Exigirán indulto a Milagro Sala 

“Se advierte que la defensa no se hizo cargo de controvertir los argumentos esgrimidos por los tribunales locales para desestimar los agravios de la parte referidos a la presunta vulneración al derecho de defensa en juicio, derivados del rechazo de parte de la prueba ofrecida, la indeterminación de la imputación en su contra y la infracción del principio de congruencia, falencia que obsta de modo decisivo a la procedencia de su impugnación en orden a dichas cuestiones”, escribieron los cuatro integrantes de la Corte Suprema. 

La defensa de la líder de la organización social jujeña Tupac Amaru denunció que el proceso en su contra estuvo plagado de irregularidades y de violaciones a sus derechos constitucionales.  

«La decisión es un escándalo en términos políticos. Sepulta los antecedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de DD HH y del Comité contra la tortura de la ONU. Desconoce el carácter político de la persecución, la condena y la prisión que purga Milagro Sala y que purgaran decenas de Tupaqueros y Tupaqueras en Jujuy», señala el comunicado emitido por la Tupac. 

Además, agregan que la condena ratificada por la Corte«es una pistola en la cabeza de la militancia popular, de todo compatriota que decida abrazar la organización popular y la convicción política, para enfrentarse con la dinámica del sistema que pretende convalidar una realidad de mierda», expresa la organización. 

«Un fallo vergonzoso, un silencio sorprendente en algunos, una complicidad evidente en otros tantos y una cobardía que se hace insoportable. INDULTEN YA A MILAGRO SALA», finaliza. 

Acamparán en Plaza de Mayo para exigir indulto a Alberto Fernández 

El Frente Milagro Sala anunció que los días martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de diciembre se realizará un acampe pacífico en Plaza de Mayo “exigiéndole al Presidente que firme el indulto antes de fin de año”, para habilitar la liberación de Milagro Sala, presa política desde el 16 de enero de 2016. 

Así lo confirmó Alejandro “Coco” Garfagnini, coordinador de la organización barrial Tupac Amaru, en la conferencia de prensa, de la que participaron organismos de Derechos Humanos, gremios y organizaciones sociales, que pidió por la nulidad de la pena contra la líder política jujeña tras la confirmación de la condena a 13 años de prisión. 

“Esta situación tiene una salida política, que la tiene el Presidente y nuestra fuerza política, que es el indulto”, destacó Garfagnini en referencia a Alberto Fernández, quien para él debe “tener carácter y cumplir con el mandato que le dimos todos los que resistimos durante cuatro años de macrismo y posibilitamos que el Gobierno llegue al poder”. 

En la conferencia, también repudiaron que las condenas contra militantes de la Tupac Amaru son “dictadas por el Poder Judicial de Jujuy, que funciona como una escribanía de los intereses políticos de Gerardo Morales y de los intereses económicos de los grupos económicos extranjeros y de Carlos Pedro Blaquier”. 

María Elena Naddeo, vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), expresó su “adhesión a la propuesta que lleva adelante la Tupac Amaru para lograr la libertad definitiva de Milagro. El reclamo para que la Presidencia de la Nación tome una actitud proactiva y busque la forma jurídica y política más rápida para poner fin a esta situación”. Asimismo, consideró “inaceptable el fallo de la Corte y que se siga convalidando la gestión política de Gerardo Morales en Jujuy sin que tenga consecuencias”. 

Por su parte Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos, señaló: “lo único que corresponde, frente a esta convalidación de la Corte de una sentencia artera de la Justicia de Jujuy es indulto. No hay ninguna duda. El Presidente tiene que indultar y no puede estar un día más presa Milagro Sala“. 

Milagro Sala, presa política  

El Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Jujuy condenó a la dirigente social jujeña Milagro Sala a 13 años de prisión. La halló culpable de los delitos de asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado a pesar de que las querellas, impulsadas por el Poder Ejecutivo provincial, y la Fiscalía no pudieron aportar pruebas fehacientes que acrediten la responsabilidad de la referente de la Tupac Amaru en esos hechos. Fue el cuarto juicio que afrontó desde su detención el 16 de enero de 2016.   

