-Mario Hernandez (MH): Buenas tardes Diosnel, no sé si tan buenas porque nuevamente junto al «Tano» Nardulli vuelven a estar imputados en una causa judicial. -Diosnel Pérez (DP): Y en una situación complicada porque se va a decidir si nos encuentran culpables, que es lo que están buscando. Para mí es indignante lo que está […]
-Mario Hernandez (MH): Buenas tardes Diosnel, no sé si tan buenas porque nuevamente junto al «Tano» Nardulli vuelven a estar imputados en una causa judicial.
-Diosnel Pérez (DP): Y en una situación complicada porque se va a decidir si nos encuentran culpables, que es lo que están buscando. Para mí es indignante lo que está pasando porque se trata de una persecución política. No tienen ninguna prueba en contra nuestra que seríamos los supuestos instigadores de la toma del Parque indoamericano en diciembre del 2010.
A uno le sorprende que luego de convocarnos como representantes legítimos en un momento de conflicto donde el gobierno no tenía interlocutores nos llamaron, a mí como presidente de la Junta Vecinal de la Villa 20 en ese momento. Junto al «Tano» Nardulli, fuimos a la primera reunión en Casa Rosada para discutir la salida a la ocupación, la solución que pasaba por tener una vivienda digna donde criar a sus hijos, discutimos y se comprometieron a poner $ 1 Ciudad por cada $ 1 que pusiera Nación para solucionar las carencias habitacionales de la gente que estaba ocupando en ese momento el Indoamericano. Hasta hoy no pusieron ni 10 centavos. Sí fueron asesinados tres compañeros y los policías responsables fueron sobreseidos por una supuesta falta de méritos. Me sorprende porque en la pericia balística que hizo Gendarmería encontró que en un 99,99% las balas que mataron a Bernardo Salgueiro partieron de una escopeta calibrada de las que usa la Policía Metropolitana.
Entonces me pregunto ¿qué es la justicia? ¿Es diferente para cada clase social? Estos asesinos ya quedaron sueltos y a nosotros que fuimos solidarios con los compañeros que estaban luchando por tener una vivienda digna nos persiguen hasta hacernos llegar a un juicio oral.
No es casualidad porque en la causa éramos seis imputados, uno era puntero político de Aníbal Fernández, el «Pitu» Salvatierra que sale por todos los canales de TV dando cátedra de tierra y vivienda, otro era Marcelo Chancalay, un mafioso que fue preso, pagó $ 50.000 y salió libre. Todo se soluciona con plata, hasta tenía armas en su casa y no lo encontraron culpable. ¿Con qué vara mide el fiscal Luis Cevasco, famoso por defender a los militares violadores de los Derechos Humanos durante la última dictadura?
Nosotros fuimos sobreseidos dos veces y este fiscal, mano derecha de Macri, sigue apelando la decisión de la jueza que ya nos concedió la libertad en dos oportunidades por falta de mérito.
También lo acompaña el Tribunal Superior que sigue aceptando las apelaciones. La actitud de la nueva jueza también es extraña porque a pesar de los sobreseimientos vuelve a abrir la causa.
Vamos a ver cómo llegamos al 16, 17 y 20 de octubre cuando sería el nuevo juicio. Nosotros nos vamos a presentar como siempre lo hemos hecho. Estamos seguros que no tienen ninguna prueba contundente en nuestra contra como dice nuestro abogado, desde el punto de vista legal, el tema es qué quiere hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Querrá tener un antecedente contra los llamados «usurpadores»?
Nosotros le vamos a responder políticamente porque queremos dejar en claro que no es la persecución contra Diosnel Pérez y el «Tano» Nardulli, sino contra todas las organizaciones sociales, contra los compañeros y compañeras que están luchando por sus derechos. El problema lo tenemos quienes habitamos en las villas. El gobierno de la Ciudad tenía la obligación de cumplir con la Ley 1770 de urbanización de las villas que desde el 2005 continúa incumplida.
Frente al desalojo del barrio «Papa Francisco», indigna que la sociedad no repudie el uso de topadoras porque le está diciendo que el ex intendente de la dictadura, Osvaldo Cacciattore, está cerca, ahí y en cualquier momento puede avanzar. Lo hizo con el barrio «Papa Francisco» pero puede seguir avanzando en las villas donde vivimos. Si vuelven a aparecer las topadoras, volveremos al trato que nos daban los militares.
Tampoco uno puede creer cómo funciona el gobierno. Después del Indoamericano esperábamos que se abriera una Secretaría de Vivienda, ese fue el compromiso que hicieron con nosotros en la Casa Rosada, en su lugar, una Secretaría de Seguridad militarizó todo el «Cinturón Sur» por seguridad, pero en realidad fue para controlar a la gente, para que no se organice y se quede en su casa. Mucha gente aprueba a la Gendarmería porque no entiende lo que está pasando.
El gobierno cada vez que reclamás por un derecho, te responde con balas, garrote y con la justicia. No sé qué decidirá esta jueza, pero creo que la justicia tiene que ser independiente del Estado y Luis Cevasco es la mano derecha de Macri; un fiscal no puede ser partidario de un gobierno. Ojalá la nueva jueza actúe como tiene que hacerlo la justicia, en forma independiente del gobierno.
