El ex juez Baltasar Garzón ha sido escrachado dos veces en un semana en Buenos Aires. El hecho ha levantado miles de comentarios, muchas adhesiones y algunas quejas, y a la vez sirvió para visibilizar a quien se esconde detrás de una falsa imagen. El hecho indiscutiblemente causa controversias en el mundo militante «progresista», donde […]
El ex juez Baltasar Garzón ha sido escrachado dos veces en un semana en Buenos Aires. El hecho ha levantado miles de comentarios, muchas adhesiones y algunas quejas, y a la vez sirvió para visibilizar a quien se esconde detrás de una falsa imagen. El hecho indiscutiblemente causa controversias en el mundo militante «progresista», donde por obra del desconocimiento, del oportunismo o de la terquedad en no querer ver lo que es evidente, hay gente que ampara, protege y aplaude a quien tanto mal ha causado desde su cargo de juez en ese tribunal franquista que es la Audiencia Nacional española.
El de Garzón es un caso típico de lo que puede generar una campaña mediática destinada a tergiversar la realidad y convertir en defensor de derechos humanos a quien los ha violado hasta el hartazgo. Garzón es un invento malévolo de aquellos que atacan de mil maneras, casi todas ellas represivas, a los que luchan por la libertad y la independencia, llámense vascos, catalanes, gallegos, colombianos o rebeldes y contestarios de las más diversas latitudes.
Sobre todos ellos, Garzón ha operado con su doctrina represiva, generando, en algunos casos, masivas detenciones de jóvenes luchadores, a quienes la policía torturó de manera similar a lo que aquí ocurrió en la ESMA, en La Perla o en Orletti.
Garzón y las torturas
Garzón tiene sus propias definiciones de lo que es y no es tortura. Él, que vive jactándose de haber impulsado protocolos para prevenir dicho flagelo, escribió sobre el particular un texto que figura en el Sumario 53/2008 del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, referente a denuncias presentadas en ese Tribunal por organizaciones que abogan por la memoria. Allí señala que «a efectos de la investigación»: «Por tortura se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuitas de ellas». Con semejante definición de este «humanista», los cuerpos represivos españoles tuvieron y tienen luz verde para arrancarles «la piel y el alma si fuera necesario» (como dijo uno de los torturadores de un preso vasco) a sus víctimas indefensas.
En ese sentido, sobran los testimonios sangrantes de chicas y chicos vascos, muy parecidos en su militancia e idealismo a los que en los años 70 integraban las filas de la militancia revolucionaria argentina. Sus voces y escritos denuncian cómo les fue cuando pasaron frente a Garzón, con sus cuerpos destrozados por las descargas eléctricas, las palizas o la aplicación del «submarino» o los colgamientos. Este escrito pertenece a la periodista vasca Nerea Olaziregi, quien fue detenida junto a su hermana y a los pocos dias dejada en libertad por falta de pruebas. Así recuerda su «encuentro» con Garzón: Fue un 28 de septiembre (1997), le tenía enfrente, sólo su mesa de despacho entre él y yo. Mientras relataba mi paso por comisaría, él revisaba su correo postal.
«Vas a salir de aquí como Gurutze Iantzi (otra detenida asesinada en la tortura), con los pies hacia afuera»(…)», me decían mis captores. Golpes en la cabeza, mientras nos encontrábamos desnudas . «Estamos seguros de que te follabas a alguno de los militantes, tienes pinta de hacerlo bien». Desmayos, gritos, susurros. «Déjanos que veamos tus pezones para calcular el tamaño de los electrodos». Todo este infierno le conté a Garzón, mientras temblaba y él seguías sin mirarme y abriendo su puto correo. Sólo levantó la cabeza para preguntarme si ratificaba la declaración de comisaría. Han pasado 16 años, yo tenía 25 y cada vez que veo una foto de Garzón, sigo recordando esa escena como si hubiera sido ayer».
