El jueves 2 de octubre, el Senado de la Nación tratará la insistencia de la norma que fue vetada por el presidente Javier Milei, junto a la Ley de Emergencia en Pediatría. Por este motivo habrá convocatorias en todo el país. En la Plaza Congreso, se hará una radio abierta a partir de las 13:00. En este marco, docentes de la Universidad de Buenos Aires adelantaron que harán paro activo con asambleas, clases públicas y cortes de calle, entre otras acciones, los días previos a la sesión.
Cabe recordar que hace dos semanas la Cámara de Diputados votó a favor de la insistencia de ambas leyes. La Ley de Emergencia Pediátrica obtuvo 181 votos a favor y 60 en contra, mientras que la Ley de Financiamiento Universitario tuvo 174 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones.
El jueves 2 de octubre será el turno de la Cámara de Senadores. Una jornada que será acompañada por movilizaciones en todo el país, principalmente frente al Congreso de la Nación. Si el Senado confirma la insistencia de las leyes, el gobierno se verá obligado a promulgarla.
Los docentes agrupados en la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA) resolvieron un plan de lucha para los días previos a la sesión que incluirá paro activo con asambleas, clases públicas y cortes de calle, entre otras acciones, el lunes 29 y el martes 30 de septiembre, y el miércoles 1 de octubre.
La ley de financiamiento universitario contempla la recomposición del presupuesto universitario, la convocatoria de paritarias y la actualización de salarios de docentes y no docentes de acuerdo con la inflación.
Al respecto, Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA, expresó: “De implementarse la ley, nuestros salarios tendrían una recuperación del 41,26% respecto a noviembre de 2023”. De esta manera, un docente con un cargo de ayudante de primera con dedicación semiexclusiva (20 horas de trabajo semanales) cobraría en noviembre un salario bruto de 564.316 pesos.
“Seguimos movilizados porque, más allá de que el Senado rechace el veto, todavía resta que el Gobierno aplique la ley. Vemos con preocupación que no haya aplicado la Ley de Emergencia en Discapacidad (…). El Gobierno sostiene que no tiene recursos para aplicar las leyes al tiempo que cede presupuesto público eliminando las retenciones a cerealeras y patronales agrarias”, agregó.
Observaciones a los fundamentos del veto a la Ley de Financiamiento universitario
Compartimos el documento realizado por la Instituto de Estudios y Capacitación (IEC – CONADU) sobre lo que califican como “falacias y giros argumentales” que da el gobierno para seguir negando los fondos que corresponden a las Universidades Nacionales.
A través del Decreto Nº 647/2025 el gobierno nacional vetó, por segunda vez en su gestión, una Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria que incrementa el presupuesto universitario, becas estudiantiles y salarios para el personal docente y no docente.
A través de esa Ley, aprobada por ambas Cámaras por amplia mayoría, se busca recomponer el financiamiento universitario, que se encuentra drásticamente desactualizado después de dos años de prórroga del presupuesto nacional y de ausencia de convocatoria a la paritaria universitaria.
- La irregularidad de esta situación se agravó debido a que la prórroga no cumplió con lo establecido en la Ley de Administración Financiera, que en su artículo 27, establece que: “Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior”, con algunas condiciones entre las que se cuenta: “Incluir los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios” (inciso 2.c de la Ley Nº 24.156).
- El gobierno de Milei no sólo no incluyó los créditos presupuestarios necesarios para asegurar la continuidad de las actividades de las Universidades Nacionales, sino que aprovechó la particularidad de contar por dos años seguidos con un presupuesto de prórroga que subvalúa los recursos que ingresarán en el Estado Nacional, para luego distribuirlos de manera discrecional a través de Decretos de Necesidad y Urgencia.
- Así lo hizo por ejemplo, a través del DNU Nº 425/2025 de junio de este año, donde incrementó el cálculo de recursos en $43,9 billones (+49,8%) y el gasto total en $31.4 billones (33,2%), suplantando al H. Congreso de la Nación, a quien por la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional se reservan las decisiones que afecten, entre otros, el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto. (Ley Nº 24.156, Art. 37).
- A lo largo de este año, lejos de haber congelado el presupuesto nacional porque “no hay plata”, el gobierno lo aumentó en casi 50% por la parte de recursos y 33% en los gastos. Pero, al no consultar al Congreso y resolverlo vía DNU, distribuyó esos excedentes de manera discrecional y arbitraria. De esta manera rubros como Inteligencia crecieron 41,6%, mientras que los créditos destinados a Educación y Cultura aumentaron menos de la mitad (18,6%).