Ni durante la instrucción ni a lo largo del juicio oral la Fiscalía logró acreditar los testimonios que inculpan a Sala por los delitos por los que fue juzgada y condenada. Entre ellas, la Fiscalía no logró señalar un marco temporal a los delitos de asociación ilícita ni de extorsión supuestamente cometidos por Sala. “No se puede saber, y menos ella puede defenderse, de hechos que no fueron precisados, algo que fue reconocido por el Ministerio Público en el debate y que constituye un conflicto procedimental”, explicó Matías Duarte, uno de sus defensores.  

Milagro Sala había cumplido tres años de encierro bajo el régimen de prisión preventiva sin que pese sobre su persona condena firme alguna. El equipo jurídico que la representa solicitó, a pesar de esta sentencia condenatoria, que sea puesta en libertad.  

«Es una persecución política inédita en democracia», dijo Gómez Alcorta, una de las abogadas de la presa política, y ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad, tras la condena a 13 años de prisión.  

La abogada aseguró que «ninguna de las tres juezas que condenaron a Milagro integran el Tribunal”. “Incluso una reprobó tres veces el examen”, añadió. “Para los diarios hoy Milagro Sala es una corrupta, pero nadie dice que la causa está plagada de irregularidades muy graves”, completó.   

También recibieron seis años de prisión Mirta Aizama, Gladys Díaz y Mirta Rosa Guerrero (conocida como Shakira), tras ser encontradas culpables de integrar una asociación ilícita y cometer fraude a la administración pública. Es necesario señalar que las tres integrantes de la Organización Barrial Tupac Amaru se encontraban injustamente detenidas desde hacía dos años y nueve meses y habían denunciado de forma sistemática los tratos crueles e inhumanos que recibían en el Penal de Alto Comedero.   

Graciela López, detenida en el Penal de Alto Comedero desde abril de 2016, recibió ocho años de prisión por fraude a la administración pública y asociación ilícita. En sus palabras finales Graciela remarcó: “esta causa es un mix de causas, es un combo, una ensalada y quiero expresar que soy absolutamente inocente al igual que mis compañeras. Nosotras hemos sido formadas como militantes en la crisis del 2001 y venimos luchando desde entonces por salud, educación y trabajo y hoy somos testigos de cómo están pulverizando a las organizaciones sociales”. 

Raúl Noro, compañero de la Diputada del Parlasur, Milagro Sala, y quien se encuentra gravemente enfermo fue sentenciado a una pena de tres años de prisión en suspenso por supuesta participación como integrante de asociación ilícita. Javier Nieva, detenido en el Penal de Alto Comedero, recibió ocho años de prisión por fraude a la administración pública y asociación ilícita. Alberto Esteban Cardozo fue absuelto, al igual que en el juicio conocido como “La Balacera de Azopardo”, sentencia donde también fue absuelta Milagro Sala. 

Desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala aseguraron: “Estamos frente a procesamientos de hechos a medida donde hay una clara decisión de perseguir políticamente a la principal oposición política que existe en Jujuy. Es una causa armada para enjuiciar a líderes sociales, a los más humildes, a los indígenas y a las mujeres. Es sin dudas una causa que está atravesada por el odio político de Gerardo Morales aliado con los intereses económicos de la provincia. Seguiremos reclamando de forma irrenunciable la libertad de Milagro Sala y de todos los presos y presas políticas. Como lo dijimos el primer día: con presxs políticxs, no hay democracia”.  

El ataque a los movimientos sociales tiene historia  

La detención de Milagro Sala por la presunta comisión del delito de “asociación ilícita”, que en su momento mereció los pronunciamientos del Presidente del Parlasur, el ex Juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, el CELS, Amnistía Internacional, el presidente de la OEA y representantes del Parlamento Europeo, entre otros, por considerarlo un caso de violación a los Derechos Humanos y criminalización de la protesta social, fue aprovechado por los grandes medios y el gobierno de Mauricio Macri para poner en tela de juicio los emprendimientos productivos cooperativos vinculados a la Economía Popular.  

