Un análisis de las tarifas eléctricas, la situación de YPF, la presencia de Gran Bretaña en Malvinas y el reequipamiento de las FF AA.
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M.H.: Tenemos el tema de las tarifas eléctricas, se pospuso hasta marzo el ajuste. ¿Qué información tenés al respecto?
G.L.: Hay por un lado una definición inicial, que es de diciembre del 2020 que se conoció a través del decreto 1020 del Poder Ejecutivo, donde se abrió lo que se llamó el período de renegociación tarifario, acentuando que el mismo va a ser de carácter transitorio y se le da aproximadamente un año, el año que está en curso. Esto fue implementado con dos resoluciones que salieron en el Boletín Oficial que a través del ENRE llaman al proceso habitual a través de audiencias públicas para volver a discutir la pertinencia de aumentos tarifarios en el caso de la electricidad.
Se preanuncia una situación que entre febrero y marzo se va a poner en marcha el mecanismo de audiencias y se intentará generar una discusión que a mí me parece que el gobierno va a tratar que esté en línea con el escenario que quiere provocar, que es algo así como un ajuste parcial, muy medido en el comienzo del año. Se está hablando de un 8/9%.
El problema es que estamos en un contexto de profunda anormalidad, que más allá de la pandemia, son los 4 años de desaciertos, tarifazos, dolarización inducida de las tarifas a partir de los precios mayoristas del gas principalmente que hemos sufrido con el macrismo. La energía eléctrica ha tenido aumentos que han estado entre el 1.500 y el 3.000%. Y lo que sabemos de siempre, servicios concesionados hace más de tres décadas a perpetuidad que han dado muestras de mala gestión y mala calidad de los servicios, ausencia de respuestas de los entes reguladores hacia la población damnificada y todo eso conforma un combo de cuestiones que a mí me preocuparía que se utilice este escenario de rediscusión de las tarifas eléctricas para volver a plantear la centralidad estructural del problema, que Argentina tiene que replantearse el modelo de generación, aporte y distribución de energía eléctrica, dentro del mismo replanteo deberíamos llegar a un replanteo general de la política energética. Que es lo que siempre decimos.
A mí me parece entonces que el gobierno de Alberto va a intentar generar, canalizar una expectativa de aumento moderado de las tarifas en un contexto en el que las propias empresas prestadoras saben que no van a tener el escenario que hemos vivido durante el macrismo, sobre todo entre 2016 y 2018. Pero me parece que sería un momento, el 2021, para que toda nuestra sociedad se dé a la tarea de poner sobre la mesa el debate del modelo estructural energético que queremos.
M.H.: ¿Qué va a pasar con la tarifa social?
G.L.: En ese caso una de las cosas que entre noviembre y diciembre se estaba comentando, era que se iba a intentar combinar un esquema por un lado de aumento de la cantidad de población a la cual estaba destinada la cobertura de la tarifa social, de hecho, se habló de que aproximadamente entre un 40/45% de los usuarios de energía eléctrica no deberían sufrir ningún tipo de ajuste en las tarifas. En todo el país hay un gran componente, en esos usuarios, de aquellos que están recibiendo la tarifa social. Pero hay otro elemento, lo que se discutiría tal vez, es que la cantidad de KW de esa tarifa social aumente, por ejemplo, que puedas tener 300kw al mes, o incluso por encima.
Recordemos que con el macrismo en el primer esquema que pusieron en marcha, la tarifa social contemplaba un consumo de 150 KW mes que no te permite tener nada, casi un consumo de infra dignidad. Ese esquema de un piso de 300kw podría combinarse con un escenario en el que casi la mitad del público usuario tal vez no sufriría aumentos. Y habría una franja de un 30% de la población y después otro 15 o 20% que son los de mayores capacidades contributivas, los de mayores ingresos y en esa franja entre el 45 y 50% de la población se podrían concentrar los ajustes que querrían instalar. Esto es potencial, tal como te lo estoy diciendo.
Ligado a esto, me parece que tenemos que ir a una audiencia en febrero/marzo con otro reclamo impostergable que el ENRE tiene que dar cuenta de una auditoría general sobre Edenor y Edesur. Recordemos que en el último año de Macri intentó tirárselas por la cabeza a Vidal y a Larreta en la transferencia que se hizo que después con la Ley de emergencia de fin del 2019 el gobierno de Alberto retrotrajo, por suerte.
