierro confraternizando entre risotadas con Luciano Benjamín Menéndez durante un cuarto intermedio del juicio por crímenes de lesa humanidad, a raíz de lo cual fue impugnado como candidato por el querellante en la causa Miguel Ceballos. La historia fue narrada por el director de El Cohete en una nota titulada La Sagrada Familia.
Bustos Fierro padre debería estar jubilado pero el gobierno de Mauricio Macri, previo acuerdo del Senado, le concedió en 2017 cinco años de yapa. Entonces tenía 82 años, por lo que podrá ejercer hasta los 87.
Volver al futuro
La cautelar en cuestión no resulta extensiva a las empresas con poder significativo de mercado pero será el precedente para que los grandes operadores como la escindida del Grupo Clarín, Cablevisión Holding S.A (Telecom, Personal y Fibertel), insistan en la presentación de otras medidas cautelares a discreción. Héctor Magnetto y los conglomerados asociados al Grupo tienen los lápices bien afilados y una experiencia exitosa tras la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Cablevisión aplicó un aumento del 20% en enero y febrero y promete insistir en el error en marzo, desconociendo las intimaciones del ENACOM. La empresa tiene espaldas para responder a las sanciones económicas que se apliquen pero corre el riesgo de perder la licencia según aseguró el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, en declaraciones a Radio con Vos.
Es poco probable que esto ocurra durante el gobierno de Alberto Fernández, quien siempre ha mostrado vocación de diálogo con grupos de presión como Clarín. De hecho, dentro de la amplitud del Frente de Todos terminó por designar a Claudio Ambrosini, un hombre de Sergio Massa, como titular del ENACOM. El ex intendente de Tigre pretende llegar a la presidencia y nunca confrontará con los poderes fácticos que ponen gobiernos o tratan de derrocarlos en nombre de la libertad de expresión.
De hecho Ambrosini integró el directorio del ENACOM durante la gestión de Miguel de Godoy y Silvana Giudici, y nunca mostró demasiado enojo por las concesiones a las empresas telefónicas. El mayor mérito de la diseñadora gráfica Giudici, que desde agosto ocupa un lugar en el directorio por la oposición, es trabajar como vocera ad honorem de Clarín y velar por sus intereses. Nunca cumplió con la promesa de escribir una regulación convergente y durante toda su historia política repitió a coro desde la Fundación LED las demandas de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), hoy presidido por el opusdeista Fernado Ruiz, de la Universidad Austral.
Sumarios y cautelares
La semana entrante el ENACOM iniciará los sumarios para sancionar a las empresas que incumplan el decreto 690/20.
No obstante el fallo adverso a la Telecom-Clarín en el fuero contencioso administrativo federal, se descuenta que habrá nuevas presentaciones. El juez Walter Lara Correa abrió la feria judicial para confirmar a fines de enero la vigencia de la norma y consideró vigentes todas las resoluciones de la autoridad de aplicación porque el decreto pasó su aprobación por la Cámara Alta.
Bustos Fierro, en cambio, trata de romper desde la corporación judicial con el principio de separación de poderes y los mecanismos de aprobación de un decreto de necesidad y urgencia. El dato curioso es que TV Cable Color S. A. cuenta sólo con 500 clientes y su presentación afecta una política de comunicación inclusiva para casi 45 millones de habitantes, de los cuales 10 millones están en situación de vulnerabilidad.