M.H.: Quiero vincular el mediático caso de Chano Charpentier a la Ley de salud mental. ¿Qué reflexión podés hacer al respecto? Vos que has sido un actor activo respecto de la promulgación de esta ley y crítico de su aplicación.
A.B.: Yo creo que este es un episodio que está totalmente relacionado y asociado con otro que ya hemos hablado cuando el 28 de septiembre de 2020 Rodrigo Roza, en el barrio de Palermo, a donde está el MALBA, ultimó a un policía de la Federal y terminó siendo él también ultimado por un balazo. Ante un ataque con cuchillo que ejerció sobre el policía.
En ese momento, al igual que ahora, quizás no con tanta vehemencia, se dispararon los ataques contra la Ley nacional de salud mental, intentando adjudicarle la responsabilidad de esa situación terrible, pero a medida que fue pasando el tiempo, este hecho fue dando elementos muy contundentes a los que se podían escuchar en los medios de comunicación.
Al igual que ahora con Chano, han salido sectores que obviamente están en contra de la ley, por los intereses que ha tocado y hemos desarrollado muchas veces.
En esa oportunidad, ese hecho en Palermo, determinó que esta persona que estaba atendido en un centro privado, el Centro Médico Pueyrredón, ahí era atendido por un psiquiatra y no por un equipo interdisciplinario, como sostiene la ley, psiquiatra que se desentendió durante cierto momento de la atención del paciente y esto generó una situación de angustia por parte de la mamá, una mujer de muy avanzada edad que estaba buscando contención. Porque este psiquiatra le hizo un cambio de medicación y este paciente que vivía muy tranquilo, a quien conocían en el barrio, obviamente ante el cambio de la medicación se desestabilizó, se generó un brote psicótico y salió dentro de su delirio armado con un cuchillo y terminó ultimando a este policía. Todos vimos el video, estaba no sólo ese policía sino dos más en una situación que se podría haber evitado.
M.H.: Te hago una pregunta, si para calmar a Chano adentro de un barrio privado le metieron un tiro, en vez de llamar al SAME ¿qué pasa con los pibes adictos de los barrios?
A.B.: Por eso estaba haciendo la construcción de la situación. A partir de ahí, desde la perspectiva de la responsabilidad, llegaba al sistema privado, que no se hizo cargo, no se hizo cargo el responsable, el psiquiatra, que no solo hizo el cambio de medicación sin hacer seguimiento, sino que después la propia justicia lo procesa porque reconoció que la familia, cuando le pedían que lo internara, adujo que no conocía bien la Ley de salud mental y en ese ínterin ocurrió lo que ocurrió.
Entonces acá quiero desplegar una situación que es la que se está dando con el caso de Chano, que es que el ataque a la ley lo están centrando en que no permite la internación involuntaria. Esto es una falacia total, porque se expresa claramente estableciendo cuando ya han fracasado todo tipo de recursos, pero tiene que ser indicada por un equipo interdisciplinario y dentro de las diez horas ser informado el juez y el órgano de revisión de la internación.
Lo que pasó en Palermo se reitera con Chano. Nada más que lo de Chano toma una dimensión a nivel de los medios de comunicación por ser un personaje público y aparece en el tapete, que en la intervención lamentable que han tenido, no toma prioridad el ser atendido como correspondía, por un equipo de intervención domiciliaria, que la provincia de Buenos Aires no tiene y que esto justamente demuestra cómo no se cumple la Ley nacional de salud mental, en base de lo que hay que desplegar para hacerse cargo de este tipo de situaciones.
Pero acá, en ambos casos, surge una evidencia que en los medios ha sido ocultada, es que desde 2013 existe una resolución, la 506, que fue dictada por la que en ese momento era la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que es un protocolo extenso de intervención con todos los puntos que hay que saber y que hay que formar a las fuerzas de seguridad para intervenir ante casos de estas características con personas que están atravesadas por un padecimiento mental.
En el caso del paciente de Palermo fue un claro brote psicótico, porque estaba diagnosticado con una esquizofrenia. En el caso de Chano, aparentemente, por lo que se va sabiendo y conociendo la problemática de Chano en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas tiene que haber sido un cuadro de sobredosis o de abstinencia, porque estos cuadros de excitación psicomotriz que presentó de acuerdo a lo que relatan, tienen que ver con las adicciones.
Lo que se informa es que el psiquiatra que fue a hacerse cargo de la situación salió corriendo cuando vio que estaba armado y la policía no cumplió con este protocolo que establece cuidar a la persona tomando todos los recaudos.
Algunos recaudos son que nunca hay que pararse a menos de dos brazos de distancia, nunca hay que pararse frente a un paciente en este estado poniendo cuerpo a cuerpo sino que hay que estar a 45 grados para que no logre la agresión. Lo que se expresa es que tienen que asistir cuatro personas de las fuerzas de seguridad, porque una sola o dos no pueden contener la situación.
Hay una falta de control y fiscalización por parte del Estado
Esto también es lo que pasó en Palermo, en los videos se ve que un solo policía se pone cerca y termina acuchillado y los otros dos policías que están con él no intervienen. Acá hay un fracaso de la política de salud mental y también de seguridad, donde todo el ataque para responsabilizar a la ley de una cierta garantía que tenía que dar respecto de una internación involuntaria y que la misma no era posible, queda totalmente desvirtuado y pone en evidencia que acá se tuvo más en cuenta la situación de seguridad que la problemática de salud mental.
Como así también fueron lamentables las expresiones del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, que inmediatamente después del suceso salió a justificar la actitud del policía, que le pegó un tiro en el abdomen. Cuando además sabemos que deberían capacitarlos para que apunten a inmovilizar, a una pierna y no tirar al cuerpo donde hay órganos vitales.