En el 2020 no se avanzó mucho más que en un informe donde el ENRE daba cuenta de lo obvio, que todos lo sabíamos, respecto al desastre de la administración macrista de la energía eléctrica pero que necesitaba de la elaboración de un esquema de salida que necesariamente tiene que ver con establecer una auditoría completa e integral sobre el modo en que se han trabajado las concesiones en los últimos 25 años.
M.H.: ¿Qué pasa con las inversiones?
G.L.: Ese es otro componente central de todo este proceso porque el esquema de concesión ha funcionado, en los 90 cuando teníamos el 1 a 1 y el cambio casi dolarizado las inversiones que se realizaron, y eso está contabilizado adecuadamente, fueron mínimas porque habían heredado buena parte de la estructura que ya tenía una inversión del Estado durante décadas, la vieja estructura segmentada y desarticulada.
Durante el período kirchnerista hubo una puja donde no hubo inversión más que el mantenimiento asegurado a través de una política irracional de subsidios y las empresas utilizaron esa situación como un pretexto para no invertir.
En el período de Macri hemos tenido un período desde 2016/2017 en donde comprometieron inversiones sobre las cuales el ENRE nunca dio adecuada cuenta de hasta dónde se habían realizado o no. Y también, el Estado, una vez más como Estado bobo, cubrió con miles de millones de pesos durante todo ese período al solventar las inversiones adicionales para asegurar la prestación de servicio en las áreas más críticas.
Lo que quiero decir con esto es que en este esquema el punto, además de la mala calidad de los servicios, ha sido la desinversión que garantizara una prestación eficiente, suficiente, que fuera creciendo a medida que la población fue requiriendo más energía. Y eso es el gran agujero negro del Ente Regulador. No han existido auditorías.
Ahora un último tema que apareció es el pase de manos del grupo dueño de Edenor, que quiere vender la distribuidora al grupo Vila-Manzano. Aquí hay que decir algo, hay que sentar a Mindlin frente al Estado, con el Enre de por medio, a ver quién le debe a quién. A ver si este hombre va a poder ejecutar esta transferencia de acciones, porque por ahí no le conviene, bajo su grupo empresarial a un sector que sabe que no va a poder mantener la expectativa de aumentos tarifarios aplicado durante el momento dorado del macrismo.
El Enre tiene que tener una actitud clara y pedir que Mindlin dé explicaciones por las inversiones realizadas durante el espantoso período de ajuste tarifario que fue inédito en Argentina y tenemos que saber qué fue de una cantidad de dinero que estuvo en juego aquí, en los balances que fueron recompuestos entre 2016 y 2018 por parte de estas empresas, a dónde fueron a parar las inversiones que supuestamente se iban a realizar. No puede ser que esta situación se resuelva por una valuación de la deuda financiera de Edenor, que está en casi 100 millones de dólares, cuando además es una gran deudora de Cammesa que es la administradora del mercado argentino.
Edenor debe a los primeros días de enero más de 18.000 millones de pesos, por energía que no ha pagado a Cammesa poniendo como excusa la pandemia y la agudización del escenario de pandemia más la ausencia de aumentos en el último año y medio casi dos años.
M.H.: Hablando de eso, las distribuidoras de Tucumán, Salta y Mendoza ya empezaron las audiencias públicas para aumentar alrededor del 50% las tarifas.
G.L.: Lo que estamos viviendo en el caso de las eléctricas provinciales, porque hay que recordar que el Enre tiene competencia sobre las dos prestadoras de jurisdicción nacional, Edenor y Edesur. Las provincias que nombraste, como el resto de las jurisdicciones argentinas, quienes deciden el aumento o no son los propios entes reguladores provinciales. Y ahí se da una situación muy compleja porque históricamente en estos casi 30 años de organización neoliberal de la energía predominante, siempre ha faltado y se ha criticado en todas nuestras provincias, auditorías integrales sobre el funcionamiento del servicio, sobre las inversiones efectivamente realizadas, y sobre los pases de manos entre distintos grupos de empresas en la propiedad de las prestadoras de servicios de las provincias.
