M.H.: En la primera semana de agosto hicieron una conferencia de prensa. J.: Fue una conferencia de prensa para reinstalar el tema porque la causa no está yendo bien. Hicimos una presentación a la Cámara de Apelaciones, buscando que un Juzgado de apelaciones revierta la decisión del juez de no procesar a los dueños de […]
M.H.: En la primera semana de agosto hicieron una conferencia de prensa.
J.: Fue una conferencia de prensa para reinstalar el tema porque la causa no está yendo bien. Hicimos una presentación a la Cámara de Apelaciones, buscando que un Juzgado de apelaciones revierta la decisión del juez de no procesar a los dueños de las marcas.
El incendio ocurrió el 30 de marzo de 2006, se investigó a los dueños de las marcas para los que trabajaba el taller, se los dejó en libertad y el juicio finalmente se hizo 10 años después.
Se llevó a juicio a los encargados del taller y se los condenó a 13 años de prisión por el delito de reducción a la servidumbre. Ese mismo juzgado que condenó a los encargados del taller ordenó volver a investigar a los dueños de las marcas porque durante el juicio surgieron más pruebas de su vinculación con el delito.
El problema fue cuando se sorteó la causa porque la investigación cayó al mismo fiscal y al mismo juez que ya los habían investigado y que tardaron un año y medio en empezar a hacer algo con la causa. Finalmente la fiscal hizo muy poco. Ignoró toda la evidencia presentada por la querella, tanto la fiscal como el juez y, finalmente, dictó un fallo diciendo que no había mérito para procesar a los dueños de las marcas pero tampoco para sobreseerlos, es decir, que la fiscal tenía que seguir investigando.
El problema es que la investigación está en un punto muerto, porque la fiscal no está llamando a declarar a los trabajadores, por ejemplo, que son los que durante el juicio declararon que veían a los dueños de las marcas permanentemente en el taller. La fiscal tampoco está teniendo en cuenta la información que le presentamos, entre otras, los nombres de las marcas con fotos en el taller, fotos de los jeans de esas marcas en el taller. La Fiscal buscó esas marcas y no las encontró, pero no las encontró porque las tipió mal. Nosotros habíamos presentado la información con los nombres de las marcas muy claramente.
Hasta ahora el trabajo de la fiscal ha sido muy deficiente, el juez también parece tener una decisión tomada. Por eso se apeló esta decisión del juez pidiéndole a un Juzgado de apelaciones que procese a los dueños de las marcas. El juzgado no dio a lugar, dijo que siga todo como está, pero que la Fiscal preste atención a las pruebas presentadas por la querella.
Las fiscalías están sobrepasadas de trabajo, queremos creer que hay algo de esto, pero creemos que la fiscal tiene que poner más voluntad para ver cómo fueron los hechos. Porque en este caso tenemos muy clara la vinculación de los dueños de las marcas con el taller. La habilitación del local estaba a cargo de ellos y luego se produjo el incendio.
M.H.: Estamos hablando de la Fiscal Betina Botta y el Juez Baños del juzgado Nº 27 y de los empresarios Daniel Fischberg y Jaime Gueiler. Me gustaría que nos recordaras los hechos que motivaron este juicio.
J.: El incendio se produjo porque había 64 personas viviendo en un taller de costura. En la planta baja estaba el taller y en el primer piso había 64 personas viviendo. Cuarenta eran trabajadores y el resto eran sus hijos. Se produce el incendio por un recalentamiento. Las familias vivían en espacios de 2×2 separados por maderas o telas, había cables colgando tanto donde estaban las máquinas como en el piso de arriba. Y una instalación eléctrica que era evidente que iba a llevar a un problema de este tipo.
