¿Estamos en guerra?

«Para que un país pueda levantarse, la escuela nunca debe parar», publicó en las redes sociales, acompañando la frase de una foto de un grupo de alumnos recibiendo clases de su maestro en medio de Hiroshima destruida por la bomba atómica.

 

Con nueve días de paro sobre diez hábiles desde que se inició el ciclo lectivo, María Eugenia Vidal avanza con los procesos administrativos para sancionar a los gremios que no aceptaron la conciliación obligatoria en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, pidió el inicio de un sumario en el Ministerio de Trabajo de la Nación para que determine si corresponde quitar la personería jurídica a los sindicatos «rebeldes». Y también comenzó un proceso en el organismo provincial que podría derivar en multas de hasta 600 millones de pesos para las organizaciones docentes.

Mientras tanto, el viernes se cumplió el noveno día de huelga en los establecimientos públicos provinciales convocada por Suteba, Udocba y Uda. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y otras entidades menores no se sumaron, pero la FEB, en un congreso que sesionó al mediodía, habilitó a sus dirigentes a disponer nuevas acciones directas dentro del Frente Docente y el lunes resolverá si adhiere a los paros del martes 21 y miércoles 22.

A los gremios docentes, se sumaron el jueves judiciales de la AJB, médicos de la CICOP, auxiliares de educación y estatales de ATE que realizaron un paro de actividades en toda la provincia y movilizaron 60.000 personas a la gobernación en La Plata, para reclamar mejoras salariales y paritarias libres.

La Ciudad de Buenos Aires dio por cerrada la negociación salarial y aplicará desde marzo un piso de aumento en cuotas del 19,75%, el adelanto de las cuotas y un salario inicial de $ 13.000, según informó Soledad Acuña, Ministra de Educación porteña.

Organizaciones gremiales docentes convocan a una marcha de antorchas este lunes 20 de marzo desde la Avenida Callao y Corrientes hasta el Obelisco.

El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, anunció que no descontará los días a los docentes que realizaron paro y expresó su respaldo al reclamo de convocar a la paritaria nacional. El viernes el gobierno pampeano propuso tres cuotas: 6% retroactiva a febrero, 6% en mayo y 8% en agosto, con cláusula gatillo en noviembre.

El próximo 22 de marzo a las 15:00 en Plaza de Mayo está convocada la Marcha Federal Docente.

Finalmente, la CGT convocó a un paro sin movilización para el próximo 6 de abril, una fecha alejada del conflicto docente.

Otra semana de cortes y piquetes

Esta semana se dieron dos grandes luchas desde las organizaciones que buscan conquistar derechos para los sectores más precarizados.

Ante la falta de implementación de los acuerdos establecidos entre el gobierno y el triunvirato piquetero (CTEP, CCC, Barrios de Pie), este sector retornó con fuerza el miércoles pasado a las calles y puentes, sumando a su vez a otras organizaciones, como el Frente Popular Darío Santillán.

Decenas de miles de trabajadores en todo el país salieron a reclamar el funcionamiento efectivo del acordado Consejo de Emergencia Económico y Social para traducir los 30.000 millones de pesos de ese acuerdo en una paritaria integral con el Estado donde se incremente el monto del pago por los distintos programas de trabajo y un salario social complementario, entre otras demandas.

Mientras la movilización del triunvirato piquetero implicó una presión para formalizar su acuerdo con el gobierno, el acampe del martes 14 frente al Ministerio de Desarrollo Social lo sorprendió y desubicó, por la capacidad de reactivar el Frente de Lucha como protagonista del sector, restaurando la unidad interna y acordando unidad en la lucha con el Polo Obrero. Un protagonismo basado en una masividad cualitativa del Acampe, donde cerca de 8.000 trabajadores mostraron un elevado espíritu de lucha, forzó al gobierno a llegar a un acuerdo impensable hasta el día anterior. Acordó a las dos de la mañana incrementar los planes y recursos al Polo Obrero, retirándose éste del Acampe en ese momento. En cambio le costó bastante más cerrar un acuerdo con el Frente de Lucha, lo que puso en aprietos al gobierno ante la simultaneidad de la medida con los cortes a los accesos a la Ciudad de Buenos Aires de parte del triunvirato piquetero.

