Así lo confirmó Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA) para quien “la falta de aportes y reflexión” de parte de las autoridades nacionales “obliga” a adoptar esta medida de fuerza.

«Nosotros queremos a los alumnos en las escuelas, pero responsabilizamos al Gobierno nacional de las medidas que nosotros tomamos por la falta de aportes y por falta de reflexión ante esta problemática: el Gobierno nacional tiene que financiar y sostener la educación», planteó.

Durante la conferencia de prensa, el dirigente sindical estuvo acompañado por representantes de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). Todas estas entidades exigen una actualización del salario frente a la escalada inflacionaria y la restitución del Fondo de Incentivo Docente que no fue renovado por la administración libertaria.

El martes, el Poder Ejecutivo Nacional se reunió con los gremios del sector para discutir un nuevo aumento, pero no hubo acuerdo entre las partes. «No ofrecieron nada. Fue un diálogo de sordos. Hasta en un momento determinado quisieron negar el ámbito paritario. Nos vamos muy tristes porque tenemos docentes con el salario mínimo en Argentina de $250.000», expresó Romero.

Desde la sede de la CGT, el dirigente volvió a detallar la situación económica de los docentes y el consecuente reclamo. «El Estado Nacional debe garantizar el financiamiento educativo en Argentina. El Gobierno les tira la responsabilidad a las provincias y retiró el aporte del Incentivo Docente, que significa entre un 15% y 20% del salario de los trabajadores. No nos hicieron propuestas en la reunión, no hemos tratado la mejora del salario inicial que está en $250.000 y con la quita del incentivo se reduce a $220.000 aproximadamente», explicó.

Esta misma demanda había motivado la última huelga docente, que tuvo lugar el pasado lunes 26 de febrero a cargo de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Al igual que Romero, Sara García, en representación de AMET, manifestó su preocupación por la falta de respuesta del Estado nacional para el sistema educativo. «Estamos muy preocupados porque el discurso que dice tener el Gobierno de preocupación por la educación está vacío de contenido», aseguró.

Pasaron a un cuarto intermedio

Representantes de los cinco gremios docentes a nivel nacional y ministros de Educación de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires se reunieron en la noche de este martes con autoridades del área de Trabajo del Ministerio de Capital Humano del Gobierno nacional para debatir la actualización del salario mínimo docente.

La reunión pasó a “un cuarto intermedio” hasta el próximo martes. Pero al no haber recibido una oferta salarial, las agrupaciones sindicales convocaron a una conferencia de prensa y reclamaron por las “actitudes absolutamente dilatorias” del Gobierno.

No obstante, según fuentes presentes en el encuentro, las autoridades del Gobierno confirmaron durante la mesa de trabajo la continuidad del Fondo Compensador, pero ratificaron el fin del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), para reorientar esas partidas hacia “políticas vinculadas con aprendizajes efectivos, como el Plan Nacional de Alfabetización, y al sistema de información escolar”.

“Para establecer el piso salarial, se pidió que las provincias hagan llegar su oferta para discutirla en la mesa. Se llamó a un cuarto intermedio hasta el martes por la mañana”, se indicó.

“Luego de asistir este martes 27 de febrero a la reunión paritaria docente informamos que ha sido golpeada seriamente nuestra buena fe y predisposición a la negociación salarial por parte de un Gobierno insensato que aspira insensiblemente a burlar su responsabilidad (Ley N.” 26075 y Ley N.º 26206) de garantizar el Financiamiento del Sistema Educativo Nacional”, reclamaron los sindicatos docentes en un comunicado.

Además, reprocharon que en la reunión no recibieron “ninguna oferta nacional” y manifestaron que “el Gobierno nacional ha ocupado este tiempo para tomar actitudes absolutamente dilatorias y profundamente desatentas” con los docentes.

