El Martes 27 de Diciembre, la Cámara Octava del Crimen de Córdoba, condenó a cadena perpetua al sargento Rubén Leiva y el oficial Lucas Chávez, por haber asesinado a Fernando «Güere» Pellico (18), y haber herido a su primo, Maximiliano Peralta (21). Fue además, una perpetua dictaminada por un tribunal conformado con jurados populares. Éste […]
El Martes 27 de Diciembre, la Cámara Octava del Crimen de Córdoba, condenó a cadena perpetua al sargento Rubén Leiva y el oficial Lucas Chávez, por haber asesinado a Fernando «Güere» Pellico (18), y haber herido a su primo, Maximiliano Peralta (21). Fue además, una perpetua dictaminada por un tribunal conformado con jurados populares.
Éste caso de gatillo fácil, es el primero que llega a juicio en los últimos años. El caso de Güere, tiene dos puntos que creo fundamentales y permitieron que todo salga a la luz, y que la sombra de la impunidad se mantuviera a raya: Maxi Peralta, y Marcelo Flores, quien esa noche comía un asado en el taller mecánico de su amigo. Allí fueron los policías a buscar un arma para armarles una causa. Sin eso, la causa hubiera quedado en la nada, como están actualmente muchos de los casos más conocidos como el de: Exequiel Barraza, Brian «Pimpollo» Guaiman, Rodrigo Sánchez, Lautaro Torres, entre tantísimos otros.
Pero como Güere, en 2014 hubo 18 casos. En 2015 hubo 16, y en 2016 hasta Abril, eran 5 los casos, aunque sabemos que son más. Todo, según el informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), titulado «Uso letal de la fuerza por parte de agentes estatales en Córdoba».
A nivel nacional, Correpi tiene registrados 259 casos de personas asesinadas por la fuerza represiva del Estado en lo que va del 2016 (poco antes de fin de año). Las principales víctimas son los jóvenes. El gatillo fácil, las muertes carcelarias y los femicidios causados por miembros de fuerzas de seguridad. En números más simples: el Estado desde su brazo represor, asesina a una persona cada 25 horas.
«En el 47% de los casos corresponde a fusilamientos en la vía pública, es decir, gatillo fácil. Por esto decimos que la principal causa de muerte a manos del Estado es caminar por el barrio con pinta de joven y pobre», sostiene la abogada María del Carmen Verdú.
Esto no sólo sucede en Argentina, Brasil es dueño de la policía que más asesina en el mundo. Entre 2011 y 2015 en dicho país, se registran más muertes violentas a manos de la policía, que en un país en guerra como Siria en el mismo período. Esa comparación creo, nos permite más o menos comprender, a quienes aún no lo entienden así, que esto es una guerra.
El Estado, y las muertes en manos de su brazo represor tienen una relación también con los períodos de mayor ajuste. Esto, entiendo yo, se desprende y forma parte de la famosa Cuarta Guerra Mundial , que «está destruyendo a la humanidad en la medida en que la globalización es una universalización del mercado, y todo lo humano que se oponga a la lógica del mercado es un enemigo y debe ser destruido. En este sentido, todos somos el enemigo a vencer: indígenas, no indígenas, observadores de los derechos humanos, maestros, intelectuales, artistas. Cualquiera que se crea libre y no lo está», según nos contaba allá a fines de los 90′, el Subcomandante Marcos.
Cada país, cada provincia, cada porción del territorio está en guerra.
A los pocos días de la sentencia que condenaba a perpetua a los policías asesinos de Fernando «Güere» Pellico, una oficial de la policía: Carla Gisela Caro, asesinó de un disparo a Raúl Ledesma , de barrio Los Cortaderos, sí, el mismo barrio donde vivía Güere Pellico. Casi instantáneamente, en un hecho sumamente confuso, podríamos decir que lo asesinó a modo de mensaje. Mensaje que ya deja de ser implícito y misterioso cuando, después del hecho, oficiales de la Policía ingresaron violentamente al barrio, a balazo de plomo, y amenazaron a los jóvenes del barrio diciéndoles: «Pellico y Ledesma no van a ser los únicos, siguen ustedes».
Antes del mes del asesinato de Raúl Ledesma, el día viernes 27 de enero, también en barrio Los Cortaderos, fue asesinado otro joven: José Juncos de 26 años. El oficial que lo asesinó y lo dejó tirado desangrándose, el domingo ya estaba en libertad, porque se adujo inmediatamente legítima defensa. El nombre del oficial: Daniel Alejandro Chacón Fernández.
En la mayoría, de los casos de gatillo fácil, la justicia inmediatamente (si es que detiene en algún momento al oficial) libera al imputado y dictaminan sin pestañear ni dudar: legítima defensa. Cuando quien sabe algo de derecho, entiende que el artículo 34 del Código Penal es una norma que merece considerar los hechos en detalle, y no hay manera de asegurar y resolver que alguien asesinó en «legítima defensa» en tiempos tan breves, cuando no, instantáneos.
