Empleo y salario los grandes perdedores de la pandemia

Empleo 

El INDEC confirmó que por la pandemia, entre abril y junio se perdieron 3.757.000 puestos de trabajo 

De 20.879.000 puestos de trabajadores que existían en el primer trimestre, se pasó a 17.122.000. Una baja del 18%, de acuerdo al Informe del INDEC. 

Todas las modalidades de trabajo fueron afectadas, pero con mayor fuerza golpearon a los asalariados «en negro» y a los cuentapropistas, también informales. 

En ese contexto, la desocupación pasó del 10,4% al 13,1%. Hay que retrotraerse al tercer trimestre de 2004 para encontrar una tasa de desempleo similar. 

A su vez, el nivel del empleo se derrumbó 8,8 puntos: del 42,2% al 33,4%. En números similares cayó la población activa: de casi 20 millones a poco más de 16 millones. Esto es así porque casi 4 millones de personas que en el primer trimestre estaban ocupados o desocupados buscando trabajo, no buscaron o no pudieron buscar otra ocupación en el trimestre siguiente.

De los 3.757.000 puestos laborales perdidos, 289.000 correspondieron a asalariados registrados, 1.695.000 a asalariados informales y 1.774.000 a trabajadores por cuenta propia. 

Por actividad, el personal doméstico sufrió una pérdida de casi 600.000 puestos, la construcción casi 400.000 y hoteles y restaurantes 304.000. Por su parte, la baja entre los asalariados registrados es significativa porque estaban prohibidos los despidos y regía la doble indemnización para las cesantías sin causa.  

De esta manera, el cuadro laboral del segundo trimestre quedó configurado del siguiente modo: 

+ Asalariados registrados: 10.294.000 que se desagrega en 6.801.000 del sector privado y 3.493.000 del sector público. 

+ Asalariados no registrados 3.178.000. 

+ Trabajadores por cuenta propia 3.649.000. 

El Salario Mínimo Vital y Móvil en picada

Durante 2020, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) perdió “por goleada” frente a la inflación. En términos nominales, en un año pasó de 16.875 pesos para los trabajadores mensualizados a $ 20.587,50, un aumento de apenas 22%, frente a una inflación promedio del 36,1%. Representa punta a punta una pérdida del 14,1%. 

Con relación a la canasta de indigencia, que esta semana informará el INDEC y que en la Ciudad de Buenos Aires fue del 43,9%, la pérdida superará el 15%, 

Si a esta caída real del salario mínimo durante el primer año de la gestión de Alberto Fernández se le agrega el retroceso del 24,4% que tuvo durante los 4 años de la gestión Macri, el desplome del SMVM acumularía en 5 años una pérdida del 32%. 

Este retroceso se acentuará en los próximos meses porque está previsto que en marzo el SMVM se eleve a $ 21.600, un incremento de casi 5% que se descuenta estará por debajo del incremento de los precios de estos meses.  

La Ley de Contrato de Trabajo le asigna tres características al SMVM. Es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia por su jornada laboral. Debe asegurarle alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional. Y debe ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones del costo de vida. 

Desde hace mucho tiempo el salario mínimo no cumple esas funciones e incide sobre un amplio número de trabajadores no registrados o informales que toman por referencia ese parámetro, en convenios de trabajo con ingresos bajos y en trabajadores formales “fuera de convenio”. 

También impacta sobre los 760.000 beneficiarios de planes sociales que perciben la mitad del salario mínimo ($ 10.294) según informó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. 

Para una familia tipo (matrimonio y dos hijos), el salario mínimo está lejos de cubrir el valor de la canasta de pobreza, incluso si ambos cónyuges trabajan. Restando los descuentos de jubilación y salud (17%), más las asignaciones por hijos, el ingreso mínimo salarial total ronda los 24.000 pesos frente a una canasta familiar de pobreza valuada por el INDEC en diciembre en $ 55.000. Y por la definición legal, el salario mínimo debería superar con creces el valor de la canasta familiar de pobreza. 

El desajuste no solo ocurrió en 2020 con los sueldos mínimos, sino que la mitad de los salarios de las y los trabajadores registrados en la Argentina hoy se hallan por debajo del nivel de pobrezamedida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

A pesar de las ayudas del Estado, en el tercer trimestre de este año, los ingresos totales de la población crecieron en 12 meses el 21,2% frente a una inflación a setiembre del 36,6%. Representa una caída del 11,3% en términos reales. 

Conflictos por despidos y salarios 

El 15 de enero se llevó a cabo una primera audiencia en el ministerio de Trabajo de Lomas de Zamora, el organismo intervino debido a la presión de los trabajadores y falló a favor de la reincorporación de todos los despedidos de Dalgar. El pago de salarios adeudados de diciembre se abonaría a partir del martes en el marco de una conciliación de carácter voluntaria. 

Los químicos llegaron a 11 días con paro total, bloqueo y acampe en las puertas de la fábrica ubicada en Esteban Echeverría tras el despido de casi la totalidad de los operarios. Este ataque patronal fue la respuesta a las asambleas por turno que venían realizando los trabajadores con exigencia en mejoras de las condiciones de seguridad e higiene en un sector donde la polifuncionalidad pone en riesgo la vida obrera. 

Trabajadores aceiteros se reunieron el martes 19 en las puertas de Renova en Timbúes, convocados por el sindicato (SOEA), por el incumplimiento de los pagos del denominado «bono pandemia» por parte de las empresas contratistas. Realizaron una hablada a la espera de ser atendidos por el gerente de Recursos Humanos. El lunes lo hicieron de la misma forma los tercerizados de Bunge y Terminal 6. La suma fija que reclaman se conquistó en la última paritaria. Fue el detonante para una lucha que incluyó más de 20 días de paro y piquetes en todo el complejo agroexportador.  