Del mismo tenor de brutalidad habla el testimonio de Mikel Zuloaga, quien fue detenido el 1 de noviembre de 2000 cuando volvía a su casa con su compañera y con su hijo de diez meses en brazos. Zuloaga fue brutalmente torturado y en la desesperación para que no lo vejaran más, comenzó a autolesionarse. Así describe esos momentos:
A los nervios, al miedo, se sumaron la impotencia y la injusticia. Yo seguí autolesionándome en la cabeza sin poder contenerme. Al día siguiente fui trasladado a la Audiencia Nacional, cuando crucé la puerta del despacho del juez Garzón, no suponía que todo ya estaba sentenciado. Sólo me preocupó la ironía con que el juez se tomó mi detención, y sobre el tic de cabeza, que dijo burlonamente que me había entrado al hablar sobre la detención, sin pararse a pensar que nadie se da cabezazos por gusto, tenía la cabeza con moretones e hinchada».
Otro caso flagrante ocurrió en 1989 con Joseba Arandia. Nada más detenerlo, lo llevaron al monte y durante horas le sometieron a todo tipo de torturas: la «bañera» en un riachuelo, electrodos en testículos, cuello y sienes, la «bolsa»… También sufrió un simulacro de ejecución: «Sacó una pistola, me la puso en la boca mientras varios me sujetaban. Mientras apuntaba decía a sus compañeros que se apartaran para que no les salpicara y me gritaba que me iba a matar. En ese momento prefería morir». Después de varios días de tortura, lo trasladaron a la Audiencia Nacional: «Me vio un médico-forense y me dijo que lo que tenía era normal. Por lo visto, los dolores de cabeza, la cara deformada por la hinchazón, el ojo amoratado, el echar coágulos de sangre por la boca y la nariz y el devolver sangre… debe ser normal. El juez Garzón tampoco debió ver nada». Baltasar Garzón decretó su ingreso en prisión, Joseba Arandia estuvo seis meses entre rejas, y en el juicio, en el que vio entre otros torturadores a quien se hacía pasar por médico durante la detención incomunicada y era tan guardia civil como los demás, le dejaron en libertad sin cargos.
En vísperas de los Juegos Olímpicos de Barcelona se desarrolló en Catalunya la llamada «Operación Garzón» que se saldó con la detención por parte de la Guardia Civil de una treintena de personas, la mayoría de ellas vinculadas al movimiento independentista catalán. Muchos de los arrestados denunciaron haber sido sometidos durante los interrogatorios a torturas como la bolsa, golpes por todo el cuerpo, electrodos, dificultar el sueño, amenazas y simulacros de ejecución. Algunos intentaron suicidarse. El caso fue resuelto 12 años después en sentencia de 2 de noviembre de 2004 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que señaló que tenía la convicción de que la investigación de las denuncias no hubiera sido «los suficientemente profundas y efectivas para cumplir con las exigencias» de los tratados internacionales. Y esto implicaba también a Baltasar Garzón que, según los demandantes, «tras las denuncias formuladas ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 5, debieron ser sometidos a un reconocimiento médico profundo. Dicho juzgado se limitó a solicitar a la médico forense, L. L. G., un simple informe, y no un verdadero dictamen pericial sobre los malos tratos alegados».
Además, la sentencia constata que «el 20 de mayo de 1997 -casi cinco años después de la denuncia- la Audiencia Nacional no había dado curso a la decisión de remitir a los tribunales competentes las alegaciones de malos tratos». Por todo ello, el Gobierno fue condenado a indemnizar a los recurrentes.
También el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa menciona al Juzgado que dirige Garzón en su informe de la visita de enero de 1997. En dicho informe recoge las alegaciones de tortura sufridas por el ciudadano vasco Jose Arkauz considerando su testimonio «detallado y coherente» contradiciendo la versión dada por el juez ocultando estas torturas en la que sostiene que con Arkauz se cumplieron escrupulosamente «las indicaciones del CPT para prevenir cualquier posibilidad de malos tratos o torturas». El Comité reprocha al juzgado que no se adoptaron medidas «repetidamente recomendadas por el CPT», como es la puesta a su disposición un abogado y denuncia además que la actuación del médico forense que lo examinó estuvo plagada de irregularidades.
Hay más de 150 testimonios como los anteriores, de otras tantas personas que se animaron a denunciarlo, y que pasaron por el despacho de este Juez que hoy ocupa una oficina en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, a manera de injuria y escarnio para tantas y tantos compañeros que fueron torturados y asesinados en ese recinto.
