En la década del ´70 las fuerzas policiales de Argentina participaron activamente en la represión de la sociedad civil. Su accionar representa una herramienta fundamental de disciplinamiento social y de ejecución de una política deliberada del poder, que no duda en proponer la aplicación de una «mano dura» contra la delincuencia y que lamentablemente suele […]
En la década del ´70 las fuerzas policiales de Argentina participaron activamente en la represión de la sociedad civil. Su accionar representa una herramienta fundamental de disciplinamiento social y de ejecución de una política deliberada del poder, que no duda en proponer la aplicación de una «mano dura» contra la delincuencia y que lamentablemente suele ser extensiva hacia quienes manifiestan su descontento social.
En la década del ´70 las fuerzas policiales de Argentina participaron activamente en la represión de la sociedad civil. Cabe recordar que el comisario Alberto Villar, jefe de la Policía Federal, fue unos de los creadores de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Esta organización terrorista de ultraderecha fue fundada bajo el gobierno de Isabel Perón, en el año 74, y estuvo bajo la dirección política del Ministro de Bienestar Social José López Rega.
Ya en 1968, el escritor y periodista, Rodolfo J. Walsh había calificado a la policía de la Provincia de Buenos Aires como «la secta del gatillo y la picana». Pero en realidad su denuncia fue bastante anterior. En la investigación publicada en su libro «Operación Masacre» daba cuenta de los hechos ocurridos entre los días 9 y 10 de junio de 1956 cuando once obreros fueron trasladados a un basural en la localidad de José León Suárez, Provincia de Buenos Aires, para ser criminalmente fusilados por la policía local bajo el gobierno dictatorial encabezado por el General Pedro E. Aramburu.
Con estos antecedentes, sumados a la historia del Comisario Ramón Falcón (célebre por su capacidad para reprimir manifestaciones obreras y anarquistas de las primeras décadas de este siglo), y la probada responsabilidad de la institución policial en la salvaje e ilegal represión desatada entre 1976 y 1983 durante la dictadura militar -responsable de miles de asesinatos, torturas y desapariciones-; encontramos que desde su origen las Fuerzas de Seguridad de la República Argentina, en este caso las policías provinciales y federal, son herramientas de disciplinamiento social y de ejecución de una política deliberada del poder que no duda en proponer la aplicación de una «mano dura» contra la delincuencia y que lamentablemente suele ser extensiva hacia quienes manifiestan su descontento social.
La policía en democracia
Hasta mediados de este año, la Policía Federal podía detener arbitrariamente por averiguación de antecedentes o por la aplicación de los llamados «edictos policiales» – una suerte de «Código penal» de utilización exclusiva de la policía – en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Estos fueron derogados por la legislatura local y reemplazados por un Código de Convivencia Urbana.
Mientras tuvieron vigencia los edictos la policía realizaba 413 detenciones por día, cerca de la mitad por «averiguación de antecedentes», las que daban un total de 200 mil detenciones anuales. Las víctimas de estos procedimientos abarcaban un determinado sector de la sociedad: jóvenes, pobres, inmigrantes limítrofes. Esta situación, además, favorecía la corrupción policial, ya que para evitar su detención, si cometían algún acto ilegal: prostitutas, travestis o vendedores ambulantes, «debían contribuir económicamente» para no ser detenidos.
Según un documento de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) entre 1983 y 1997 se registraron aproximadamente 400 víctimas de la brutalidad policíaca. En este mismo período hubo sólo 4 condenas a prisión perpetua en todo el país por el delito de tortura seguida de muerte, el resto de las causas fueron sobreseídas o se condenaron sólo delitos menores.
El promedio de 2,66 muertos por mes a manos de las Fuerzas de Seguridad Argentina nos retrotrae temiblemente a los años de la última dictadura militar (1976-1983) con su secuela de torturados y desaparecidos.
Torturas
En 1992, año de vigencia de un nuevo Código Procesal, se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires 1.700 denuncias por apremios ilegales, de las que solamente 4 llegaron a la etapa del juicio oral.
El informe de Correpi también responsabiliza al Poder Judicial al denunciar que muchos jueces se encargan de forzar los textos legales para evitar las condenas a prisión perpetua en los casos de tortura seguida de muerte, determinando que se trató de un homicidio en riña ya que «no pueden discernir cuál de todos los uniformados que golpearon a la víctima fue el autor de su deceso
Gatillo fácil
Este eufemismo se utiliza para denominar al accionar policial que deriva en la muerte de detenidos o involucrados en masivos operativos policiales («razzias»).
La Correpi tipifica este método como ejecuciones sumarísimas aplicadas por la policía y que por lo general suelen encubrirse como «enfrentamientos». Esta «pena de muerte extra-legal» se distingue por dos etapas: el fusilamiento y el encubrimiento.
Luego de cometido el delito en el que la víctima es abatida en un «pseudo-enfrentamiento», se pone en marcha un mecanismo de complicidades entre camaradas de la fuerza que incluye la «plantación» de armas, lavado de cadáveres y la culpabilización del muerto a quién inmediatamente se lo califica como «un delincuente de frondoso prontuario». A esto se le agrega la complicidad abierta o la ineficiencia de peritos y jueces que permite la manipulación de las pruebas, derivando la investigación en contra de la víctima.
«Hay datos objetivos – señala el informe de la Correpi – que tornan inverosímil la repetida versión del enfrentamiento. La desproporción numérica entre muertos civiles y policiales lleva a dos posibles conclusiones: o tenemos la policía con la mejor puntería del universo, o ellos son los únicos que disparan (…). La casi inexistencia de sobrevivientes civiles en estos supuestos tiroteos demuestra que la policía tira a matar (…). En gran número de casos la propia policía confiesa ´accidentes´ (…), es notable que las balas impacten en la sien, la nuca o la espalda (…).»
Desaparecidos en Democracia
La desaparición forzada de personas, entre 1976 y 1983, instaló a la Argentina en el triste lugar de iniciación de este repugnante método. El término «desaparecido» es asociado a nuestro país en cuanto foro o publicación internacional es mencionado.
También en Democracia se continúa aplicando esta metodología.
El documento «Violencia institucional: tortura, muertes y desapariciones a manos de las Fuerzas de Seguridad de la Argentina» presentado por la Correpi al Comité contra la Tortura de la ONU, consigna la continuidad de esta práctica represiva por parte de los integrantes de la policía y que en la mayoría de los casos se trata de personas arbitrariamente detenidas. Posteriormente fueron torturadas o asesinadas en dependencias policiales y sus cuerpos se hacen desaparecer para evitar la investigación.
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