La Mesa Federal de ATE PAMI denunció y repudió los más de 150 despidos que se produjeron en esta institución recientemente. Se trata de 120 despidos de trabajadores contratados y 30 de planta permanente. A eso se suma el desplazamiento de compañeros de carrera. 

En el comunicado que se difundió denuncian que esto se produce “con el objeto de instalar arbitrariamente a nuevos funcionarios que no saben ni entienden de qué trata la tarea encomendada. Olvidando que algunos niveles de conducción no tienen manual de instrucciones, exigen que los compañeros desplazados transfieran el conocimiento logrado con años de sacrificio y experiencia”. 

En el comunicado también denunciaron que “la condición de contratados es impuesta para evadir la ley y negarle al trabajador un derecho constitucional para finalmente ser un instrumento de manipulación de maniobras políticas que solamente intenta generar espacios para la nueva militancia”. 

Sin pelear contra el recorte de los padrones, ya que de los 32.000 trabajadores temporarios del citrus incluidos en el padrón de la UATRE Tucumán, por resolución nacional sólo recibirán el beneficio del plan Intercosecha unos 24.000 trabajadores, la UATRE pactó con el gobierno de la provincia un plan provincial de $ 2.800, a cambio de una contraprestación de servicios en municipios y comunas a quienes no viajaron al sur en esta temporada. 

Trabajadores gastronómicos nucleados en Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) de Mar del Plata llevaron adelante una importante protesta en reclamo de paritarias y el bonus por temporada y piensan continuar en “pie de guerra” en vistas a lo que queda del verano. 

«Esta movilización responde a la falta del cierre de paritarias. Hace casi dos meses se está trabajando en esto y no hemos podido lograr ponernos de acuerdo en el porcentaje. Es muy bajo lo que están ofreciendo”, manifestaron desde el gremio que conduce Luis Barrionuevo. 

El reclamo también incluye el plus de temporada, un derecho adquirido hace más de 20 años, cada temporada, que no están dispuestos a resignar. Si bien en algún momento se habló y cuestionó, entendemos que corresponde», explicó Nancy Todoroff, secretaria general adjunta del gremio. 

En este sentido, contextualizó: «Desde noviembre se vino trabajando con los ATP hasta diciembre. Si bien el sector hotelero no tiene los porcentajes de ocupación necesarios están teniendo ayuda del Estado. Tanto el sector gastronómico y hoteleros están en condiciones de firmar paritaria y pagar el plus de temporada», reafirmaron. 

Desde UTHGRA piden un aumento del 40%, mientras que del sector empresario ofrecen «poco más de 25%», ese parece ser el punto que buscan destrabar en medio de la pelea por la extensión horaria que se vio restringida en contexto de pandemia. 

Conocedor de la situación, el gobierno intenta reactivar el sector. También el Turismo y la Cultura a través de la presentación de la segunda edición del Fondo Especial Municipal para la Reactivación del Turismo y la Cultura, en un acto desde el Hotel Provincial de Sierra La Ventana. 

En esta oportunidad, la Provincia desembolsó un monto de 500 millones de pesos destinados a los 135 municipios para que éstos puedan asistir a los establecimientos turísticos y culturales de sus distritos, dos sectores fuertemente golpeados por la pandemia. 

Hace tres meses, la administración bonaerense había distribuido unos 300 millones de pesos en el marco de este fondo en base a un catálogo donde se inscribieron 13.737 establecimientos del turismo y la cultura. 

Luego de una semana entera de huelga, los trabajadores de Página/12 resolvieron continuar con un plan de acción que incluye paros de dos horas por turno todos los días durante enero. 

Los trabajadores agrupados en el SiPreBA exigen una mejora del acuerdo firmado por la UTPBA que todavía ostenta la representación formal con las Cámaras empresarias, así como otros reclamos contra la elusión de convenios y condiciones de trabajo. No obstante, la empresa se niega a acatar lo dispuesto en el acuerdo en nombre de la demora en su homologación. 

Paula Sabatés, delegada del SiPreBA, explicó: “hicimos un paro de siete días y obtuvimos resultados. La empresa anunció una suma fija de $ 4.000 a cuenta de las paritarias. Pero excluyó del aumento a los “colaboradores”, por lo que el conflicto sigue”. 

Trabajadores de la educación 

El 18 de enero se llevó adelante una acción de los trabajadores de la educación en la ciudad de La Plata, con una concentración en las puertas de la Dirección General de Cultura y Educación. Participaron Suteba Ensenada, la Lista Multicolor de Suteba La Plata y la junta interna de ATE Educación para reclamar la continuidad de los planes PIEDAS y ATR que el gobierno de Kicillof no renovó, dejando sin trabajo ni cobertura de obra social en plena pandemia a más de 20.000 de trabajadores en toda la provincia de Buenos Aires.  

“Mientras gobierno y oposición instalan en los medios el debate sobre la vuelta a clase, intentando apurar la vuelta a la presencialidad, esconden esta realidad de precarización de la escuela pública. Miles de trabajadores de la educación, docentes y auxiliares, trabajan de forma precaria y por $8.000 por mes. De esta forma, precaria, con salarios de miseria, descuentos, falta de pagos y con enormes esfuerzos, sin insumos ni conectividad, se sostuvo la continuidad pedagógica de forma virtual durante todo el 2020. Estos planes de trabajo precario, que se presentan como solución, no son otra cosa que un ajuste. El presupuesto que votó Kicillof junto a los partidos de oposición, contempla una reducción de las partidas para salud y educación, todo para pagar la deuda fraudulenta de la provincia. Queda en claro quiénes defienden verdaderamente el derecho a la educación de les niñes, y quienes buscan una foto de ocasión mientras desfinancian la escuela y la salud publica en plena pandemia para hacer la tarea del FMI”, sostuvo Laura Champeau, secretaria de organización de Suteba Ensenada. 

