Los hechos de Rosario no son comparables con las peleas inter-burocráticas de San Vicente o recientemente en La Pampa, como dicen Clarín o La Nación. Fue un ataque de los grupos de choque de la burocracia sindical de Atilra (CGT) en colaboración con los empresarios de SanCor, como represalia a la resistencia de la seccional […]
Los hechos de Rosario no son comparables con las peleas inter-burocráticas de San Vicente o recientemente en La Pampa, como dicen Clarín o La Nación. Fue un ataque de los grupos de choque de la burocracia sindical de Atilra (CGT) en colaboración con los empresarios de SanCor, como represalia a la resistencia de la seccional de Rosario del gremio a aceptar el convenio que perjudicaba a los trabajadores pactado por la conducción nacional con las patronales lecheras. El vandalismo de estas patotas «anti-sindicales» no puede ser interpretado sino como una provocación para dividir la lucha de los trabajadores, en medio de los ataques capitalistas con cesantías y suspensiones con rebaja salarial .
El gobierno concede a los empresarios el blanqueo a los que fugaron capitales, el perdón de las deudas de los evasores y empleadores en negro, y la «devaluación administrada» del peso con que pagan nuestros salarios. Pero ha comenzado una resistencia obrera, centrada en la estratégica industria automotriz, donde se empieza a jugar la verdadera pulseada contra el desempleo y en la que empiezan a unirse efectivos y contratados.
Una tendencia internacional
En los EE.UU. se acaba de anunciar oficialmente que «la recesión empezó hace un año» y la «noticia» volvió a derrumbar la bolsa de Wall Street y a impactar en todo el mundo. Las «tres grandes del automóvil» de Detroit, Ford, General Motors y Chrysler (las dos primeras poseen más aviones para sus ejecutivos que la flota de la «nacionalizada» Aerolíneas Argentinas) siguen bregando por un plan de rescate al Congreso norteamericano que, de todas maneras, exige de un fuerte ajuste de centenares de miles de despidos que incluyen a la Argentina. Los multimillonarios salvatajes a los banqueros que han realizado los principales Estados no pueden detener la recesión, o lo que el ex Secretario de Trabajo de Clinton llamó una «mini-depresión» mundial. El FMI ha estimado que la pérdida de puestos de trabajo en el 2009 será de más de 20 millones. Sólo en Italia, los sindicatos proyectan 900 mil despidos en los dos próximos años. En noviembre, en el Estado Español 170 mil trabajadores se sumaron a las filas de los desocupados que ya alcanzan los 3 millones. En China, que venía siendo considerada no sólo a salvo de la crisis sino quien podía actuar de contratendencia a la recesión mundial, ya el gobierno admitió que miles de cierres de empresas, que están desencadenando violentas huelgas y se multiplican los enfrentamientos con la policía.
Estamos al inicio de una crisis de carácter histórico del capitalismo que al imponer padecimientos inusuales, empujará a millones a la lucha por su subsistencia en todo el mundo. Ya lo adelantan las huelgas generales en Italia y Grecia, así como las rebeliones estudiantiles en Italia, Alemania y el Estado Español donde también los trabajadores protagonizan luchas de fábrica. Estamos viendo, de un lado, las primeras acciones de masas y, del otro, también la violencia de los golpes de derecha como el asesinato a tres dirigentes sindicales de la Unión de Trabajadores de Venezuela en el Estado de Aragua (ver contratapa).
Comenzó una tendencia a la polarización social, a mayor enfrentamiento entre las clases, e incluso a nuevos choques y conflictos entre Estados, como muestra la crisis entre India y Pakistán, tras la conmoción de los atentados en Bombay.