El encuentro se concretó después del comienzo de las clases en ocho distritos, atravesadas por un paro convocado por Ctera en reclamo de la paritaria nacional y en rechazo de la anunciada eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

La convocatoria a los gremios y las autoridades educativas de las provincias fue realizada por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación en su sede de Alem 650, donde el secretario de Trabajo, Omar Yasin, junto a su par de Educación, Carlos Torrendell, recibieron a los representantes de los cinco gremios docentes nacionales.

Las entidades gremiales convocadas fueron la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) -adherida a la CTA- y cuatro sindicatos agrupados en la CGT: la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).

Antes de ingresar a la reunión la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, remarcó a la prensa la voluntad de los gremios de “dialogar” con las autoridades del Gobierno y anticipó que “las soluciones” al conflicto docente “tienen que ver con que se envíen los Fondos del Fonid, del Fondo Compensador, y de todos los fondos educativos que rigen por ley”.

El secretario general de UDA, Sergio Romero, anticipó a su llegada a la sede de Trabajo que “si no recibimos una mejora del salario mínimo, si hoy no se garantiza el financiamiento de la educación, mañana en el salón Saúl Ubaldini de la CGT vamos a anunciar un paro nacional de los gremios docentes” integrantes de la central obrera.

La Ctera, por su parte, adelantó que mañana realizará un encuentro de secretarias y secretarios generales de la organización para evaluar la situación tras la reunión.

Según datos de los gremios docentes, el piso nacional docente es de $250.000 mientras el promedio nacional del salario ronda los $350.000.

La medida de fuerza gremial que se desarrolló este lunes y tuvo adhesión en la CABA, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, San Luis y Santa Fe, en tanto que en Mendoza las clases comenzaron con normalidad en todos los niveles de la provincia.

Por fuera de esos ocho distritos, este martes inició el ciclo lectivo 2024 en La Rioja, mientras que en Santa Cruz arrancará el jueves y el viernes. El 1° de marzo será el turno de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán.

El calendario se completará con el inicio de clases el próximo lunes, 4 de marzo, en Chaco, Chubut, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca y Neuquén, a las que se sumaron Jujuy y Salta que aplazaron la fecha de inicio.

Por su parte, Río Negro comenzará su ciclo lectivo el 11 de marzo, tras un período de intensificación desarrollado del 14 al 26 de febrero, se informó oficialmente.

Estudiantes terciarios se preparan para saltar los molinetes

La asamblea de estudiantes terciarios que se viene organizando desde el paro del 24 de enero, el martes se volvió a reunir por tercera vez. Se hicieron presentes estudiantes de distintos institutos terciarios como el Joaquín V. González, Alicia Moreau de Justo, Normal N° 1 y 3, del instituto Lenguas Vivas e ISTRYL. También fueron parte las agrupaciones terciarias 9 de Abril – PTS, UJS – Partido Obrero, Alternativa Estudiantil – MST.

Se intercambió hacer una gran convocatoria para el 1° de Marzo, día que está convocado un molinetazo contra los tarifazos y por el boleto educativo, coordinado y organizado por la Comisión de estudiantes de Unidos por la Cultura. Muchas asambleas barriales fueron sumando sus adhesiones a la actividad. También se votó participar del cacerolazo que se hará ese mismo día en el Congreso Nacional, cuando Milei haga la apertura de las sesiones ordinarias.

Asambleas, Centros de Estudiantes y Sindicatos se suman a «molinetazos» y movilización para el 1M

La conferencia de prensa convocada el viernes para las 10:00 frente al Congreso Nacional presenta una unidad casi absoluta de todos los movimientos sociales y organizaciones piqueteras de las distintas tendencias: desde la UTEP y la CCC, hasta la Coordinadora por el Cambio Social y el Frente de Lucha Piquetero, entre otras, confluirán en acciones que marcará la máxima unidad entre todos los sectores lograda en años.

Por la tarde en distintas zonas del Conurbano habrá convocatorias a concentrar para movilizar hacia el Congreso Nacional.

Desde la Zona Oeste el trenazo es apoyado y convocado por su sindicato en el Ramal Sarmiento, conducido por la Bordó, recordando que la fecha, además, es el Día del Ferroviario.

