Según el último estudio de la encuestadora Zubán Córdoba, el 72% de los argentinos empeoró su situación económica en los últimos seis meses, desde la asunción del presidente Javier Milei. Además, la encuesta advierte que el 54% de la población está gastando ahorros para llegar a fin de mes.
En ese sentido, el estudio, que se realizó previo a la aprobación de la Ley Bases sobre un total de 1.400 casos en todo el país, reveló que, si bien el jefe de Estado mantiene apoyo dentro de su núcleo duro, el 70,5% de los encuestados opina que el ajuste “lo está pagando” toda la población.
Asimismo, el 54,6% de los encuestados por Zubán Córdoba estuvo de acuerdo con la afirmación “estamos mal y vamos a estar peor”, mientras que el 72,7% dijo no estar de acuerdo con que “el ajuste lo está pagando la política”, el eslogan que encabezó la campaña electoral libertaria.
La desigualdad alcanzó la peor situación en más de una década y media
La desigualdad en la Argentina alcanzó en el primer trimestre del año su peor situación en más de una década y media, según el informe de Evolución de la distribución del ingreso correspondiente al primer trimestre de 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, tabulado con la Encuesta Permanente de Hogares.
El coeficiente de Gini, herramienta, creada por Corrado Gini en 1912 para medir la desigualdad entre los habitantes de una población comparando sus ingresos, midió en la Argentina un marcado retroceso entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2024, al pasar de un coeficiente de 0,446 a otro de 0,467, con una escala que mide en 0 la igualdad absoluta y en 1 todo lo contrario.
Se trata del coeficiente más empobrecedor a nivel mayoritario desde 2007; pero además es el salto más empinado para peor de los últimos 20 años, en los cuales el coeficiente mostró un descenso constante año a año desde 2004 hasta 2015, una suba en la curva desde 2016 a 2019, un descenso con altibajos entre 2020 y 2022, y una marcada brecha desde entonces.
El coeficiente no representa la pobreza, que también crece, sino las variaciones de una sociedad en la que los ricos son más o menos ricos en relación con que los pobres sean más o menos pobres.
La megadevaluación del inicio del gobierno de La Libertad Avanza, el Caputazo, y la consiguiente escalada inflacionaria que desplomó los salarios en relación con los precios no impactó de la misma forma a los segmentos de la población medidos en deciles, es decir en diez partes.
Tomando en cuenta los deciles de menores ingresos y los de ingresos medios, se decanta que el 50% de los trabajadores percibió menos de $300.000 en el primer trimestre del año, y la porción crece hasta el 80% si el tope se calcula en 500.000 pesos.
Esto es que la mayoría de las y los trabajadores no alcanza a cubrir con sus ingresos una canasta básica total para una familia tipo de cuatro personas –varón de 35 años, pareja de 31 años, hija de 8 e hijo de 6– que para marzo estaba valorizada en 773.385 pesos (y que a mitad mayo ya trepó a 828.158,19 pesos).
En el caso de los hogares, tomando el ingreso total, el 50% reunía ingresos menores a 500.000 pesos. La desigualdad entre los hogares con más y menos ingresos es casi 18 veces: en el primer decil el ingreso medio de un hogar midió 188.000 pesos y en el último 33.937.000 pesos.
Así, las personas del decil 10, que es el 10% de mayores ingresos del país, se quedan con el 35,4% de los ingresos totales, mientras que las personas del decil 1, el 10% de la población con menores ingresos, alcanzan al 1,6% del total. La brecha por ingresos totales es de 33,8%, y el sector de mayores ingresos toma 22,1 veces lo que alcanza el sector de menores ingresos.
En los ingresos por hogares, el 10 % más rico se queda con el 27% y el 10 % más pobre con el 2,8 de la torta.
Con datos actualizados apenas una treintena de países del mundo tienen coeficientes por debajo de 0,3, que implica los de menores diferencias entre ingresos, uno de los componentes de justicia distributiva o justicia social. Entre quienes incurren en esa “aberración”, al decir del presidente Javier Milei, se encuentran, por citar algunos de los más conocidos, Noruega (0,247), Bélgica (0,242), Países Bajos (0,264), Dinamarca (0,282), Austria (0,281), Alemania (0,295), Suecia (0,295), y Francia, con 0,297. Los hilvana un sector privado con fuerte componente de valor agregado, pero también un Estado con fuerte presencia en la Economía. Entre los más injustos se puede encontrar a países de Latinoamérica y África como Brasil, Colombia, Namibia, Sudáfrica, Botswana, todos con coeficientes mayores a 0,50, con estadísticas de 2023.
La Argentina tuvo coeficientes variables en las últimas dos décadas, pero a distancia de esa distribución. La serie de mejor distribución que arrancó tras la crisis y caída de la convertibilidad con devaluación y desocupación por las nubes en 2001-2002, tuvo como principio a la medida de las mayores desigualdades del mundo, con 0,516 en 2004, y su punto de menor brecha lo alcanzó en 2015, con 0,420. A casi una década de aquel momento, va ahora camino hacia las economías más injustas, en el marco de un gobierno que no tiene entre sus valores políticos este umbral, sino más bien lo contrario.
El nuevo informe del Indec retrató, además, una coyuntura de gran desigualdad en ingresos entre varones y mujeres en el primer trimestre del año. Los varones tuvieron un ingreso promedio, contabilizando todos los deciles, de $429.741, mientras que el de las mujeres fue de $310.064. Así la diferencia enorme, que había sido de apenas menos de la cuarta parte, 24,2%, en el primer trimestre de 2023, en el primer trimestre de este año resultó de un 27,8%.
No es la única brecha, el informe del Indec también da cuenta de la desigualdad de ingresos entre los trabajadores formales e informales. El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $449.382, mientras que para los trabajadores en negro alcanzó menos de la mitad, 197.467 pesos. Comparados con los ingresos del año anterior de esos mismos dos sectores, la suba porcentual de salarios fue de 196,1 y 200,8% respectivamente en doce meses, en ambos casos muy por debajo de la inflación, que tuvo una variación anual del 273,5% entre los primeros trimestres. Los salarios formales perdieron contra los precios, reduciendo poder adquisitivo, apenas algo menos (4,7%) que los informales, cuyos ingresos en relación con las dos canastas básicas, alimentaria y total, los ubican al borde de la existencia.
El investigador y ex funcionario del ministerio de Economía, Daniel Schteingart, advirtió en la red social X (ex Twitter) que la caída del poder adquisitivo en todos los deciles tuvo un promedio del 24%, pero en el 10 % de menores ingresos escaló al 33,5%. Y comparó el mayor empobrecimiento de las y los más pobres con el peor momento de la pandemia de coronavirus, el segundo trimestre de 2020: “el poder adquisitivo había caído 15% en promedio y 28% en el decil 1”.
Para el sociólogo “esta dramática caída permite proyectar que la pobreza pasó del 38,7% en el primer trimestre de 2023 al 55,7% un año más tarde”, una situación en la que además explota, si se verifica, en los más vulnerables: “La indigencia habría pasado del 8,9% al 18,3%”, concluye, advirtiendo que habrá que esperar hasta septiembre –cuando el Indec emita el nuevo informe de pobreza– para cotejar los datos. De igual modo postula: “Son los mayores valores en 20 años”, a pesar de “la desaceleración de la inflación (y cierta recuperación de ingresos reales)”.