Docentes de la Agrupación 9 de Abril Río Negro, dieron a conocer un comunicado de prensa en el que denuncian que los gobiernos nacional y provincial se disponen a lanzar el ciclo lectivo 2021 con protocolos antipedagógicos y con escuelas sin condiciones sanitarias para el desarrollo de las tareas escolares. 

El comunicado de la Agrupación 9 de Abril plantea las exigencias de: construcción urgente de escuelas y obras de infraestructura. Equipamiento pleno para garantizar el protocolo sanitario. Apertura de vacantes para todos los niños y niñas en edad escolar. No a la municipalización de la limpieza e higiene en los edificios escolares. Computadoras y conectividad gratuita para estudiantes y docentes. Nacionalización de las empresas privadas de telecomunicaciones y utilización de la red de ARSAT (hoy en manos de las privadas) para que la educación llegue a todos los rincones del país. Servicio alimentario con bolsones de productos y mejor calidad. Entrega de kits de higiene para las familias. Para garantizar la presencialidad y virtualidad: creación masiva de cargos, tanto de docentes como de auxiliares. ¡Basta de precarización en educación! Asambleas de cargos transparentes. Regularización de todas las prestaciones del IPROSS. No al examen pre ocupacional discriminatorio que exige tener conectividad y computadora con cámara. Plata para educación, salud y trabajo, no para el FMI. 

El gobierno mendocino decretó un aumento del 20% en blanco y un bono en cuotas y en negro. Monto más que insuficiente frente a la inflación proyectada de más del 50%. Este decreto de aumento a las y los trabajadores de la educación es una medida que intenta disciplinar a quienes sostuvieron con sus recursos, tiempo y energías el sistema educativo de toda la provincia, en medio de una pandemia.
Frente al rechazo de la propuesta salarial del gobierno, desde el SUTE se comenzó a debatir entre los docentes y se votó en el último plenario provincial la necesidad del NO inicio de clases, ya que el aumento que el gobierno quiere imponer, ni siquiera reconoce la inflación del 36% en todo el 2020. 

Trabajadores de la salud 

En Santa Fe el gremio mayoritario, SIPRUS FeSProSa no fue convocado por el gobierno de Perotti, quien negocia una oferta insuficiente con el gremio minoritario. Las bases de SIPRUS votaron masivamente un paro de 72 horas que se llevó a cabo del 19 al 21 de enero.  

En Tucumán la medida de fuerza de SITAS FeSProSa en reclamo de recomposición salarial se realiza por tiempo indefinido. Exigen el cese del sumario y que se retrotraiga el traslado de dos delegados del Hospital Centro de Salud, el más grande de la provincia, castigados por reclamar sus derechos laborales. 

En Río Negro, la delegación de FeSProsa y el movimiento de Trabajadores Hospitalarios Autoconvocados realizaron una movilización regional el viernes pasado en General Roca y llevó a cabo otra el jueves 21 en la ciudad de Viedma. La recuperación del salario perdido en 2020 encabeza los reclamos. 

También en el AMBA está latente la situación de conflicto. Las asambleas de diversos hospitales de CABA rechazaron el acuerdo a la baja firmado por los gremios oficiales con el gobierno de Rodríguez Larreta.  

En tanto en Buenos Aires, la CICOP exigió la convocatoria a la paritaria profesional para cerrar los acuerdos salariales del 2020. En el Hospital Posadas los trabajadores nucleados en CICOP FeSProSa declararon insuficiente el acuerdo con Nación que firmaron los gremios de la administración central, el cual provocó una pérdida del 10% en los salarios de los profesionales de la salud. 

La presidenta de FeSProSa, María Fernanda Boriotti, a la vez que reiteró el pedido de convocatoria a una Paritaria Nacional de Salud, afirmó: “El Estado nacional debe dar un paso adelante y en esta emergencia prolongar el bono estímulo para todo el 2021 llevándolo a $20.000 mensuales”. 

“La segunda ola encuentra a un personal sanitario público golpeado por las secuelas del COVID y los fallecimientos, agotado por la falta de licencias y desmoralizado por las rebajas del salario real. Es el momento de que el Gobierno nacional y los de todas las provincias y municipios den un paso al frente y pasen de los elogios vacíos a los hechos concretos.”, finalizó. 

Tras 9 días de encadenamiento, las trabajadoras organizadas en ATE y CTA-A de Misiones consiguieron la revinculación desde el 1° de enero. “La lucha nos devolvió el trabajo», afirmaron. 

Luego de ser convocadas por el área de Recursos Humanos del Parque de la Salud, llegaron a un acuerdo que prevé la recuperación de sus fuentes de trabajo. 

Las trabajadoras, enfermeras, radiólogas y mucamas, agradecieron el acompañamiento de organizaciones y sectores que a lo largo de estos días hicieron llegar muestras de solidaridad. «Fuimos reincorporadas, una vez más gracias a la organización, la lucha y la unidad», remarcaron. 

El 18 y 19 se realizó un paro en el Hospital Lucio Meléndez de Almirante Brown por la continuidad de trabajadores becados, falta de recurso humano en contexto de pandemia que afecta directamente la atención de pacientes COVID y por la reincorporación de 7 cesanteados. 

El médico del hospital Tornú y delegado de ATE, Gabriel Rosenstein, pidió que las escuelas no sean abiertas en la CABA cuando hay 1.500 casos diarios y aún no hay una vacunación masiva. Además, reclaman un incremento salarial paritario que supere a la inflación. 

