El gobierno tomó deuda pública esta semana, ofreciendo bonos a un año con un rendimiento del 22,5%, o la inflación más el 3,75%, lo que sea mejor para el inversor. Son los inversores los privilegiados. Al mismo tiempo aspira a colocar un tope del 15% a las negociaciones salariales y cuando mucho, habilitar una futura […]
El gobierno tomó deuda pública esta semana, ofreciendo bonos a un año con un rendimiento del 22,5%, o la inflación más el 3,75%, lo que sea mejor para el inversor. Son los inversores los privilegiados.
Al mismo tiempo aspira a colocar un tope del 15% a las negociaciones salariales y cuando mucho, habilitar una futura negociación consensuada por patrones y sindicatos si la inflación resultara mayor. No hay intención de ajuste automático al alza, sino que otorgaría la posibilidad de una nueva negociación. Todo dicho en potencial.
Queda claro que existen dos varas muy diferentes para considerar los ingresos de la población. Una generosa para satisfacer al inversor capitalista, otra restrictiva para atender las demandas de actualización salarial de los trabajadores. En la regresiva distribución de ingreso está el destino económico en la Argentina.
Es un tema preocupante, cuando todo indica que el alza de los precios para este año se proyecta de manera similar a la del 2017, y sabemos que la inflación es un mecanismo regresivo de distribución del ingreso.
Se consolida así la vara diferenciada utilizada en la distribución del ingreso para afirmar polos pequeños de riqueza y abundancia de pobreza.
Un horizonte de conflictos y represión
Aparece claramente un horizonte de conflictividad creciente, verificado en el paro bancario en la previa del feriado por carnaval y las movilizaciones del 15F y del 21F promovidas en unidad por movimientos sociales y centrales sindicales, como parte de un plan de acción que puede derivar en la convocatoria a un paro nacional a corto plazo.
En torno al conflicto se juega la disputa del sentido común en la sociedad, ya que no solo interviene la lógica económica, de bolsillo, en el humor político de la sociedad.
Por eso, en el discurso oficial se insiste con una lógica argumental contra el «sindicalismo», englobando a todas las organizaciones sindicales en el fenómeno de la corrupción y las prácticas clientelares, tanto como denigrando el trabajo social y político entre los más empobrecidos.
Resulta más una crítica a los pobres que una sostenida política contra la pobreza, exacerbada con la intencionalidad mayoritaria favorable al gobierno en los medios masivos de comunicación. En ese plano se inscribe la nueva política de combate del delito abonando un clima social cultural por la represión.
Insisto en el discurso oficial porque hace al consenso social en disputa, aun cuando las condiciones de vida sean cada vez más desfavorables para la mayoría de la población de menores ingresos.
También desafía la cuestión a quienes bregan por un nuevo modelo de organización sindical y social, para reorientar prácticas y propuestas desde una radicalización democrática y construir nuevas subjetividades que interpelen a la sociedad para un nuevo rumbo de la economía y la política, que abandone la subordinación del funcionamiento de la economía con base en mayor endeudamiento público.
Crece la deuda pública y subsiste la especulación
Los bonos colocados por el Ministerio de Finanzas fueron en pesos y por el equivalente de 3.500 millones de dólares, más una renovación de Letras del Tesoro por 1.000 millones de dólares.
En total suman 4.500 millones de dólares que se adicionan a los 9,000 millones de dólares emitidos en enero pasado, Son nuevos 13.500 millones de dólares en los dos primeros meses del año.
La previsión para todo el 2018 alcanza a los 30.000 millones de dólares. Una verdadera hipoteca sobre el conjunto de la sociedad, máxime cuando la expectativa es de crecimiento de las tasas internacionales de interés.
Ese previsible aumento de las tasas internacionales empujado por EEUU es lo que explica en estos días el derrumbe de las bolsas en el mundo, con epicentro en Nueva York, lo que acarrea consecuencias sobre todos los países, obviamente también sobre la economía argentina y regional.
Las consecuencias se perciben en la suba de la divisa, ya en torno de los 20 pesos por dólar, lo que supone una devaluación que afecta la capacidad de compra de los sectores mayoritarios del país, los que menos ingresos perciben.
Entre los especuladores se resuelve la incógnita cambiando acciones por dólares u otras monedas; vendiendo Letras del Banco Central y comprando bonos del tesoro; pero el problema es para la mayoría de la sociedad, la que vive de la venta de su fuerza de trabajo o aquellos que producen o comercian con los que perciben ingresos fijos.
Canalizar la protesta
Los trabajadores o trabajadoras se aferran a sus puestos de trabajo ante el temor del despido, presionando a una lógica defensiva que facilita la irregularidad en el empleo.
Es un fenómeno con consecuencias directas sobre productores y empresarios pequeños y medianos que orientan la producción o el comercio en este sector de bajos ingresos.
Ambos sectores se empobrecen y necesitan canalizar su descontento, lo que exige atractivas iniciativas de organización y de unidad en confrontación de la política hegemónica, algo que puede percibirse en la articulación detrás del 15F y del 21F.
Queda clara la iniciativa política del gobierno y las clases dominantes, que solo puede contrarrestarse con otras iniciativas en sentido inverso.
La incógnita es que iniciativa se impone, la del poder económico y político en aumentos de precios (entre ellos el dólar), tarifas y deuda pública, o la protesta social organizada hacia otro rumbo económico para favorecer necesidades sociales.
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