El Gobierno argentino mantendrá el aislamiento social a nivel nacional más allá de domingo 26, mientras avanza en la idea de una cuarentena administrada en la que se seguirán habilitando áreas y actividades que no representen riesgo de contagios, principalmente en zonas del interior del país donde el virus covid-19 no circula.
En el inicio de los meses más fríos, la idea de una vuelta a la vida normal con los niños en clases y adultos mayores caminando por las calles parece todavía lejana. Ahora el pico de contagiados se aguarda para junio y se espera que sea «muy chatito», pero ese dato dependerá de lo que se haga durante mayo.
De los 3.144 casos de covid-18 registrados en el país, 866 son importados, 1.346 son contactos estrechos de casos confirmados, 618 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. El total de muertos ascendió al 21 de abril a 151.
Los gobernadores de los estados coinciden con el presidente Alberto Fernández en mantener el aislamiento, dados los buenos resultados, pero también están ansiosos de que las golpeadas economías regionales vayan saliendo del parate y solicitaron que asícomo se habilitó la obra pública también se le de luz verde a la construcción privada.
El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en manos de la oposición macrista, dio marcha atrás la resolución que limitaba drásticamente la circulación por la vía pública de los mayores de 70 años durante la cuarentena, luego que la justicia la declaró inconstitucional y violatoria de los derechos y garantías.
Mientras, el Gobierno nacional ratificó que ampliará y flexibilizará los programas para ayudar a las empresas, incluidas las que tienen más de cien trabajadores, aportando al pago de salarios, con el fin de impedir las suspensiones o despidos, y estableció créditos a tasas cero para los empleados independientes y monotributistas que no tengan otro trabajo ni inversiones.
La administración de Alberto Fernández ya había tomado fuertes medidas de protección para los sectores sociales más afectados por la alta cifra de pobreza heredada del pasado Gobierno neoliberal de Mauricio Macri.
Las medidas para proteger el empleo en la pandemia vienen frenando el aumento de los despidos.El primero de abril el Gobierno prohibió los despidos por 60 días, y ahora anunció el pago del 50 por ciento de los salarios de los trabajadores de las compañías que demuestren una sensible caída de las ventas, aprobó créditos para el pago de sueldos de unos cinco millones de trabajadores y habilitó créditos a tasa cero para los monotributistas o autónomos.
Adicionalmente, pagará cerca de ocho millones de Ingresos Familiares de Emergencia para los trabajadores informales y autónomos y unos 130.000 seguros de desempleo. Si a esto se suma el empleo público, se visualiza una cobertura muy extendida, de casi todo el universo de la población económicamente activa.
Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, aseguró que con estas medidas, a las que se destinará el equivalente a tres por ciento del PIB, habrá mayor certidumbre cuando se supere la crisis generada por la pandemia del Covid-19. Lo que intenta el Gobierno es evitar que se rompan los contratos de trabajo, cuando algunos sectores negocian suspensiones, lo cual no garantiza la preservación de la fuente laboral.
Todas las empresas podrán acceder a este beneficio denominado ‘salario complementario’, que será equivalente a 50 por ciento del salario neto del trabajador, con un piso de un salario mínimo y un tope de dos mínimos. Se calcula que ocho de cada 10 trabajadores van a estar cobrando la mitad o un poco más del salario a través de la Administración Nacional de de Seguridad Social.
De esta manera, 420 mil empresas (de un total en el país de 600 mil) ya se inscribieron para recibir el beneficio. El Gobierno decidió también que se mantendrá la postergación en el pago de contribuciones patronales.
Contenidos los despidos, el efecto más generalizado del primer mes de confinamiento es hoy la reducción de los salarios.Al 15 de abril el número de empleados que sufrieron reducciones en sus salarios ya supera los 287 mil casos, 30 veces más que dos semanas antes.
Obviamnte, la situación económica de los empleados formales perjudica la de laeconomía popular, porque si se gana menos, sencillamente se gasta menos. Y una de las premisas es mantener funcionando, aunque se a media máquina, la economía del país.
Esteban Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), señala que el sector organizado ha podido construir alrededor de 10.000 comedores en el país sostenidos por vecinas que han abierto las puertas de su casa para que los niños y niñas no pasen hambre.
“Están dadas las condiciones para discutir una planificación estratégica del Estado, distinta a la que se viene desarrollando en el país, Latinoamérica y el mundo. Queremos trabajo, pero también ser parte de un planteo que no ponga el eje estrictamente en el consumo guiado por las grandes corporaciones”, señaló Castro.
Rubén Armendáriz. Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)