«Larreta quiere volver a clases presenciales, pero no hay plan de vacunación», precisó. 

Asimismo, indicó: «Se vacunó al personal de salud de la ciudad con la Sputnik V pero no sabemos a cuántos porque no lo informan». 

Respecto de sus reclamos, Rosenstein remarcó: «En CABA nuestro salario perdió un 60% en los últimos 4 años». 

Hicieron un paro de 36 horas con movilizaciones que terminó con una oferta del gobierno para que les otorguen un incremento del 22 %. 

Entrevista a Martín Brat, delegado de GPS, tercerizados de AA 

No hay respeto por nada, ni siquiera por la vida de los trabajadores 

M.H.: Martín es delegado de los trabajadores y trabajadoras de la tercerizada GPS que el martes realizaron una medida de fuerza por paritarias y contra las sanciones ilegales por la actividad sindical. 

M.B.: Nosotros somos tercerizados de Aerolíneas Argentinas (AA) en el aeropuerto internacional de Ezeiza y Aeroparque. Somos 1.500 trabajadores y ayer hicimos un corte en la Autopista Ricchieri frente al peaje de entrada al aeropuerto. Son tres reclamos muy importantes, porque a partir de las obras que se empezaron a hacer en Aeroparque, la empresa impidió con el operativo de pasar todos los trabajadores a Ezeiza, el ingreso de los delegados. A pesar de tener un fallo judicial a nuestro favor, la empresa siguió incumpliendo y actuando como patrón de estancia, nos negaba el ingreso. En el día de ayer, con este corte que ya viene siendo una de las medidas de lucha que venimos tomando hace meses, finalmente se destrabó la impresora que se ve tenían trabada hace meses y nos hicieron las credenciales para entrar a Ezeiza. Estoy en este momento adentro del aeropuerto trabajando con mis compañeros, que es lo que corresponde porque nosotros fuimos votados por el 70% de los trabajadores. Esa es la actitud ilegal de esta empresa, que en vez de dar respuesta a los reclamos lo que hizo fue suspender a más de 130 trabajadores que habían participado de un paro el 21 de diciembre pasado porque la empresa ni siquiera pagaba el aguinaldo en tiempo y forma. Además, tenemos hace más de un año vencidas las paritarias, nosotros somos trabajadores tercerizados, tenemos un sueldo precarizado de menos de 40.000 pesos, yo este último mes cobré 35.000 pesos.  

M.H.: Recuerdo que te entrevisté en diciembre a raíz de un corte anterior, junto a los compañeros de LATAM, habían logrado una instancia en el ministerio de Trabajo con relación al tema salarial ¿cómo continuó eso? 

M.B.: Tuvimos la audiencia en el ministerio y no hubo ninguna respuesta. Tuvimos que hacer un nuevo corte como el del día de ayer. Dimos un primer paso, que es que nos dieran la credencial. Igual es importante porque ni siquiera venían cumpliendo los protocolos de higiene y seguridad para cuidar la salud de los trabajadores. Nosotros somos trabajadores esenciales, por lo tanto, que estén los delegados en el lugar de trabajo también tiene importancia desde ese punto de vista, porque tenemos problemas inclusive con eso. Ayer dimos un primer paso. Pero no tuvimos respuesta del ministerio. Nosotros además de que nos den las credenciales para ingresar buscamos que nos den una instancia de diálogo que sea regular no como la de la otra vez. Fue un solo día, contamos todo lo que pasaba, lo hicimos en conjunto con los compañeros de LATAM que son más de 1.700 despedidos. Ayer estuvo una delegación de los compañeros de LATAM, pero centralmente el corte fue de los tercerizados porque la situación era muy desesperada. Seguimos insistiendo para que se abra una línea de diálogo con AA, con el gobierno, con el ministerio de Trabajo y de Transporte incluso, porque la situación de los tercerizados no puede seguir así. Nosotros somos parte de la operativa que trajo la vacuna contra el Covid y que la distribuye nacionalmente. En los medios tratan a los trabajadores que somos parte de esa operativa como héroes nacionales, pero después no se conoce que en el día a día sufrimos un maltrato tremendo de estas empresas que actúan de la forma más ilegal que se pueda imaginar y con una soberbia de patrón de estancia que no tiene ley que los regule. Esa situación no se puede permitir. Ayer dimos un paso, pero la pelea sigue, porque nuestros sueldos siguen precarizados, porque las sanciones no se bajaron y porque el protocolo tampoco se termina de respetar. Hay compañeros que tuvieron contacto estrecho con Covid positivo y la patronal no respeta los aislamientos. No hay respeto por nada, ni siquiera por la vida de los trabajadores.  

Apps 

En Acceso Oeste a la altura del puente Santa Rosa, en el partido de Castelar, la autopista se cortó por ambos carriles. Fue llevado a cabo por los y las repartidores de delivery de las apps. La protesta sumó todos los reclamos, pero el principal fue el pedido de seguridad. También los trabajadores denunciaron las condiciones laborales y el hostigamiento policial. “Los pibes que trabajan como repartidores se presentaron en gran número para enfrentar a la policía cara a cara con el reclamo de que los dejen trabajar tranquilos ya que vos hacés unas cuadras y ves cómo la policía se encarga permanentemente de molestarlos. Los paran sin razón por control. Es normal que te paren más de una vez por día. Yo trabajo con la bicicleta no tengo moto y pedaleo alrededor de 50 kilómetros diarios para llevar a mi casa 700 pesos 800 pesos con suerte si la propina es buena. Rappi paga 40 pesos cada 2 kilómetros, pero contando desde que vos llegaste a la tienda a retirar el producto para realizar el envío. Si estás a 3 kilómetros del local no se cuenta ese trayecto, no te lo pagan. No olvidemos que somos trabajadores en negro muy precarizados a los que se les obliga a pagarse el monotributo porque las empresas para las que trabajamos que son parte de un gran conglomerado de empresas globales ni siquiera nos reconoce como trabajadores en blanco con salario mínimo, ni seguro de vida, ni con equipamiento mínimo, ni asignación de los vehículos, todo a lomo de los pibes que no paran de recaudar plata para estas 2 grandes empresas que pagan en negro salarios de hambre”, explicó un trabajador. 