En la Asamblea de cierre del Frente de Lucha, ya cerca de las 14:00 sobre Av. de Mayo, se leyó el siguiente comunicado:

«Las conquistas conseguidas en estos días significan un avance y mejoramiento en las condiciones de vida de muchas personas que hoy padecen la crisis económica, pero entendemos que las políticas sociales implementadas están lejos de solucionar los problemas estructurales que nos aquejan, y así poder alcanzar los ingresos acordes para sostener a nuestras familias.

Al mismo tiempo exigimos que se implemente la Ley de Emergencia Social que fue aprobada hace tres meses en el Congreso de la Nación y que hasta el momento, de los 30 mil millones de pesos dispuestos, no se ha ejecutado ni un solo centavo.

Por estas razones entendemos que es urgente convocar a un paro nacional activo para discutir paritarias sin techo para nuestro sector y así alcanzar el sueldo mínimo que equipare el costo de la canasta básica.

Con lucha y organización, una vez más, conseguimos trabajo. La unidad de los trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores sigue siendo la salida para la enfrentar la política de hambre y de ajuste de Cambiemos.

Seguiremos en las calles en busca de trabajo y dignidad apostando por el cambio social.»

Son 120.000 asistentes más a los merenderos en la provincia de Buenos Aires durante 2016. Y 20.000 más en el primer bimestre de 2017.

Los conflictos sociales empiezan a afectar la imagen del Presidente. Por primera vez hay más argentinos que desaprueban su gestión (44,2%) que los que la valoran (40,2%), de acuerdo a una encuesta de Management & Fit. También cayó 4 puntos la imagen de la gobernadora María Eugenia Vidal, aunque sigue siendo la figura política con mejor imagen del gobierno.

Conflictos en organismos oficiales

Los trabajadores de maestranza del Ministerio de Trabajo, nucleados en el SITMA, protagonizaron un corte de la Avenida Leandro Alem y una olla popular bajo el lema #TriacaHaceteCargo. El conflicto enfrenta a los trabajadores con la empresa Imantec, que se niega a pagarles los salarios, pero también contra las autoridades del Ministerio de Trabajo que actúa en complicidad con la patronal para desgastar a los trabajadores.

Así se han negado a hacerse cargo de los salarios, no han movido un dedo para intimar a la empresa y ante las condiciones insalubres de higiene producto de la retención de tareas de maestranza, ha contratado personal adicional para limpiar los edificios centrales por la noche.

A la olla popular y el acto frente a la puerta del Ministerio se hicieron presentes un importante número de trabajadores del Ministerio, que acompañaron la medida de fuerza y han aportado masivamente para el fondo de lucha.

Los trabajadores del Indec se encontraban realizando una medida de fuerza, dispuesta por la Comisión Gremial Interna de UPCN, en reclamo del pago de un plus salarial que se abonó tradicionalmente en el organismo, desde los ’90, denominado horas censales y que se cortó desde fin de año.

El plus, de algo más de $ 1.000 mensuales, sería una forma de compensación por los bajos salarios, por lo que su eliminación se siente sensiblemente en los bolsillos de los empleados que vieron recortados sus ingresos.

En ese contexto, Jorge Todesca, director del organismo, increpó a los trabajadores por hacer la huelga y les reclamó explicaciones. Primero les pidió a los delegados que se callaran y luego que se retiraran. Pero en lugar de sumisión, las delegadas le retrucaron: «Primero nos tiene que dar explicaciones usted. ¿Qué pasa con las horas censales? Hace tres meses que no cobran los compañeros».

La charla termina con Todesca saliendo, con custodios, y amenazando a los trabajadores con realizar una denuncia policial por «atentar y destruir las instalaciones» del organismo, aunque se vio claramente que no había daño alguno sobre los bienes del Indec.

