El presidente Javier Milei acaba de emitir un decreto que le asigna 100 mil millones de pesos de “gastos reservados” a la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Lo que salta a primera vista es que, una vez más, la consigna de “no hay plata”, tan mentada por este gobierno desde antes de asumir, tiene una aplicación muy selectiva.
Más fondos para la vigilancia y represión. Abundantes partidas para acciones de espionaje Recorte de presupuesto para educación, políticas sociales, salud y ciencia. El sentido de la combinación es clara. Mientras se proclama a viva voz la “destrucción del Estado” se fortalece, e incluso se “reconstruye” a las áreas que tienen que ver de modo más directo con el disciplinamiento y la represión de la sociedad.
¿Cuál es el objetivo de esos gastos reservados? Lograr la opacidad total, eximir de cualquier tipo de conocimiento público y de control a un conjunto de acciones, en gran parte ilegales, la ampliación y profundización del control sobre la población. Sobornos a actores privados o públicos, mecanismos costosos de infiltración en organizaciones sociales o políticas, establecimiento de actividades de cobertura para acciones no permitidas, etc.
Este aumento de fondos se da en medio de la verdadera refundación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), por medio del decreto presidencial Nº 614/2024. Ese organismo tenebroso recupera el nombre que tuvo cuando imponía el terror desde el seno de las dictaduras cívico militares que lo tuvieron a su servicio.
Tendrá un área que se ocupe del espionaje de cualquier ciudadana o ciudadano, hacia el interior. Otra de seguridad exterior, a cargo de la lucha contra el “terrorismo internacional”, que se ocupará de situarse en línea con los dictados policiales y militares de EE.UU e Israel.
También existirá un sector de “ciberseguridad” que es de presumir se dedicará a la incorporación de las tecnologías más avanzadas para la “guerra” contra “enemigos internos” cuya delimitación siempre se amplía. Y un sector de “asuntos internos” abocado al contraespionaje.
Se le agregan funciones de conducción y control presupuestario sobre la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección Nacional de Inteligencia Militar, las que dependen respectivamente del ministerio de Seguridad y del de Defensa. Una suerte de “sistema nacional de inteligencia” que si bien no tiene un mando único si está dotado de un organismo rector.
El consenso y los palos.
Hoy el gobierno trata de avanzar en la ofensiva contra trabajadores y pobres, respaldado por un consenso social hecho de expectativas, de la reducción de la inflación a costa de una masacre social. Y de aspiraciones punitivistas, de “ley y orden” que hoy anidan en sectores amplios de la población.
No se sabe por cuánto tiempo podrá sostener esa porción del consenso. La recreación de la SIDE se integra a la acción “preventiva”, a la mirada a futuro para que habilite el mantenimiento del programa de acción una vez que el consentimiento social ya se encuentre desgastado.
Entiéndase bien, fortalecimiento de los aparatos de control y represión hay desde el primer día de la actual gestión. Lo que se juega es el grado de protagonismo que tomen sobre el disciplinamiento social en el futuro inmediato.
Los espías tal vez se deleitan hoy con la esperanza de regresar a los secuestros, las torturas, los “negocios sucios” del más variado calibre.
La combinación entre el negacionismo, la reivindicación de los criminales de la última dictadura, y el afianzamiento de las estructuras de “inteligencia” que tuvieron un rol relevante en esas y anteriores experiencias dictatoriales no es nada azaroso. Apunta a la puesta en vigor de un vasto dispositivo disciplinador, intimidatorio. Y si fuera posible y “necesario”, de una concentración de poder coercitivo para la prevención o represión de movimientos de protesta.
Ese conjunto se articula con el ataque en toda la línea contra el ingreso, las condiciones de vida y de trabajo y los derechos básicos de la mayoría de la población. Con asignar poderes los más amplios posibles de las empresas sobre sus trabajadores. De reducir al mínimo la capacidad de organización y resistencia del “abajo social”. Si se pudiera, destruir por completo sus movimientos.
Fuerzas Armadas, de “seguridad”, aparatos de inteligencia son parte de una reestructuración del Estado al servicio integral de la concentración capitalista y la maximización de la ganancia.
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En estos tiempos se juega que lo que muchos caracterizamos como “la democracia de la derrota” no se deslice hacia la “(anti) democracia de la catástrofe”. Se trata nada menos que de contrarrestar los perdurables efectos de los reveses sufridos en dirección a evitar una deriva autoritaria que arranque de raíz las mayores conquistas de los últimos 40 años.
Entre otros elementos se necesitará re-aprender a enfrentar a la represión callejera, la persecución ideológica, la “inteligencia” legal e ilegal. Los “servicios” estarán más fuertes que nunca. La activación de mecanismos de defensa y contraataque contra ellos deberán ponerse a a la orden del día.
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