Por su parte, en el Subte algunas agrupaciones se suman y convocan a todo el gremio a sumarse «Desde la Bordó nos pronunciamos en contra del tarifazo en el subte que va a llevar el valor del boleto a 574 pesos en abril y a 776 pesos en junio. Apoyamos a su vez toda iniciativa que surja de los sectores populares como los molinetazos votados por las Asambleas barriales y Centros de estudiantes para el 1/3 y el 15/3», dice parte de un comunicado que además le pide a la AGTSyP ponerse a la cabeza de los reclamos.

Entre las 17:00 y las 18:00 se esperan concentraciones en las estaciones de Once, Constitución y Retiro, donde, además de organismos sindicales, confluirán Asambleas, espacios artísticos como Unidxs por la Cultura, y diversas organizaciones.

Mientras tanto, desde el gobierno la única respuesta es postear comentarios intimidatorios, mientras el Congreso Nacional ya se encuentra vallado.

Por su parte, se esperan cacerolazos, tanto en distintos barrios porteños, como en distintas localidades de todo el país, que podrían incrementarse después del discurso del presidente Milei, que tendrá lugar a las 21:00.

La conducción de ATEP cierra una paritaria de hambre

Sin tomar ni una sola medida de fuerza, la conducción de ATEP dio por terminada la negociación paritaria con el gobierno aceptando un aumento del 12,7% al básico más sumas en negro, hasta el mes de mayo. Aunque todavía no trascendieron los detalles del acuerdo, anticiparon que el salario inicial se iría a 425.000 pesos.

Este acuerdo deja al salario docente muy lejos del mandato que dieron las asambleas zonales de delegados de escuelas que hace 10 días votaron exigir un aumento del 150% al 273% al básico y un salario inicial de 586.000 pesos, entre otros reclamos, o ir al paro y la movilización.

Pero Hugo Brito decidió darle la espalda a la docencia para disciplinarse al gobierno de Jaldo que, junto a Milei, están descargando un ajuste brutal a la educación pública.

El salario inicial que acordaron queda nuevamente por debajo de la Canasta Básica que mide la pobreza y que en enero rondaba los 600.000 pesos. Pero además el aumento al básico acordado (12,7%) no solo no recupera lo perdido en 2023, ni siquiera recupera la inflación mensual de enero de 2024 que estuvo en 21,3%.

Con el tarifazo al transporte que votaron esta semana tenemos los pasajes más caros del país. Es por eso que las asambleas zonales también votaron exigir un boleto educativo gratuito para la docencia. Pero la conducción del gremio también decidió entregar este reclamo.

Pero no se trata solo del salario, tanto Milei como Jaldo están ajustando fuertemente a la Educación Pública, con el congelamiento en las partidas para comedores escolares, el recorte en las partidas presupuestarias y el intento de prohibirnos por DNU el derecho a huelga en la docencia; y en la provincia con el cierre de escuelas secundarias, cierre de programas como el FORMAR o el programa de ESI, desplazando a miles de docentes reemplazantes. También están implementando un fuerte arancelamiento en la UNT y escuelas pre-universitarias, con tarifas de ingreso que llegan a 70.000 pesos.

Mientras tanto la CTERA sigue dando vueltas para convocar a un plan de lucha, y este lunes 4 salen al paro los gremios de la CGT que la semana pasada levantaron las medidas. Necesitamos un plan de lucha a la altura del ataque que estamos sufriendo, uniendo a docentes, padres y estudiantes, de todos los niveles educativos para enfrentar el ajuste educativo.

Con esa perspectiva, el viernes 1/3 a las 18:00 se reúne en la Plaza Independencia la Asamblea por la Educación Pública de Tucumán, espacio conformado junto a docentes y estudiantes de todos los niveles, para empezar a coordinar acciones en defensa de la Educación Pública. Posteriormente participarán del cacerolazo que se realizará a las 21:00 en todo el país contra el plan de ajuste de Milei.