Paritarias: los aceiteros picaron en punta 

Un plenario de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIOD) resolvió el jueves, que reclamará un incremento salarial en línea la estimación del valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil en la inminente negociación paritaria de la actividad.

La decisión contempla elevar de $ 19.000 a $ 25.779 el salario básico inicial de la actividad, lo que representa un incremento del 35,7%, muy por encima de la política oficial sostenida por el macrismo, que alienta recomposiciones salariales en torno al 18%.

A esa suma, el gremio que lidera Daniel Yofra añade el reclamo de actualización de los respectivos adicionales de convenio.

El plenario, además, mandató a la Federación a «iniciar las medidas de fuerza que considere necesarias, tanto de cara a la negociación colectiva en el marco del vencimiento del último acuerdo salarial, como en el marco de la solidaridad de clase con otros sectores de la clase obrera en lucha».

Los médicos bonaerenses decidieron seguir adelante con su plan de lucha y volverán a parar en reclamo de la convocatoria a paritarias por parte del gobierno de María Eugenia Vidal, entre otras cuestiones laborales. Será por 48 horas el martes y miércoles próximos en coincidencia con el paro docente.

Despidos que no cesan 

El mismo día que Macri visitó Peugeot, 70 trabajadores del call center de la firma fueron notificados de sus despidos, ya que la compañía decidió mudar el sector a Colombia, donde pagan salarios más bajos.

«La economía empieza a crecer, pero para mucha gente todavía no arrancó», decía Mauricio Macri al tomar la palabra en una visita que realizó a la reinauguración de la planta de PSA-Peugeot en El Palomar, en la provincia de Buenos Aires.

Clienting Group es una Pyme de capitales nacionales que emplea alrededor de 200 personas, entre las cuales 70 se encargan de realizar el servicio de atención al cliente para Peugeot-Citroën Argentina desde hace 12 años.

Clienting Group les informó a los empleados de esta campaña, que no tiene puestos laborales para reubicarlos ni dinero para indemnizarlos. Esto fue confirmado en una audiencia entre el Sindicato de Empleados de Comercio y Clienting Group en el Ministerio de Trabajo.

El jueves hubo una nueva audiencia entre el Sindicato de Empleados de Comercio, Clienting Group y PSA. Esta última se expedirá el lunes. Mientras tanto, los empleados de la campaña de Peugeot-Citroën continúan trabajando y realizando medidas de fuerza, con el fin de buscar la continuidad laboral o las indemnizaciones correspondientes.

La British American Tobacco (Nobleza Piccardo) inició el trámite formal de «procedimiento preventivo de crisis» ante el Ministerio de Trabajo.

Todo parece indicar que la crisis no sería tal sino que es una maniobra para tener el visto bueno para llevar adelante suspensiones de personal o avanzar en 50 despidos en Pilar como ya se rumorea. El gerente ya adelantó en una reunión que están evaluando sacar el turno noche.

El pasado 9 de marzo dos trabajadores del portal TKM, de Vi-Da Producciones S.A, pertenecientes al grupo de Daniel Hadad, fueron despedidos luego de haber notificado a la empresa la elección de delegados para el 16 de marzo, bajo la tutela del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

Después de los despidos, llegaron las amenazas al resto de los trabajadores del portal, quienes perciben salarios por fuera del Convenio Colectivo de Trabajo de Prensa Escrita y Oral 301/75 y que, en el mejor de los casos, se ubicaban en $ 8.000 cuando el salario mínimo, vital y móvil es de $ 8.060 y el convenio de prensa para la categoría de redactor estipula un salario bruto de $ 18.218 para una jornada laboral de 6 horas.

El jueves por la mañana, trabajadores de AGR-Clarín cortaron la céntrica esquina de Callao y Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar por los 380 despidos y contra el cierre fraudulento de la gráfica. Tras 60 días de ocupación de la planta de Pompeya, reclaman que «el gobierno intervenga a través del Ministerio de Trabajo para solucionar el conflicto».