Este grupo Vila-Manzano que presta servicio en La Rioja y Mendoza también acumula deudas muy importantes con Cammesa. Y muchas de las empresas distribuidoras provinciales están con fuertes deudas con Cammesa agravadas ahora por la pandemia. Entonces lo que uno se pregunta es si en realidad en lugar de largar audiencias sobre los aumentos del monto que dijiste, que desde mi punto de vista son totalmente inviables y debieran ser rechazados abiertamente, aun como planteo de posibilidad; las empresas de energía tienen que ir a un proceso de revisión integral de activos y auditar todo lo que se ha hecho en los últimos años.
Tenemos que plantear este tema, porque desde que el sector energético fue desguazado y anarquizado en un conjunto de empresas que intentan asegurar sus rentabilidades cada vez más en distintos sectores o períodos históricos de la Argentina, lo que hemos perdido es la unidad, la visión integrada de una dirección general en el proceso de generación y transporte de energía que permita en el marco del proceso de distribución generar una estrategia consensuada de trabajo sobre los costos reales de las empresas, sobre lo que tampoco hay discusión en la Argentina y poner sobre la mesa la necesidad de subsidiar en algunos casos, como política de Estado, a un sector que es estratégico y cuyo acceso hay que asegurar al conjunto de la población y la industria.
Entonces es necesario un abordaje combinado que hay que tratar de volver y poner sobre la mesa de debate en Argentina porque este es un problema que arrastramos hace tres décadas.
YPF está en un contexto de debilidad patrimonial real
M.H.: Me mandaste un wasap sobre la renuncia de Guillermo Nielsen a la presidencia de YPF.
G.L.: YPF está en un proceso de renegociación de su deuda, que es de más de 6.000 millones de dólares, que fue agravada por el macrismo. Esto ya es de público conocimiento porque en el contexto de la crisis devaluatoria y cuando recurrieron al FMI en abril de 2018, ahí YPF había empezado una política de endeudamiento muy fuerte a la vez que se combinaba con una política de desinversión en la región que supuestamente querían promocionar, que era Vaca Muerta. Eso hizo el macrismo en YPF.
Cuando Nielsen asumió estaba en una situación financiera muy delicada. Hoy YPF tiene un valor de mercado de 1.500 millones de dólares, la deuda que tiene la empresa es de más de 6.000 millones de dólares. Este señor ha estado en el intento de gestionar un acuerdo financiero con los acreedores de la deuda de la empresa en un contexto en el que en el último año la situación se ha deteriorado aún más pandemia de por medio y baja del consumo energético en general y de la producción.
Y ahora que hay una cierta recuperación de los activos, veamos hasta dónde, porque en general la incertidumbre es importantísima, lo que se ha comunicado es que este señor va a salir de la empresa, iría como embajador a Arabia Saudita, lo cual preanuncia un posible acuerdo con los saudíes para la provisión de inversiones en Vaca Muerta en materia gasífera y petrolífera y para posible suministro de gas en invierno que nos podría faltar. Estas son las elucubraciones que se están haciendo.
A la vez Nielsen sale por la ventana, porque en el ala política dentro del Frente de Todos vinculada al kirchnerismo ya había una situación de crítica abierta no solo porque este hombre no tiene la expertise del sector, sino porque además ha sido una persona que desde el lugar en el que estuvo ha intentado seguir una política energética. Por ejemplo, el caso de los combustibles, entre agosto del año pasado y los dos aumentos de enero de este año, aumentaron un 35%. La inflación anual fue del 36%. O sea, en ocho meses, a través de 7 aumentos recuperaron la inflación del 2020 y eso lo hizo Nielsen. Eso generó mucha discusión interna.
Pero lo que da cuenta de esto es que no hay una política energética concebida, hay mucho fraccionalismo entre los grupos del FdT. Alberto no ha tenido otra cosa que una posición errática en cuanto a política energética en el 2020. Esto es algo muy grave que hay que corregir inmediatamente porque la verdad es que el escenario en el que está YPF hoy es muy alarmante y me pregunto si no ha llegado el momento de tomar una decisión.
M.H.: Además con el juicio en los tribunales de New York.
