Realmente sorprende la persistente desmemoria que sufren algunos funcionarios e integrantes de organismos de derechos humanos argentinos. En la última semana, Garzón fue recibido con todos los honores por el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, luego, el ministro del Interior Florencio Randazzo, le entregó la residencia argentina y […]
Realmente sorprende la persistente desmemoria que sufren algunos funcionarios e integrantes de organismos de derechos humanos argentinos. En la última semana, Garzón fue recibido con todos los honores por el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, luego, el ministro del Interior Florencio Randazzo, le entregó la residencia argentina y un DNI para que se sienta como un connacional más y siga con sus tareas de asesor de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación, y por último, el ex juez fue invitado de honor en el Senado bonaerense, de una actividad en la que hizo de anfitrión el vicegobernador Gabriel Mariotto.
En todos estos escenarios, Garzón se lució ponderando la Ley de Medios, agradeciendo el ser residente argentino con plenos derechos y se jactó de todo lo que él ha hecho por los derechos humanos.
Sólo en «el mundo del revés», al decir de Eduardo Galeano, un ex juez que tiene sobre sus espaldas la pesada mochila de haber clausurado varios medios de comunicación en el País Vasco, puede jactarse de hablar, sin ruborizarse, de la Ley de medios, que aquí fue forjada con la movilización popular.
Baltasar Garzón, al que tanto se alaba por estas tierras, no sólo cerró «Egin, uno de los diarios de mayor circulación (más de 70 mil ejemplares) en el País Vasco y el Estado español, sino también una de las radios más escuchadas: «Egin irratia». Y lo hizo con violencia, ordenando la detención de varios de sus periodistas, entre ellos su director Xabier Salutregi y su vicedirectora, Teresa Toda. Ambos, después de 12 años de palizas, traslados, dispersión y todo tipo de atropellos, aún continúan en la cárcel.
¿Cuál fue su delito? Muy simple: defender la libertad de expresión y ejercer el periodismo de una manera similar a la que se refiere la Ley de Medios argentina que ahora el ex juez tanto elogia.
Pero hay más: las instalaciones del matutino fueron ocupadas por 300 agentes de la policía española, que haciendo uso de la impunidad concedida por Garzón, destrozaron el mobiliario, y robaron parte del voluminoso archivo, en el que se encontraba importante material sobre las andaduras de jefes policiales y cargos políticos vinculados al narcotráfico y los escuadrones de la muerte, que tanto aterrorizaron al pueblo vasco. Gobernaba España en esos momentos, nada menos que el ultraderechista José María Aznar, quien al ser informado sobre el cierre y atropello policial contra «Egin», declaró: «¿Creían que no nos íbamos a atrever?».
Garzón se caracterizó siempre por armar sumarios que luego con el tiempo son desechados por incorrectos o farsescos. Así fue como hizo ejecutar la clausura de Egin en 1998 , y años después, en 2009 los Tribunales resolvieron contrariamente a la anterior resolución, declarando que la actividad del diario no era ilícita, pero claro, debido al tiempo transcurrido no fue posible volver a reabrir ni el periódico ni la radio.
No contento con ello, tiempo después el juez la emprendió contra dos revistas de información general y amplia difusión en todo el Estado español. Se trata de «Ardi Beltza» (Oveja Negra), a la que clausuró, y «Kale Gorría» (Calle Roja), a la que acorraló de tal forma, que tuvo que cerrar. Las dos publicaciones estuvieron dirigidas por un excelente periodista, al que los latinoamericanos que tuvieron la suerte de compartir con él esas redacciones, denominaban «el Rodolfo Walsh» del País Vasco. Se trata de Pepe Rei, quien, inculcó a las nuevas generaciones de periodistas vascos la idea de investigar y contrastar la información, y que logró reconocida fama por descubrir mil y un chanchullos de funcionarios corruptos, cargos policiales dedicados a armar grupos ilegales (tipo la Triple A), redes de prostitución y de trata, y desaparición de ciudadanos. Además, denunció valientemente las maniobras de la derecha de Aznar y compañía, contra los pueblos rebeldes latinoamericanos.
El colega Pepe Rei fue perseguido hasta el hartazgo por Garzón, quien lo envió a la cárcel en varias oportunidades, y allí sufrió el habitual maltrato al que eran sometidos la totalidad de los presos y presas vascas condenados por Garzón. Pepe Rei, además de periodista es escritor, y el autor de un libro que debería ser de consulta para aquellos que hoy le canta loas al juez represor: «Garzón, la otra cara» (de Editorial Txalaparta).
Garzón es un hombre que ha hecho del show mediático casi un oficio, y evidentemente le da buenos frutos. Lo paradójico es que quienes hoy lo elogian en Argentina, muchos de ellos militantes del campo popular, parecen no querer enterarse (porque a esta altura de la tecnología informática, sólo bastaría con poner su nombre en cualquier buscador) que es el mismo personaje que asesoró al ex presidente colombiano Alvaro Uribe Vélez y hoy lo hace con el presidente Santos. Sobre su relación con el primero, basta leer lo que declararon en febrero de este año numerosas comunidades indígenas del Cauca: «Nos duele que haya sido Baltasar Garzón quién haya avalado en un primer momento el proceso de reingeniería paramilitar, llamado desmovilización, por la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, afirmando que era un modelo de justicia». (ver declaración completa en: http://www.derechos.org/
Garzón también fue duramente criticado por el diario mexicano La Jornada (en un artículo editorial de su directora Cármen Lira) tras haber intentado interrogar ilegalmente en una cárcel del DF a deportados vascos. Es la misma persona al que los revolucionarios venezolanos que apoyan al presidente Hugo Chávez, acusaron de injerencista por haber viajado en varias oportunidades a ese país para apoyar a la oposición. No son pocas las fotos y artículos de diarios fascistoides venezolanos en el que se ve a Garzón en amable tertulia con los ultra opositores Marcel Granier, cuando fungía de director de RCTV y Alberto Federico Ravell, ejecutivo del canal Globovisión. Tanto metió sus narices Garzón en Venezuela bolivariana, haciendo campaña contra la no renovación de licencia al canal gorila RCTV («Cerrar un medio de comunicación no es el mejor sistema para garantizar la libertad de expresión», declaró en su momento), que el ex vicepresidente chavista, Jorge Rodríguez le contestó que era un «payaso que nada tenía que hacer en la política soberana venezolana», mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, declaró que el juez era un «cobarde y mentiroso», que parecía obedecer instrucciones del gobierno español que apoyó el golpe de Estado en Venezuela en 2002.