¿Bajó el desempleo?

El INDEC acaba de publicar los datos para el 4° trimestre del 2016 e indica que el desempleo alcanzó el 7,6%. Se trata de un valor menor a los registros del 2° trimestre, que alcanzó al 9,3% y del 3° trimestre del 8,5%.

Al respecto señala el Director del Fisyp, Julio Gambina: «La conclusión primaria es que el desempleo viene bajando, pero no se considera que la tasa de actividad económica (porcentaje entre la población económicamente activa y la población total) fue del 45,3% en el 4° trimestre del 2016, contra el 46% del 2° y 3° trimestres del 2016. La PEA, Población Económicamente Activa, son las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente, la población ocupada más la población desocupada. Así, en el 4° trimestre hay una menor proporción de PEA sobre el total de la población.

Es decir, baja la tasa de desempleo porque también baja el nivel de actividad económica, y que si se hubiera mantenido la actividad económica a los valores del tercer trimestre, el desempleo no habría bajado.

Por eso, vale rescatar al propio informe del INDEC cuando señala que: «Los resultados del cuarto trimestre de 2016 no presentan diferencias estadísticamente significativas en el empleo con relación al trimestre anterior. Disminuye la actividad y la desocupación por refugio en la inactividad.»

Así, podemos deducir que lo relevante fue la recesión económica y el desaliento en la búsqueda del empleo. No hay lugar para la algarabía de la simple lectura del dato del INDEC señalando la baja del indicador de desempleo.

Los territorios donde el desempleo supera al promedio son los lugares de concentración de la población, tal como Mar del Plata con 10,6%; los partidos del Gran Buenos Aires con 9,4%; Río Cuarto con 9,1%; Bahía Blanca-Cerri con 9,2%; Gran Rosario con 8,6%; Gran Córdoba con 8%; Gran Tucumán con 7,9%.»

Continúan las malas noticias

Durante febrero, las ventas con tarjetas de crédito se habrían desplomado hasta un 30% en relación al mismo mes del año pasado. «Si la inflación anual fue 35%, nosotros deberíamos haber crecido al menos 40%, pero la realidad es que tuvimos un crecimiento nominal de solo 10 o 15%», dijo un alto ejecutivo de una de las más importantes tarjetas del mercado local. Y agregó: «hubo un desplome en indumentaria, calzado y electrodomésticos», justamente los rubros que más captaban el mayor porcentaje de operaciones en cuotas.

Uno de los motivos sería la normativa conocida como «precios transparentes» que incrementaron las operaciones en un solo pago aunque el Ministro de Producción, Francisco Cabrera, reconoció públicamente que los precios no habían bajado o si lo hicieron, fue en un porcentaje «menor de lo que esperaban» y también que hubo una caída del consumo que en febrero fue del 6,6%.

El ingreso de mercaderías del exterior tuvo una incidencia negativa sobre la producción interna en sectores como mueblería, calzado, textiles y manufacturas de cuero, entre otros, agravada por la caída del consumo interno. En el sector de madera, la actividad cayó un 10,1% en el sector textil 5,3%, en calzado 6,3%, en tanto que las cantidades importadas en este sector se incrementaron un 16%. En el sector de cuero y manufacturas de cuero, la actividad cayó 3,8% y las importaciones aumentaron 14,4%.

«En 2016, el consumo textil cayó 15% y pasamos de tener un mercado de 500.000 toneladas producidas a uno de 425.000», grafica Jorge Sorabilla presidente de la Fundación Pro Tejer, la cámara empresaria que representa a toda la cadena de valor textil.

«La producción textil para indumentaria cayó 28% y para prendas de cama, mesa, sábanas y toallas, cerca del 41%», agrega. El directivo cree que la principal dificultad es la contracción del consumo.

Un informe de la Universidad de Avellaneda estimó que el incremento en las importaciones provocó la pérdida de 4.200 puestos de trabajo, coincidiendo con la estimación de la Cámara patronal que en el cuarto trimestre de 2016 la producción del sector cayó 27,3%.