G.L.: Ese es otro tema que por ahora está adormecido en las incontables instancias judiciales, pero que sigue siendo una posible espada de Damocles sobre la empresa. A mí me preocupa el contexto de debilidad patrimonial real en el que está la empresa en un escenario muy volátil en el mundo, donde si no se actúa con decisión, por eso en abril del año pasado aprovechando la crisis inédita en materia de baja de los precios de los energéticos hidrocarburíferos y la baja del consumo, era el momento adecuado para poder reinstalar la necesidad de tomar el control del 49%de las tenencias accionarias que están en manos de privados de YPF y poner a la empresa en dirección a una política de restitución de disponibilidad interna de energía. A precios que estén en línea con las necesidades productivas y al acceso de la población. Esa es otra discusión que también debiéramos recuperar en este año.
Gran Bretaña es una amenaza real que consolida su presencia en el Atlántico Sur
M.H.: El nuevo acuerdo del Reino Unido con Europa llamado Brexit dejó afuera a las Islas Malvinas. ¿Cómo ves esto?
G.L.: Una primera cuestión que me parece interesante es que ha habido una estrategia diplomática de la Argentina en el marco de las negociaciones del Reino Unido y la Unión Europea por operar en la exclusión del territorio usurpado por parte de los británicos, de las preferencias comerciales que las Malvinas tienen para la exportación de sus productos ictícolas que es la base económica desde hace tres décadas de los usurpadores.
Los llamados “territorios de ultramar” del Reino Unido fueron excluidos de esas preferencias, pero la otra cuestión es que Gran Bretaña sigue avanzando en su política de presencia marítima y militar en el Atlántico Sur con proyección a la Antártida.
Gran Bretaña controla casi dos millones de km2 en su plataforma extendida en torno a las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y está consolidando lamentablemente su política en base a la generación de la riqueza ictícola que ha usurpado a partir de concesiones ilegales a lo largo de décadas y ahora planteando también la posibilidad de generar explotación hidrocarburífera en el futuro.
El hecho que la Unión Europea haya generado este resultado no invalida que Gran Bretaña, que ha salido de Europa, tenga una política dirigida a consolidar su presencia en el Atlántico Sur. Ojo con esto. Yo creo que es compatible el no reconocimiento de la UE en el marco de la salida de Gran Bretaña, con la profundización de la estrategia británica de presencia permanente y de proyección en el Atlántico Sur. Recordemos que Gran Bretaña es uno de los primeros firmantes del acuerdo del Atlántico Sur y que ha hecho reserva de soberanía, como Chile, Argentina, Noruega y Nueva Zelanda.
Entonces en los próximos años se viene un gran debate por el Tratado antártico. Cuidado acá con abrigar visiones ingenuas.
M.H.: Nos queda pendiente el tema del reequipamiento de las FF AA argentinas.
G.L.: Yo te diría que ahí hay que ver qué puede empezar a estructurarse en torno al fondo de defensa que fue votado durante el 2020. Los gastos de defensa en términos de PBI han estado por debajo del 1%. Somos uno de los países de la región que menos ha gastado en reequipamiento en materia de defensa y me parece que puede ser que se dé una importante discusión respecto del fondo de defensa.
M.H.: Se habla de 340 millones de dólares.
G.L.: Lo que pasa es que hay una previsión hecha en el Presupuesto del 2021 que se discutió y que está en torno a esa cifra, que excluye la que está destinada al pago de salarios y al mantenimiento del equipamiento existente de la fuerza. Eso sí sería una novedad interesante, a la cual hay que poder consolidar en el mismo 2021 empezando a prever proyectos estratégicos y vamos a ver seguramente una combinación de proyectos que tengan que ver con consolidar la presencia marítima nacional y además con poder proteger nuestro espacio aéreo.
Hay que ver qué va surgiendo, pero los propios trabajadores del área de Defensa tienen mucho que decir en este debate importantísimo que se debe la Argentina y parece que es hora de que podamos poner la discusión de la defensa nacional sobre la mesa, teniendo en cuenta la presencia de Gran Bretaña.
Yo creo que es una amenaza real que consolida su presencia en el Atlántico Sur y está ahí. Es algo ante lo que tenemos que responder con recomposición de nuestro poder naval y la posibilidad de poner en marcha una política ictícola sostenible que ponga en retirada a la cantidad de empresas muchas de las cuales chinas, españolas, con licencias otorgadas por los británicos, siguen pescando en las cercanías de nuestras 200 millas. Esto es algo que lo vemos repetirse hace tres décadas. Ahí también hay mucho que hacer en materia de Defensa.