Nueva concentración de trabajadores de Conicet

En el marco de una nueva reunión del Directorio cercada por la Policía Federal y con el edificio a puertas cerradas, tuvo lugar una nueva e importante movilización junto a estudiantes, becarios, ingresantes a carrera de investigador Conicet y científicos nucleados en ATE Conicet FCEN, CNEA, FFyL y Saavedra XV (con ausencia de la Junta Interna de ATE Conicet, la Verde y Blanca).

Ruidazos, carteles, radio abierta fueron algunas de las acciones que se realizaron en la jornada del miércoles 28 de febrero buscando visibilización y articulación con otros sectores en lucha: asambleas barriales, estudiantes, docentes, trabajadores y disidencias. Ingresantes a carrera de investigador Conicet (CIC), junto a compañeras y compañeros de Agencia expresaron reclamos en relación a la agilización y efectivización de altas, pagos y congelamiento de salarios y efectivización de trámites de alta.

Al cierre de la movilización, el Directorio publicó el orden de mérito, pero sin informar qué becas fueron otorgadas; una irregularidad absoluta que tiene como único fin profundizar el ajuste sobre el total de becas estipuladas.

Las universidades nacionales, al borde del cierre

Por Pablo Esteban

A pocos días del inicio de clases, las universidades nacionales enfrentan una situación inédita: si el gobierno no dispone un aumento de las partidas y continúan funcionando con el mismo presupuesto de 2023, en apenas dos meses podrían cerrar sus puertas. Frente a ello, las autoridades al frente de las diversas casas de estudio optan por declarar la “emergencia económica” y así visibilizan la gravedad de la situación. Por el momento, pese a los intentos individuales y a los reclamos realizados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN, espacio que reúne a todos los rectores), los diálogos con la Secretaría de Educación que administra Carlos Torrendell resultaron infructuosos. 

El acuerdo paritario marcha hacia un rumbo incierto y, para peor, desde el Ministerio de Capital Humano que gestiona Sandra Pettovello se frenó la creación de cinco nuevas universidades, cuya puesta en marcha fue dispuesta por leyes sancionadas en 2023.

Como si no hubiese inflación

Si el gobierno, como ya adelantó, se limita a entregar el mismo presupuesto que en 2023, con una inflación que supera el 250 % interanual, será imposible que las 57 casas de estudio puedan afrontar el pago de salarios y servicios mínimos e indispensables como la luz, el agua o la limpieza. En la cuerda floja quedan los programas especiales, los proyectos de infraestructura y el funcionamiento de los hospitales universitarios. Mantener las aulas abiertas será todo un desafío en un escenario así. De hecho, la paralización podría dejar a unos 300.000 trabajadores docentes y no docentes en la calle y a 2 millones y medio de estudiantes en un limbo, sin posibilidad de seguir cursando las carreras. 

Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín y presidente del CIN, detalla: “Intentamos entender cuál es la política que tiene el gobierno en relación a la educación. Tenemos conversaciones con la secretaría de Educación y la subsecretaría de Políticas Universitarias. Ellos se muestran comprensivos de nuestra situación, pero no pueden generar la sensibilidad en las áreas superiores que deciden sobre el presupuesto de todo el sector público y expresar el valor estratégico de la educación. Por ahora nos dicen que no hay plata”.

Un dato a tener en cuenta es que el dinero que destina el Estado a las universidades nacionales solo corresponde al 2.6 % del presupuesto total. Más allá de una situación a todas luces insostenible, el gobierno se mantiene firme y está dispuesto a cortar los canales de diálogo. En esta línea, con respecto al futuro, el referente universitario comparte: “No hablaría ni de vía administrativa ni judicial, sino de vía política. Estamos haciendo el mismo pedido a la Secretaría de Educación, luego vamos para arriba y hablamos con el Ministerio de Capital Humano. Si no hay respuesta, iremos a Economía, a Jefatura de Gabinete, al Congreso. Iremos a dónde sea para que el presupuesto universitario sea garantizado como un derecho”.

