En medio de las disputas entre el gobierno y oposición que se deslegitiman mutuamente con denuncias cruzadas, lo nuevo está representado en la irrupción de las capas más avanzadas del movimiento estudiantil. La cuarta semana de toma de decenas de colegios por los secundarios en la Capital ha contagiado a los universitarios de las facultades […]
En medio de las disputas entre el gobierno y oposición que se deslegitiman mutuamente con denuncias cruzadas, lo nuevo está representado en la irrupción de las capas más avanzadas del movimiento estudiantil. La cuarta semana de toma de decenas de colegios por los secundarios en la Capital ha contagiado a los universitarios de las facultades de Ciencias Sociales y Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y amenaza con extenderse más ampliamente. Juntos, marchan por miles y se comienzan a organizar conjuntamente en defensa de la educación pública ante el deterioro de los edificios y condiciones de estudio.
Más de fondo, son el emergente de la politización de masas que generan los debates nacionales entre los de arriba, en los cuales los trabajadores y estudiantes vienen siendo convidados de piedra. En parte, porque los Kirchner vienen apostando, por conveniencias electorales, a la polarización con una derecha que, en el caso del gobierno porteño de Macri, está enjuiciada por espionaje clandestino cuando no directamente implicada como partícipes del genocidio, como los empresarios de Clarín y La Nación con el caso de Papel Prensa. Pero el aliento que la propia presidenta dio a las tomas de colegios porque enfrentan a su adversario Mauricio Macri, ahora se trasladan a las facultades de la UBA que dependen del presupuesto educativo nacional y donde masivas asambleas universitarias se posicionan claramente contra el gobierno nacional. Este hecho muestra claramente el límite de la pretendida «agenda progresista» que el gobierno impulsa en forma oportunista para intentar recomponer lazos con los sectores medios y que, por el contrario, propaga un sentimiento de igualitarismo que amenaza volvérseles en contra.
Las movilizaciones de una extendida vanguardia estudiantil son un fenómeno anticipatorio de mayores convulsiones sociales. De allí que los medios y la derecha han intentado condenar a los estudiantes secundarios por «la metodología» de las tomas y los cortes de calles -coincidiendo en este caso con los decanos kirchneristas «progres» ante las ocupaciones de facultades- lo que usualmente acompañan con la muletilla de que «hacen política». En todo caso, ¿qué son las instituciones «educativas» sino las escuelas de formación política de las ideas de la clase dominante que genera los actuales elencos de políticos burgueses, profesionales y diputados lobbistas de los intereses patronales? Justamente: una franja de la nueva generación de la juventud post 2001, está haciendo un ejercicio de escuela política, mediante la acción directa y la organización independiente por sus propias demandas.
«Socialización de las pérdidas»
«Esto se parece a Cuba», se despachó Méndez el presidente de la UIA, en referencia al proyecto de ley del diputado y abogado de la CGT Héctor Recalde que promueve la «participación en las ganancias de las empresas», a la vez que este refirió a las presiones que las huestes del sindicato camionero de Moyano vienen haciendo contra Techint por la tercerización de los trabajadores del transporte en sus empresas.
Un síntoma claro del agotamiento del ciclo del kirchnerismo, más allá del repunte coyuntural gracias a la estabilidad económica, está demostrado en el alejamiento de quienes eran, hasta ayer nomás, sus más cercanos aliados: los industriales de la UIA que suspendieron los festejos con el oficialismo por el Día de la Industria en manifiesta disconformidad por el informe sobre Papel Prensa. El otro síntoma, es el relativo juego propio que está desarrollando Hugo Moyano de la CGT, ahora liderando el PJ bonaerense donde recaen las mayores expectativas del oficialismo de recomponerse de la derrota electoral del 2009.
La enésima amenaza de proyecto de ley del cegetista Recalde (que finalmente nunca concreta), está enmarcada, esta vez, en un juego de presiones entre las que intenta arbitrar el gobierno. El ministro Tomada ha dejado en claro que tal «participación en las ganancias» estaría atada a «introducir el concepto de productividad. Es necesario sacar los demonios alrededor del tema de la productividad». Es decir que lo que es presentado por la derecha industrial como un ataque a la rentabilidad empresaria, en realidad es compatible con un histórico reclamo patronal. El economista Zaiat en Página/12, con el objetivo de defender el proyecto como enteramente dentro de los marcos capitalistas, deschava que el dirigente de la CTA y del sindicato del neumático, Pedro Wasiejko, sostiene esta práctica en la planta de la multinacional Firestone de Lavallol. «Es un instrumento que favorece los procesos de inversión a nivel local, sobre todo en las multinacionales», explica el dirigente que es una de las cabezas de la lista oficialista, junto a Yasky, en las próximas elecciones internas de la CTA. En fin, lejos de cualquier atisbo socialista el proyecto de la CGT se parece al modelo del «capitalismo alemán», que suele reivindicar Cristina Kirchner, donde la cogestión de burócratas y patrones rige en grandes empresas imperialistas exportadoras. Pero, en la semicolonia argentina, mientras las direcciones de la CGT y la CTA alaban las bondades de una «participación en las ganancias» de los trabajadores en blanco, en la emblemática Villa Constitución los metalúrgicos de Paraná Metal cumplen una semana de un histórico corte de la ruta 9, con apoyo masivo de la población, para impedir que la patronal kirchnerista realmente existente, como la del capitalista del juego Cristóbal López, los haga partícipes en la «socialización de las pérdidas» con un plan de despidos masivos y rebaja de salarios.
En tanto el proyecto de los abogados de la CGT dice basarse en un aspecto del artículo 14 bis de la Constitución que señala la «participación en las ganancias de las empresas»; curiosamente desestima el párrafo inmediatamente anterior del mismo artículo que pregona la «igual remuneración por igual tarea», es decir la «inconstitucionalidad» del trabajo en negro y precario que se aplica en forma generalizada. No casualmente, esta semana vimos, además, a una patota comandada por la burocracia empresaria de Pedraza de la Unión Ferroviaria defender la herencia de los 90 contra los tercerizados ferroviarios que reclaman el pase a plata permanente de 1500 trabajadores en la línea Roca. Estas luchas obreras, también anticipatorias de lo que depara la crisis capitalista internacional, son otra gran escuela política donde madura la experiencia, en especial de la joven generación de la clase trabajadora que deben conquistar, como lo están peleando los estudiantes de la Capital, su derecho a hacer política como clase en las empresas, gremios y en la escena nacional.
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