En enero de este año entra en vigencia el nuevo Código Contravencional represivo de la Ciudad de Buenos Aires. Para aprobarlo, Anibal Ibarra, su ahora renunciante Jefe de Seguridad Juan Carlos López y los bloques del oficialismo, del macrismo y del bullrichismo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pergeñaron al encarcelamiento de […]
En enero de este año entra en vigencia el nuevo Código Contravencional represivo de la Ciudad de Buenos Aires. Para aprobarlo, Anibal Ibarra, su ahora renunciante Jefe de Seguridad Juan Carlos López y los bloques del oficialismo, del macrismo y del bullrichismo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pergeñaron al encarcelamiento de 15 manifestantes que el 16 de julio protestaban porque este Código le da mayor poder a la policía que extorsiona, persigue y reprime a jóvenes, vendedores ambulantes, mujeres y travestis en estado de prostitución, artesanos, artistas callejeros y activistas sociales y políticos
El jueves a la noche tuvimos la muestra de la seguridad que el Gobierno de Ibarra y los/as legisladores/as de la Ciudad de Buenos Aires nos tienen reservada. Su concepción de la seguridad, que una y otra vez se confunde con el control represivo en los espacios públicos y la protección desembozada de intereses económicos privados (negocios inmobiliarios, garitos y prostíbulos regenteados por la policía, cámaras de comerciantes, empresas de recolección de residuos, veleidades artísticas de empresarios millonarios, etc.), implica la persecución de esos mismos jóvenes que entraron a «una trampa segura» como dijo el Ministro Fernández. Una vez más, y como proyecto de estado, las funciones de control y represión de las fuerzas de seguridad se entretejen con las redes de negocios: si en la calles la policía puede detener jóvenes solo por portación de cara, si ser joven y pobre es garantía segura de que no se puede circular tranquilo en la Ciudad (porque la policía se dedicará al hostigamiento sistemático aplicando la Ley de Averiguación de Identidad o el mismo Código Contravencional), esos mismos jóvenes serán catalogados en las puertas de los boliches por portación de zapatillas, boliches que ejercen su función policial en la única puerta habilitada, aquella en la que se cobra la entrada. Es claro que para los gobiernos y sus fuerzas de «seguridad» es mejor un joven encerrado o muerto: en la calle, en la cárcel o en esas «trampas mortales» que ellos mismos autorizan a funcionar de un modo o de otro, pero bajo sus exclusivas responsabilidades implícitas e ilícitas; trampas en las que, como vimos, ambos destinos pueden cumplirse.
Estas trampas no son un mero efecto de la negligencia o la corrupción de algunos funcionarios, son el resultado de políticas de estado que Aníbal Ibarra viene implementando desde 1999, que focalizan la seguridad como vigilancia, control y represión. El informe 2004 de CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional) indica que la ciudad de Buenos Aires ocupa en el país el cuarto lugar de muertes por las fuerzas policiales desde la instauración de la democracia (a nivel nacional y desde 1983 el Estado asesinó a 1.684 personas). A su vez, y según el mismo informe, las fuerzas represivas del Estado se focalizan en los jóvenes (las víctimas de entre 15 y 25 años representan un 65.4 % del total y las de entre 26 y 35 años un 17.3 %) y tienen como blanco sistemático a los sectores de pobreza. Víctimas del gatillo fácil, del desempleo, el subempleo y sus consecuencias, y también de circuitos de entretenimiento degradados (para los cuales los jóvenes son, al mismo tiempo, clientes y potenciales delincuentes a los que se encierra por miedo a que se cuelen) en los que la seguridad consiste en la amenaza de ser golpeado o maltratado por el patovica, los jóvenes de Buenos Aires son testigos, víctimas y cuerpos de autopsia de esta concepción de peligrosidad y criminalización.
La gestión de Ibarra una vez mas no se hace cargo de las atrocidades que promueve su gestión y por esto en sus declaraciones apela a las responsabilidades colectivas con las que intenta lavarse las manos. Así, Ibarra y algunos medios de comunicación discursean sobre la responsabilidad de la juventud y sus modos de diversión. Cuando lo que habría que preguntarse es cuales son los modos y oportunidades que existen para los y las jóvenes de acceder a la participación, la propiedad y el consumo en un contexto de desocupación real que supera el 20%, con sueldos que no alcanzan a cubrir la canasta familiar. Sin ir más lejos si ellos brindaran oportunidades que el mercado no otorga, nos preguntamos cuales fueron y son las condiciones de entretenimiento que otorga el propio Gobierno de la Ciudad, cuando todos/as sabemos que el último Estudio Abierto fue realizado en un edificio con peligro de derrumbe y sin salidas de seguridad como es el viejo edificio de El Molino que tenía como única entrada una puerta improvisada que también funcionaba como salida de emergencia.
Las políticas de seguridad basadas en la vigilancia y el control de este gobierno y del nacional protegen el secreto tanto de las fuerzas policiales y militares como de los empresarios que se alimentan de la corrupción y la explotación mientras se desentiende de la obligación y responsabilidad del estado de garantizar la salud, la educación, el trabajo pero también al entretenimiento y a la participación política.
La muerte de más de 180 jóvenes y niños/as no fue una tragedia, fue un asesinato y el Estado es el responsable.
ABAJO EL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL Y LA LEY DE AVERIGUACIÓN DE ANTECEDENTES
QUE RENUNCIE IBARRA
KIRCHNER, MACRI Y BULLRICH: CO-RESPONSABLES DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, POR APOYAR Y PROMOVER TODAS LAS LEGISLACIONES Y PRÁCTICAS REPRESIVAS DE CONTROL DE JÓVENES.