La negligencia era absoluta por parte de los encargados del taller y de los dueños de las marcas por no inspeccionar, ya que están obligados a inspeccionar a los talleres a los cuales subcontratan, tanto Fischberg y Geiler como todas las marcas que subcontratan. Hubo un recalentamiento en un cable en donde había un televisor enchufado, comenzó un incendio, algunos pudieron bajar y hubo 5 chicos y una mujer de 25 años que no pudieron salir. Esto fue el 30 de marzo de 2006 y desde entonces todos los años se conmemora este aniversario frente al taller con algunas actividades.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ejerce ningún control
M.H.: Este tipo de producción, en estas condiciones ¿es normal? ¿Qué tipo de control ejerce el gobierno de la ciudad de Buenos Aires?
J.: El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ejerce ningún control en absoluto. Está absolutamente ausente y cada vez más. Durante el mes siguiente al incendio hubo una oleada de inspecciones y se cerraron alrededor de 100 talleres. Más allá de las inspecciones, que tampoco son una solución absoluta, hay que ver cómo se producen. La Policía generalmente trata a los trabajadores como si fueran delincuentes, los hacen tirarse al piso, ha habido denuncias de trabajadores a quienes la misma Policía le roba los celulares o plata durante las inspecciones.
Entonces, hay que revisar cómo se hacen esas inspecciones, porque al funcionar de esta manera los trabajadores ven a las autoridades argentinas como un problema, no como alguien que va a ayudarlos y a explicarles que tienen derecho a regularizar su situación laboral, a trabajar 8 horas, a resolver su situación migratoria y, sin embargo, la Policía no hace eso, los maltrata, entonces el trabajador ve en el patrón a un defensor de su derecho de trabajo y del lugar donde está viviendo. Lo único que hace el Gobierno de la ciudad es eso.
En la subsecretaría de Trabajo hay una división de Trabajo a domicilio que es la que regula y tiene que llevar un registro de los trabajadores a domicilio e inspeccionar los talleres. Hay una ley que establece que cuando una vivienda es alquilada para producir por encargo de un tercero, entra en la categoría de trabajo a domicilio y tiene una regulación específica que busca dar una protección mayor a los trabajadores que la ley laboral más grande, que abarca todo el abanico, que es la Ley de Contrato de Trabajo. O sea que este sector tiene una ley específica para proteger mejor a los trabajadores pero no se aplica. Y el órgano de aplicación es el Gobierno de la Ciudad, pero también el gobierno nacional y la justicia.
M.H.: ¿Podemos cuantificar este tipo de talleres?
J.: Es muy difícil. En algún momento se habló de 5.000 talleres en toda la Ciudad. Desde ya que está el taller verdaderamente familiar, de una pareja o una mujer que trabaja en su casa, o que algún familiar directo va a ayudarle y le pagan en las condiciones que corresponde hasta, por ejemplo, en Villa Celina, donde hay talleres muy grandes donde se trabaja en terribles condiciones, no encerrados, pero sí en condiciones peores que las del sudeste asiático.
Yo tengo más o menos cuantificados los trabajadores que trabajan en talleres que llamaría clandestinos, aquéllos que si cae una inspección hay que cerrarlos inmediatamente porque hay riesgo de vida, son talleres donde hay gente viviendo y hay cables colgando o la propiedad se está por derrumbar, etc. Tengo calculados alrededor de 50.000 trabajadores de indumentaria en esas condiciones, en las que hay riesgo permanente de vida, estamos contando las horas para que se vuelva a producir algo como lo de Luis Viale y no se está actuando al respecto.
M.H.: ¿Cómo sigue esto?
J.: Desde la Campaña vamos a intentar contactar a la Fiscal porque tenemos mucha preocupación y hemos participado mucho en el juicio. Creemos poder aportarle algo a la fiscalía. Hay algunos que saben bastante del tema de la reducción a la servidumbre y de la regulación entre fábrica, taller y trabajadores, entonces hay mucho para aportar, material escrito, documentos técnicos que pueden ayudar a entender mejor esta cuestión que a veces puede ser compleja. Esperamos que la Fiscal nos reciba para poder acercarle estas pruebas y que puedan llegar a una decisión que sea realmente justa.
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