La devaluación pasó, igual que la quita de retenciones o el pago a los fondos buitres, todo lo cual fue una gran transferencia de ingresos socialmente generados a sectores muy concentrados del capital, de adentro y de afuera del país. Eran los primeros tiempos del gobierno Macri, envalentonado con el triunfo electoral. Con ello creyeron […]
La devaluación pasó, igual que la quita de retenciones o el pago a los fondos buitres, todo lo cual fue una gran transferencia de ingresos socialmente generados a sectores muy concentrados del capital, de adentro y de afuera del país. Eran los primeros tiempos del gobierno Macri, envalentonado con el triunfo electoral. Con ello creyeron que podían seguir con sus políticas de ajuste y transferencias de recursos, por lo que decidieron incrementar las tarifas de electricidad, agua y gas en valores que la sociedad consideró excesivos.
La respuesta fue una masiva protesta social que llegó al Poder Judicial y ahora falló la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con una sentencia que retrotrajo las tarifas de gas relativas al consumo residencial, expresión menor al 30% del consumo del rubro y habilitó a que el resto de usuarios de gas, 70% de la facturación, puedan demandar contra el aumento tarifario. El fallo genera polémicas, pero no hay duda que la lucha social modificó la situación política y tensionó un camino tranquilo imaginado para el ajuste tarifario del equipo gubernamental de Macri.
Resulta evidente que el reclamo masivo de los usuarios tuvo impacto político e impidió, por ahora, el tarifazo de usuarios residenciales en el gas, aunque la lucha continua con relación al resto de los servicios públicos, especialmente en materia de electricidad. Es una motivación para que clubes, empresas recuperadas, pequeñas y medianas empresas, no contemplados en el fallo de la CSJ y otros afectados por el incremento de las tarifas demanden ante la justicia la segmentación a la hora de aplicar un cuadro tarifario.
Audiencias no vinculantes y modelo energético
Con el fallo puede interpretarse abierto el canal de la protesta. Puede pensarse que el gobierno encontró un límite a su iniciativa en la protesta social y que ese será el largo camino que recorrerá el conflicto derivado de un objetivo que aun sustentan empresas y gobierno. Estos, empresas y gobierno, no resignan su propósito por el ajuste a descargar sobre el conjunto de la sociedad y ratificar el modelo de mercantilización y privatización de la energía.
Incluso, el carácter no vinculante de las audiencias incorpora un guiño de la Justicia a las aspiraciones de las empresas y el gobierno. No puede confiarse en uno de los poderes del Estado capitalista, que como todos ellos solo entiende de correlaciones de fuerza de la dinámica social en conflicto y la Corte no quiere movilizaciones en la puerta de los Tribunales, sede de los «supremos». Insistamos entonces que la CSJ sentenció a favor de las audiencias públicas, que no son vinculantes y que en condiciones de restricción democrática impuesta por el orden capitalista pueden ser una farsa, a menos que se sostenga la movilización popular y vaya más allá de la crítica al aumento desorbitado de las tarifas e incluya la discusión sobre el modelo energético en curso.
Por ello, se requiere partir por la demanda de investigación del destino de los gigantescos subsidios a las empresas, que significaron mecanismos de transferencias de ingresos del conjunto de la sociedad a la cuenta de ganancias de las empresas, las que privilegiaron su rentabilidad antes que realizar inversiones para atender la creciente necesidad de energía de la población. Más que subsidiar a los consumidores, los subsidios fueron formas estatales de financiar las ganancias empresarias con recursos públicos, abonados por el conjunto de la sociedad.
El problema de fondo está en el in-modificado modelo energético emergente de las privatizaciones de los 90´. Como es obvio, la CSJ no se pronuncia sobre este tema y solo se concentra en las tarifas y las audiencias.
Respecto de las audiencias públicas, también remite al polémico Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) o precio en boca de pozo (producción del gas), el inicio de la saga de precio original del gas, a lo que se suma el transporte y la distribución. La producción representa el 60% del precio final del gas (boca de pozo) y este es subsidiado por el Estado, o sea, por el conjunto de la sociedad. La CSJ señala que el precio en boca de pozo no es una cuestión que se resuelva en el mercado, como sostiene el gobierno, ya que es un precio que fija el Estado para subsidiar a las empresas. Hay que discutir ese subsidio y con ello el modelo privado de producción y abastecimiento de energía, discutiendo el carácter mercantil de la energía y sosteniendo que la misma es un bien social, un derecho de la sociedad.
Impacto del fallo de la Corte
Resulta claro que al gobierno no le satisface el fallo de la CSJ, aunque podría haber sido peor sostienen, por eso se apresuran a la convocatoria de las audiencias no vinculantes, no solo del gas. Ahora empieza otra batalla por el sentido común de la sociedad. El Jefe de Gabinete de Ministros había sostenido que la sociedad estaba convencida de la necesidad de los ajustes de tarifas y sin embargo, la realidad transita por el conflicto aún no definido por el tarifazo, que es un tema abierto y sujeto a definición.
Se estima en 1.200 millones de dólares el costo fiscal de esta postergación en el aumento de tarifas. Por eso el chantaje del Ministro de Economía que anticipa postergaciones de inversiones públicas y demoras en la recuperación del nivel de actividad ante la demora en inversiones externas. No puede esperarse otra conducta de un gobierno que solo contempla las necesidades de ganancias de las empresas, por lo que solo cabe profundizar la línea de discusión sobre el modelo energético y productivo.
En la lógica del gobierno, de ensayo y error se piensa en que quedó firme el aumento del grueso de la facturación, a más del 70% de la misma, sin contar la capacidad de protesta que estos usuarios puedan generar. Desde el gobierno de Macri se asimila el golpe por no poder imponer el ajuste en su totalidad y se apresta a una nueva ofensiva por el ajuste de las tarifas. No solo está en cuestión el gas sino todos los servicios públicos. También requiere pensarse la capacidad del movimiento social para frenar la ofensiva por socializar el costo de la política energética y renovar los objetivos de la demanda más allá de las tarifas e instalar la discusión sobre el derecho a la energía.
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