Quiere decir que acá hubo negligencia, un desconocimiento en la preparación y la capacitación de quienes intervinieron desde las fuerzas de seguridad. Y lo más general es que esto demuestra cómo hay una inadecuación entre lo que sostiene la ley y el sistema actual de atención pública y respecto de lo privado. Porque no tenemos que olvidarnos que Chano tiene una cobertura privada. ¿A dónde estaba? ¿Quién hacía el seguimiento? ¿Quién recomendaba internarlo? Ante el llamado de la madre ante la situación angustiante llegó un profesional, no sé desde dónde. Y esto demuestra que no están los dispositivos para actuar en consonancia ante este tipo de situaciones tanto la de Palermo como la de Chano.
Y también vamos a agregar que se conoce lo sucedido con Chano porque es una persona pública, pero una situación similar se ha dado hace muy poquito, en Salta, un peluquero en la madrugada salió desnudo por la plaza y apareció muerto con moretones y borceguíes marcados en el cuerpo.
En la provincia de Entre Ríos una mujer trans murió esposada en medio de una descompensación luego de que seis policías se le subieran a su espalda para reducirla cuando acuden al pedido de ayuda de su pareja. Caso que nos remite a lo que ocurrió en EE UU cuando ese policía le pone la rodilla a George Floyd y termina asfixiándolo.
Tenemos el caso de Chano y también otro caso tremendo que ocurrió en Chubut el 27 de mayo donde ante una persona que padecía de un trastorno bipolar, los hijos llaman para que lo contengan porque había salido el día anterior a tirar tiros con una pistola y llega nada más ni nada menos que el Grupo especial de operaciones, el GEOP de Chubut, y los tres hijos le piden que no lo lastimen; abreviando, termina esta persona muerta de un balazo en la cabeza.
Está operando una lógica con una clara orientación punitiva represiva
M.H.: Es el grupo que se da aliento haciendo arengas contra los piqueteros ¿no?
A.B.: Exactamente. Yo en una charla manifesté esto mismo, la cantidad de chicos que fallecen por gatillo fácil. Lo que está ocurriendo con las comunidades terapéuticas, con encierros brutales. La semana pasada clausuraron una donde quien dirigía esa comunidad era un ex adicto que se manejaba con una pistola para imponer el tratamiento.
Esto nos demuestra que hay una falta de control y fiscalización por parte del Estado, que hay una evidente falta de implementación de lo que plantea la ley, respecto de los dispositivos y entonces estamos viendo una inadecuación entre lo que sostiene la ley y el sistema de atención que tenemos tanto en lo público como en lo privado. Donde inevitablemente el Estado, tanto el nacional, provincial o municipal es responsable de estas cuestiones que están sucediendo.
Por lo tanto, concurren una serie de factores que hace que lo que se está operando es una lógica con una clara orientación punitiva represiva, donde parece que la solución era, como dijo Berni, que esto se podría haber evitado si contaban con las pistolas Taser. Como si no produjeran daño, cuando se sabe que en muchas partes del mundo están prohibidas, porque la descarga eléctrica puede generar un paro cardíaco, más en una persona que tiene cierta química dentro del cuerpo.
Acá tenemos que ver que el caso Chano nos da una lectura política ideológica que tiene que ver con esta derechización que estamos viendo a grandes rasgos en nuestro país, sobre todo inculcada desde los medios de comunicación, donde se afirma que una persona con un padecimiento mental es peligrosa y, como tal, la contención ya no es una técnica asistencial o clínica, sino de seguridad.
Quiere decir que estamos retrocediendo en el tiempo y se está reforzando en el imaginario social que cualquier persona que tiene un padecimiento mental o está atravesado por un consumo problemático de sustancias psicoactivas la respuesta debe pasar por ahí y no por el Estado que debe desplegarse de manera preventiva. Acá lo que fracasó fue esto.
En el caso de Palermo los hechos se dieron en un tiempo corto e inesperado, pero en el caso de Chano hubo unas horas en las que dejaron a unos policías sin capacitación y que ante cualquier intento del paciente la única solución posible fue un tiro.
Esto, lamentablemente, en los grandes medios de comunicación está siendo aprovechado por los sectores que responden a ese corporativismo médico psiquiátrico, ligados a los psicofármacos y laboratorios, que quieren seguir sustentando que la atención de estos casos tiene que pasar exclusivamente por una cama de internación y por una pastilla.
Y esto obviamente va a contraparte de lo que expresa la ley, donde dice que la atención debe ser interdisciplinaria, que la medicación debe ser controlada y no para ejercer un mecanismo de control social, al igual que lo es un manicomio. Entonces vemos que se sigue imponiendo desde los medios de comunicación, que son quienes tienen acceso a quienes quieren responsabilizar a la ley, y es terrible ver a profesionales en la televisión que desconocen absolutamente lo que plantea la ley.
La ley es muy clara, lo que pasa es que no están desplegados los mecanismos, los dispositivos y los servicios para hacerse cargo, tanto en el ámbito público como el privado, donde la cuestión es más grave porque hay una cobertura paga que, sin embargo, no está a la altura de las necesidades. Por eso hay una lluvia de amparos contra las prepagas pidiendo internaciones, de las que no se hacen cargo porque obviamente resultan muy onerosos.
Así que vemos el gran avance de lo privado sobre lo público, lo público reducido a una mínima expresión y la ley es nada más que una expresión de deseo. A grandes rasgos esa es la situación que yo observo.