Se termina el año y resulta habitual la expresión de deseos por un próximo año de prosperidad y felicidad. Si remitimos a la política económica, ello supone considerar quien es el que pide el deseo, del mismo modo que requiere se analice la orientación estatal, responsable en definitiva de la aplicación del rumbo en materia […]
Se termina el año y resulta habitual la expresión de deseos por un próximo año de prosperidad y felicidad. Si remitimos a la política económica, ello supone considerar quien es el que pide el deseo, del mismo modo que requiere se analice la orientación estatal, responsable en definitiva de la aplicación del rumbo en materia económica.
No es lo mismo la prosperidad y felicidad solicitada por los trabajadores jubilados que brindaron con pan y agua en la puerta del Congreso Nacional en la víspera de nochebuena, que la imaginada por los grandes empresarios convocados a cenar en la residencia de Olivos la noche del martes 22/12.
Los primeros, o sea, los trabajadores jubilados imaginan un 2010 con plenitud de la movilidad jubilatoria, lo que sin vueltas apunta al 82% del ingreso del trabajador activo; una asignación previsional mínima de $1.600; pero también involucrarse en la administración y toma de decisiones sobre recursos e instituciones consideradas propias, tales como los recursos de la seguridad social, el ANSES y el PAMI. Son pretensiones fundadas para otorgar seguridad social a los mayores en un marco que peticiona calidad de vida adecuada para la mayoría empobrecida de la población.
Los segundos, los grandes empresarios, tales como los titulares de ARCOR o TECHINT que flanquearon a la Presidente en la cena, demandan políticas económicas que otorguen seguridad jurídica a sus inversiones, en un 2010 que imaginan de crecimiento luego de la importante caída del 2009, el año de despliegue de la crisis de la economía mundial en territorio nacional. Es lo mismo que reclamaron los empresarios de la Volkswagen a la Presidente al presentar su nuevo utilitario producido en el país para el mundo; o los responsables empresarios de Repsol al anunciar su próximas inversiones para la explotación petrolera en territorio nacional.
¿Podrían satisfacerse ambas demandas en el 2010?
Debiéramos advertir que se trata de reclamos contradictorios, pues ambos exigen a la política económica la centralidad de su demanda, y claramente responden a dos concepciones muy distintas sobre la «seguridad». La seguridad social se contrapone a la concepción privada de la seguridad que requiere el capital para afirmar su objetivo de mayores ganancias, riquezas y poder. Ambas concepciones son manifestación de la disputa por la renta nacional.
El Estado capitalista incluye en sus funciones el arbitraje en ese conflicto de intereses. Esa es la razón que lleva al Estado nacional a resolver un subsidio anual a los menores empobrecidos del orden de los 2.500 millones de dólares y un fondo del bicentenario para asegurar pagos de la deuda externa por 6.500 millones de dólares en 2010. En la diferencia de montos asignados puede verificarse el sentido principal del arbitraje en materia de seguridad social o privada con relación a la deuda interna social o externa financiera.
Satisfacer el reclamo del movimiento de jubilados requiere de la totalidad de los recursos ingresados por año al ANSES y un plus a resolver de las finanzas públicas, incluso mayor que la asignación tributaria hoy afectada a la seguridad social. ¿Esta dispuesta la sociedad a colocar en primer lugar de la política económica la seguridad social?
No parece ser lo que se solicita cuando de seguridad se habla en los medios de comunicación, o en el sentido común de la sociedad. Más se piensa en la defensa de patrimonios privados que en una cuestión social. Esta es la razón que lleva a los empresarios a requerir seguridad sobre sus inversiones. Lo que peticionan es control del conflicto social, tanto de sus trabajadores como de los desocupados y jubilados que reclaman mejorar sus ingresos a costa de la ganancia empresaria.
Ambos deseos no pueden cumplirse puesto que la distribución del ingreso o de la riqueza supone reasignar recursos que favorecerán a unos u otros, nunca a ambos.
Mucho más complejo será el análisis, si además de contraponer a jubilados y grandes empresarios incluyéramos a la masa de trabajadores, o de pequeños y medianos productores o empresarios, entre otros sectores sociales que demandan en la disputa de la renta.