La desocupación avanza
A pesar de los intentos sobreactuados del presidente Javier Milei y sus funcionarios de mostrar una Argentina pujante que «abraza las ideas de la libertad», y por fuera de esa realidad paralela donde el mandatario hace viajes al exterior con fondos públicos para recibir premios de organizaciones de extrema derecha, el plan económico del Gobierno viene provocando graves consecuencias para el pueblo trabajador.
El Indec dio a conocer este lunes, indicadores que reflejan un importante aumento del desempleo al alcanzar al 7,7 % de la población económicamente activa.
El Gobierno y el ministro Luis Caputo toman el dato de la inflación para mostrar como un éxito su plan económico de ajuste, pero la realidad es que la desaceleración de los precios en gran parte se explica por la recesión económica (caída de la producción). Las cifras del Indec muestran un primer impacto de estas políticas sobre el empleo.
La desocupación pasó del 5,7 % al 7,7 % entre el último trimestre del 2023 y el primer trimestre del 2024. Es habitual que el desempleo aumente en este periodo del año, pero incluso en 2018 cuando comenzó la crisis del gobierno de Macri el salto no llegó a ser tan grande.
Los jóvenes de hasta 29 años son los más afectados por el aumento en la desocupación, en particular las mujeres. La variación entre el último trimestre del 2023 y el primer trimestre del 2024 fue del 13,4% a 17,3% entre las mujeres y del 11,5 % al 14,1 % entre los varones. El Gran Buenos Aires fue la región con mayor desocupación del país y pasó del 6,5 % al 9 %.
Luis Campos, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA remarcó que: «El dato más preocupante viene por el lado de la presión sobre el mercado de trabajo, que saltó del 26,9% al 29,5%. Esto se explica no solo por el aumento de la desocupación, sino fundamentalmente de los ocupados demandantes que, caída salarial mediante, buscan más trabajo». El especialista agregó que: «La suba del desempleo en jefes de hogar es para seguir de cerca. Pasó del 3,8% un año atrás al 5% en el primer trimestre de este año.»
En los primeros tres meses del año, impactaron las políticas económicas de Javier Milei, como la devaluación y el comienzo del ajuste económico. Sumado a la primera tanda de despidos en el sector público. Pero la pérdida de puestos de trabajo en el sector privado (según la Encuesta de Indicadores Laborales de la Secretaría de Trabajo) fue casi del doble. La gestión actual agudizó las contradicciones que la economía arrastraba desde el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. La gestión peronista había multiplicado la deuda externa y vaciado las reservas del Banco Central; haciendo caer los ingresos de las grandes mayorías por la vía de la inflación.
Las consecuencias más profundas de las políticas implementadas por Javier Milei todavía no han llegado a medirse. Aunque los datos de la recesión y el aumento en la desocupación son una primera muestra de lo que parece ser una tendencia que empeorará.
Plan de lucha de docentes universitarios
Ante la ausencia total de respuestas por parte del gobierno nacional, el martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de junio docentes y no docentes realizaron en todo el país actividades como clases públicas, actos, volanteadas, radios abiertas, para insistir en la necesidad de que se convoque de manera urgente a la paritaria salarial. El martes hubo además una concentración frente al ex ministerio de Educación de la Nación, ubicado en Pizzurno 935 de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA advierten que desde la asunción del gobierno de Javier Milei hasta la fecha se han perdido 62 puntos de los salarios del sector: “El cargo testigo, equivalente a la jornada de un maestro, es de 280.015 pesos (sin descuentos). La mayoría de la docencia que trabaja como ayudante de primera percibe un salario de 140.000 pesos. Incluso en un cuadro de hundimiento salarial de todxs lxs trabajadorxs, el de los docentes universitarixs y preuniversitarixs es una catástrofe”, afirman.
“Se logró un incremento para garantizar el funcionamiento mínimo de las universidades y colegios. Pero no pudimos quebrar una política que agravó a niveles de pobreza la caída de nuestros salarios. Las gestiones universitarias, apenas se logró como resultado de la lucha un incremento en las partidas de funcionamiento, declararon al unísono que se había resuelto el reclamo presupuestario. Pero si nuestros salarios y de los no docentes representan el 90% del presupuesto y seguimos en picada, ¿de qué conflicto resuelto hablan? Sin luz no había universidad. Pero con salarios por debajo de los niveles de pobreza, ¿sí la hay?”, agregan.
ATE: Jornada Nacional de Lucha con movilización al Congreso
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una nueva Jornada Nacional de Lucha con movilización al Congreso para este jueves a las 14:00 día en que se debatirán las reformas de la Ley Bases en la Cámara de Diputados.
“A los diputados que levanten la mano a favor de la Ley Bases no hay que votarlos nunca más. No importa de qué partido sean, se les tiene que terminar la carrera política por ser traidores a su pueblo, por hacerle el trabajo sucio al Gobierno, por ser sicarios y apretar el gatillo por encargo de los multimillonarios argentinos y de las multinacionales extranjeras”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.
Desde Mar del Plata, donde participó de un plenario de trabajadores del Estado Nacional, el dirigente agregó: “Como en la dictadura, hay un plan sistemático y el Gobierno intentará nuevamente a fin de mes hacer desaparecer trabajadores. Despedirlos y condenarlos así a su muerte civil. No vaya a ser cosa que el topo que quiere destruir el Estado termine destruido”.
“La reforma laboral incorporada en la norma es absolutamente regresiva y no va a contribuir a crear más empleo ni tampoco a mejorar los actuales indicadores económicos y sociales. Los trabajadores nos negamos a ser ratas de laboratorio y que experimenten con nosotros teorías dañinas y delirantes que ya fracasaron en todo el mundo”, concluyó el Secretario General de ATE.
La medida de fuerza se da, por un lado, como rechazo a la ley que plantea un profundo desguace del Estado, pero también contra la amenaza de más de 50.000 despidos en la administración pública nacional para fin de mes.
Dirigentes gremiales de las empresas públicas entregaron una carta pidiendo que no sean privatizadas a los diputados
Mientras el plenario de comisiones debatía para lograr acuerdo para tratar el jueves la Ley Bases que reenvió el Senado a Diputados, dirigentes gremiales de Aerolíneas Argentinas, el Correo y los Medios Públicos se reunieron con diputados nacionales para entregarles una carta que explica las razones por las cuales esas empresas no pueden ser privatizadas.
Los y las dirigentes entregaron las 257 cartas, una para cada diputado nacional, justo antes de que el plenario de las comisiones dispusiera con un dictamen por mayoría que respeta las modificaciones hechas a las Ley Bases por el Senado Nacional, lo que incluyó sacar del proyecto la iniciativa para privatizar los medios públicos, el Correo y la línea de bandera Aerolíneas Argentina.
Los dirigentes fueron recibidos por legisladores de Unión por la Patria, del Somos Télam
Frente de Izquierda y también del bloque de Miguel Angel Pichetto, Hacemos Federal.
“Hoy hicimos entrega de la carta a todos los diputados y diputadas de los sindicatos de medios públicos como @sipreba , el Correo y Aerolíneas, para que no se privaticen”, contó el secretario general de SiPreBa, Agustín Lecchi. “Cuando muchos pensaban que la privatización era un hecho, nosotros insistimos. Nunca bajamos los brazos”, aseguró.
La CGT pidió la inmediata liberación de los detenidos
El martes 18 la CGT se sumó al pedido por la liberación de las 16 personas que aún estaban detenidas en el marco de la causa inventada por Patricia Bullrich y el fiscal Stornelli con el objetivo de criminalizar la protesta social.
