Un grupo de personas expertas en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado a todos los Estados a imponer una moratoria global a la venta y transferencia de tecnología de vigilancia, hasta que se creen regulaciones robustas que garanticen su uso bajo los estándares internacionales de los derechos humanos.
El llamado ocurre apenas unas semanas después de las revelaciones del #PegasusProject: más de 50 mil números de teléfonos móviles, entre los que se encuentran periodistas, personas defensoras de derechos humanos, integrantes de altísimo nivel de gobiernos, e incluso el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y su círculo más cercano, fueron potenciales objetivos del malware Pegasus.
Este sistema de vigilancia, altamente sofisticado e intrusivo, solo debería ser utilizado para combatir al crimen organizado y al terrorismo; sin embargo, con los años se ha demostrado que sus capacidades han sido abusadas por gobiernos autoritarios para espiar a objetivos civiles.
“Estamos profundamente consternados de que herramientas altamente sofisticadas e intrusivas están siendo usadas para monitorear, intimidar y silenciar a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas opositoras políticas”, declaró el grupo de especialistas, conformado por Irene Khan, Mary Lawlor, Clement Nyaletsossi Voulé, Surya Deva, Elzbieta Karska, Githu Muigai, Dante Pesce y Anita Ramasastry.
El grupo pidió a la empresa NSO Group que transparente si llevó a cabo alguna debida diligencia en materia de derechos humanos en materia con los estándares de Naciones Unidas,así como publicar de forma completa cualquier hallazgo que haya conducido al respecto.
Además, urgió al gobierno de Israel a informar sobre las medidas que ha tomado para revisar las exportaciones de NSO Group, en vista de sus propias obligaciones de derechos humanos.
En 2019, el relator especial de la ONU sobre Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye, publicó un reporte en el que señalaba los graves impactos de la tecnología de vigilancia sobre los derechos humanos y recomendó una moratoria inmediata para su venta y transferencia hasta que se adoptaran salvaguardas suficientes para garantizar que su uso respetaba los derechos humanos. Hasta la fecha ese llamado no ha sido atendido.