Los primeros, los trabajadores, no solo demandan ingresos en su postal de prosperidad y felicidad para el 2010, sino principalmente democratizar la sindicalización, algo que viene negándose recurrentemente y que este 2009 mostró variados ejemplos de una voluntad política para transitar un nuevo modelo sindical. Ya no solo es reivindicación de la CTA , sino de los trabajadores de Kraft, del subte, de los petroleros o los mineros, entre muchos otros con menos visibilidad mediática. Es una democratización que alcanza el orden económico y social en conjunto, que incluye financiamiento y políticas activas específicas para empresas recuperadas por sus trabajadores, o iniciativas de organización de la economía popular, autogestionaria y sin fines de lucro, de propiedad cooperativa, mutual o comunitaria. Lo que supone otro orden de relaciones sociales en la producción y distribución de bienes.
Entre los segundos, los pequeños y medianos productores y empresarios existe el reclamo, entre otras cuestiones, por su exclusión en la cena de Olivos. Ellos. que a la hora de contabilizar el empleo son los mayores empleadores y que sin embargo se sienten excluidos del debate sobre las políticas económicas necesarias, el crédito disponible y la posibilidad de ser considerados sujetos de un proyecto social articulado con los trabajadores para la transformación social que se pregona.
Lo que está en discusión en este fin de año y en la perspectiva del 2010 es hacia dónde apuntan los objetivos de política económica en el corto plazo
¿Se pretende restablecer la ruptura del bloque empresarial que otorgó consenso a las políticas vigentes desde el 2002 y sostenidas en los gobiernos de Néstor Kirchner desde 2003 y de Cristina Fernández desde 2007? Recordemos que ese consenso se fracturó en 2008 en el conflicto con las patronales agrarias y en el 2009 con algunos sectores industriales. La voluntad de pago de la deuda y la reanudación del diálogo con el FMI y los acreedores externos van en esa dirección.
Son señales que apuntan a constituir o reconstituir el sujeto privilegiado de la construcción socioeconómica pretendida, el «capitalismo nacional». Formulación que solo puede entenderse por la forma que asume el orden capitalista en Argentina, con claro dominio de las Corporaciones Transnacionales, buena parte de las cuáles, a través de sus representantes, fueran convidadas a la cena en Olivos.
Finalmente, y pensando desde otro lugar, no será que el 2010 puede ser un momento oportuno para discutir el orden económico y social, lo que supone discutir otros beneficiarios de la política económica, para terminar con la pobreza y el desempleo, fenómenos ambos que volvieron a la agenda de discusión por su real emergencia en la coyuntura de crisis. ¿La única posibilidad de producir es bajo el dominio de las corporaciones transnacionales? ¿Puede el 2010 ser el año de un debate nacional para hacer realidad la soberanía alimentaria, energética, financiera productiva? ¿No requiere ello potenciar los lazos hacia una integración regional que enfrente el poder global en un capitalismo en crisis? ¿No requiere ello pensar más allá del capitalismo y contra el capitalismo? ¿Puede asumirse en esa perspectiva el restablecimiento de la lucha por el socialismo como en otros procesos de América Latina y el Caribe?
Contribuir a responder esos interrogantes es parte de nuestro deseo para el 2010, y nos comprometemos con nuestras reflexiones y acción, junto a otras que se escuchan y motorizan en el diverso y aún fragmentado movimiento popular y la izquierda social y partidaria para favorecer la constitución de un sujeto colectivo consciente que luche por hacer realidad un pensamiento por la emancipación en nuestro país. No constituye solo un deseo personal, pues el movimiento hacia una constituyente social impulsado por casi un millar de organizaciones y liderado por la CTA propone animar la discusión sobre el pensamiento necesario para la emancipación.
El pensamiento puede responder a las necesidades de la hegemonía, tal como ocurrió con el «pensamiento único» de cuño neoliberal en la última década del Siglo XX, a favor de la liberalización y las privatizaciones, con el objeto de disciplinar al movimiento obrero y la resistencia popular. También puede ser justificatorio y posibilista de una cristalización de la correlación de fuerza en un momento histórico en que recrudece el accionar ofensivo de EEUU, del capital en crisis que pretende reponer sus derechos sobre la riqueza y el ingreso afectado por la crisis capitalista. El desafío está en la capacidad de construir autonomía del pensamiento para luchar por la emancipación social, afirmando los derechos de los trabajadores y del pueblo sobre la renta y patrimonio nacional, en una búsqueda junto a otros pueblos de la región y del mundo.
Ese pensamiento no es patrimonio de los intelectuales, sino de sujetos populares que se construyen concientemente como tales en un proceso de reflexión y lucha por lograr la hegemonía en la sociedad, para transformar el orden, superar la crisis y organizar otra sociedad, que excluya la pobreza y la explotación social.
Felicidades para todas y todos!
Julio C. Gambina es Profesor Titular (concursado) de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.
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