En un comunicado, la conducción de la central manifestó su “preocupación por los hechos acontecidos durante y después de la concentración del miércoles pasado en el Congreso Nacional y reivindica el derecho a la protesta que se encuentra reconocido y protegido por nuestra Constitución Nacional (derecho a la libertad de expresión y a peticionar ante las autoridades, art 14bis) y Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
En ese marco, se repudia “el intento de criminalización de la protesta y la pretensión de equiparar el ejercicio de este derecho a un Golpe de Estado. Esta falacia pretende ocultar justamente un ejercicio autoritario del poder público al utilizarlo para reprimir y criminalizar a legítimos manifestantes que ven afectados sus derechos, ante una Ley que se trata en el Congreso teñida de denuncias de manipulaciones, que atropellan el procedimiento que establece la Constitución Nacional para la correcta y transparente formación de las leyes”.
Además, le piden al Poder Judicial que “investigue los hechos de violencia que fueron armados por personal profesional infiltrado, incluso con material bélico, que solo disponen el ministerio de Seguridad y el de Defensa”.
Este repudio llega después de días de que creciera el movimiento contra la represión y por la libertad de los presos. La CGT debe pasar de las palabras a los hechos e impulsar un gran paro nacional y plan de lucha por la libertad de los presos y por la caída de la Ley Bases.
Un dirigente de la CGT admitió que negociaron la reforma laboral
Un día después de la importante manifestación que se expresó en el Congreso para rechazar el proyecto de Ley de Bases, Andrés Rodríguez -secretario general de UPCN y secretario general adjunto de la CGT– publicó un video donde admite que los «gordos» negociaron la reforma laboral y, no conforme, se tira contra la movilización y justifica la represión acusando a los manifestantes de «crear un clima de inestabilidad».
El proyecto fue aprobado en el Senado, tras múltiples y vergonzosas negociaciones con los gobernadores y partidos del régimen: por presupuestos, negocios provinciales y hasta intereses personales, como el caso de la massista Lucila Crexell.
La declaración de Rodríguez viene a confirmar lo que muchos ya sospechaban por la ubicación de la conducción de la CGT: que los líderes sindicales también estaban transando la Ley con el Gobierno. Y, quizás más grave, suma a las burdas operaciones que montó el Gobierno de Javier Milei para criminalizar la protesta y llevar adelante detenciones ilegales, que violan las garantías democráticas de los manifestantes.
En su video, Andrés Rodríguez admite que: «Los temas que nos interesan directamente, como era la reforma laboral, el tema de ganancias, y por supuesto, el empleo público, lo fuimos negociando en diferentes ocasiones hasta temperar bastante sus efectos, tanto con los legisladores en la Cámara de diputados y Senadores, como con el propio Gobierno«.
Y continúa: «Así que no teníamos por qué movilizar. Menos mezclándonos con otros sectores que no tienen que ver con nosotros. Y, además, lamentablemente terminó con violencia. Si bien hubo una represión policial, también hubo grupos que indudablemente generaron una provocación para un choque y producir un clima de inestabilidad».
Afortunadamente, hay mucho material fotográfico y audiovisual, que demuestra que las provocaciones fueron orquestadas por infiltración de la policía. Entre las imágenes más impunes, está la quema del auto de un canal de noticias, donde se advierte la complicidad de la policía que permite el hecho. Estas pruebas, como así también cientos de testimonios, ya existían a la hora en que Rodríguez decidió avalar el discurso oficial de Javier Milei que, ridículamente, acusa de intento de golpe a la manifestación popular.
Por otro lado, quien haya visto los resultados de la votación en el Senado, se preguntará: ¿Cuáles son los efectos temperados? Es verdad que no salió la modificación del Impuesto a las Ganancias, que buscaba el Gobierno y varios gobernadores provinciales.
No obstante, lo que se aprobó en la cámara de Senadores, implica:
· Legalizar el monotributo y quitar cualquier posibilidad de reclamar derechos laborales a trabajadores que están bajo distintas formas de contratación fraudulenta;
· Legalizar el despido de trabajadores por ejercer el derecho a huelga;
· Termina con la (poca) estabilidad que existe en el empleo público, con el «pase a disponibilidad»: tanto para la planta permanente, como para otras formas de contratación.
· Cambiar indemnización por un Fondo de Cese Laboral (modelo UOCRA), para abaratar los despidos.
· Extensión del del periodo de «prueba»
· Entre otros derechos laborales que cercenados.
Además, el proyecto aprobado:
· Delega poderes a Javier Milei durante un año -al topo infiltrado para destruir el Estado.
· Hace cambios en la legislación de energía que tendrá impacto en tarifas más caras.
· Exime de pagar impuestos a grandes empresas, que podrán saquear nuestros bienes comunes naturales y llevarse las ganancias al exterior (RIGI).
· Entre otros puntos que benefician a los más ricos y perjudican al pueblo trabajador y a la soberanía nacional.
La gravedad de estas reformas antipopulares provocó una masiva convocatoria desde la mañana del día martes. Participaron sectores de trabajadores nucleados en la CGT, como Camioneros, el SMATA, UOM, bancarios, SUTNA. Y de las CTAs, con cientos de trabajadores del estatal Astillero Río Santiago, aeronáuticos, estatales de ATE, también docentes y sectores de la salud. Entre una multitud de trabajadoras y trabajadores, jubiladas y jubilados, mujeres y jóvenes estudiantes, muchos de ellos organizados en las asambleas barriales. Además de los partidos de izquierda.
El triunvirato que conduce la CGT se mostró dividido. Héctor Daer (secretario general y líder de Sanidad) y Gerardo Martínez (secretario de relaciones internacionales y líder de la UOCRA), habían viajado a Suiza para una reunión de la OIT. Acorde a la opinión que expresó Rodríguez, ni ellos, ni el otro secretario general Carlos Acuña (estaciones de servicio), convocaron ni a paro ni a movilización.
Quien definió convocar a movilización sin paro, fue el tercer líder de la CGT, Pablo Moyano. Encabezó una columna de camioneros que no llegó a la Plaza de los Dos Congresos, tras ser detenida por la policía. Y desde allí fustigó contra Patricia Bullrich: «Se ha tomado varias grapas la ministra, es desproporcionado el operativo». Y prometió que se retirarían a las 17:00, pero que un relevo de camioneros tomaría su lugar.
Esto último nunca ocurrió. Y al momento en que los sindicatos se retiraron de la plaza, quedando todavía 5 horas de debate para arribar a la votación de la ley, la policía comenzó una salvaje represión y cacería, donde atacó indiscriminadamente. ¡Incluso a jubiladas!
Cabe preguntarse entonces: ¿por qué los líderes gremiales que asistieron a la Plaza de los Dos Congresos decidieron retirarse antes de la votación?Mientras las asambleas barriales y la izquierda, junto a cientos de trabajadores, jóvenes y jubilados, resistían la represión organizadamente, para evitar una desconcentración en desbandada que hubiera generado más víctimas y detenidos.
Por su parte, el excandidato de Unión por la Patria, Juan Grabois (líder de Patria Grande, ligado a UTEP), había convocado a la movilización, pero no se lo vio en la Plaza de los Dos Congresos. Y más tarde, dijo en el programa de Tomás Rebord: «Yo no soy mucho de los que lloriquean represiones. Hay que enfrentarla, a lo Ghandi. Es decir, poniendo el cuerpo. Si tenés que cobrar, cobrás. No lastimes a otro ser humano”. ¿Con qué tupé? Si no estuvo ahí para «defender con el cuero, lo que dice con el pico».
Hacia la noche, fueron los cacerolazos los que encararon el segundo round. Se hicieron sentir en muchos barrios y algunos cientos se acercaron a las inmediaciones del Congreso, enfrentándose cara a cara una vez a la policía.