- Otros rubros priorizados por la administración Milei son “Seguros y Finanzas” (80,6%), Judicial (36,3%); Defensa (28,8%), y Seguridad Interior (25,2%), y especialmente “Servicios de la Deuda” (19,6%), que en términos nominales, recibió el doble de recursos adicionales que la finalidad educativa.
- Por último, es falaz el argumento que se utiliza para justificar el veto cuando se dice que la Ley no cumple con “el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional” que exige que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
- El proyecto aprobado por ambas cámaras definió claramente que el proyecto puede financiarse “con los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados (o prorrogados) como ingresos”, tal como hace ahora en otros rubros el Poder Ejecutivo utilizando de manera ilegítima los DNUs e ignorando la opinión del Congreso.
- Cabe aclarar que por este método arbitrario y discrecional de asignar los recursos presupuestarios se ha reducido a mínimos históricos el financiamiento al sector educativo, y en particular de las Universidades, que ha llegado en este 2025 a sólo 0,51% del PBI, después de alcanzar al 0,72% en 2023 y 0,85% en 2015.
- Los considerandos del Decreto de veto señalan que “entre diciembre de 2023 y julio de 2025 los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales se incrementaron un 128,49 %, mientras que en el mismo período la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 220,45 %.”. Y que “en consecuencia, adecuar las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades públicas en septiembre de 2025 para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025 implicaría otorgar un incremento salarial del 40,25 % sobre los básicos liquidados en julio de 2025.”. Esta es la cuenta que la Subsecretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Capital Humano no se atreven a discutir en paritarias.
- El Decreto no expone esa cuenta para reconocer la deuda con las y los trabajadores de las universidades, sino para intentar demostrar que la Ley no se puede implementar sin poner en riesgo la política fiscal del gobierno, enmascarando en un argumento técnico la decisión política de desfinanciar a la universidad y a otros sectores del Estado que deben asegurar derechos y bienestar a la población, mientras se asignan recursos a las áreas que cumplen funciones represivas, se protege al capital financiero, y se garantiza impunidad a la más escandalosa corrupción de la casta que habita la Casa Rosada y sus empresarios amigos.
- Entretanto, el 11 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa (DA) Nº 23/25, por el cual se dispone un recorte en el presupuesto de la Secretaría de Educación por $120.033 millones. El ajuste afecta el programa de Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes (-$44.270 millones), a las Universidades Nacionales (-$40.000 millones), Infraestructura y Equipamiento (-$12.451 millones), Información y Evaluación de la Calidad Educativa ($-8.282 millones); el INET (-$6.367 millones), Jardines Infantiles (-$5.130 millones); el programa de Gestión y Políticas Socioeducativas (-$1.585 millones), entre otros. El objetivo de estos recortes, que afecta a un total de 111 programas presupuestarios del Estado Nacional, es ampliar el Superávit Fiscal y compensar los incrementos que se otorgaron a 76 programas, entre los que se cuenta un incremento de $8.872 millones dirigidos a Educ.ar, empresa estatal a través de la cual hoy se pagan grandes contratos de servicios informáticos en el área educativa con empresas internacionales, firmados originalmente en la época del ministro Alejandro Finocchiaro y ahora se renovaron, con el gobierno de Milei. De esta manera, luego de este ajuste adicional el presupuesto educativo nacional, que había llegado a 1,44% del PBI en 2023 se ve reducido a 0,76% del PBI.
- La universidad pública es efectivamente inviable en el modelo de país que quiere el gobierno de Milei. La universidad pública argentina es democracia, soberanía y justicia social. Por eso el próximo miércoles 17 de septiembre marchamos en todo el país, y exigimos a quienes representan al pueblo argentino en el Congreso de la Nación que cumpla su deber rechazando el veto.
«Un proyecto para consolidar el ajuste universitario»
Así definieron desde el Consejo Universitario Nacional, que agrupa a las autoridades de las casas de altos estudios de todo el país, al proyecto de Presupuesto 2026 que el presidente Javier Milei presentó en cadena nacional. Aseguran que se trata de “una iniciativa sin novedades que consolida el ajuste sobre el sistema universitario”, ya que los 4,8 billones de pesos anunciados por el mandatario para las universidades el año próximo implican anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y quedan muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema.
“Dicho de otro modo –explican desde el CIN–, prácticamente, para el 2026 es igual presupuesto que para el 2025, un año que vivimos en peligro. Se presenta, entonces, un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”.