A esa impunidad, la tienen muy clara los oficiales, porque saben que hay quien respalde lo que hacen. Días después del asesinato de Guere, el entonces jefe de Policía Julio César Suárez dialogó con los medios: «Hoy la Policía tiene la decisión de salir a enfrentar a los ladrones que han hecho la vida imposible a la gente». Y continuó: «cuando el enfrentamiento es muy grande el policía obviamente se defiende y tira a matar».
En agosto de 2014, el padre de Güere denunció en Canal 10 haber sufrido amenazas de la Policía. «Entré a Los Cortaderos por la Spilimbergo y me tiraron un auto encima», dijo. Así es que Dante Leguizamón (periodista) invitó a la familia Pellico al programa televisivo «Justicia Legítima». Luego, de este hecho, la Policía ingresó a Los Cortaderos con un operativo saturación, reprimiendo con balas de goma a los vecinos.
El periodista Leguizamón decidió denunciar lo sucedido en el barrio a través de su cuenta personal de Twitter. Esto, llegó al conocimiento del jefe policial, quien procedió a llamarlo decenas de veces, e inclusive lo acosó por Twitter. Esto no pareció ser suficiente para el Jefe de la Policía, que decidió ir a buscar al periodista al canal donde él trabaja: «Estaba llegando a mi casa y me enteré de que el jefe de Policía fue al canal a buscarme y exigió hablar conmigo. Me llamó por teléfono y me dijo: si no venís ahora, ya, a juntarte conmigo, yo me voy a encargar de vos», denunció el periodista a los medios. Por este hecho, Suárez irá a juicio imputado por el delito de coacción.
Cumpliendo su trabajo: Jovenicidio Córdoba rebalsa de policías, y rebalsa de delitos. La relación es directa. Hace un par de semanas fue tapa del diario más leído en la Provincia, que echan a 3 oficiales por mes de la fuerza por comisión de delitos. Pero los delitos más graves que comete la Policía de Córdoba sin duda, son estas muertes producidas desde el brazo represor estatal, que en la gran mayoría de los casos la sufre un mismo frente: jóvenes pobres. De hecho ya hay quienes en la academia hablan de «jovenicidio».
Sumado a esto el Estado decide no fomentar la cultura barrial, la educación, la salud, ni desarmar los mercados ilícitos. Lo que hacen es policializar. Porque es también la policía en los territorios la que le permite ejercer al Estado un control que es necesario para cumplir con sus fines políticos, la que permite que el crimen se sostenga, y se profundice, la que teje y articula todo tipo de redes de este tipo: narco policiales. Porque si el Estado llegase a hacer todo lo que no hace, se les acaba un gran negocio a las cúpulas del poder.
En esta guerra de la que hablé más arriba, las fuerzas de seguridad, ya no tienen un rol de protección tan predominante sobre el «Estado-Nación», sino que están cumpliendo un rol de control territorial, de ordenamiento, organizándolo como van pudiendo acorde a las necesidades que van surgiendo. Esto genera que existan tantas clases de fuerzas policiales, como necesidades en este sentido, y que luego, entre ellas mismas terminen disputándose el control de la zona. Todo esto que digo siempre lo hago pensándolo en términos locales.
En Córdoba – Argentina, es la fuerza policial la que estructura el delito, el crimen organizado, es la policía la que está ejerciendo concretamente un control territorial, y la que es parte de una guerra local. A niveles mundiales todo se complejiza más. Pero lo que intento decir aquí, es que cada «pequeña guerra», en cada territorio (nuestros barrios), es parte de una guerra mayor (cuarta guerra mundial) de un plan mucho más complejo, del que apenas si tenemos conciencia. Y ojo, que tampoco la tienen quienes están siendo soldados de ésta guerra, para muchos de ellos, como queda claro al escucharlos: es apenas un «trabajo».
En este punto, el filósofo Darío Zsztajnszrajber, reflexiona de manera brillante, y me parece interesante citarlo porque es el sistema, la ética egoísta, los medios masivos, y el mismo Estado el que nos hace naturalizar actos horrorosos, cuando no intentar explicarlos, querer en fin, que el mal de alguna manera «nos cierre»: «¿Por qué un ser humano puede cometer los crímenes más atroces contra el hombre? ¿Por qué un torturador puede ejercer su oficio sin ningún tipo de culpa ni remordimiento? En las preguntas esta la respuesta: porque es su oficio».
Hannah Arendt por su parte, encuentra que muchas veces se cometen actos monstruosos sin motivos monstruosas, sino que los motivos resultan de la más llana banalidad como por ejemplo: ganar un incentivo salarial, conseguir nuevo empleo, o simplemente «hacer mi trabajo». Muchos perpetradores de múltiples crímenes contra la humanidad resultan ser personas cuya vida privada es como la de cualquiera de nosotros aman a sus hijos, se divierten con los amigos, buscan realizarse en sus vocaciones. Es justamente en ese «no pensar» donde se encuentra su mayor responsabilidad. El mal, el que fuera, necesita de ejecutores pero sobre todo de burócratas y cómplices. Y no hay complicidad más efectiva que la indiferencia.