Este racconto de la jornada habla mucho más de la voluntad de pelea del pueblo trabajador por abajo, que de la voluntad de lucha de los dirigentes gremiales (y políticos) del peronismo.
Gerardo Martínez dijo que “el Gobierno necesita tener una ley”
En una entrevista a Perfil, el líder de la UOCRA, Gerardo Martínez, dijo que “hay muchos puestos de trabajo afectados y en el sector empresarial también están preocupados. Lo hablé con Luis Barrionuevo: todo el sector gastronómico está afectado por el nivel de caída de la capacidad de consumo. Insisto: hay una incertidumbre total y el Gobierno juega a la timba financiera, se dedica a la cuestión fiscal, y se olvida de los instrumentos fundamentales para resolver los problemas”.
Además, criticó que “no hay una política de ingresos, de empleo y no se ve una gestión en las áreas más sensibles, en las áreas del desarrollo productivo de las distintas actividades”.
Aunque él estuvo casi dos semanas en Suiza en la reunión anual de la OIT, en los andamios de todo el país hay cada vez menos gente y más bronca. Más de 100,000 despidos, cierre de empresas, obras paralizadas.
Martínez llegó a avisarle a Milei que “el estado de ánimo empeora”. Pero entonces larga una confesión. «Soy de los que piensa que el Gobierno necesita tener una ley. Y mostrar mecanismos de gestión, que hasta ahora no se observan, atendiendo las dificultades que mencioné». Y eso es lo más importante de sus declaraciones. Se esperaba que la CGT plantee una resistencia no solo al ajuste que se profundizó el 10 de diciembre, sino también a las leyes que intentan darle una vuelta de tuerca al plan de Milei. Leyes que precarizan más el empleo, que en el caso de la UOCRA fomentan aún más el trabajo precario y no registrado. Que dan más ventajas a los grandes empresarios y sin dudas afectarán los problemas que hoy dejan a miles de constructores en la calle.
Martínez le puso título a un accionar que vimos en los últimos meses. La mayoría de la CGT, encabezada por “gordos” (Daer) e “independientes” (Martínez) han negociado algunos puntos y no han hecho nada para frenar la reforma laboral y todos los ataques contenidos en la Ley Bases. Solo un sector se movilizó, pero sin paro y con pocas ganas de derrotar al gobierno.
El jefe de UOCRA tuvo palabras para sus colegas. Cuando le preguntaron por Moyano, dijo que “la CGT es un cuerpo colegiado que escucha a todos. Después, hay una mayoría que determina qué acciones tácticas se pueden desarrollar. Se va a tener en cuenta la voz de Pablo Moyano como la de otros dirigentes. Y la resolución será a través del consenso”.
La traición de Rodolfo Daer en la Alimentación
El pasado jueves 13/6 se realizó el Plenario de Delagadxs del Sindicato de trabajadores de la Alimentación (Stia), llamado por el Sec. Gral., Rodolfo Daer. El día anterior, mientras en el Senado se debatía la Ley Bases y la reforma del Estado y fiscal, en las calles la represión de Bullrich contra las y los manifestantes había comenzado.
Puntualmente a las 15:00, cuando los gremios SMATA, UOM, CTAs, ATE y SUTEBA, Bancarios y varios más se fueron de la Plaza de los Dos Congresos, las balas, gases y las motos comenzaron a aparecer, a tirar, a pegar y a meter en cana. Aún quedan 5 compañerxs presos de los 36 que habían encarcelado sin pruebas alguna, acusándolos el gobierno y el fiscal Stornelli de golpistas.
Los camioneros eran cientos y llegaron hasta tres cuadras antes del Congreso. Bullrich los esperó con motos, infantería e hidrantes. No los dejó pasar. La conducción de Pablo Moyano optó por retirarse. Se fueron. Sin intentar llegar a la plaza. Después un «dirigente» camionero se encargó de difundir un vídeo donde hablaba de «no exponer a los compañeros», y de la «responsabilidad» de los dirigentes. Pero se podría preguntar cualquier camionero, «si vos sos responsable entonces vas preparado para enfrentar la represión porque sabés muy bien que eso es lo que Milei viene haciendo”. La famosa conducción moyanista hizo lo contrario y “condujo” a sus casas a los manifestantes. Así se fortalece Milei y su plan.
El resto de los llamados Gordos directamente no fue ni llamó a movilizar. Dentro de este grupo, Rodolfo Daer tampoco llamó a movilizar. Stella y Julio de la Agrupación Bordo de alimentación, de la planta Pacheco de Mondelez, lo denunciaron en el propio plenario y en los comedores:
“No convocar a parar ni a movilizar cuando se estaba definiendo el futuro de los y las trabajadoras y trabajadores los ubica como parte de la traición de la CGT. Movilizar hubiese evitado que haya detenidos y la gran represión. Desmovilizar a cambio de sus propios intereses como la caja y la cuota sindical ha tenido este costo”, afirmó Stella. «Se borraron, no llamaron a parar ni a movilizar, es una traición a los trabajadores», dijo Julio que como respuesta recibió un aplauso de sus compañeros y compañeras.
En el plenario, Daer se justificó diciendo que no era una cuestión de traición, si no de diferencias, de opiniones alternativas, de distintos puntos de vista. Y como alternativa llamó a enfrentarlo el año que viene en las elecciones en un gran frente que reúna a varios sectores.
Otra vez con la misma cantinela de “se resuelve en las urnas”, otra vez “los trabajadores y trabajadoras debemos esperar y votar bien”.
La ley Bases viene con la reforma laboral más anti obrera y popular que se recuerde desde la época de los 90 de Menem. Es un ataque en regla a la clase trabajadora sindicalizada. No hay nada que discutir ni puntos de vista distintos. O se la enfrenta o no. Daer y toda la CGT decidieron que no se la enfrenta de ninguna manera; eso no es más que una TRAICIÓN.
No hay protocolo represivo que aguante ni ley que se vote si somos decenas de miles en la calle, con las mujeres, con la juventud, con los y las jubiladas, con los estudiantes y docentes, estatales y los asambleístas de las asambleas populares.
No enfrentar la Ley, traicionar su lucha, solo puede traer malas noticias para la clase trabajadora, como por ejemplo ahora las patronales de la alimentación ofrecen un 4% de aumento salarial, por debajo de la inflación.
Y ni hablar cuando bajen aún más las ventas, con la ley votada, será mucho más fácil despedir y tomar por años y años bajo contratos basura. Las compañeras tendrán que trabajar hasta 10 días antes del parto.
Nunca quizá como ahora estuvo tan claro la necesidad de fortalecer la organización desde abajo. En todo el país está necesidad se va extendiendo. Las y los docentes de Misiones, auto organizados, se impusieron con sus demandas con la unidad y la lucha junto al pueblo trabajador. Un ejemplo a seguir.
“Mientras se avanza contra los trabajadores, no hay un plan de lucha”
Luego de darse a conocer la conciliación obligatoria, el gremio de la Fraternidad debió levantar la medida gremial que planeaba llevar a cabo y los servicios del tren terminaron funcionando con normalidad. El miembro de la Comisión de Reclamos de la Unión Ferroviaria, Cristian Duarte, declaró: “Ante la conciliación obligatoria, el servicio funcionó normal dentro de los marcos sin medida. Nosotros hemos llevado medidas en conjunto en otros momentos, en esta oportunidad no lo estábamos haciendo por una cuestión de que la Unión Ferroviaria directamente abandonó la posibilidad de hacer el reclamo”, agregó.