Alicia Bohren, rectora de la Universidad de Misiones, apunta: “Teniendo en cuenta el congelamiento presupuestario y la inflación hemos declarado la emergencia y estamos trabajando en evaluar las estructuras de costos y observar aquellos aspectos que aún podemos reducir, aunque siempre fuimos muy austeros. Lo que más nos preocupa es el sostenimiento de las políticas de inclusión estudiantil”

Alarmas por todas partes

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA informó el “Estado de alerta presupuestaria”. Así, a través de un comunicado manifestaron “la extrema preocupación por la situación de congelamiento presupuestario que sufre la Facultad”; y reclaman al gobierno nacional «una actualización del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento para el presente año, que permita la continuidad de las actividades”.

Desde la Universidad Nacional de Quilmes hicieron lo propio durante la tarde del miércoles y declararon la emergencia económica. Desde aquí, sus autoridades manifestaron que “nunca, en 35 años de existencia, estuvimos tan cerca de semejante asfixio presupuestario que afecta no solo salarios y funcionamiento sino también becas, investigación, extensión, cultura y transferencia”.

El mismo rumbo eligió el Consejo de la Universidad Nacional de San Martín que alertó: “Nuestros laboratorios pueden dejar de funcionar, nuestras aulas pueden quedar vacías, si el presupuesto universitario no se actualiza de acuerdo a los niveles de inflación vigentes y si los salarios quedan casi congelados”. El comunicado continúa: “Las condiciones económicas y financieras mínimas para su funcionamiento normal corren serio riesgo de deteriorarse aún más, poniendo en jaque la continuidad del trabajo de profesores, investigadores, becarios, trabajadores no docentes y la formación de miles de estudiantes”.

Otras casas de estudio también compartieron declaraciones de emergencia, anunciaron recortes en las propuestas educativas y difundieron comunicados que manifiestan su preocupación ante el contexto actual. Además de la UBA, la UNQ y la UNSAM se pronunciaron las universidades de Misiones, Luján, General Sarmiento, Mar del Plata, Hurlingham, La Pampa, Comahue, Río Negro, La Plata y Rosario.

Al respecto, Greco resume: “Interrumpir los procesos de formación sería una gran pérdida. Nosotros pedimos sostener la actividad con la actualización del presupuesto prorrogado. No pedimos plata para carreras nuevas ni para recibir más estudiantes, solo queremos mantener lo que estamos haciendo. A la fecha, tenemos un cuarto del presupuesto que deberíamos tener para funcionar y los salarios perdieron un 50 % de poder adquisitivo, es insostenible. Solo piensan en pasar la guadaña, pero se podrían cobrar impuestos progresivos a los que más tienen, por ejemplo”.

No es economía, es política

El ajuste no solo es «justificado» a partir del objetivo de reducir el déficit fiscal -así lo explica el Gobierno-: esconde un fin ideológico subyacente. La gestión actual parece no valorar la función social de las instituciones de educación superior y, como resultado, el clima en las universidades está enrarecido: la desazón y la impotencia se mezclan con la incertidumbre al enfrentar una situación inédita frente a un gobierno que recién comienza sus funciones. 

Las universidades concentran, aproximadamente, el 80 % de las investigaciones científicas que se realizan en el país. En efecto, limitar la capacidad de investigación en estos organismos equivale, también, a congelar la producción del conocimiento autóctono en el país. Asimismo, la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, clave durante la gestión anterior para gestionar el financiamiento del sector, en el presente está acéfala, es decir, sin autoridades designadas. En paralelo, un organismo como el Conicet marcha por la misma vía del ajuste presupuestario. En estos dos meses 49 personas perdieron su empleo allí y 1.200 más están en peligro de correr el mismo camino. Hay institutos que, al no recibir ningún tipo de fondo, tienen dudas sobre si en las próximas semanas podrán abrir sus puertas, al no poder afrontar el pago de seguridad, luz y gas.

