Desde la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionado (FACTA), repudiamos el segundo veto del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, a la Ley N° 4.552, de protección a las empresas recuperadas que fue aprobada el 13 diciembre de 2012, luego de un trabajo en conjunto de todos los bloques […]
Desde la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionado (FACTA), repudiamos el segundo veto del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, a la Ley N° 4.552, de protección a las empresas recuperadas que fue aprobada el 13 diciembre de 2012, luego de un trabajo en conjunto de todos los bloques de la Legislatura, incluido el Pro. En este marco, cabe destacar que el gobierno de Macri ya vetó 117 leyes desde que asumió.
Este nuevo atropello se refiere a la Ley 4008, sancionada por la Legislatura el 17 de noviembre de 2011, que contemplaba una prórroga hasta el 2017 para la protección a 32 empresas recuperadas que vienen sosteniendo el empleo de más de dos mil compañeros y compañeras. Así, hasta la actualidad, el gobierno porteño no proporcionó el dinero correspondiente para dar por terminado el proceso expropiatorio de las unidades productivas que fueron declaras de «utilidad pública» a través de distintas leyes. Por esa razón, los cooperativistas se encuentran en un estado de precariedad jurídica y es posible que puedan sufrir procesos de «expropiación inversa».
En tal sentido, Federico Tonarelli, presidente de FACTA, plantea que no ve posible ninguna respuesta favorable por parte de Macri y teme que al no cerrarse definitivamente la situación legal de las empresas o fábricas recuperadas, puedan sucederse los casos de «expropiación inversa». «El riesgo de esta indefinición es que las empresas que tanto nos costó recuperar y ponerlas a funcionar en un futuro vuelvan a manos de los antiguos dueños o de nuevos empresarios que pueden aprovecharse de esta situación». «Desde la FACTA sostenemos que el Gobierno de la Ciudad debe sin más demoras cumplir con la ley. Pero no podemos caer en la trampa de discutir el veto a la prórroga aprobada en noviembre de 2011, sino que debemos exigirles que cumplan con la ley original y esto es, que paguen las expropiaciones votadas en su momento para cada una de las empresas», exigió el referente del Hotel Bauen.
«Por otra parte y frente a la hostilidad demostrada por el macrismo para con las cooperativas de trabajo, debemos trabajar en una salida de carácter nacional en línea con las políticas de inclusión y de fomento a la producción», añadió el titular de FACTA.
Fabio Resino, síndico de FACTA, consideró que Macri, al dejar sin efecto la norma que protege a las empresas recuperadas, pone de manifiesto el modelo de país que pretende, que se contrapone con el modelo que pregona el Gobierno Nacional «con más inclusión y trabajo».
«Macri veta leyes que protegen a las empresas y los trabajadores, y el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsa la reactivación económica e industrial de la Argentina. Creemos en este Gobierno porque fortalece el cooperativismo de trabajo en todo el país y prioriza el empleo, genera políticas de inclusión y es la única alternativa que vemos para seguir mejorando la situación de los trabajadores», explicó Resino, quien es además vicepresidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, (CNCT).
Resino entiende que una salida a este conflicto será con la intervención del Gobierno Nacional mediante la creación de un fondo económico especial para las cooperativas. «Podemos diseñar en conjunto con el Gobierno un fondo económico del Banco Nación que otorgue créditos blandos, a tasas cero para que las empresas puedan comprar sus quiebras», aclaró.
Asimismo, desde FACTA consideramos «lamentables» las declaraciones de la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, quien defendió la medida tras expresar que «existen otros sectores de la sociedad que tienen necesidades más urgentes de ayuda por parte del Estado». Con esta declaración, desnuda el pensamiento ideológico del gobierno macrista, que no comprende la complejidad de los procesos de recuperación de las fábricas recuperadas que durante la última década, y ante una profunda crisis económica, mantuvieron la fuente laboral y hoy están urgidas por regularizar la situación legal de sus empresas.
Desde FACTA trabajaremos para organizar a los trabajadores y trabajadoras de nuestras empresas para consensuar los pasos a seguir hasta lograr que se regularicen los procesos legales y nuestros compañeros y compañeras puedan trabajar dignamente.