Posteriormente, Duarte planteó: “Nosotros nos solidarizamos y estábamos de acuerdo con la medida de la Fraternidad, pero no centralmente por el pedido, centralmente porque venimos perdiendo, como la mayoría de los trabajadores, en acuerdos salariales en un 8% de cierre inflacionario”. Luego, manifestó que, “desde el resto de los gremios estábamos esperanzados en que la Fraternidad pudiera lograr algún acuerdo”.
“En las asambleas nuestras quedó claro que solo como línea no íbamos a exponernos, menos en una situación en donde vemos un Gobierno que avanza sobre los trabajadores y la mayoría de las direcciones gremiales no están saliendo a reclamar”, sostuvo el entrevistado. “Mientras se avanza contra los trabajadores no hay un plan de lucha”, complementó.
Por otro lado, el miembro de la Comisión de Reclamos de la Unión Ferroviaria señaló: “La Fraternidad es un gremio que tomó la medida a nivel nacional, que era la que la Unión Ferroviaria no tomó, en la línea Sarmiento podíamos planear un acompañamiento, pero a nivel nacional no salió eso”. A su vez, remarcó que, “al no salir, exponíamos a nuestros compañeros solamente por línea”.
“La medida de la Fraternidad viene alrededor de los acuerdos salariales, que no se quieren cerrar de acuerdo a las necesidades y que por eso decidieron seguir reclamando”, expresó Duarte. A modo de cierre dijo que, “nosotros, si bien no fuimos a hacer una medida, venimos reclamando y juntándonos con los usuarios en distintas oportunidades, sin afectar el servicio, reclamando que el servicio mejore”.
TextilCom: un mes de la toma de fábrica
La toma de la planta de TextiCom en Catamarca cumplió un mes, lo que reafirma la voluntad de sus trabajadores de defender los puestos de trabajo. La medida se inició cuando los trabajadores descubrieron el plan del empresario Carlos Vilariño para vaciar la planta, despedir masivamente y cerrar la fábrica, como logró hacer en La Rioja. “Las máquinas no son de los empresarios. Las máquinas son nuestras”, fue la frase de una de las operarias en un video que se volvió viral, generando la solidaridad y un nuevo ejemplo de respuesta obrera ante la crisis.
Las trabajadoras y trabajadores de TextilCom realizaron una nueva movilización este el 26, desde la planta ubicada en Echeverría 651 hasta la Plaza 25 de Mayo. Mientras, continúa el reclamo al Gobierno para mantener 132 puestos de trabajo, se abrió el camino para que la fábrica comience a producir bajo gestión de los trabajadores.
Con retazos que la empresa había ordenado tirar, comenzaron a producir parcialmente prendas en un paso auspicioso que contiene muchas potencialidades no sólo para sostener los puestos de trabajo sino también para pensar una producción en función de las necesidades sociales. Previo al cierre, en la planta se confeccionaban prendas de niños para primeras marcas. Los trabajadores comienzan a pensar qué pasaría si, por ejemplo, también confeccionan prendas de temporada para aquellas familias que no pueden comprar una campera para el invierno. También si por convenios pudiesen confeccionar ropa de cama u uniformes para hospitales, escuelas y otras dependencias estatales.
El mes transcurrido también va dejando en claro para los trabajadores el papel que juega cada sector. La maniobra fraudulenta de Vilariño de intentar vaciar la fábrica estuvo antecedida por meses adeudando salarios o pagándolos en cuotas, la exigencia a realizar horas extras y trabajar los fines de semanas sin pagar, junto con adeudar los aportes.
Vilariño desembarcó en la provincia de la mano del gobernador Raúl Jalil con varios beneficios, desde créditos nacionales y provinciales hasta el predio de la fábrica. Jalil que no dudó en ir a la inauguración de TextilCom para fotografiarse con Vilariño ahora no responde por la estafa empresarial. Ante el insistente reclamo de los trabajadores, el Gobierno habilitó un subsidio de $200.000 mientras pone la meta ilusoria de un nuevo inversor. Este nuevo inversor seguramente exija los mismos beneficios que Vilariño y ni siquiera están planteadas garantías para los trabajadores como, por ejemplo, mantener la totalidad de los puestos de trabajo o respetar la antigüedad.
Por su lado, el sindicato de la fábrica, SOIVA, intentó presentarse como representantes del reclamo de los trabajadores, pero su actuación estuvo al servicio de la maniobra patronal y del Gobierno. A tal punto que su abogado acordó con el abogado de la patronal plantear “un posible desalojo”, que no fue más que un intento de intimidar a los trabajadores para que se vayan de la planta. Su plan de pelear por lograr el pago de las indemnizaciones lo tienen empantanado.
Mientras tanto, en Intertrading, planta que comparte el predio con TextilCom, comenzaron los despidos goteras. Según las versiones, la patronal preparaba mayores despidos, pero fueron frenados por temor al efecto contagio con la toma de TextilCom. Si realmente quisiera aportar, el SOIVA debería convocar a un paro y plan de lucha en defensa de los puestos de trabajo en TextilCom, contra los despidos que empiezan a haber y por los derechos del conjunto de los trabajadores textiles de la provincia.
El gobierno de Jalil ya mostró su falta de voluntad política para dar una respuesta favorable a los trabajadores, siendo que el predio y las máquinas fueron pagadas por la provincia o por créditos dados a Vilariño. Con la intención de que el ejemplo de TextilCom no se multiplique, busca que se desgaste “a la espera de un inversor” y se aísle de la comunidad. Continuar difundiendo el reclamo en los medios, visitar lugares de trabajo y estudio, son tareas importantes para mostrar que la pelea continúa y que la fábrica también puede estar al servicio de las necesidades sociales.
A la par de este recorrido, continuar la organización para sostener la producción.
Los trabajadores de Radio Nacional frente al temporal de nieve
Trabajadores de varias emisoras de Radio Nacional en la Patagonia alertaron sobre la necesidad de mantener la programación local durante el fin de semana largo para informar a la población mientras dure el temporal de nieve y tormentas que sufre esa región desde el miércoles pasado.
Frente a la solicitud de los trabajadores de las emisoras chubutenses de Comodoro Rivadavia y Esquel, la dirección de Radio Nacional en Buenos Aires autorizó “solo tres horas diarias de programación local y el segmento de mensajes a pobladores” durante los cuatro días del fin de semana largo.
Mientras tanto, las emisoras seguirán con la retransmisión de la información de LRA1 Buenos Aires en medio de una emergencia climática que se extiende sobre las provincias de Santa Cruz y Chubut.
“El jueves fue el día del temporal y ese día la radio estuvo cerrada, conectada con Buenos Aires”, señaló Rocío Davel, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de Prensa del Oeste del Chubut y periodista de Radio Nacional Esquel.
Pero en respuesta a posteos en redes sociales de los trabajadores de esa emisora sobre los cortes de ruta y la falta de comunicación “desde Buenos Aires autorizaron para que el viernes haya tres horas de programación local y una emisión de mensajes a pobladores”, relató.
Según explicó Davel, la negativa de la gerencia de emisoras se basó en que “desde abril”, las autoridades de Radio Nacional que manejan los destinos de la emisora desde Buenos Aires, “no autorizan las horas extras” para los trabajadores de las repetidoras patagónicas, lo que impide la puesta al aire de transmisiones locales.
“En este contexto, es un logro que podamos tener esta mínima programación de tres horas” ante la emergencia climática que vive la región, donde se produjeron cortes en varios tramos de la traza de la Ruta nacional 3.