Citando a Levinas, cuando habla de los males del siglo XX, agrega: «tenemos que resistir todo intento de justificar lo injustificable, y por eso frente al mal injustificable solo cabe una cosa: resistir con un bien injustificable: el otro siempre es más importante que yo». Es necesario, nos dice el filósofo argentino, fundar otra ética, «después de las masacres y atrocidades de los últimos tiempos se debe crear, una ética que se funde en la responsabilidad infinita que tengo frente al sufrimiento del otro». La tarea nos compete a todos, es colectiva. Y la solidaridad, la empatía, la conciencia social, son todas inexorablemente claves para poder desterrar de la sociedad la necesidad de «justificar» el mal, de hacer que éste nos cierre, que nos tranquilice alguna explicación tan banal como: «el pibe estaba robando», o el oficial «cumplía su trabajo». ¿El mismo Estado, los mismos crímenes?
Este modismo de asesinar impunemente, desde el Estado a un sector social determinado, a ciertas personas, y no a otras, nos lleva de manera inevitable a los 70′ en Argentina, y sabemos que nunca se desmanteló ese mismo aparato represor. Y es por eso que sostengo que éstos crímenes, deliberados, planeados, financiados y sostenidos por el Estado, no son apenas un «gatillo fácil». Son crímenes mucho más graves, como los de lesa humanidad, o inclusive genocidio. Y no quiero decir con esto que estoy segura de que exista una planificación específica y concreta en la mente de cada oficial, ni que haya conciencia de esto en cada policía que comete homicidio. Pero sí hablo de la sistematicidad, de la red de complicidades, de las responsabilidades que tienen quienes integran los altos cargos tanto en la fuerza policial, como en el ejecutivo, hablo de las órdenes políticas, de las instituciones del Estado que articulan para que todo esto, sea factible.
Como lo establece el Dr. Slepoy: «El crimen de lesa humanidad en sentido genérico se define como el que se comete mediante un ataque generalizado o sistemático contra una población civil en medio del cual se perpetran múltiples delitos. El tipo penal no exige en este caso ninguna específica intencionalidad por parte del represor. Basta acreditar, por un lado, que existió dicho ataque y, por otro, que durante el mismo se cometieron asesinatos, secuestros, desapariciones, etc. El objetivo de la acción criminal es provocar la destrucción de la población civil afectada de forma indiscriminada».
El abogado especialista en Derechos Humanos, postula que en realidad, los crímenes realizados por la dictadura más sangrienta en nuestro país, no fueron apenas de «lesa humanidad», sino que fueron un genocidio. Y explica esta dicotomía aclarando que: «Lo que separa a uno y otro delito no es la mayor o menor mortandad o número de ilícitos que producen, sino su distinta naturaleza. Determinar la naturaleza del crimen no sólo es útil para nombrar a los hechos por su nombre y la intención de quien lo comete sino, y fundamentalmente, para develar sus causas y consecuencias».
«El genocidio, en cambio, difiere radicalmente de esta situación (crímenes de lesa humanidad). Con su comisión el represor pretende la destrucción, total o parcial, de grupos humanos. Aquí sí el tipo penal exige una intencionalidad específica: el propósito de destrucción de alguno o algunos de los grupos existentes en una sociedad o sociedades. La acción criminal va dirigida a la destrucción del grupo aunque para ello, y como modo de destruirlo, se ataque a los individuos que lo conforman. Se reprime a las personas con el objetivo de destruir sus grupos de pertenencia. La conformación del grupo puede venir dada por la voluntad de quienes lo componen o ser por completo ajena a la misma. El grupo en este último caso es formado por la decisión del represor. Este estigmatiza a determinados sectores y decide su eliminación, aunque quienes son parte del grupo así constituido no tengan conciencia de pertenecer al mismo».
Ahora, acá en Córdoba, no hay simplemente policías que son asesinos, así sin más. Como no hubo militares que fuesen asesinos, así sin más. Aquí hay un Estado que claramente respalda esto, que forma a los oficiales de determinada manera, hay un desconocimiento deliberado en las fuerzas del derecho al que deben atenerse, hay órdenes de ingresar a los barrios con balas de goma cuando no balas de plomo, hay órdenes de reprimir, y hay vía libre para gatillar. Pero ojo, sólo en determinados barrios, sólo a determinadas personas, sólo a cierto grupo social.
Sin dudas, esperar que el mismo aparato estatal reconozca tal cosa es absurdo, o irrisorio, como me dijo una compañera. Máxime sabiendo lo que está haciendo el poder judicial con éstos casos. Pero, entenderlo así y callarlo sería aún más absurdo e irrisorio. Al menos creo necesario hacernos estos planteos, estas preguntas, estos análisis como los que brinda Slepoy, para que nos sea más fácil también desentrañar hacia donde estamos yendo, qué es lo que estamos viviendo, dónde estamos parándonos en relación a esta responsabilidad infinita que tenemos frente al sufrimiento del otro.
Victoria Siloff. Abogada y militante del Encuentro de Organizaciones.
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