Durante los últimos meses se desarrollaron negociaciones entre las empresas y el sindicato de delivery Assim que fracasaron.

Por su parte, la AFIP elaboró un proyecto de ley cuyo propósito es normalizar la recaudación de los aportes previsionales que propone un régimen similar al de la construcción o la creación de un monotributo especial que no resuelve la ausencia de relación laboral y la responsabilidad empresaria. 

Mientras tanto, Rappi anunció su alianza estratégica con Visa para el lanzamiento continental de la “SuperApp”, para ofrecer servicios financieros en Colombia y México, pero con intenciones de extenderse a los nueve países de la región en los que ya opera. 

Rappi se propone hacer uso de la inmensa base de datos (direcciones, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, hábitos de consumo) que acumula desde 2015 cuando empezó a operar y que incrementó durante la pandemia. 

En el mismo camino Pedidos-Ya ya activó PedidosYa Pay, que permite asociar tarjetas de crédito propias al pago de sus pedidos. 

De esta manera las apps abren un nuevo frente de pelea con el gremio bancario que reclama el encuadramiento de toda actividad vinculada a las operaciones financieras. 

Este jueves, los trabajadores se movilizaron hacia el puente Antártida, donde funcionan las oficinas de Pedidos Ya en la capital cordobesa. Denunciaron que el básico no aumenta hace meses y que el aumento de la inflación y del combustible que lo paga cada trabajador, hace imposible llegar a fin de mes. Exigieron una recomposición del 100% en el cobro de los pedidos 

Algunos salarios llegan a no más que $ 20.000 al mes y además aumentó el monotributo. Recordemos que estos trabajadores y trabajadoras, en su mayoría jóvenes, han sido esenciales durante la pandemia, han trabajado como cadetes garantizando que lleguen desde alimentos hasta medicamentos a las casas de toda la población. Hoy pedidos Ya en Córdoba es la empresa más grande de aplicación luego de absorber a Glovo. Luego de la importante acción que involucró a más de 100 trabajadores la empresa se comprometió a recibirlos el viernes. 

Se reglamentó el teletrabajo 

El Gobierno nacional oficializó la reglamentación de la Ley 27.555 que establece el régimen del contrato de teletrabajo con precisiones sobre las condiciones de reversibilidad, el derecho a la desconexión digital, la compensación por gastos, la provisión de elementos y la representación sindical, entre otras cuestiones. 

Esta ley de Teletrabajo fue impulsada por el oficialista Frente de Todos en 2020 en el contexto de la pandemia de Covid-19 con fuerte resistencia de Cámaras empresariales que hallaron en el proyecto puntos inconvenientes para las patronales. 

El artículo primero de la reglamentación aclara que las disposiciones de la Ley Nº 27.555 no serán aplicables cuando la prestación laboral se lleve a cabo en los establecimientos, dependencias o sucursales de las y los clientes a quienes el empleador o la empleadora preste servicios de manera continuada o regular. 

Tampoco esta normativa tendrá alcance en los casos en los cuales la labor se realice en forma esporádica y ocasional en el domicilio de la persona que trabaja, ya sea a pedido de esta o por alguna circunstancia excepcional. 

La normativa establece un claro “derecho a la desconexión digital”, para evitar que las jornadas de actividad laboral de los trabajadores se excedan más allá de las horas pactadas de trabajo a diario. 

Cuando la actividad de la empresa se realice en diferentes husos horarios o en aquellos casos en que resulte indispensable por alguna razón objetiva, se admitirá la remisión de comunicaciones fuera de la jornada laboral. 

En todos los supuestos, la persona que trabaja no estará obligada a responder hasta el inicio de su jornada. 

“No se podrán establecer incentivos condicionados al no ejercicio del derecho a la desconexión. Los incrementos vinculados a la retribución de las horas suplementarias no serán considerados incentivos”, dice la reglamentación. 

La persona que ejerza el derecho a interrumpir la tarea por razones de cuidado deberá comunicar en forma virtual y con precisión el momento en que comienza la inactividad y cuando esta finaliza. 

En los casos en que las tareas de cuidado no permitan cumplir con la jornada legal o convencional vigente se podrá acordar su reducción de acuerdo a las condiciones que se establezcan en la convención colectiva. 

Las personas que trabajan que hubiesen pactado la modalidad de teletrabajo desde el inicio de la relación laboral no pueden revocar su consentimiento ni ejercer el derecho a que se les otorguen tareas presenciales, salvo lo dispuesto en los Convenios Colectivos del Trabajo o en los contratos individuales. 

La provisión de elementos de trabajo no se considera remuneratoria y, en consecuencia, no integra la base retributiva para el cómputo de ningún rubro emergente del contrato de trabajo, ni contribuciones sindicales o de la seguridad social. La compensación de gastos, aun sin comprobantes, no se considera remuneratoria, en los mismos términos del artículo precedente. 

Por último, estipula que la representación sindical tendrá lugar en el establecimiento donde la persona que trabaja prestaba servicios presenciales con anterioridad. 