Así, La Nación, entre otros, señalaba que: “El nuevo gobierno afronta el desafío de sanear un sistema de asistencialismo basado en la militancia política, que desvirtuó la sana figura de las cooperativas”.  

Para continuar: “A través de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, que alcanzan a más de 200.000 personas e insumen entre 15.000 y 20.000 millones de pesos anuales, se constituyeron, por decisión del gobierno saliente, seudo cooperativas de trabajo, siguiendo un modelo que ya había sido desarrollado en la provincia de Santa Cruz, a partir de un falso concepto de cooperativismo asociado a una dependencia permanente de la asistencia del Estado. Salvo escasas y honrosas excepciones, sus integrantes, que en la mayoría de los casos ni siquiera se conocen, cobran mensualmente un subsidio.  

Los recursos para adquirir los materiales y las herramientas de las obras que, a través de esos programas, supuestamente debieron realizarse han sido dirigidos exclusivamente hacia municipios con afinidad política y en otros casos, de manera directa, a cooperativas con reconocida influencia partidaria en su administración.  

En aquellos pocos casos en que las obras se concretaron, se las ha presentado como públicas, realizadas por el gobierno nacional, encubriendo bajo la pantalla de un programa social una real precarización laboral. No han sido los trabajadores quienes decidieron constituir la cooperativa, no fue el Estado el que decidió contratarlos; por el contrario, los subsidió para disminuir ficticiamente y disimular el índice de desocupación y, en el mejor de los casos, los utilizó para la realización de obras con contabilidades difíciles de conciliar, apelando incluso a la dudosa supervisión, en algunos casos, de universidades nacionales”.  

Cualquier parecido con las argumentaciones actuales contra los movimientos sociales no es casualidad, son parte de una política sistemática de las grandes corporaciones mediáticas. 

El verdadero alcance de la Economía Popular  

En Argentina el término “Economía popular” (EP) ha sido asociado al llamado sector informal y el de “Economía social” a la promoción de emprendimientos productivos asociativos de personas excluidas o pobres, supuestamente rehenes de punteros políticos y el carácter precario en sus condiciones laborales y sociales, cuando en realidad el uso de esta categoría es parte de una batalla para darles nombre y representación a hombres y mujeres cuyas vidas laborales han sido desvalorizadas moral, económica y socialmente. EP es una categoría política que altera los términos de esta desvalorización.  

Se trata de un proceso que comenzó, previo al kirchnerismo, causado por la crisis del neoliberalismo, el quiebre del Estado y el crecimiento de la desocupación que llevó a miles de trabajadores a buscar en emprendimientos asociativos un lugar de inclusión y hoy representa entre el 25/30% de la población económicamente activa.  

Este proceso se vio fortalecido en la última década por una serie de políticas públicas impulsadas desde el Estado, en particular las cooperativas de trabajo. Es el caso del programa “Argentina Trabaja” que mantiene el sentido de reinsertar a los pobres en el mercado que los excluyó, aunque muchas veces, como destaca La Nación, precariamente y sin sostenibilidad.   

No obstante, esos programas han sido extraordinariamente importantes en medio de una crisis brutal como la heredada en el 2003 y la imposibilidad del sistema para absorber toda la población que busca trabajo.  

Las fábricas recuperadas y los emprendimientos productivos de las organizaciones de trabajadores desocupados, heredadas por el kirchnerismo, son otros buenos ejemplos donde el trabajo autónomo, en especial el asociativo, es el factor central.   

La multiplicación de redes de economía social y solidaria atestigua que no se trata de algo pasajero. Cada vez más Universidades y ONG incorporan a su agenda aportar capacidades indispensables a la EP y la Economía Social y Solidaria se ha convertido en objeto de programas de investigación y formación de posgrado.  

La red de productores del mercado de la Estepa en Río Negro o la de 55 ferias francas en Misiones establecen otro tipo de relaciones entre miles de consumidores y productores artesanales y de la economía familiar. La “economía del cuidado familiar” cuyo valor equivalente de mercado es de alrededor de un 15% del PBI, las cooperativas de vivienda, las redes de comercio justo, son parte de la economía social, ocultada por una visión que limita la economía mixta a solo dos sectores: el público y el de las empresas de capital privado.  