Garzón es algo más que un cínico avalador de torturas, es el creador de doctrina para que estos resortes represivos no sólo se aplicaran en el País Vasco o en Cataluña sino se extendieran por otros sitios del planeta.
En su momento, Garzón exportó también la tortura a Colombia para combatir la insurgencia. Esto ocurrió en 2003, cuando gobernaba Alvaro Uribe Vélez, y Garzón junto al fiscal antidrogas español Javier Zaragoza, llegaron a Bogotá y se manifestaron en favor de un «proyecto de estatuto antiterrorista» que el gobierno colombiano consideraba «vital para combatir a los grupos armados ilegales».
Zaragoza y Garzón explicaron que en el tema de las garantías procesales en España, existe la figura de la «incomunicación» de detenidos en el marco de investigaciones criminales. «Para nosotros es básica la incomunicación en los primeros días de reclusión de un terrorista, de un narcotraficante o de un individuo que pertenece a una organización criminal», señaló el fiscal. Explicaron que esa incomunicación «impide que haya un contacto con abogados al servicio de las organizaciones criminales».
Sin embargo, en el Estado español son muchas las ocasiones en que organizaciones contra la tortura han denunciado la aplicación de la «incomunicación», dado que es una medida creada exclusivamente para poder torturar a los detenidos, y empleada habitualmente contra la disidencia política (independentistas de izquierda, anarquistas, antifascistas, etc). Si un sospechoso de «terrorismo» está hasta cinco días en dependencias policiales sin poder tomar contacto con abogados ni familiares, eso permite a la policía recoger información con métodos de tortura, sea verdadera o no esa información, ya que incluso se han repetido los casos en que bajo tortura se obliga a los detenidos a firmar declaraciones falsas. Sin ir más lejos, en abril de 2003 el Relator Especial en la cuestión de la tortura de la ONU, Theo Van Boven, como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT), consideraron que el Estado Español no ofrece garantías suficientes contra la tortura en dependencias policiales.
Garzón, el vil dinero y el Pentágono
Garzón que es un buen vendedor de su propia imagen, engañó a buena parte de sus seguidores, con el cuento de que a él lo perseguían por investigar los crímenes del franquismo, pero en realidad las cosas son muy diferentes. No se trataba de ideas, sino del vil dinero. El Tribunal Supremo español abrió un procedimiento penal contra el ex juez por recibir sumas de dinero que alcanzarían el millón de euros, de parte de las empresas CEPSA, Banco Santander, BBVA, Telefónica, Endesa y Unión Fenosa, que según la resolución del Supremo sería una actuación delictiva por la relevancia judicial que ocupa el cargo de Garzón y porque pudo haber habido trato de favor hacia el Banco Santander, al cual Garzón archivó una querella en su contra.
Sin embargo, Garzón pudo eludir las responsabilidades penales de los cargos imputados tras una maniobra procesal de la defensa de Emilio Botín, presidente del Banco Santander, que permitió la prescripción del delito. Los pagos se realizaron entre 2005 y 2006, siendo en 2010 cuando Garzón fue imputado. Por otro lado, Garzón propuso a los organismos de seguridad de EEUU crear un sistema global de informaciones en materia de seguridad y lucha antiterrorista, que según el ex juez, era necesario reforzar tras los atentados del 11-S y 11-M de Madrid. El lenguaje utilizado es el de los llamados «tiburones del Pentágono». A esos cursos invitó, entre otros a Rodrigo Rato, John Negroponte, Condolezza Rice, José Manue Insulza y otros pesos pesados del guerrerismo.
Garzón y las víctimas del franquismo
Hay algo más y tiene que ver con el repetido cuento de que «Garzón es el adalid de la investigación a los crímenes del franquismo», algo con lo que el ex juez especula a diario. Garzón invalidó desde su cargo el sumario de 152.237 víctimas identificadas del franquismo, presentado por diversas organismos de derechos humanos de España.
Como ha ocurrido con otros sumarios que Garzón abrió y dejó morir sin pena ni gloria, esta vez volvió a ocurrir más de lo mismo.