El consumo de calzado tras quebrar el récord de 147 millones de pares en 2015, la demanda cayó el año pasado 6,2%, lo que representa 138 millones. Sin embargo, entre 2015 y 2016 el componente de los importados saltó de 21,6 millones de pares a 27,4 millones.

El sector del calzado está compuesto por 2.300 empresas (en su mayoría pymes) y 45.000 empleados directos y otros 35.000 indirectos.

Unas 5.600 empresas integran la industria del mueble. A pesar de registrar una caída en las ventas del 18% el año pasado, en el sector, compuesto de 97% por pymes, «no hubo cantidades importantes de despidos», según la Cámara de Fabricantes de Muebles, Tapicería y Afines.

En la industria del cuero y productos manufacturados con cuero (marroquinería) ocurrió algo similar. Por la caída del consumo y las importaciones, el año pasado «cerraron 39 fábricas y se perdieron 140 puestos de trabajo». El sector está integrado por más de 400 pequeñas fábricas y 7.000 empleados registrados.

En una reunión sostenida la semana pasada con varios gremios de los rubros afectados por las importaciones, el Ministro Cabrera y Jorge Triaca, Ministro de Trabajo, prometieron impulsar una ley de «Compre Nacional», para incentivar la producción local. El alcance de la medida que se limita a las compras que realiza el Estado, no terminó de conformar a los sindicalistas.

Criminalización de la protesta

El dirigente del SUTEF (docentes) y la CTA Autónoma de Tierra del Fuego, Horacio Catena, se refirió a la ratificación de la Cámara de Apelaciones a la quita de la tutela sindical, en sintonía con el fallo del juzgado laboral en primera instancia, aunque con voto dividido.

Catena no considera «bajo ningún punto de vista» que las decisiones judiciales que se están tomando sean «casuales» y recordó que «entre el 16 y el 19 de diciembre me pidieron la detención por ir a ver un partido de fútbol en la casa de un amigo de años, que vive enfrente del vicegobernador, y por ir a la Comisión de presupuesto. Los últimos diez años fui a la Comisión de presupuesto de la Legislatura, porque no falté nunca, y ahora trataron de aplicarme una restricción por ir a cumplir parte de mi trabajo, que es defender el presupuesto educativo. Meten una restricción para evitar que uno vaya a discutir, y no me sorprende ni de Bertone ni de Arcando (gobernadora y vicegobernador), ni de ninguno de ellos porque son fascistas», disparó.

Aclaró que «la exclusión de tutela no implica de por sí la exoneración. Es una decisión política el decreto de exoneración, es decir que lo pueden hacer o no, y nosotros nos disponemos a dar la batalla política necesaria, porque acá no es solamente Catena o Arce, sino que son 17 trabajadores y un precedente para el resto de la Administración pública, que no se lo vamos a dejar regalado a Bertone, Arcando y toda la runfla que tienen atrás. La vamos a seguir peleando en la calle y en la política», sentenció el dirigente.

Finalmente se refirió a la reunión paritaria prevista para el viernes y dijo que «hay expectativas de que se pueda sacar alguna negociación razonable», aunque observó que «si lo tengo que evaluar por lo que pasó el lunes, tengo que decir que la expectativa es cero. Hicimos 250 kilómetros para decirles lo que ya sabían. Estamos a mediados de marzo y el gobierno, sabiendo que la propuesta iba a ser rechazada por todas las organizaciones, se limitó a escuchar y pedir 48 horas más. Creemos que esta instancia hay que agotarla y transitarla con paciencia y firmeza en los argumentos», concluyó.

Un grupo de trabajadores desocupados integrantes de la Fundación Villa Saavedra de Gral. Mosconi-Salta, denunciaron que fueron violentamente reprimidos por Infantería y Gendarmería durante la noche y que fueron acorralados en el cementerio cercano a la ruta 34.

Renata Justiniano, quien estuvo en el corte, aseguró que los reprimieron con balas de goma. «Levantaban los cartuchos para no dejar evidencia», afirmó.