La emergencia climática y las fuertes nevadas determinaron que, en esa importante arteria patagónica, la circulación se interrumpiera por más de 20 horas y varios vehículos quedaran varados formando largas filas en medio de las inclemencias del temporal.
Vialidad Nacional y las fuerzas de seguridad provinciales y federales tuvieron que intervenir para despejar las calzadas y descomprimir la ruta, donde el tránsito circulaba de forma lenta y guiada.
Consultado sobre si existen emisoras privadas que puedan suplir la falta de Radio Nacional en la zona ante una emergencia como la que afecta al sur del país, Davel respondió que “ninguno” de esos medios de comunicación tienen frecuencia de AM.
“Son todas FM y no tienen los 300 kilómetros de alcance que sí tiene Radio Nacional Esquel. Somos la única AM que hay en la región y funcionamos desde hace 63 años”, apuntó.
En esa emisora pública, vital para comunicar a los pobladores de la zona cordillerana del noroeste de Chubut, trabajan 27 personas, que cumplen tareas en los estudios y en la planta transmisora.
Pese a que les prohibieron realizar horas extras para cubrir los fines de semana y feriados, los trabajadores se organizaron ante la demanda de una comunidad que necesitaba de forma imperiosa información ante el temporal de viento y nieve que desde hace varios días azota la región.
“Una vez al mes, cada locutor y operador trabajan de martes a sábado, entonces ese sábado se cubren por lo menos 6 horas de programación local”, explicó Davel y destacó que más allá del esfuerzo de los trabajadores por brindar el servicio “el domingo la radio queda cerrada conectada con LRA 1 y solo hay programación local de lunes a viernes”.
En condiciones climáticas normales, el segmento de “mensajes a pobladores” sirve para que los oyentes se comuniquen con familiares que viven a varios kilómetros.
“Son poblaciones en la lejanía que no tienen ni internet, ni señal de celular y en algunos lugares tienen que hacer 30 o 40 kilómetros hasta una loma para tener señal de ahí mandan un mensaje a la radio donde dicen que se quieren comunicar con fulano de tal y de esa manera se comunican”, explicó Davel.
Sumado a las tormentas de nieve que se dieron entre el jueves y viernes pasados los mensajes a pobladores “ayudaron para saber si un familiar estaba bien, si necesitaban algo o avisando que no iban a viajar porque estaba muy complicado el camino”, relató la periodista.
La comunicadora afirmó que, en momentos de emergencia climática, “tendría que haber programación local todo el día porque es la única forma de transmitir tranquilidad a la población”.
“Somos una radio de servicio, estamos para informar y ser un canal de comunicación entre los oyentes y debería tener programación local durante todo el día o por lo menos un turno de 6 horas, como mínimo los fines de semana”, explicó.
Davel advirtió que frente a las tormentas esas poblaciones alejadas pueden quedar incomunicadas y allí una radio local tiene mucha más utilidad.
“La gente no sabe en qué horario vamos a transmitir y no tenemos forma de avisarles. No tienen ni televisión. Los pobladores están prendidos a la radio todo el día y se enterarán al escucharnos. Hay lugares donde los aparatos de transmisión funcionan a pilas porque no hay energía eléctrica. La Radio se prende cuando hay emisiones de mensajes a pobladores y, por ejemplo, este domingo no lo van a saber”, se lamentó.
El pasado miércoles -cuando comenzó el temporal en Comodoro Rivadavia-, los representantes de la Asamblea intersindical de Radio Nacional enviaron una nota escrita al director ejecutivo de Radio Nacional, Héctor Caballero.
Los trabajadores solicitaban “una reunión con carácter de urgente para tratar temas relacionados con la operatividad de las emisoras que cuentan con servicios de mensajería a la población que, ante las alertas por fuertes nevadas del Servicio Meteorológico Nacional para los días del feriado largo, no pueden quedar incomunicadas”.
Mientras llegaba la respuesta oficial, los trabajadores de Radio Nacional Comodoro Rivadavia “montamos un programa especial de cuatro horas por fuera de estas medidas”, indicó Carolina Paredes, locutora de esa emisora.
“Fuimos los mismos trabajadores que mediante redes comenzamos a pedir ante la necesidad y se ve que hubo efecto”, afirmó Paredes y explicó que pasadas unas horas y al igual que para Esquel, desde Buenos Aires se “autorizaron tres horas diarias de un operador y un locutor”.
“Lo necesario serían tres horas por la mañana y otras tres por la tarde porque varía mucho la información” así como también “se necesitaría la presencia de un periodista” que se sume al locutor y operador del turno.
Debido a las intensas nevadas el tramo de la Ruta Nacional 3 entre Trelew y Comodoro Rivadavia se vio interrumpido en varias oportunidades durante jueves y viernes dejando vehículos atrapados sin poder avanzar ni retroceder por más de 20 horas.
“Habían más de 70 vehículos bajo la nieve y otros llevaban ya 25 horas estando ahí esperando el rescate del Ejército así que había operador en la radio y trabajamos desde las 16:00 hasta las 20:00, arriesgándonos al reto”, recuerda Paredes sobre las primeras horas de alerta climática que se extendió en la víspera de un fin de semana largo.
Desde el jueves, los mismos trabajadores preveían que iba ser necesario mantener la programación local para informar a la población que soportaba las inclemencias de un clima riguroso.
“Fuimos de mucha utilidad para la gente que estaba en la ruta porque éramos el único medio que podían escuchar”, enfatizó la locutora que trabaja hace 23 años en esa emisora.
Carolina contó que, más allá de las tres horas permitidas de programación local, los trabajadores recibieron mensajes “durante todo el día por el whatsapp de la radio y los incorporamos al Mensajero al Poblador Rural en el resto de sus salidas” programadas.
Mediante la programación de emergencia pudieron comunicarse el viernes pasado con un hombre y su mujer embarazada de cuatro meses, quienes estuvieron varias horas varados en la ruta, soportando el frío dentro de un auto que no podía avanzar por la ruta, bloqueada por la nieve.
“De casualidad tenía señal de telefonía celular. Eso les permitió comunicarse con nosotros para que informemos que había vehículos varados en la ruta y se estaban llevando a cabo rescates ordenados por el Comité de Crisis de Vialidad nacional”, relató la locutora de AM630 Comodoro Rivadavia.
Estas medidas incluyeron el corte preventivo de la ruta para quitar la nieve y durante viernes y sábado “caravanas de tránsito guiado” para descomprimir calzada entre los 376 kilómetros que unen esa ciudad con Trelew.
Según indicó Paredes, es muy importante para la región ante estas emergencias climáticas que la información difundida por la radio sea actualizada constantemente.
El viernes, el comité de crisis liderado por Vialidad Nacional anunció los horarios previstos para las “caravanas de tránsito guiado” durante la mañana del sábado, pero con el correr de las horas, los trabajos se fueron demorando.
“La puesta en marcha de los operativos se demoró mucho más de lo previsto y eso se debía informar. Los pobladores tenían que saber cuáles eran las rutas habilitadas. Debemos avisar cuando se puede viajar y cuándo no”, explicó Paredes.
En ese sentido, la locutora contó que “en los campos no hay servicio de telefonía ni internet y no pueden entrar al sitio oficial de Vialidad Nacional”, y señaló que, en muchos lugares, el Ejército intentaba ingresar con vehículos oruga a establecimientos rurales donde la radio es “el único contacto” que hay con la cotidianeidad.