Equilibrio precario
El gobierno de los Kirchner, en su improvisación, ha optado por renovar concesiones al capital. En el plano de la política exterior, la cancillería argentina dejó trascender que era posible la ruptura de relaciones comerciales con Irán, que finalmente no concretó pero utilizó como un gesto hacia el nuevo gobierno norteamericano y acorde a la designación de Hillary Clinton como secretaria de Estado de Barack Obama, representante del agresivo Comité Judío Americano que visitó el país por estos días. Cuando se cumplen 7 años del corralito de Cavallo, quieren transformar en ley una de sus recetas: moratoria impositiva y el blanqueo para los que fugaron capitales. Esto generó la oposición de diputados del centroizquierda que votaron las últimas leyes oficialistas de estatización de las AFJP y Aerolíneas, como Claudio Lozano y el SI, y hasta de sectores abiertamente kirchneristas, lo que puede llevar a empantanar la negociación parlamentaria. Pero lo más importante es que, a pesar de semejantes concesiones a los capitalistas, el gobierno no logra restablecer la «confianza» rota luego de la liquidación del negocio privado de los fondos de pensión. Mientras se habla de «repatriación de capitales», Techint se niega a traer al país los 1.800 millones de dólares que Venezuela va a pagarle por la expropiación de Sidor. Y el gobierno debió tomar medidas de control sobre el principal grupo económico del «capitalismo nacional», después que trascendió que la siderúrgica de los Rocca compró 70 millones de dólares a través del Citibank y el Deustche Bank para empujar la devaluación del peso. Una concesión tras otra: el Banco Central dejó subir el dólar que -aunque no escale en lo inmediato a los 4 pesos que pide la UIA- los medios financieros ya anticipan que llegará al menos a 3,45 pesos en semanas.
Pero nada de esto alcanza, sin embargo, para un compromiso estable «que mantenga el empleo» como pregonan los Kirchner. El acuerdo de «paz social» que el ministro Tomada pactó con el sindicato petrolero y las empresas del sector, cerrando las paritarias, es decir congelando el salario por 6 meses, a cambio de evitar los despidos, es un «modelo» que no puede extenderse al conjunto de las ramas. «Hasta el verano, se pondrá todo el esfuerzo en no despedir empleados, y mantener los proyectos de inversión. Habrá suspensiones y disminución de horas extras. Después del verano, no se sabe. Nadie lo sabe. Si se agrava la crisis, las decisiones serán inevitables», se sincera para el diario La Nación uno de los representantes de los industriales que se reunió con la presidenta en Olivos.
Comenzó la resistencia, y vuelven las patotas «anti-sindicales»
Las huelgas contra los despidos en las automotrices, como la de los trabajadores de Volkswagen, Iveco y Gestamp que marcharon juntos en Córdoba y mantienen una dura pulseada contra la multinacional General Motors en Santa Fé, son el comienzo de la resistencia en una de las ramas claves del aparato productivo nacional como mostramos en esta edición de La Verdad Obrera. Al calor de la crisis industrial, que también golpea de lleno en los frigoríficos donde se producen cierres y, en general, en el despido de miles de trabajadores eventuales en todas las ramas, los sindicatos de la CGT están atravesados por múltiples tensiones. Mientras la cúpula de petroleros firmó la «paz social», los bancarios anuncian paros escalonados por la reincorporación de despedidos y una compensación salarial. Los dirigentes de la UOM encabezados por Antonio Caló denuncian que son 10.000 los metalúrgicos afectados por despidos, suspensiones y recortes de horas extras, y le reclaman a Moyano una posición más firme ante el gobierno. Las conducciones del SMATA tratan de hacer equilibrio entre la presión de la base y la dureza de las patronales, dividiendo la negociación de los conflictos por fábrica, incluso ante un mismo Ministerio de Trabajo como en Córdoba. Mientras Hugo Moyano espera, como el gobierno, «pasar el verano», su seguidor en Atilra, Héctor Ponce encabezó el grupo de choque contra la seccional disidente del sindicato lácteo de Rosario, provocando un muerto y decenas de heridos. El mismo grupo de matonaje, ya en el 2005, había desembarcado con cadenas y palos contra los obreros de Parmalat que se negaban a aceptar un plan de despidos y suspensiones del empresario kirchnerista, Sergio Taselli. No es, como propagandiza Clarín y La Nación, «la misma espiral de violencia sindical de San Vicente». Fue una provocación de un sector de la CGT para intentar «marcar la cancha» después del fallo de la Corte sobre la «libertad sindical» para imponer a tiros el control burocrático de los lugares de trabajo.
La situación exige unir las filas de todos los sindicatos combativos, comisiones internas y cuerpos de delegados para apoyar las luchas de resistencia contra despidos y suspensiones y levantar una alternativa unificada a la burocracia de la CGT y la CTA: en rechazo a los grupos de choque del matonaje, exigiendo a los sindicatos una lucha nacional unificada y promoviendo la elección de cuerpos de delegados que representen a efectivos y contratados en todos los lugares de trabajo.