Se abrió la inscripción para el boleto universitario
Por Santiago Brunetto
Luego de casi diez meses de la aprobación en la Legislatura porteña de la ley de boleto gratuito universitario, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) reglamentó la norma y abrió el registro para que los y las estudiantes de ese nivel puedan acceder al boleto gratuito. Lo hizo después de que la Justicia se lo ordenara tras un amparo de los Centros de estudiantes, que ahora advierten que el modo en que el GCBA puso en marcha la inscripción es más restrictivo de lo que establece la ley original. Entre otros puntos, la reglamentación modificó los criterios para establecer qué estudiante es alumno regular sin respetar los que ya tienen definidos las propias casas de estudio.
La resolución que reglamentó la ley ya fue publicada en el Boletín Oficial porteño y ahora el GCBA habilitó la página web en la que es posible inscribirse en el nuevo régimen, que amplía la gratuidad del boleto estudiantil al nivel terciario, al universitario y al de formación técnico profesional de la educación superior. Hasta ahora el boleto gratuito sólo aplicaba para los niveles obligatorios de la educación.
La propia web indica que el boleto gratuito tendrá vigencia de lunes a sábados entre las 5:00 y las 24:00, durante el período lectivo efectivo, es decir excluyendo las vacaciones, y que se limitará a los días con cursada presencial. A continuación, la página advierte sobre los requisitos necesarios para poder acceder a la gratuidad, dos de los cuales ya estaban establecidos en la ley aprobada en diciembre del año pasado: tener residencia dentro de la Ciudad y pertenecer a un hogar encuadrado, como máximo, en la categoría de sector medio frágil según la clasificación actualizada del Instituto de Estadística y Censos porteño, que hoy lo ubica en un tope de alrededor de 1.9 millones de pesos por hogar.
Allí, sin embargo, aparece una modificación con respecto al texto de la norma, en lo que atañe al modo de confirmar la regularidad de los alumnos de las instituciones. La ley sólo hacía mención a que los beneficiarios deben «revestir calidad de alumno regular» bajo el criterio de cada universidad, mientras que la reglamentación establece criterios específicos para acreditar esa condición a excepción de los estudiantes de formación técnico profesional, que podrán ingresar sólo con acreditar la inscripción en los módulos curriculares.
Para los estudiantes universitarios y terciarios, en cambio, sí se fijan criterios especiales. Los ingresantes, por ejemplo, deben acreditar inscripción activa en materias presenciales del ciclo lectivo en curso y haber finalizado el nivel secundario sin adeudar materias. Los «avanzados universitarios», por su parte, deben acreditar «haber aprobado al menos tres materias en los últimos doce meses, incluyendo al menos una en el cuatrimestre o semestre inmediato anterior», mientras que los «avanzados terciarios» deben acreditar «haber aprobado la totalidad de las materias de su año académico anterior, debiendo contener el año académico un mínimo de tres materias».
Los criterios distan de los ya establecidos por la mayoría de los establecimientos, que ahora deberían comenzar a emitir constancias especiales que el GCBA denominó «Certificado Boleto Educativo». Isabel González Puente, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (Cefyl), indicó que, en el caso de la UBA, «los criterios para acreditar la regularidad son diferentes, lo cual hace imposible que podamos acreditarlo porque el certificado que expide la universidad no dice lo mismo que lo que ahora pide el GCBA».
«Por eso planteamos que tienen que respetar lo que establece cada institución porque la autonomía universitaria establece que es la universidad la que regula su funcionamiento, el padrón de estudiantes y los criterios de regularidad, que además son más que válidos: tienen que ver con haber cursado una serie de materias por año o haber rendido finales», sostuvo y agregó que «reclamamos que se implemente el boleto tal como lo dice la ley, sin que haya cambios arbitrarios y que dejen de poner excusas y palos en la rueda para acceder al boleto porque realmente la situación económica está muy complicada y hay estudiantes que ya no pueden ir a la facultad por el precio del boleto».
En conjunto con otros Centros de estudiantes como el de Ciencias Sociales, el de Ciencias Exactas y Naturales y el de Arquitectura y Urbanismo, el Cefyl es uno de los centros que protagonizan uno de los amparos judiciales que derivó en el fallo de primera instancia de julio, en el que el juez Francisco Javier Ferrer decidió otorgar la medida cautelar para ordenar al GCBA que cumpla con lo aprobado en la Legislatura. Tatiana Fernández Martí, secretaria general del Cefyl, que también presentó un amparo en el mismo proceso sostuvo que la reglamentación «deja afuera a miles de estudiantes», que «excede la ley aprobada», y que «no se corresponde con la realidad de la cursada, menos de quienes trabajan, y tampoco con las diferencias entre los planes de estudio de las carreras».