Al igual que en Esquel, la emisora de Radio Nacional en Comodoro Rivadavia ya no cuenta con la posibilidad de emitir programación propia durante los fines de semana y feriados debido a que “no se autorizan las horas extras” durante esos días “tenemos orden de tomar siempre la señal de LRA1 Buenos Aires”, dijo Paredes.
“La idea era dejar a todo el personal en la casa y no volver hasta el lunes, pero por el temporal presionamos para poder salir al aire y una vez que pase la emergencia climática seguramente nos van a volver a dejar sábado y domingo en las casas”, se lamentó.
“Están todas las ganas y el personal dispuesto, pero sin el permiso para hacerlo”, insistió.
AM 630 Comodoro Rivadavia funciona hace 86 años y es la radio AM más antigua de la Patagonia. Actualmente cuenta con 19 trabajadores.
Ante la pregunta sobre si existen radios privadas en la zona que puedan reemplazar la emisión local durante los fines de semana y feriados Paredes respondió: “No. Sólo hay frecuencias moduladas privadas que no tienen la misma llegada porque tenemos distancias enormes por cubrir”.
“Estamos a orillas del Atlántico y nos escuchan hasta Chile. Hacia el norte llegamos hasta San Antonio Oeste. Y hasta el sur dependiendo las condiciones climáticas llegamos hasta el centro sur de Santa Cruz”, explicó.
La llegada de un fuerte temporal de nieve a la Patagonia durante el fin de semana causó graves complicaciones tanto en las ciudades como en el tránsito sobre las rutas y caminos de la región.
Muchos usuarios de redes resaltaron que estas dificultades se veían agravadas por la falta del servicio de Radio Nacional local, que no informaba a los lugareños sobre las condiciones del tránsito y que sólo retransmitía contenidos de lo que sucede en Buenos Aires.
Este viernes, periodistas en la red social X y habitantes de diferentes zonas afectadas habían denunciado la falta de Radio Nacional como fuente fundamental y única de información para las zonas que no tienen internet, que son muchas en la región sureña.
Trabajadores de Secco siguen en lucha por la reincorporación a sus puestos de trabajo
Desde hace meses los trabajadores que se desempeñaban en la planta de energía de biogás que Industrias Secco tiene en el Parque ambiental del Ceamse Ensenada, están en pie de lucha reclamando la reincorporación en sus puestos de trabajo.
La empresa decidió cerrar la planta de energía y dejarlos en la calle, y hasta el día de hoy el gobierno de la Provincia de Buenos Aires permitió esta situación sin dar mayores respuestas a los trabajadores y sus familias.
El próximo 3 de julio los trabajadores vuelven al ministerio de Trabajo a una nueva audiencia, convocan para ese día a toda la comunidad, y a las organizaciones solidarias a acompañarlos en esta pelea.
La justicia desestimó el pedido de desafuero contra dirigente del subte
El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 73 declaró nulo el pedido de desafuero y suspensión por parte de la empresa Emova contra Claudio Dellecarbonara miembro del secretariado ejecutivo del sindicato del subte AGTSyP. Como así también la empresa concesionaria deberá hacerse cargo de las costas del juicio.
El miércoles pasado los metrodelegados realizaron paros escalonados contra este ataque al derecho de protesta ya que la causa era por una apertura de molinetes del 2021. Los trabajadores tenían razón y enfrentaron la campaña armada por los medios de comunicación y apoyada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.
En la conferencia de prensa realizada el día del paro, Claudio Dellecarbonara explicaba cómo “la empresa, adrede, notificó a la justicia un domicilio equivocado para que yo no tenga posibilidades de defensa. Una maniobra digna de quien pretende atacar nuestro derecho a la protesta”. Los metrodelegados vienen denunciando y realizando medidas de fuerza para exigir el retiro de todo el cancerígeno asbesto en la red de subterráneos, como así también denuncian la desinversión que conlleva un pésimo servicio de subterráneos como es de público conocimiento por cualquier pasajero de la Ciudad.
En particular Claudio Dellecarbonara fue parte del amparo presentado contra el tarifazo del subte junto a Myriam Bregman que sigue su curso en la justicia. Emova junto al Gobierno porteño lanzaron un tarifazo brutal llevando el pasaje a $ 757 mientras el servicio es pésimo. Por eso atacan el derecho a la protesta, de la misma forma como el Gobierno nacional reprime las movilizaciones y encarcela manifestantes para poder aplicar un ajuste. Recordemos que aún siguen 5 manifestantes detenidos sin pruebas y con condenas aberrantes.
Con la misma intencionalidad el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, inició otro pedido de desafuero contra Guillermo Muñiz, médico psiquiatra del hospital Álvarez y dirigente de Fesprosa, para luego aplicarles sanciones por haber realizado varias denuncias por las malas condiciones de trabajo y la falta de insumos y de protección personal para afrontar la pandemia.
Claramente Jorge Macri sigue los pasos de Patricia Bullrich que no es otro que atacar el derecho a la protesta, a la huelga y la manifestación, única forma de poder pasar un ajuste contra el pueblo y acabar con los derechos laborales. El derecho a la protesta se debe defender, como el primer y más elemental derecho, ante la justicia, en la calle y con medidas de fuerza. “Protestar no es delito, es un derecho”.
Patricia Bullrich creó una unidad para reprimir huelgas, piquetes y ocupaciones de fábricas
Con la firma de la ministra de Seguridad en el Boletín oficial se publicó la resolución 499/24 mediante la cual crea la Unidad de Seguridad Productiva dependiente de la Dirección Nacional de despliegue territorial. La decisión se tomó en momentos en los cuales el Senado de la Nación se aprestaba a aprobar, con cambios, el proyecto de ley Bases.
Allí, entre otros agregados, la Cámara alta incluyó un artículo mediante el cual dispone la causalidad de despido por “grave injuria laboral” para los trabajadores que bloquearan u ocuparan establecimientos. A la vez, en otro artículo, anula la prohibición de los despidos discriminatorios reemplazándola por el reconocimiento de apenas una indemnización especial.
Una y otra norma resultan coherentes y hasta complementarias. El gobierno pretende cercenar al extremo el derecho a la protesta en el contexto de una profundización del ajuste y la recesión que plantean un horizonte de despidos y cierres de empresas. En la misma estrategia se enmarca la persecución política y judicial que desarrolla el juez Sebastián Casanello contra los dirigentes de las organizaciones piqueteras que, entre otros puntos, reclaman la restitución de la comida para los comedores populares y la actualización de los montos de los planes Potenciar Trabajo.
La creación de la Unidad de Seguridad Productiva también encuentra coherencia con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversores (RIGI) que crea la misma ley y que pretende allanar el camino de gravámenes y obligaciones tributarias para el ingreso de inversiones extranjeras y la remisión (fuga) de sus utilidades. El nuevo organismo de seguridad servirá también para garantizar a las empresas un camino allanado frente a conflictos sindicales que pudieran ocurrir al interior de las mismas o, también, los que pudieran producirse entre las compañías extractivistas y las comunidades en las que piensen radicarse.
Sobran ejemplos en el país de comunidades que, con la movilización popular, rechazaron la implantación de mineras contaminantes. Gran parte de la estrategia económica del gobierno pasa por la explotación del litio y el desarrollo de Vaca Muerta de la mano del capital foráneo.
Por eso la resolución ratifica la “competencia” de la cartera conducida por Patricia Bullrich “en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías”. La nueva unidad apunta a asistir a las empresas que “requieren de un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías”.