Otro ejemplo son las actividades de reciclado y el uso de tierras urbanas para huertas familiares y comunitarias y el espacio público para la instalación de ferias populares.  

Sin reconocer la EP es imposible entender cómo funciona el sistema económico, cómo pueden vivir las mayorías con salarios que no alcanzan para comprar lo que se necesita para vivir. En la EP no predomina el objetivo de la ganancia sino el de reproducir la vida de los trabajadores y sus familias.   

La EP solidaria es un sector cultural y políticamente estratégico que apunta a fortalecer lazos sociales y el cuidado del medio ambiente, frente al neoliberalismo individualista que propugna el “sálvese quien pueda”. Para esto, entre otras cosas, requiere superar la estigmatización.    

Otro aspecto de la batalla cultural, y tal vez el más peligroso desde el punto de vista de la economía tradicional, es que todo este proceso es posible sin necesidad de un patrón o un capitalista. Un buen ejemplo es la Red Textil Cooperativa, que nuclea a más de 70 cooperativas de todo el país, que intervino en talleres de la Ciudad de Buenos Aires que explotaban a trabajadores de la comunidad boliviana con trabajo esclavo y los incorporó a la autogestión, lo que les permitió desarrollarse como trabajadores libres con trabajo digno y dirigir su propia empresa. Donde fracasaron las instituciones del Estado que deberían regular y controlar estas actividades, triunfó la EP “Social y Solidaria”.  

Lo que el sector de la EP necesita, no es la crítica parcial y sin fundamento de los grandes medios vinculados a los intereses de la economía capitalista que no solo provocó la crisis del 2001-2 y fue incapaz de resolverla, sino de políticas públicas como pueden ser una Ley de compra cooperativa, un porcentaje de obras públicas para las cooperativas, la legalización de la tenencia de tierras para los pequeños productores y la agricultura familiar, solucionar la propiedad de los bienes inmuebles y maquinarias de las empresas recuperadas, contra el veto a las leyes que las protegen, la creación de un fondo para el otorgamiento de créditos, etc.  Con recursos, la EP puede cubrir parte importante de la demanda de alimentos y textiles, construir barrios enteros, redes de infraestructura, sistemas de comercialización y transporte, etc., como ya lo ha demostrado.  

El caso de la Tupac Amaru  

“Los chicos collas estaban panza arriba tomando sol en la pileta. Hoy, están trabajando en la caña y el tabaco”  

Milagro Sala en “Maldita Suerte” (FM La Patriada)  

La organización construyó dos escuelas. Una fue bautizada Germán Abdala, lo otra, Olga Aredes. Los trabajadores terminaban sus estudios primarios o secundarios y obtenían títulos legales reconocidos por la provincia. Entre ambos colegios tenían 150 profesores, cuyos sueldos pagaba la organización. Los fines de semana los profesores realizaban trabajo voluntario en los barrios más humildes de Jujuy. A las escuelas asistían jóvenes y adultos de 17 años en adelante. Además del programa de estudios se dictaban tres materias obligatorias: Autoestima, Historia y cultura de Jujuy y de los pueblos originarios y Lucha del movimiento obrero. En dos centros de salud atendían 42 médicos y había farmacéuticos, bioquímicos, y enfermeros. Funcionaban una farmacia y un laboratorio. Además, adquirieron un tomógrafo y un mamógrafo.  

En el barrio Túpac Amaru estaba el CEMIR (Centro Integral de Rehabilitación para personas discapacitadas) que fue construido en cuatro meses. Había una plaza con juegos adaptados. El edificio era gratuito y abierto a la comunidad. A él eran derivados pacientes de los hospitales provinciales. Había salas preparadas para diferentes discapacidades, un gimnasio acondicionado, pileta climatizada, una sala con Cámara Gesell para el uso de psicólogos y psicopedagogos. Había baños en distintas versiones y con variantes de protección, y salas con la acústica preparada para discapacidades auditivas. Compraron dos ambulancias de alta complejidad equipadas para el traslado y la atención de pacientes. La atención y los remedios eran gratuitos.   