MH: Llama la atención la figura legal de «caso atípico» para inculparlos nuevamente y no es casual lo que señalás sobre el control social en las villas porque es lo que está ocurriendo en Rosario. Insisto con este caso porque hace seis meses que está la Gendarmería en esa ciudad y no hay un informe oficial de cuántos narcotraficantes han sido detenidos, de cuánta droga incautaron y comienzan a haber fuertes denuncias que el objetivo fue el control social de los barrios humildes que rodean Rosario.
Vos mencionaste el caso del barrio «Papa Francisco». ¿En qué situación han quedado las 1000 familias que lo habitaban?
La gente de las villas ya sabe por qué, a dónde y cuándo va a salir a luchar
-DP: En la misma que las 13.800 familias que ocuparon el Indoamericano, en la calle, sin ninguna respuesta del gobierno, lo que se vio, que les tiraron las casas, los golpearon, a algunos los llevaron presos y al resto los dejaron tirados, como siempre.
No hay ninguna posibilidad de solucionar el problema habitacional de esa gente. Ahora hay un montón de compañeros que quedaron judicializados. Esa es la respuesta del gobierno: abrirte una causa judicial.
Ellos piensan que van a solucionar el problema enviando a la cárcel a los luchadores populares y no es así. El problema habitacional no se soluciona metiendo presos a los que luchan por tener una vivienda digna. Podrán ver a Diosnel, al «Tano» y otros 5 o 6 en la cárcel, pero te puedo asegurar que los compañeros no van a bajar los brazos por eso, no van a tener miedo por lo que nos pueda pasar a nosotros o a otros compañeros que ya fueron procesados y condenados por luchar y defender sus derechos.
La gente del «Papa Francisco» quedó igual que la del Indoamericano con promesas que nunca se van a cumplir. Además, después del desalojo, la Jueza Elena Liberatore ordenó a Mauricio Macri que urbanice la villa y cumpla con la ley. ¿Qué hizo el gobierno de la Ciudad? Apeló la decisión. ¿Por qué el gobierno puede apelar la decisión de una Jueza mientras 1000 familias fueron desalojadas por acatar la orden de otra Jueza sin posibilidad de apelación? ¿Por qué el Jefe de Gobierno puede eludir la ley una vez más, mientras a la gente la tiraron en la calle sin darle ninguna oportunidad de apelar la decisión judicial? Son las cosas que pasan, pero no por mucho tiempo, porque la gente ya está organizada.
-MH: Después de la carpa que se instaló en el Obelisco tengo la impresión que hubo un avance en la organización del movimiento villero, seguido por el Encuentro en Córdoba y la decisión de realizar una gran movilización en noviembre. Pero, ¿cuáles son las propuestas del movimiento villero para solucionar esta situación?
-DP: En nuestro caso, le presentamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por medio de la Facultad de Arquitectura de la UBA el plano de cómo tiene que hacerse la urbanización de la Villa 20. El saneamiento del terreno le iba a costar al gobierno $ 1.500.000 y nosotros que trabajamos junto a las facultades de Medicina y Arquitectura le pasamos un presupuesto de $ 150.000. Por eso te decía que la organización avanzó, no es gente que se deje llevar como animales, como dicen ellos, la gente ya sabe por qué, a dónde y cuándo va a salir a luchar.
Muchas veces los medios de comunicación instalan la idea que la gente se moviliza y no tiene idea de por qué, pero te puedo asegurar que el villero tiene conciencia de que no puede seguir viviendo y que nos manoseen como hasta ahora.
También utilizan el discurso contra los inmigrantes como lo hizo Macri en el Indoamericano y ahora lo hace Sergio Berni, el Secretario de Seguridad del Gobierno nacional. Es increíble escuchar en pleno siglo XXI a funcionarios que solo creen en la represión como pasó hoy (jueves 18/9) en la Panamericana. Tal vez como le tocó al periodismo se vio más claro el papel de la Gendarmería y la policía, porque cuando solo reprimen a los manifestantes no sale. Hoy cobraron también ellos y denunciaron que la Gendarmería estaba fuera de sí por la agresión sufrida por camarógrafos y periodistas.
La gente va a seguir luchando, no le va a tener miedo al gobierno. Yo me quedé con miedo cuando mataron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, yo estuve en esa represión junto a mi compañera y mi hijo mayor y ese día decidí dejar todo, pero me arrepentí. A los compañeros les quitaron la vida por luchar por nosotros y ahora ¿yo voy a bajar los brazos? No puedo y no lo voy a hacer. Seguiremos adelante y no vamos a dejar de luchar porque nos manden a un juicio oral y tampoco a la gente la van a poder seguir comprando por una bolsa de cemento o un bolsón de mercaderías.
-MH: ¿Querés agregar algo más?
-DP: Pedir la solidaridad de los compañeros, no para Diosnel Pérez o el «Tano» Nardulli sino porque es el momento que las organizaciones sociales tienen que mostrarle al Estado que ningún compañero que esté luchando por sus derechos está solo.
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