No, Garzón no puede hablar de libertad de expresión, cuando durante toda su gestión lo que hizo fue entorpecerla y acosar policialmente a quienes la practicaban.
No, Garzón no puede hablar de derechos humanos, cuando es el culpable de que cientos de presos vascos estén pudriéndose en las cárceles españolas y francesas, a pesar de denunciar, ante el propio Juez, cuando ejercía de amo y señor del tribunal franquista denominado Audiencia Nacional, que habían sido brutalmente torturados, con métodos que no tienen nada que envidiarle a los que practicaron los militares argentinos en la ESMA o en cualquiera de los campos de exterminio. El juez escuchó una y otra vez, sin inmutarse, o lo que es peor apelando a un comportamiento altanero y megalómano, cómo decenas de jóvenes vascos, destruidos por la tortura, relataban ante él las inocultables sevicias a las que los habían sometido los policías y la Guardia Civil española. Quien esto escribe nunca va a olvidar, mientras cubría periodísticamente uno de los tantos juicios montados por Garzón contra la militancia vasca, el rostro desencajado de una jovencita que relataba ante el juez cómo la había violado con un palo de escoba. Garzón, como respuesta, bostezó y le dijo, «no invente más y declare lo que se le está preguntando».
Ayer mismo, una militante política vasca, Aurore Martín, fue detenida y trasladada por la policía a la Audiencia Nacional, para cumplir con una antigua instrucción del «derecho y humano» Garzón. Incluso destituído y acusado judicialmente, el ex juez sigue enviando jóvenes de la disidencia vasca a la cárcel.
No, Garzón no puede hablar de víctimas del Terrorismo de Estado, cuando él se constituyó en el mascarón de proa de la política represora aplicada por los gobiernos del PSOE y el PP, contra cualquier ciudadano o ciudadana del Estado español, pero sobre todo de Cataluña y el País Vasco, que ejerciera su derecho a la protesta y la rebeldía. Allí están para testimoniarlo los cientos de criminalizados, judicializados y encarcelados de organizaciones legales de la izquierda catalana, vasca, gallega y hasta madrileña, que han pasado por prisión. Allí está como documento audiovisual incontestable, la película «Operació Garzón. Contra l’independentisme catalá», que relata la razia represiva ordenada por el juez contra decenas de militantes catalanes durante las Olimpíadas de Barcelona en 1992. O las denuncias (perfectamente documentadas) de las luchadora valenciana por los derechos humanos, Empar Salvador, quien investigó junto con otros integrantes del Forum per la Memoria del País Valenciá, la existencia de miles de cadáveres de asesinados por el franquismo y enterrados en fosas comunes en Valencia. Empar acusa al juez Garzón de haber «cajoneado» y archivado las denuncias que le presentaron, y de esta manera provocar la paralización de lo que podría haberse convertido en un mega-juicio contra el genocidio franquista.
Se sabe que en esta campaña de ir desenmascarando a quien no es lo que dice ser, hay muchos ciudadanos del mundo que no aceptan el discurso y el show mediático al que permanentemente apela Garzón para situarse en la cresta de la ola y desde allí «blanquear» su pasado represor e impartir doctrina de hombre bueno y sabio. Sin embargo, es doloroso observar a gente que se dice progresista hacer de claque al discurso sinuoso y poco consistente de Garzón. Todos ellos saben la verdad, incluso algunos, como Hebe de Bonafini que hoy abraza y reivindica al ex juez, visitó las cárceles vascas y escuchó a los presos relatar sobre las barbaridades judiciales impuestas por Garzón, y en varios diarios de Euskal Herria, ella misma denunció al juez como represor. Hoy, parece que muchos y muchas han perdido la memoria, precisamente en un país donde se pelea por ella a cada instante.
No es menor lo que está ocurriendo. En aras de estrechar vínculos con una figura que se ha construido una «nueva personalidad» y que tiene amplia cobertura mediática internacional, se perdonan atrocidades cometidas contra militantes que no son distintos a nuestros 30.000, se desinforma constantemente y se aplaude lo que hasta ayer hubiera sido tipificado como colaboracionismo con el Terrorismo estatal.
Allá ellos y ellas con su conciencia. Quienes defendemos la causa del pueblo vasco y reivindicamos la libertad de expresión allí donde nos paremos, los que condenamos la persecución y encarcelamiento a periodistas vascos por expresar opinión contraria a los intereses del fascismo español, los que nunca le hemos sacado el cuerpo a la lucha del pueblo argentino por llevar a la cárcel a los genocidas de la dictadura cívico-militar, no nos callamos, y repudiamos el papel nefasto que ha jugado Baltasar Garzón, a quien ahora se otorga la residencia argentina, como si fuera un héroe de la Patria.
Pueden hacerlo alegremente y seguir colgando medallas en el pecho de quien no las merece, pero no en nuestro nombre.
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