El Gobierno insiste en plantear una estrategia en el campo previsional que, por un lado, privilegia el aumento del haber mínimo (aspecto positivo), pero que deteriora al resto de los jubilados sin hacerse cargo de los problemas presentes y futuros que exhibe un régimen previsional que requiere una inmediata reforma.La decisión de incrementar un 20% […]
El Gobierno insiste en plantear una estrategia en el campo previsional que, por un lado, privilegia el aumento del haber mínimo (aspecto positivo), pero que deteriora al resto de los jubilados sin hacerse cargo de los problemas presentes y futuros que exhibe un régimen previsional que requiere una inmediata reforma.
La decisión de incrementar un 20% el haber mínimo y un 11% al resto de las jubilaciones consuma, una vez más, un proceso de distribución del ingreso al interior del propio gasto provisional y entre los propios jubilados. El Gobierno hace mínima la inversión en Seguridad Social, financiando el aumento en el poder adquisitivo del haber mínimo con el deterioro de las jubilaciones que ostentan el ‘privilegio’ de percibir más de $ 400. Es esta estrategia la que explica por qué, a finales del 2005, el gasto provisional era aún un 32 % inferior (en moneda constante) al de 1998.
Como consecuencia de esta estrategia, el achatamiento de las jubilaciones define que hoy 1.840.962 jubilados perciben el mínimo pero, además, la proyección de los datos censales permite aseverar que el 37% de la población mayor no tiene cobertura (1.739.309).
Por lo expuesto, en la Argentina de hoy el 76,4 % de los mayores (3.580.271) o no tienen cobertura o cobran el haber mínimo. Así mismo, el mantenimiento sin cambios del régimen provisional privado de Fondos de Pensión, donde solo el 39 % de los afiliados se mantiene como cotizante, determina que a futuro el 60 % de la población activa tendrá serias dificultades para jubilarse.
Cabe consignar que la situación no es el resultado de condiciones de restricción en materia de recursos sino la consecuencia expresa de una decisión. Aún con el otorgamiento de este aumento, la partida presupuestaria correspondiente al gasto provisional y el superávit del que dispone el ANSES reúnen, juntos, más de $ 6.000 millones disponibles, con los que se podrían otorgar dos aumentos más, equivalentes al recientemente otorgado.
Es decir, recursos sobran, lo que no abunda hasta el momento es la decisión de garantizar la universalidad del derecho a jubilarse y de promover el necesario replanteo del régimen provisional resultante de la experiencia neoliberal.