La ley resultó una respuesta tardía a la irrupción masiva del teletrabajo producida por la pandemia y las medidas de aislamiento. En rigor, la primera señal que dio el Estado a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) fue la de dejar sin efecto, dos días después del comienzo de la ASPO, la resolución 1552/12 de ese mismo organismo que obligaba a las empresas a garantizar herramientas de trabajo y seguridad a los empleados que trabajaran bajo esa modalidad. 

La reglamentación final que se conoció recibió duras críticas de parte de los abogados laboralistas que han estado detrás de la misma. Para Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AALL), “exhibe a las claras la posición que el sector empresario ha expresado durante el debate en el Congreso y que implica modificaciones sustanciales a los niveles de protección legal reconocidos en la norma legal reglamentada, en desmedro de las personas trabajadores”. 

León Piasek, integrante y referente de la misma organización, así como representante legal de entidades gremiales como el SiPreBA opinó que “es una reglamentación con claroscuros que denota un fuerte lobby empresario y una permeabilidad del ministerio de Trabajo”. Para Piasek, promueve una “delegación de cuestiones muy importantes a la negociación colectiva que demoran mucho tiempo y, como siempre en una relación asimétrica, es el empleador el que va a imponer sus condiciones”. 

Benzion por su parte recordó que desde la AALL denunciaron en su momento “la escasa protección que la ley reconoce a las personas trabajadoras y los distintos aspectos que debieron ser incluidos y no lo fueron para evitar cualquier perjuicio que esta modalidad puede ocasionarles”. Pero para Benzion, “la reglamentación que se publicó hoy va más allá, avanzando sobre algunos derechos que la ley establece y que se ven limitados, cuando no suprimidos en la práctica”. 

De hecho, señaló, “inexplicablemente excluye del ámbito de aplicación de la ley, a quienes realizan esta modalidad de forma esporádica u ocasional, cuando la ley no realiza ninguna distinción ni exige requisitos de permanencia en la modalidad de teletrabajo, para que el nuevo régimen sea aplicable”. 

Del mismo modo la nueva norma limita el derecho de desconexión habilitando a las empresas a que se contacten con el trabajador fuera de su horario de trabajo en caso de usos horarios opuestos o cuando se justifique “objetivamente”. Para la dirigente de los y las abogados “ningún trabajador está en condiciones de discutir el criterio de las patronales, a menos que esté dispuesto a perder su puesto de trabajo”. 

En esa sintonía, “la ley establece el derecho de interrupción de la jornada, sin condiciones y sin límites y aquí, la reglamentación, agrega que en los casos en que las tareas de cuidado no permitan cumplir con la jornada legal o convencional vigente se podrá acordar su reducción de acuerdo a las condiciones que se establezcan en la convención colectiva. Para Benzion, en la práctica, “aun cuando su sindicato logre una reducción de la jornada para estos casos, no se garantiza el mismo salario que para la jornada completa”. Generando “la disyuntiva de renunciar al salario para cuidar o dejar sin atención a la persona que necesita los cuidados. 

Al mismo tiempo en su articulado la reglamentación condiciona el derecho a la reversibilidad de la modalidad que estaba presente en la ley original y que daba a entender que era un derecho unilateral del trabajador mientras que, en su aplicación, admite que el trabajador debe invocar “una motivación razonable y sobreviniente para volver a la presencialidad”. 

Piasek indicó que “la reglamentación condiciona la reversibilidad a la buena fe que deben tener las partes, y plantea un requisito de ‘razonabilidad’. Pero en general lo van a interpretar los empleadores a quienes les concede 30 días para expedirse. Va a traer muchos conflictos y dificultades”. 

Para Benzion “sabemos que los criterios de razonabilidad no son diseñados en conjunto por las partes de un contrato de trabajo sino impuestos por la parte empleadora” y, continúa, “se da a la parte empleadora el derecho a determinar si la razón invocada por el trabajador es razonable”. El concepto de “sobreviniente”, exige el surgimiento de un hecho nuevo “que fuera inexistente al momento de pactarse la modalidad de teletrabajo”. El espíritu de la ley, por el contrario, concedía al trabajador el acceso voluntario a esa modalidad, así como su reversibilidad. 

Para Benzion, por eso, “el derecho de reversibilidad consagrado en la ley, resulta de hecho derogado, dejando su ejercicio librado a la resistencia que el trabajador o su sindicato”. 

Por último, la reglamentación ratifica el reconocimiento de la obligación de las patronales de proveer los instrumentos de trabajo, así como de sus costos y la compensación de gastos. Sin embargo, establece el carácter no remunerativo de esas sumas colocando “a las personas que realicen teletrabajo es desventaja respecto de las que lo hacen de forma presencial y reciben prestaciones en especie que sí son consideradas remunerativas a todos los fines”. 

En la misma línea el artículo 14 de la ley se encuentra referido a higiene y seguridad laboral y a las enfermedades profesionales sujetas a la cobertura por ART. Benzion destaca que “la reglamentación encomienda la elaboración de un estudio y agrega la palabra ‘eventual’ a la obligación de incorporar estas enfermedades al listado mencionado” dejando “librado al criterio de la Superintendencia de servicios de Salud y al lobby que sobre el particular puedan ejercer las ART, su inclusión o no en la protección”.  

Para Benzion “han quedado sin reglamentar algunos aspectos fundamentales, tales como la capacitación al personal, jornada de trabajo, sistemas de control y derecho a la intimidad, los que plantearán dificultades a la hora de exigir su cumplimiento, precisamente, por no haber sido reglamentados”. León Piasek indicó que “la capacitación es un tema que debe estar a cargo de las empresas para evitar la discriminación sobre trabajadores que no hayan podido capacitarse con las innovaciones tecnológicas que vayan surgiendo. En esto también la reglamentación juega en contra”. 