Se establecieron seis fábricas con fondos del ministerio de Desarrollo Social que empleaban a 600 ex desocupados. Todas ellas vendían su producción al público. En el barrio Túpac Amaru había una fábrica textil con 146 empleados. Hacían delantales blancos, acolchados y remeras por encargo. La Túpac Amaru creó una fábrica de bloques de construcción, con los que se ahorraban buena parte de los costos de las viviendas.   

La Túpac Amaru trabajando como cooperativa de vivienda, construyó ―con dinero del Gobierno Nacional para cooperativas de vivienda― un barrio de 1.800 casas llamado «El Cantri de los Villeros» en el Alto Comedero, a 15 kilómetros de la capital provincial.  

Todos los barrios tenían pileta de natación, cibercafé, telecabinas, minimercado y polideportivo con canchas de fútbol, básquet, hockey y rugby. A partir de 2003 recibieron planes para la construcción de viviendas de 54 m², con dos habitaciones, cocina comedor, baño y lavadero. Desde entonces llevaban levantadas 3.800 viviendas. Cada casa costaba $ 86.700 y daba empleo a cuatro personas ―contra $ 130.000 pesos y un empleo y medio cuando eran construidas por empresas comerciales―, porque producían ellos mismos los bloques de cemento y las carpinterías metálicas eran hechas en el taller metalúrgico. Las cooperativas de la Túpac Amaru construyeron 200 casas populares en seis meses, mientras que a las constructoras privadas les llevaba dos años o más.   

La intendencia de San Salvador había empleado a otras 13 cooperativas municipales. También tienen cooperativas la Iglesia católica y otras ONG. Realizan, por ley provincial de Jujuy, el mantenimiento de los edificios públicos y escuelas como cooperativa social. La Túpac tenía 8 de esas cooperativas y se encargaba de la mayoría de los trabajos, los cuales siempre eran entregados a tiempo.   

Entre lo que recaudaban por construir casas (130 millones de pesos), reparar edificios, coser delantales, fabricar bloques de ladrillos, un porcentaje de los planes y otros ingresos, los fondos de la Túpac rondaban los $ 200 millones al año.  

Al cumplirse 2000 días de la detención de Milagro se realizó un acampe en Plaza de Mayo. Allí manifestó Alejandro “Coco” Garfagnini, coordinador nacional de la Túpac: “Creemos que nuestro Gobierno tiene que tener mucho más carácter y decisión para terminar con lo que fue una promesa de campaña y por la cual toda la militancia del Frente de Todos luchó durante el macrismo, que es poner fin a la persecución política a opositores y el lawfare”, explicó. “Vemos una actitud pasiva, casi neutral de nuestro Gobierno frente a las barbaridades que suceden en Jujuy, y eso nos motoriza a construir fuerza militante para que se resuelva. No podemos vivir en una Argentina donde una provincia está prácticamente feudalizada y sin Estado de derecho desde 2016. Se debe cumplir además lo dispuesto por el sistema interamericano, que señaló que Milagro es una presa arbitraria e ilegal, de hecho el propio presidente lo ha dicho en varias oportunidades. El Estado nacional tiene que hacer cesar inmediatamente una detención arbitraria, eso no puede naturalizarse cuando además tiene nombre y apellido: Gerardo Morales y el gobierno de Macri, que hicieron salvajadas persiguiendo a líderes populares, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner”, destacó el coordinador de la Túpac.  

“La discusión en definitiva es quién tiene el poder político en la Argentina. Nosotros como parte del Frente de Todos hemos militado para que este gobierno llegue al poder, se termine la persecución política y los presos políticos sean liberados. Estamos discutiendo quién tiene más poder, si Morales con 150.000 votos o un presidente con el 48 %”, comparó.  

