La autonomía indígena zapatista está sufriendo una fuerte represión. Para romper el cerco mediático y visibilizar la actual estrategia contrainsurgente en Chiapas, Ernesto Ledesma está realizando una larga gira por Europa.DIAGONAL: ¿Cuál es la labor del Centro de Análisis? ERNESTO LEDESMA: El Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) tiene sus oficinas […]
La autonomía indígena zapatista está sufriendo una fuerte represión. Para romper el cerco mediático y visibilizar la actual estrategia contrainsurgente en Chiapas, Ernesto Ledesma está realizando una larga gira por Europa.
DIAGONAL: ¿Cuál es la labor del Centro de Análisis?
ERNESTO LEDESMA: El Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) tiene sus oficinas centrales en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Nosotros desarrollamos el trabajo en el territorio indígena de ese Estado. Nos centramos en los derechos colectivos de los pueblos indígenas, particularmente el derecho y defensa del territorio, el derecho a la justicia, el derecho a la identidad cultural y los derechos políticos.
D.: ¿Por qué una gira por diferentes países europeos?
E. L.: La gira la iniciamos en México el año pasado, cuando empezamos a documentar y a identificar una feroz ofensiva por parte del Estado mexicano contra los pueblos indígenas zapatistas. Empezamos a identificar reagrupamientos o reposicionamientos del ejército federal y el arribo de ‘fuerzas especiales’ -salió ‘cantidad’ de tropa y entró ‘calidad’ de tropa-, lo que es muchísimo más amenazante, porque cuando hay fuerzas especiales se conforman grupos paramilitares, y se empieza a gestar una descomposición del tejido social en las comunidades.
Empieza primero a arribar prostitución a las comunidades para atender a las fuerzas armadas, hay introducción de alcohol. En algunos poblados donde hay fuerzas especiales identificamos que las mujeres también empiezan a prostituirse. Además, la reactivación del ejército y de los grupos paramilitares es prácticamente simultánea. Por otro lado, hay una feroz embestida. Hay decretos expropiatorios en el territorio indígena, a través de las instituciones agrarias que le dan legalidad a los despojos agrarios y empiezan una serie de agresiones físicas contra personas de las bases de apoyo zapatistas, y empezamos a identificar daños en sus bienes e intentos de desalojo y de despojo, juicios… y una complicidad en el caso de la policía en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) así como en el ámbito de las fuerzas armadas. Se trata de una articulación de instituciones de gobierno contra un pueblo indígena, en este caso y muy centradamente contra los pueblos zapatistas.
Esta realidad originó que el CAPISE y diferentes organizaciones iniciáramos ciclos de conferencias porque los medios no están publicando prácticamente nada. Lo que pretendemos es que las redes, colectivos y organizaciones tengan información veraz y certera sobre lo que está sucediendo.
D.: ¿Qué caracteriza este período de contrainsurgencia respecto a otros como el vivido del año ’95 al ’97, que desembocó en la masacre de Acteal?
E. L.: Hay similitudes y hay novedades. Digamos que un nuevo modelo y estrategia de contrainsurgencia empieza a implementarse contra los pueblos zapatistas. Ahora uno de los puntos centrales es el interés, por parte del Estado mexicano, por los recursos naturales y bióticos que hay dentro del territorio indígena. Uno de los cambios fundamentales que estamos encontrando es que se le empieza a dar legalidad al despojo de tierras. O sea, la intervención de las instituciones agrarias empieza a jugar un papel determinante.
Las instituciones agrarias conjuntamente con el Ejército federal mexicano y la seguridad pública estatal y federal empiezan a fortalecer a un grupo que en un principio estaba registrado como una asociación civil, la Organización para la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Campesinos (OPDDIC). Esta organización, fundada en 1988 por un ex diputado local priísta, empezó a adquirir un gran poder en el territorio porque las instituciones agrarias comenzaron a darle títulos de las tierras. Los pueblos zapatistas pasaron a ser «invasores», y así empezó a haber más presiones y más agresiones, gestándose confrontaciones en el interior de las comunidades.
El que la dirigencia de la OPDDIC tenga rasgos paramilitares, o directamente lo sea, tiene implicaciones mayores en una estrategia de contrainsurgencia. A pesar de la ocupación militar agarran a unos pueblos zapatistas fortalecidos en la construcción de su autonomía. Conforme más se fortalecen, más los empiezan a golpear.
D.: El EZLN lanza en marzo de 2007 la Campaña en Defensa de la Tierra y el Territorio, y en coordinación con CAPISE crea las Brigadas de Observación Tierra y Territorio (BOTT). ¿En qué consisten?
E. L.: Con los compañeros y compañeras acordamos crear un programa de observación, de acompañamiento y documentación para apoyar a las poblaciones que estaban siendo agredidas y amenazadas con ser desalojadas. Estas brigadas de información empezaron a funcionar en abril del año pasado para poder enviar a miembros de la sociedad civil mexicana e internacional a las comunidades. Desde estas brigadas tienen una vinculación más estrecha con las poblaciones, hablan, se quedan con ellos, y además les hacen entrevistas sobre lo que está pasando en sus comunidades.
En las comunidades donde ya teníamos documentación de que estaban empezando a entrar grupos paramilitares o fuerzas de seguridad pública, por lo menos se logró que éstas se detuvieran. Pero el 30 de diciembre pasado, por vez primera, una de nuestras brigadas sufrió agresiones, privación de libertad, amenazas sexuales. Tomamos la decisión de ejercer una acción penal contra estos agresores. Pero esto habla de los niveles de tensión y del descontrol que tiene el Gobierno del Estado de Chiapas.
EL MEDIO AMBIENTE COMO PRETEXTO
D.: ¿El Gobierno utiliza el discurso conservacionista ambiental para la contrainsurgencia?
E.L.: Está siendo usado como pretexto para desalojar a las poblaciones. El Gobierno de Felipe Calderón ha desatado una escalada de decretos expropiatorios en territorios indígenas en todo el país para la creación de «nuevas áreas protegidas». La conservación del medio ambiente esconde la disputa del Estado mexicano contra las poblaciones indígenas por sacarlos de sus tierras y meter a la iniciativa privada para que administre los recursos, creando «zonas ecoturísticas». Sirve de vehículo para la implementación de proyectos neoliberales como el Plan Puebla Panamá.
Este plan en los hechos está caminando y está penetrando, por ejemplo, en la zona lacandona de manera indiscriminada, en donde están construyendo tres supercarreteras. Calderón, junto al gobernador del Estado de Chiapas, Juan Sabines, hacen declaraciones públicas de que van a fortalecer el turismo y la inversión en Chiapas. Palenque, Agua Azul, zona lacandona… van a pasar a ser centros turísticos que van a generar grandes ingresos. No lo ven como un territorio indígena, sino como un territorio que va a generar ingresos.