«Nos intentaron rodear para acorralarnos en el cementerio», dijo Justiniano, quien aseguró que en la protesta había niños.

Los ex trabajadores de la Fundación Villa Saavedra pedían ser reincorporados y que se rehabilitara el  SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares) en lugar de la AUH (Asignación Universal por Hijo) que ahora perciben como desocupados.

El origen del reclamo posee una causa concreta -la quita del subsidio a 900 personas- en un escenario siempre caliente: Mosconi, el lugar en donde hace 20 años se iniciaron los cortes de rutas que acabaron con varios muertos. La situación empezó a reeditarse peligrosamente el lunes pasado cuando los perjudicados por la medida del gobierno nacional cortaron la ruta 34 a la altura de Tres Cruces y un día después se desatara una represión protagonizada por la gendarmería.

El origen del problema, declaran vecinos de Mosconi y Embarcación, se remonta al año 2015 cuando el gobierno provincial decidió que los beneficiarios que dependían de la fundación Fundatrac que conduce «Pepino» Fernández, debían pasar a depender de la Fundación Villa Saavedra para seguir accediendo al beneficio. La medida tenía un sentido político: restar poder a un dirigente como Fernández que siempre se mostró autónomo del gobierno provincial y para transferir el manejo de los subsidios a la fundación regenteada por el hermano del intendente de General Ballivian.

La maniobra del gobierno provincial, no obstante, terminó perjudicando a los beneficiarios directos de los subsidios y a Mosconi en su conjunto que con la quita de subsidios se queda sin al menos 10 millones de pesos mensuales que antes se gastaban en la propia ciudad. Ello ocurrió, aseguran las fuentes, porque cuando los subsidiados estaban bajo la órbita de «Pepino» éste se encargaba de que todos cumplieran entre 20 y 25 horas de trabajo semanales cuyos resultados se volcaban a la comunidad no dando motivos a los organismos nacionales para cuestionar la ayuda que el mismo Fernández había llevado a un monto cuatro veces superior al normal en nombre de una especie de reparación de la Nación con el castigado pueblo del norte provincial.

Los controles que Fundatrac realizaba con los beneficiados se flexibilizaron al máximo con el desembarco de la Fundación Villa Saavedra que no exigía devolución de servicios ocasionando que el gobierno nacional argumentara incumplimiento y tras un año y dos meses cortó el beneficio cuando originalmente se había comprometido con extenderlo por cinco años.

También en Salta, atentaron contra el local de la Corriente Clasista Combativa (CCC), por segunda vez en menos de un mes.

El pasado 14 de marzo, la Municipalidad de General Roca-Fiske Menuco (Río Negro), gobernada por Martín Soria (PJ-FPV), anunció en un comunicado oficial que denunciará penalmente a militantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) por extorsionar a funcionarios en el marco de una movilización en reclamo de trabajo genuino y ayudas económicas al trabajo comunitario que hace como organización en barrios de la ciudad.

Al respecto señalan: «Esta política de criminalización que pretende estigmatizar las luchas sociales se da en un contexto signado por el deterioro generalizado de las condiciones de vida de la clase trabajadora, producto de las políticas económicas del gobierno nacional de Mauricio Macri que cuentan con el acompañamiento de los gobiernos provinciales y municipales para efectuarse. La brutal transferencia de ingresos desde las clases trabajadoras a los sectores concentrados del capital comienza a despertar fuertes resistencias en distintos sectores de la clase trabajadora y el Estado pretende contener esas resistencias castigando de forma selectiva y ejemplificadora. De allí que pese al discurso del gobierno municipal, pretendiendo diferenciarse de las políticas del gobierno nacional, en la práctica resulta ser el administrador local del ajuste económico.»

Organizaciones de Derechos Humanos convocadas por el SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), entre ellas el CELS y la Correpi, respaldaron a los delegados de la Editorial Perfil llevados a juicio por la empresa por una protesta contra despidos en 2013.

