Daba realmente pena ajena ver en un video a la presidenta de un país dirigiéndose a su pueblo y a los acreedores, supuestamente soberano, relatar en forma de queja que la Corte Suprema de EE UU resolvió mediante un fallo judicial que la Argentina deberá saldar casi 1500 millones de dólares por deudas contraídas con […]
Daba realmente pena ajena ver en un video a la presidenta de un país dirigiéndose a su pueblo y a los acreedores, supuestamente soberano, relatar en forma de queja que la Corte Suprema de EE UU resolvió mediante un fallo judicial que la Argentina deberá saldar casi 1500 millones de dólares por deudas contraídas con un denominado «Fondo Buitre» o fondo de inversión de Nueva York.
La deuda iniciada con la última dictadura militar y engrosada en la década neoliberal fue declarada en Default por el ex presidente Adolfo Rodriguez Saá y el Parlamento argentino en enero de 2002, aunque a partir del gobierno de Néstor Kirchner se renegoció y comenzó el mayor pago de deuda externa de todos los tiempos.
Sin embargo y a pesar de la importante quita lograda y tras el pago cash de 10000 millones al FMI, el arreglo con el Club de París por otros 6000 millones y el reciente acuerdo con Repsol por 5000 millones, la Argentina aún debe más de 200.000 millones de dólares a pagarse en las próximas décadas con el dinero de todos los argentinos.
Así, y luego de pactar con empresas norteamericanas como Chevron y Monsanto, el poder judicial de los EE UU (con la anuencia del gobierno de Obama) propinó un duro revés a la política de buenas relaciones de Cristina Fernández con el imperio sanguinario y mafioso que ha escarmentado al «pagador serial» de deuda externa, como lo reconoció la propia presidenta argentina hace algunos meses luego que el juez Griessa expresara en un fallo que el país era un «deudor recalcitrante».
El doble rasero o doble estandar de la presidenta es la muestra más acabada de un discurso pseudoprogresista en un supuesto enfrentamiento entre capitalismo serio y capitalismo financiero que se reduce a una subordinación de pagos seriales de deuda externa ilegítima con dinero del pueblo a un gobierno extranjero y sus corporaciones, que muestra el grado supremo de sumisión de un gobierno a los designios de los poderes reales que una vez más han triunfado sobre los intereses soberanos de los argentinos.