En términos generales la reglamentación de la ley refuerza la idea de que la imposición de avances de los empleadores sobre los trabajadores dependerá en gran medida de la resistencia que puedan imponer estos últimos en los lugares de trabajo. En efecto, muchos de los límites que pone la ley son suavizados en la reglamentación, planteando que ellos pueden ser relativizados cuando existan circunstancias “excepcionales”, “objetivas”, “esporádicas”, etc., que lo justifiquen. Si bien se trata de excepciones a la regla, lo cierto es que la reglamentación abre la puerta y le ofrece a los empleadores un marco de legalidad para desnaturalizar los derechos que reconoce la ley. El trabajador podrá oponerse planteando que no se verifican los supuestos previstos por la ley, pero para hacer efectivo su reclamo tendrá dos vías a su alcance: la acción colectiva o el inicio de un reclamo judicial. Este último es prácticamente inviable estando vigente la relación laboral, por lo que solo queda a mano el impulso de la acción colectiva. Si ella, por la razón que fuere, no es exitosa, lo cierto es que la reglamentación le habrá entregado un viso de legalidad a los empleadores para que recurran libremente al teletrabajo sin estar preocupados por muchos de los límites que impone la ley, aun cuando estos ya eran muy laxos en el texto. 

#HipotecadosUVA 

El reclamo de la organización Hipotecados UVA se reactualiza a medida que se acerca febrero, cuando finalizará el congelamiento de las cuotas establecido en 2020. Las familias hipotecadas atraviesan una situación habitacional insegura, ya que corren el riesgo de ser desalojadas ante la imposibilidad de pagar un aumento en las cuotas. 

Paola Gutiérrez, integrante de Hipotecados UVA Auto convocados, empleada pública, explicó que “Calculando la cuota desde enero de 2021 a diciembre 2021 va a subir un 60% por el plan de convergencia y esto es muy complicado porque no hay paritaria que llegue a esa cifra”. Además, afirma que las familias están atravesando una situación de endeudamiento estructural: “lo primero que hacés cuando cobrás un sueldo, es pagar la cuota de tu crédito hipotecario, después te endeudás con un montón de cosas más”. 

Los hipotecados agrupados denuncian que los créditos son una “usura” y que solo se benefician los Bancos. El beneficio en números es bastante claro: Paola sacó su crédito con una cuota de $9.800 en noviembre de 2017 y la cuota al día de hoy, si no estuviera congelada, sería de $30.000: “saqué 2 millones, debo 6 millones. Es insostenible para las familias hipotecadas”. Esta diferencia en el monto se explica por la ley de indexación, la cual estipula que el monto esté atado a la inflación, sin ningún tipo de tope. Con esta lógica, frente a cada devaluación del peso, las cuotas aumentan al ritmo de la inflación. 

Piden que se extienda hasta el 31 de marzo el congelamiento de la cuota para encontrar una salida definitiva del sistema. Presentaron proyectos para poder salir del sistema y crear uno predecible con cuotas pagables en el tiempo, pero no obtuvieron respuestas. En la campaña que desarrollaron por Twitter exigieron respuestas de Jorge Ferraresi, Ministro de Hábitat de la Nación, de Luciano Scatolini, Secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y del Presidente Alberto Fernández, recordando sus promesas de campaña. 

En un informe publicado en diciembre de 2020, por el Centro de Estudios Legales y Sociales se alerta sobre la situación financiera de los hogares que alquilan viviendas en el AMBA: más del 65% vio restringidos sus ingresos en la pandemia y tuvo que endeudarse. El 80% tomó deudas para pagar gastos cotidianos, el 61% para devolver préstamos anteriores y el 54% para pagar expensas, servicios e impuestos. Casi la mitad destina una proporción cada vez mayor de sus ingresos a pagar el alquiler. 

En 2020 los alquileres duplicaron la inflación y las tomas de tierra en todo el país dejaron en evidencia el carácter estructural de una crisis habitacional que afecta a miles de familias trabajadoras. El aumento del desempleo y del empleo precario causado por el derrumbe económico y profundizado por la pandemia vuelve cada vez más difícil costear los alquileres y ni hablar de acceder a un techo propio. En Guernica, emblema de la lucha por “Tierra para Vivir”, la respuesta del gobierno fue el desalojo y la represión policial. Es urgente la pelea por un Plan Nacional de Viviendas que beneficie a las familias trabajadoras y no a los Bancos y la especulación inmobiliaria. 

Entrevista a Gigi de la Consejería de Vivienda, Fe de erratas, FM La Boca (90.1), 20/1/2021 

No vamos a seguir siendo los laburantes los que sigamos pagando el costo altísimo de esta crisis 

M.H.: Están demandando la extensión del Decreto de necesidad y urgencia 766. ¿Qué es lo que motiva este reclamo por parte de los integrantes de la Campaña#ProhibidoDesalojar”? 

G.: Tal como sucedió con el vencimiento del DNU 320 a fines de septiembre, la situación económica, sanitaria y social no ha mejorado para nada desde el comienzo de la pandemia, todo lo contrario. Con lo cual dar vencimiento a un decreto que suspende cierta parte de desalojos, congela los alquileres y prorroga los contratos de los alquileres, nos parece que no sería una solución muy acertada por parte del gobierno nacional. Lo que pasa también es que no es solo la prórroga del decreto sino también su ampliación para que comprenda todo tipo de desalojos y no solo los que son por falta de pago de contrato de alquiler. 

M.H.: Hay algunos datos que hablan de un 40% que no pudo pagar o lo hizo parcialmente y un 40.8% que tiene al menos un mes atrasado. Otro dato que me parece relevante son las subas de los alquileres que han sido muy por encima de la inflación. 

