Las 110 familias campesinas dispersas en el monte del departamento de Anta, Chaco Salteño, saben que la amenaza está latente porque proviene del propio gobierno provincial. Salta – Familias campesinas de pequeños ganaderos habitan desde el siglo XIX las 365.000 hectáreas de bosques del denominado Chaco salteño. El desmonte y la expulsión de los lugareños […]
Las 110 familias campesinas dispersas en el monte del departamento de Anta, Chaco Salteño, saben que la amenaza está latente porque proviene del propio gobierno provincial.
Salta – Familias campesinas de pequeños ganaderos habitan desde el siglo XIX las 365.000 hectáreas de bosques del denominado Chaco salteño.
El desmonte y la expulsión de los lugareños es la decisión oficial para que, en contrapartida, un grupo empresario pueda hacer su negocio gracias a los privilegios que le otorga una concesión de discutible legitimidad. El plan del concesionario es desmontar 170.000 hectáreas.
El gobierno de Juan Carlos Romero concesionó al grupo empresario Olmedo-Cervera esos bosques nativos por 5 años, con 15 de gracia, para desmontar y hacer agricultura.
El canon anual es irrisorio: 26 centavos por hectárea. El alquiler incluye a los habitantes de los montes, sus casas y su ganado.
José Alberto Gibergia, un productor ganadero afincado en los montes del departamento de Anta, contó que las poderosas topadoras enviadas por la empresa Cervera se retiraron, dejando atrás 1.000 hectáreas de tierra arrasada.
En los días previos a la retirada, la Federación Agraria estuvo en el lugar, a través del secretario gremial, Omar Barchetta, y el delegado itinerante, Miguel Catalá, para tratar de reunir y organizar al centenar de familias que habitan y producen en ese territorio que hoy está amenazado por la entrega del gobierno salteño a negocios privados.
A sus legítimos dueños debería asistirle la ley veinteñal. Pero como desde el Estado nunca hubo una política de regularización de la propiedad de tierras, las corporaciones privadas aprovechan ese vacío legal para meterse con el permiso de funcionarios gubernamentales.
La ausencia de títulos de propiedad en los montes salteños, y la omisión del gobierno provincial por evitarla, sigue desplazando a los campesinos nativos.
Macri por aquí?
Mientras tanto, en Hickmann -donde los intereses campesinos están representados por la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño- inquieta el inédito auge de obras públicas que se está dando, según recogieron Barchetta y Catalá de los lugareños.
Por ejemplo, se está reparando una ruta y se mejoran caminos que siempre estuvieron librados a la buena de Dios.
El rumor de fondo es que una fuerte inversión a la que no sería ajeno el grupo Macri estaría por instalar allí una gigantesca huerta de 20.000 hectáreas para la cual también se descuenta que habrá topadoras para empezar el trabajo.
Empresas atraídas por desmontar y expandir la frontera agrícola trastocan el equilibrio ecológico del lugar y alteran la composición social, económica y demográfica de la región.
La Federación Agraria procura coordinar la lucha de las organizaciones de productores locales para enfrentar este proceso que redunda en exclusión social, y del cual el gobierno nacional aún no se ha hecho eco.
Según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en Argentina subsisten 33,2 millones de hectáreas de bosques nativos. En 1914, esa superficie llegaba a 106 millones de hectáreas. En casi cien años, se perdieron más de dos tercios de esas reservas naturales, que albergan el 70 por ciento de la biodiversidad del planeta. El informe oficial resume con que en el hemisferio sur se pierden actualmente 30 hectáreas de bosques nativos por minuto.