“Amasando futuro”  

“En Alto Comedero, que es un barrio enorme, uno se para en el templo de Kalasasaya y la vista se pierde en un horizonte donde se ven tantas viviendas que construyeron”, cuenta Marta Valle, realizadora del documental “Amasando futuro”.  

“Kalasasaya es la reproducción de un templo Inca, con esculturas, relieves, algo precioso que me asombró muchísimo la primera vez que lo vi. Y cuando volví estaba destruido, vandalizado con odio. De la misma manera que fueron saqueadas las salas de primeros auxilios. Había gente que dormía en esos centros para defender que no se llevaran los tornos del odontólogo o los tomógrafos”.  

Después de una primera visita en 2017, Valle volvió en 2018 y 2019 a Jujuy para rodar “Amasando futuro”. Junto con Martín Sabio y Romina Migueles, filmó también en territorios como Arrayanal, Chalicán y Parapeti, de los muchos en los que tiene presencia la Tupac Amaru. En esas idas y venidas pudo advertir los desafíos que iban enfrentando los integrantes de la organización conforme pasaba el tiempo y se multiplicaban las detenciones no solo de Milagro Sala, sino de muchos de sus compañeros y compañeras. “Por un lado había un sector desmoralizado y, por otro, un grupo fuerte, que seguía con todo, defendiendo los espacios y los logros”, cuenta la directora y añade que en último tiempo se han inaugurado nuevos merenderos.  

Valle que integra el Comité Por la Libertad de Milagro Sala de Lomas de Zamora, organizó un viaje a Jujuy en febrero de 2017 para visitar a Milagro. “Conocimos a Milagro en el penal de Alto Comedero. Luego fuimos a recorrer las obras, casi todas las que luego registramos en la película”. La cineasta quedó impactada por lo que vio: “Me sentí muy conmocionada por la magnitud y por los destinatarios que eran los más pobres, los más vulnerables de Jujuy”.  

Marta Valle registró en su documental “Amasando futuro” muchos testimonios, incluyendo los de la propia Milagro Sala. “Nuestra preocupación era mostrar que Milagro está presa por todo lo que hizo. Por lo que construyó, por lo que dio, por todo eso que logró junto a las mujeres, en las escuelas, en los barrios. Es por eso que ella está detenida. Con la detención de Milagro quieren dar un ejemplo de lo que pasa si levantás la cabeza. A quien se anima a organizarse con los pobres para que vivan mejor, les pasa esto”, dijo la realizadora del film. 

«Gerardo Morales demoniza a quien plantee una crítica» 

Por Jesús Cabral 

Raúl Aragón, periodista de Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, aseguró que el gobierno radical de la provincia arma causas judiciales contra dirigentes sociales que reclaman por la acuciante situación económica en los barrios populares. 

Organizaciones sociales de Jujuy continúan en alerta y movilización para denunciar que el Estado provincial, a cargo del gobernador radical Gerardo Morales, no les brinda una respuesta a la urgente situación económica, a pesar de cientos de concentraciones y marchas que hicieron. También reclaman por la imputación en causas judiciales armadas a dirigentes populares y militantes con testigos falsos. 

“En nuestro pueblo el panorama actual no difiere mucho al de hace tiempo atrás. Acá la situación respecto a la economía se viene agudizando cada vez más y ahora están ahogando a las familias jujeñas”, contó a Tiempo, Roberto Aragón, periodista de Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy. La problemática del acceso a los “derechos básicos como la alimentación, el trabajo, la salud y la educación sigue empeorando y no hay una respuesta de parte del gobierno provincial”. 

“Tampoco hay ningún tipo de política ni programa para dar respuesta al brutal empobrecimiento que estamos sufriendo por culpa de la mala gestión política”, aseguró Roberto. Continuó relatando que muchas organizaciones sociales “están marchando todas las semanas, peticionando a las autoridades, pero no son escuchadas”. 

“A esto se le suma como agravante que venimos sufriendo el aumento desmedido de las tarifas de luz, demás impuestos y servicios públicos (…) Por eso las organizaciones sociales seguimos en pie de lucha, planteando al gobierno y pidiendo que genere algún tipo de cambio para mejorar la calidad de vida de la gente”, exigió Roberto. 