Unos 300 efectivos policiales desalojaron a los choferes de la Línea ESTE, que se encontraban realizando una medida de fuerza en la cabecera en La Plata con retención total de tareas por la inmediata reincorporación de los despedidos, el cese de la precarización laboral y la persecución sindical, la elección libre de delegados gremiales y el pago completo de sus salarios, entre otros puntos.

Además, el gobierno definió algunas medidas urgentes: blindaje del entorno de la Casa Rosada, aumento de la seguridad en los accesos a la Capital, operativos especiales para garantizar que la ruta del Metrobús sobre la 9 de Julio permanezca liberada durante las manifestaciones y «firmeza» para dispersar los cortes «de dimensiones pequeñas y con la presencia de manifestantes encapuchados». 

Los trabajadores dispuestos a resistir el desalojo del Hotel Bauen

Tras la nueva orden de desalojo que llegó hasta el edificio de Callao al 300, en la cual la Justicia autoriza el uso de la fuerza pública para vaciar el inmueble el próximo 19 de abril, los integrantes de la cooperativa que desde hace trece años gestiona el hotel se encuentran nuevamente planificando charlas abiertas y actividades en la vía pública, recorriendo despachos de diputados y convocando a artistas que apoyan su lucha para llegar a una nueva vigilia el 18 de abril, la noche anterior a la fecha fijada para el desalojo.

Según Carlos Heller, diputado por el Partido Solidario y uno de los autores de la ley vetada por Mauricio Macri, la única opción que queda ahora es convocar a una sesión especial y luego conseguir el apoyo de los dos tercios de ambas Cámaras. Esta vía conlleva un riesgo: si no se alcanza la mayoría especial el proyecto no podría volver a tratarse por un año y sólo quedaría la vía judicial.

El próximo 22 de marzo, habrá una movilización hacia el Congreso y el 6 de abril una cena solidaria con presencia de referentes sociales y políticos. Para el 18 y 19 de abril, fecha prevista para el desalojo, planifican un festival sobre la avenida Callao.

«Somos los mismos que te cruzaste cientos de veces en la calle defendiendo el hotel. Un hotel que el grupo Bauen construyó con la ayuda de la dictadura y que abandonó a fines de los ’90 sin pagar una deuda millonaria y dejando a 70 familias en la calle. Somos los mismos de siempre, los que decidimos dar pelea en plena crisis de 2001», se escucha la voz de los trabajadores del Bauen en el video que hicieron para sumar apoyo y lograr que el proyecto para expropiar el hotel logre finalmente aprobarse en el Congreso.

El sector de las pymes y las cooperativas fue uno de los más golpeados por los tarifazos en los servicios básicos. El programa Facultad Abierta, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, destaca particularmente la delicada situación que deben enfrentar el hotel Bauen, el restaurante La Casona, la metalúrgica Felipe Vallese y la vidriera santafesina Vitrofin, entre otros.

Con los aumentos de 2016, el hotel Bauen pasó de pagar boletas de luz de $ 24.000 a $ 100.000. En el gas, pasó de abonar $ 11.000 a $ 50.000. El peor aumento fue en el agua: de $ 65.000 a $ 218.000. La Casona pasó a pagar facturas de electricidad de $ 7.000 a $ 40.000. La metalúrgica Felipe Vallese tenía facturas de electricidad de $ 8.000, pero ahora tienen que desembolsar $ 50.000. Así muchas cooperativas vieron reducidos sus ingresos producto de los tarifazos, la baja del consumo y la retracción general de la economía, reduciendo los retiros (sueldos) de los trabajadores. A modo de ejemplos, el bar Barthó de Balvanera tuvo una baja del 50% al igual que la metalmecánica Cerraduras de Precisión. Los trabajadores de la sodería 15 de Noviembre un 25% y los de La Casona un 44%.

Fuentes: CTA Tierra del Fuego, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Anred, Prensa Obrera, www.diariobae.com , www.infogremiales.com.ar , Clarín, Tiempo Argentino, Página 12 y Red Eco Alternativo.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.