Durante las sesiones orales del juicio ante el Tribunal Supremo, el Juez Baltasar Garzón dejó claro tres aspectos que clarifican cuáles eran sus intenciones frente a un tema que tantas expectativas generó en los familiares de los asesinados por el fascismo, y que nos eximen de más comentarios: a) reconoce que se negó a abrir fosas en forma expresa, b) que no realizó investigación alguna c) que la ley de Memoria Histórica es perfectamente compatible con lo que se investigaba en su juzgado.[Ver Sentencia Nº: 101/2012 , de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo del 27 de febrero de 2012 en: http://www.derechos.org/
No es verdad que Garzón investigó a los culpables de las atrocidades cometidas por el franquismo, sino que como lo dice él mismo en el punto 2 del Sumario 53/2008 (de fecha 18 de noviembre de 2008), resuelve; «Acordar la inhibición de esta causa, con todas sus piezas, en la forma expuesta en esta resolución, a favor de los Juzgados de Instrucción de las localidades a la que pertenezcan los lugares en los que estén ubicadas las fosas identificadas». ¿Qué significa esto? Que desmembró el Sumario en decenas de Juzgados, (en buen romance, se lo quitó de encima) en vez de concentrar el mismo a efectos de castigar a los culpables. No a los que ya estaban muertos (como hizo Garzón, «extinguiendo la responsabilidad penal por fallecimiento» de genocidas como Franco, el General Mola, Gonzalo Queipo de Llano y otros) sino a los cientos de ellos que viven y aún merodean por los recovecos del poder.
La protección argentina a Garzón
Por mucho menos de los antecedentes que Garzón luce en su curriculum represor, en otros años, algunos de los que hoy lo protegen y aplauden en Argentina, lo hubieran condenado y denunciado. Sin embargo, se niegan a reconocer lo que aquí se relata. Ni siquiera quieren enterarse, ya que les arruinaría un escenario que con todo cinismo se han prefabricado. De allí que sea necesario, en homenaje a la lucha que en este país hemos dado contra la impunidad y por la memoria de tantos compañeros y compañeras desaparecidas y asesinadas, enfrentar a personajes que como Garzón le hacen mucho daño a los derechos humanos. No hay razones que valgan para que el «progresismo» argentino defienda a alguien que amparó el accionar de los cuerpos policiales españoles y por ende las torturas cometidas por estos. Salvo que se quiera medir con distinta vara a los torturados y represaliados argentinos con respecto a los que sufren idénticos vejámenes en otras latitudes.
No se puede entender que se apoye a quien es repudiado por organismos de derechos humanos españoles por esa misma causa (http://www.indymedia.org.uk/
No entra en ninguna cabeza, que en nombre del «progresismo» argentino, se respalde a un ex juez que atacó duramente al Subcomandante Marcos y al zapatismo después que Marcos lo acusara de «payaso grotesco». (ver: http://cartasenlanoche.
Son muchos los temas en los que la otra cara de Garzón sale a relucir. Todos ellos lo ponen contra las cuerdas y ya hubiera caído a la lona si no fuera por el respaldo que sigue recibiendo (aunque ya son muchos los que están tomando conciencia de quién se trata) de sectores que prefieren hundir la cabeza bajo tierra como el avestruz. No importa, los que creemos que Garzón, como Clarín, miente, estamos convencidos que tarde o temprano la verdad aflorará. Entonces, muchos de los que hoy lo aplauden o le ponen servicialmente el nombre de Garzón a instituciones municipales (como acaba de hacer el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, hijo de ese gran luchador revolucionario que fue Alfredo Ferraresi, que en su momento firmó un manifiesto denunciando el accionar represivo del ex juez español) tendrán que reconocer que estaban equivocados. Mientras tanto, para la inmensa mayoría de los luchadores y luchadoras populares, aquellos que reivindicamos el internacionalismo solidario y apoyamos a los pueblos que pelean por su autodeterminación, declaramos a Baltasar Garzón persona no grata en nuestro país, y nos comprometemos a seguir esclareciendo sobre su pasado y su presente.
Repositorio de documentos judiciales, bancarios… que pone en entredicho los valores que Garzón dice defender en Argentina: http://garzonenargentina.
Euskal Herriaren Lagunak (Amig@s del Pueblo Vasco)
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