“Es importante recalcar que la persecución política sigue teniendo una gran escalada contra las organizaciones sociales”, denunció el trabajador de prensa. Explicó que lo dice porque el gobernador Gerardo Morales, quien “está firme en seguir demonizando al pueblo, a militantes y cualquier persona que se atreva a plantear una crítica”. 

Causas armadas 

No paran de armar causas judiciales a los dirigentes populares. Los policías reprimen e interfieren todo el tiempo en los espacios sociales, sindicales y de Derechos Humanos”, aseveró Roberto Aragón. Hace un fuerte y oscuro señalamiento “sobre las prácticas propias de las organización comunitaria y eso pone en riesgo a los principios democráticos, no solo de nuestra provincia sino de todo el país”. 

“Armaron una mega causa contra los dirigentes, los acusan de extorsión, amenazas, malversación de fondos y hasta de enriquecimiento ilícito”, explicó el periodista. Siguió contando que -desde el primer momento- en todas las causas plantean “irregularidades gravísimas y pruebas falsas”. 

Durante los últimos días, el juez Rodolfo Miguel Fernández -titular del Juzgado de Control en lo Penal, Económico y Delitos contra la Administración- misteriosamente se apartó de las causas y de elevarlas a juicio: “Todo esto muestra que el Poder Judicial de Jujuy no tiene independencia política, responde solo al gobernador, nosotros leímos el expediente y es vergonzoso”, dijo el periodista. 

“Los testigos están puestos por la misma justicia, la causa muestra que son siempre los mismos quienes acusan a todos los dirigentes y militantes”, señaló Roberto. Continuó dejando al descubierto que es imposible “que una persona pueda estar atestiguando en distintos lugares el mismo día y a la misma hora. Esto muestra claramente que usan un servicio de inteligencia policial contra las organizaciones populares”. 

“Tuvimos a policías infiltrados en nuestros espacios de trabajo y militancia: en Radio Pueblo que es comunitaria, en la organización Asamblea Trabajo y Dignidad y la biblioteca popular Niños Pájaros”, recordó. Estas son problemáticas que “hemos ido visibilizando y sacando a la luz porque muestran la persecución política-judicial que hay contra quienes militan”. 

El rol de los medios de comunicación 

“Realizaron un montaje mediático para seguir estigmatizando y demonizando a quienes militan para mejorar la situación del pueblo jujeño que sufre mucha hambre y tiene muchísimas necesidades básicas insatisfechas”, denunció el trabajador de prensa. Siguió apuntando que esto se ve “cuando mediáticamente condenan la autogestión, la organización popular, criminalizan el trabajo comunitario”. 

“Entonces todo ese movimiento y esfuerzo humano que se hace desde los distintos colectivos populares para enfrentar la crisis es inútil, es como si te pasaran por arriba con una topadora”, ejemplificó Roberto a este diario. La criminalización de la pobreza existe en todo el mundo, “pero en Jujuy es muy fuerte y se siente el desprecio que existe por la vida humana”, lamentó. 

“Gerardo Morales sigue con sus maniobras para destruir la organización popular, es su política de gobierno”, sostuvo el periodista. Desde hace tiempo que “venimos visibilizando la protesta social y evidentemente la maldad sobre el pueblo avanza cada vez más”, advirtió. 

“Sabemos en forma clara y precisa que todas las causas fueron cajoneadas porque no tuvieron ningún tipo de avance”, se quejó. Lo único que les comunicó la Justicia es que “se hará una reiteración de oficio para que el Ministerio de Seguridad provincial responda”. 

“Es por todo esto que seguimos en pie de lucha y estaremos así hasta que se haga justicia social en nuestro pueblo”, subrayó el periodista. Finalizó asegurando que “queremos que se conozca la verdad y que el gobierno deje de perseguir a las personas que militan”. 

Fuentes: Anred, Radio Gráfica, https://www.tiempoar.com.ar, Agencia FARCO, La Nación, Resumen Latinoamericano  

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.