Fuentes del ministerio de Educación porteño sobre la decisión de implementar criterios específicos para la acreditación de alumno regular y respondieron que se busca «tener mayor seguridad de que el alumno está cursando». Además de esos criterios, la reglamentación también incluye un mecanismo de «verificación periódica y continuidad del beneficio» que, en el caso de los universitarios y terciarios, estipula que «la regularidad será verificada cuatrimestralmente».
El Consejo Interuniversitario Nacional rechaza el presupuesto 2026 de Milei
En tanto, desde Defendamos la Ciencia Argentina, que se autodefine como una «articulación de las actividades de Ciencia y Tecnología con un proyecto de desarrollo nacional inclusivo», compartió un gráfico que muestra las transferencias desde el Estado a las universidades nacionales desde 1996 hasta la actualidad, en donde se puede ver la extrema caída de las transferencias durante el gobierno de Javier Milei, a niveles equiparables a los de 2007 ó 2008.
Por Agustín Gulman
El ajuste que proyecta el Gobierno de Javier Milei en el Presupuesto que envió al Congreso para 2026 será un verdadero golpe mortal para las áreas de Ciencia y Tecnología. Se trata de dos sectores que desde la asunción del ultraderechista han sufrido drásticos recortes que dificultan la investigación y el desarrollo de proyectos y que han llevado a que cientos de científicos vuelvan a mirar con cariño a Ezeiza como la puerta de salida a una crisis que no hace más que agravarse día a día.
Así, el sistema científico agoniza entre falta de dinero para comprar reactivos o renovar equipos, becas que no cubren ni el alquiler de un monoambiente y un discurso que se ufana de pasar la motosierra por áreas que podrían aportar dólares, generar empleos y modificar la matriz productiva del país.
Motosierra para la ciencia
El presupuesto que Milei envió al Congreso va en contra de leyes sancionadas por el Congreso de la Nación que buscan garantizar un crecimiento sostenido de la inversión en ciencia y tecnología hasta alcanzar en 2032 el 1 % del PBI.
El proyecto anunciado por cadena nacional prevé eliminar los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (de 2021) que además prohíbe que el Estado invierta menos fondos que los de años anteriores.
Para la bioquímica Raquel Chan, investigadora del Conicet en la Universidad Nacional del Litoral, “no fue una sorpresa”. “Este gobierno no quiere que el Estado financie ni la salud, ni la educación ni la ciencia”, afirmó.
Chan es la responsable de una de las investigaciones más trascendentales del campo científico argentino: sus trabajos permitieron la producción del trigo HB4, con mayor tolerancia a las sequías, logrando una producción de alimentos más estable, reduciendo riesgos de inseguridad alimentaria y mejorando rendimientos en zonas afectadas por la falta de agua.
Esto es clave en un país que es afectado por períodos de sequías que producen daños al agro y la economía: en 2023 las exportaciones cayeron 18.000 millones de dólares.
Pero el camino de Chan no fue sencillo y, como ocurre siempre con la ciencia básica, requirió tiempo.
Sus investigaciones comenzaron en 1995, con apoyo del Conicet. Ocho años más tarde el trigo HB4, genéticamente modificado para resistir al estrés hídrico, fue patentado por una empresa privada, que escaló el proyecto. En 2020 fue aprobado por las autoridades y en la campaña de 2022 y 2023 se comenzó a utilizar comercialmente.
Sin embargo, hoy Chan observa un panorama desalentador.
“Este recorte implicará que los investigadores busquen otros horizontes”, dijo. Pero eso comenzó a verlo hace un año y medio, cuando la fuga de cerebros pasó de un temor a una realidad. “Se van los más jóvenes. Nos están sacando la alfombra de abajo de los pies. Con becas tan degradadas, los chicos se van a empresas o al exterior. Hay becas de Agencia que son de 700 mil pesos, no alcanza ni para un alquiler decente”, agregó.
Pero su laboratorio no es el más afectado, ya que forma parte de un proyecto estratégico. “Hace poco nos pagaron una cuota. Con mucho retraso, pero es mejor que no tener nada”, afirmó. “Hoy a casi nadie le dan subsidios, nuestro Instituto está sufriendo. Tenemos algún dinero por servicios especializados que ofrecemos a terceros y empresas y quedaron regalías. Podemos sostener el equipamiento, pero no sé por cuánto tiempo más”, lamentó la investigadora.
Motosierra en el laboratorio
Así las cosas, el sistema argentino de Ciencia y Tecnología agoniza mientras enfrenta el peor ajuste en su historia, entre despidos, recortes de becas y fondos para financiar proyectos y falta de recursos para sostener los institutos.