La misma Patricia Bullrich en la presentación del proyecto señaló que “el país necesita seguridad en aquellas áreas donde la gran inversión es un objetivo”. En tono amenazante la ministra de Seguridad adelantó que “no vamos a permitir que se bloqueen las entradas de las empresas como manera de impedir la producción del país. Hay que cuidar a los que tienen sus empresas y dan trabajo y lograr que el costo argentino baje”.
La norma dispone que “existen sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de una seguridad especial”.
La resolución explicita como uno de los principales propósitos del organismo el de “analizar las situaciones de inseguridad que presentan o pueden previsiblemente presentar sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieran un cuidado especial”.
A la vez concede la atribución de actuar “en función de la evaluación de riesgos o la situación particular de la entidad en un determinado momento, o la repercusión de los hechos de inseguridad en el quehacer racional” y, vale remarcarlo, “en la opinión pública”.
Para encabezar la tarea fue designado Alfredo Culatto como responsable de la Unidad de Seguridad Productiva para lo que deberá abandonar la Dirección de Fiscalización de Operaciones y Despliegue.
La determinación de las actuaciones y la evaluación del alcance de los riesgos y sus potencialidades, sin embargo, no será un atributo de organismos dependientes de la cartera económica o de Producción sino que quedan “exclusivamente a criterio de esta cartera (de Seguridad) o de las órdenes que recibiere del Poder Ejecutivo”.
El especialista del Taller de Estudios Laborales (TEL), Oscar Martínez, señaló que “no son otra cosa que fuerzas de ocupación de Patricia Bullrich y el gran capital en los lugares de trabajo. Es como si la Patagonia rebelde atacara de nuevo”.
Para Martínez “Bullrich organiza una fuerza policial-militar de despliegue rápido y ocupación de territorio con total libertad de acción y sin tener que rendir cuentas a nadie. Es abiertamente contra los trabajadores. Suena a algo similar a habilitar fuerzas de ocupación extranjeras, fuerzas antiterroristas o, como tristemente dijo Ricardo Balbín, contra la ‘guerrilla fabril’”.
Para el titular del TEL, en definitiva, “es un intento de dar garantías a las grandes empresas que vengan por el RIGI. No ponen ningún límite al capital, no conceden ningún derecho a los trabajadores y permiten que todas las ganancias se vayan al exterior. Solo les falta aprobar la pena de muerte para un trabajador que se rebele”, ironizó.
La Justicia elevó las multas a Lácteos Vidal por no reinstalar a los trabajadores
El Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo N° 69 que entiende en la causa contra Lácteos Vidal sacó una extensa resolución en la que ordena, entre otros puntos, elevar las astreintes por incumplimiento de reinstalación de 10.000 a 50.000 pesos diarios y resuelve que la Justicia penal investigue a la dueña de la empresa, Alejandra Bada Vázquez, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 239 del Código Penal, desobediencia.
Hace unos dos meses la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó todos los recursos y quejas que presentara la dueña de Lácteos Vidal, Alejandra Bada Vázquez y la mediática legisladora devenida en libertaria, Florencia Arieto, contra el juez de la causa por distintas resoluciones que fueron desfavorables para la empresa. La empresa también había recusado a los Camaristas e interpuesto recursos de queja y apelaciones. La Justicia no le hizo lugar a ninguno de esos pedidos y Bada Vázquez debía reincorporar a los trabajadores que despidió en el marco de un conflicto laboral.
No reincorporó a los trabajadores, no pagó las multas y redobló la apuesta, cargando contra los delegados del gremio. El juez José Ignacio Ramonet decidió entonces hacer lugar al reclamo de la empresa y separarlos momentáneamente, mientras se resuelve su causa, de la reinstalación.
Sin embargo, esto no implica que no deba Lácteos Vidal reinstalar a los trabajadores sin fueros despedidos ya que el magistrado entiende que se trató de un despido “represalia”: “Lejos de configurarse una pérdida de confianza, lo que habría existido sería una suerte de despido “represalia” por la participación en una huelga decidida por los trabajadores, a quienes, en definitiva, pretende responsabilizárselos personalmente por los hechos de un tercero al que, si bien no resultan ajenos por cuanto es el sindicato que los representa, no está probado en ninguna de las causas en trámite ante este Juzgado, que fueran los trabajadores aquí despedidos los que hubieran participado efectivamente de los hechos que la empresa imputa con precisión al “Sindicato ATILRA”.”
La investigación sobre los delegados sigue su curso por el cause correspondiente “claro está, gozando de la presunción de inocencia hasta tanto recaiga condena”, aclaró el juez.
Asimismo, agregó que “no hay ninguna prueba en la causa por la que pueda concluirse que RODRIGUEZ Haroldo Javier, QUIROGA Fabio David, PELLEJERO José Andrés, GALVAN Cristian, DAMICO Juan Manuel, CORVALAN Walter Miguel, CHINESNUCK Juan Carlos, CERRI Walter Alejandro y ANIDOS Claudio Andrés, no sean merecedores de que a su respecto se cumpla inmediatamente con la medida cautelar de reinstalación en sus puestos de trabajo y que, al ser incumplida, sean lógicamente merecedores de las astreintes impuestas por el incumplimiento de Lácteos Vidal”.
Es decir, “SIGUE ABSOLUTAMENTE VIGENTE -en orden a lo resuelto por la Alzada- la medida cautelar de reinstalación ordenada en su relación y nunca cumplida, por la demandada”, remarcó e incrementó de 10.000 a 50.000 pesos “por día y por trabajador a partir de la notificación de la presente resolución, para el caso en que la demandada no procediera a reinstalarlos en sus puestos de trabajo dentro del plazo de 7 días (teniendo en consideración los lógicos ajustes que, dado el transcurso del tiempo, debería hacer en su planta a fin de acoger a estos trabajadores de una vez por todas)”
Esta dilación de Lácteos Vidal en cumplir con la orden del juez tuvo una consecuencia más: “Sin perjuicio de lo expuesto, toda vez que, pese a la imposición de astreintes, a las resoluciones del superior y del suscripto, la demandada nunca cumplió desde el momento en que quedara firme la orden de reinstalación de los trabajadores, podría configurarse la situación normado por el art. 239 del Código Penal, corresponde, y así lo dispongo, enviar oficio vía DEOX a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal de Instrucción, a fin de que, por donde corresponda, investigue la posible comisión de este delito ante el incumplimiento de la manda judicial”.
El artículo 239 del Código Penal reprime con prisión de quince días a un año, a quien resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.
Milei ubica a un macrista en un área de AFIP estratégica para el control del trabajo no registrado
La Libertad Avanza acaba de nombrar al frente de la estratégica Dirección General de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP a Santiago Mozetic.
La Dirección centraliza la labor de poco menos de 2.000 inspectores del trabajo en todas las provincias. Se trata de un equipo responsable de velar por el cumplimiento de las normas laborales, la correcta inscripción de los empleados en el sector privado y la ejecución de las multas para los empleadores detectados en infracción.
El área es especialmente sensible. Desde la llegada de La Libertad Avanza a Casa Rosada la titular del organismo, Florencia Misrahi, había dejado trascender la chance de eliminarla del organigrama pese a su peso territorial y su rol clave.
La DGRSS es junto a las direcciones de impositiva (DGI) y de Aduana una de las tres patas en las que se divide la tarea de la AFIP y su labor está focalizada en la “aplicación, recaudación y fiscalización” de los tributos destinados a la seguridad social
Fuentes: InfoGremiales, Red Eco Alternativo,Indymedia Trabajadoras/es, Somos Télam, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Perfil, La Izquierda Diario, El Ciudadano
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