G.: Se habla en algunos casos de un 60% de aumento en lo que va del año y otro dato muy importante es que ahora rige la prórroga de los contratos, pero a la gente que quiere renovar le están pidiendo en algunos casos un aumento del 100% de lo que venía pagando. Con lo cual el escenario es bastante duro. Con respecto a las deudas que mencionabas, nosotros en el programa que estamos levantando y que estamos llevando mañana en una movilización al ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, se centra en dos puntos, uno que es el congelamiento y otro que es la deuda. Para empezar a la deuda se le está asignando un interés que es aproximadamente del 2%. Nos parece que ese interés no debería estar, que es completamente usurero, no tiene sentido. Y, por otro lado, el tema del congelamiento del precio de los alquileres. Ese congelamiento se le está haciendo pagar al inquilino al final del decreto. Y ese diferencial del alquiler congelado más la deuda con el interés solo nos dan entre 3 y 6 meses para pagarlo, obviamente con el alquiler correspondiente al mes y con el aumento mes a mes. En primer lugar, el congelamiento no lo tiene que pagar el inquilino, lo tiene que pagar el Estado en forma de subsidio, en caso de que el propietario tenga esa única propiedad en alquiler y sea demostrable que vive de ese alquiler, como pasa muchas veces con los jubilados. Ahora, si el alquiler es ganancia pura para un emprendedor inmobiliario, o inmobiliarias, estamos hablando de grandes empresas millonarias, tendrán que perder ese dinero. No vamos a seguir siendo los laburantes los que sigamos pagando el costo altísimo de esta crisis. Y finalmente sacando el pago del congelamiento de parte de los inquilinos y si tomando la deuda, pero sin interés, estos 3 a 6 meses nos parece que se hace muy corto para pagar, planteamos que se pueda pagar en 24 meses.  

M.H.: Ustedes convocan mañana a las 10:00 al Obelisco para desde allí movilizarse al ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat con estas demandas. Yo hoy tuve la oportunidad de ver algunos trascendidos de que se estaría analizando una prórroga dado que este DNU tiene plazo hasta el 31 de enero. 

G.: Efectivamente, aunque por ahora son trascendidos.  

Nuevo paro patronal 

Hace un par de semanas fueron los propietarios rurales. El 16 de enero comenzó un paro de propietarios de camiones encabezado por Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA). Se trata de una organización “independiente” que dice tener más de 2.000 miembros y no está alineada con ninguna de las Cámaras más importantes del sector. 

La medida ya comenzó a afectar a algunas industrias. “La fábrica está parada porque faltan piezas para terminar las unidades como consecuencia del paro de los camioneros”, dijeron desde Renault. Desde Fiat agregaron que “no nos llegan las piezas que vienen desde Brasil. Hay camiones que hace 20 horas están sin poder avanzar”. 

La Cámara Argentina del Acero también habló de problemas importantes: “como consecuencia de la medida de fuerza que bloquea el normal flujo de vehículos que operan entre las diferentes plantas del sector, comienza a manifestarse un faltante de productos semielaborados, necesarios para la fabricación y el abastecimiento de productos finales para varias cadenas productivas como construcción, agro, línea blanca y autopartes”. 

En los puertos cerealeros del Gran Rosario y Santa Fe “dentro de 48 horas se van a quedar sin stock de cereal para cargar los barcos a los que ya les dieron turno”, aseguraron trabajadores del puerto de San Lorenzo. 

Los cortes no llegan a todo el país pero ocupan vías estratégicas. Hay piquetes en Provincia de Chaco, San Juan, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, entre otras. 

El primer reclamo de este sector de propietarios de camiones es por los costos. Como explicó Santiago Carlucci (presidente de TUDA) “en enero el seguro automotor aumentó el 30%, la patente un 45%, la técnica un 45% y el peaje de entrada a Buenos Aires otro 45%. Si hacés el cálculo ya tenés un 120% de aumento, más tres subas de combustible en dos meses, y una nueva programada para el 20 de enero. Se espera que al menos el 20% del padrón automotor de carga quede parado por no poder afrontar estos costos logísticos”. 

También difundieron un petitorio de reclamos que incluye aumentos y regulaciones en las tarifas, rebaja de impuestos y otras medidas. Entre ellos solicitan la reforma de la Ley Nacional de Cargas N° 24653, con el objetivo principal que es hacer valer la tabla referencial de carga, la creación de un cuadro tarifario, aumentos de los fletes según un índice común, que la tarifa por kilómetro sea hoy de un mínimo de 85 pesos, que el Estado tome intervención en el valor del gasoil, así como la realización de obras de infraestructura vial y hasta el pedido al Ministerio de Defensa y Seguridad de la Nación, que “desarrolle un plan de seguridad para el transporte”. 

La medida está anunciada “por tiempo indeterminado” y solicitan una reunión con el gobierno nacional. 

Más de las patronales 

Según un informe de la Universidad de Avellaneda, 2 de cada 3 rubros industriales produjeron en noviembre 2020 más que en noviembre de 2019. La utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera alcanzó el 63,3% en noviembre y registró su valor máximo en 25 meses.  

El presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines, Miguel Di Betta, confirmó que el pan subirá entre el 10% y el 15%. 

En declaraciones radiales, el dirigente informó que la suba se debe al aumento en los insumos como la margarina y la harina.  

“Hace 15 días la bolsa de harina costaba 1.400 pesos. El viernes costaba 1.800 y sin entrega», apuntó.  

Fuentes: Infogremiales, Anred, Tiempo Argentino, Clarín, Página/12, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, Resumen latinoamericano, La Izquierda Diario, APU, Infobae, Fe de erratas, FM La Boca (90.1), miércoles de 9:00 a 10:00.