Un ejemplo: un año atrás, Chan debía comprar ella misma los productos de limpieza —una mopa y un escobillón, contó entonces— para que cada investigador limpie su espacio de trabajo. “Eso se resolvió. Ahora mandan (recursos), con restricciones y austeridad. Sí tenemos que comprar nosotros repuestos y pagar el mantenimiento de equipos, porque para eso no alcanza el presupuesto”.
“Al menos están pagando la luz”, aseguró con resignación.
En 2024, el ajuste fue de casi 33 % en comparación con 2023, según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Investigación (Ciiti) que dirige el exministro de Ciencia, Daniel Filmus. En Conicet, INTA y la Comisión Nacional de Energía Atómica el derrumbe fue de 20 a 28 %, según consignó. Los salarios cayeron un 30 %.
Además, la inversión en bienes de capital para ciencia se redujo un 65% en dos años. Sin equipamiento, los investigadores y las áreas de apoyo técnico ven seriamente comprometidas las posibilidades de desarrollar sus actividades.
Con el Presupuesto que envió Milei al Congreso además Argentina iría en contra de absolutamente todo lo que hacen los países desarrollados, incluso aquellos que admira el Presidente, como Estados Unidos e Israel, que invirtieron 3,5 % y 6,1 % de su PBI a investigación y desarrollo científico. Alemania, potencia europea, viene invirtiendo por encima del 3 % hace años. Y en Francia se ubica por encima del 2 % del producto bruto.
Más presupuesto para cambiar la matriz productiva
Lino Barañao, ministro de Ciencia bajo los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, también leyó con pesar el presupuesto para 2026 que Milei envió al Congreso, y advirtió que a largo plazo la Ciencia no está incluida como elemento de importancia para el desarrollo de la Argentina. “El sistema está en un proceso de destrucción. Incluso si aparecieran fondos —y hay millones de dólares ya otorgados por organismos internacionales— no hay gente capaz de adjudicar los proyectos ni administrar los fondos”, dijo.
La desinversión en ciencia podría llevar al país a una paralización total de un sistema que es fundamental para dar respuestas a grandes problemas del país, como enfermedades desconocidas, poco investigadas o cuyos descubrimientos y tratamientos sos esperados con esperanza por miles de personas, pero también para atender la restricción externa, la falta de dólares y una matriz productiva enfocada en un modelo extractivista.
Como el proyecto de trigo resistente a la sequía que desarrollaron Chan y su equipo, hay cientos de iniciativas científicas donde las alianzas público-privadas aportan al desarrollo económico, desde un yogur con probióticos que es protagonista en las góndolas de todos los supermercados del país hasta el acuerdo que hizo el prestigioso bioquímico Gabriel Rabinovich junto a la startup Galtec para diseñar medicamentos y terapias contra el cáncer cuyas pruebas de fase clínica comenzarán el año que viene.
Kits para detección rápida de enfermedades; producción de cerveza con levaduras nativas; desarrollo de celdas de combustible e hidrógeno; biofertilizantes y harinas fortificadas son algunas iniciativas donde el desarrollo de base fue de investigadores del sistema público que tras años de trabajo lograron el interés del sector privado.
“En los últimos años hubo inversiones importantes del sector privado de desarrollo tecnológico”, afirmó Barañao. “La idea es que el conocimiento llegue a la gente, con creación de empleos y promoviendo el ingreso de divisas”, dijo. “Eso se logra modificando la matriz productiva hacia una economía más basada en el conocimiento que en el modelo extractivo”, agregó.
Sin embargo, para Barañao el período es “crítico”.
“Confío en que habrá cambios. Es urgente recuperar la actividad científico-tecnológica para cambiar el perfil productivo del país y generar empleos de calidad, que es la función de la ciencia”, recalcó.
Para Chan, la situación es “penosa”. “Las empresas no van a invertir en ciencia. No lo hacen. En países que tienen gobiernos de derecha, la ciencia también la financia el Estado”, resaltó. “Ninguno de los investigadores que hacen grandes desarrollos como Andrea Gamarnik, Jorge Geffner, Rabinovich o yo misma salen de un repollo. Son casos de éxito, desarrollos novedosos, con posibilidades de ser productores del mercado y exportables”, sostuvo.
Pero “todos requieren dinero, porque sino, no llegan”, dijo Chan. “Los países que se desarrollan y logran subir su PBI y su bienestar son los que invierten en ciencia”, agregó.
Fuentes: Perfil, Red Eco Alternativo, Página/12, Anred
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.