El caso de las becas es emblemático y enseña, a las claras, por qué el problema, lejos de ser económico, es político. Para sostener el pago a los 1.600 jóvenes investigadores cuyas becas fueron evaluadas y aprobadas, el Estado debería destinar el equivalente al 0.008 % del PBI. Pero no lo hace y decide entregar a cuentagotas solo 300 destinadas a finalización del doctorado.

Las paritarias universitarias también están paralizadas. Desde el gobierno se ofreció un 6 % de incremento para febrero, porcentaje que fue rechazado por el Frente Sindical Universitario, que nuclea a los principales gremios del sector. Desde las agrupaciones comunicaron: «La pérdida del poder adquisitivo del salario de docentes y no docentes es de más del 50 % respecto de la inflación de los meses de diciembre y enero», advirtieron.

El Gobierno parte de la premisa de que las universidades públicas son un gasto y no una inversión a futuro, y lo sustenta con hechos. Como se describe en esta nota, se frenó la creación de las universidades de las Madres de Plaza de Mayo, la de Río Tercero, del Delta, Ezeiza y Pilar, que habían sido instituidas por ley en 2023. A partir de una resolución firmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, actualmente se revisa la puesta en marcha de las actividades académicas, una medida que “implica suspender los nombramientos de cinco rectores normalizadores nombrados con anterioridad».

Así, podría pensarse que el sistema de vouchers y la privatización de la educación pública que, durante la campaña, Javier Milei proponía como eje, podría cumplirse más temprano que tarde. Si las universidades no reciben fondos, deberán solventarse por su propia cuenta. ¿Qué otra manera de auto sustentarse si no es a través del arancelamiento de los cursos y carreras? Siguiente pregunta: ¿cuántos estudiantes podrán acceder a la educación pública de calidad si esta deja de ser gratuita e inclusiva? Penúltima: ¿qué pasará con los que queden afuera? Última: ¿a quién le interesa?

¿Universidades? ¡¡Afuera!!

Por Karina Micheletto

No darlas de baja, puesto que, creadas por una reciente ley, tal misión sería de imposible cumplimiento desde el Ejecutivo. Pero sí frenar su comienzo, dilatarlo con auditorías y controles extra, dejarlas en un limbo sin financiación, como tantas áreas en un Estado que ha sido puesto fuera de servicio. El Gobierno tiene un plan respecto de las cinco universidades nacionales que formalmente se crearon en septiembre del año pasado: la de las Madres de Plaza de Mayo, que fundó Hebe de Bonafini, la de Río Tercero, en Córdoba, y las del Delta, Ezeiza y Pilar. A lo que apunta es a borrarlas del mapa en los hechos. 

Desde diversas fuentes oficiales se encargaron de dejar trascender, con un fondo de orgullo, que «fue un pedido expreso del Presidente a la ministra». Habría, aseguran, una idea de «recuperar el presupuesto girado sin control alguno por el gobierno anterior». Y también, en palabras de la diputada Marcela Pagano, que salió a defender el proyecto a falta de explicaciones de la ministra, aunque sin explicar los fundamentos de una acusación de este tipo, «impedir la utilización de esos fondos para financiar a políticos». 

La mayoría de estas casas de estudio ni siquiera recibieron aún el presupuesto que contempla su puesta en marcha. Por otro lado, el presupuesto universitario general fijado por la administración nacional se decidió mantener igual este año que en 2023 y, según ya denunciaron desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), es a todas luces insuficiente: de no mediar una actualización, se calcula que alcanzará hasta abril o mayo, a lo sumo. 

El reino de la revisión

La resolución 45/2024 firmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tiene “el fin de determinar el efectivo cumplimiento del procedimiento para la creación y funcionamiento objetivo” de estas universidades. Desde el Gobierno aseguran que la Secretaría de Educación ya comenzó con “el proceso de revisión de la puesta en marcha e inicio de las actividades académicas”, y dan por descontado que la medida implica «suspender los nombramientos de cinco rectores normalizadores nombrados con anterioridad». 

Se habla, por ejemplo, de “determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido», o de “evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas». El camino a la paralización será un largo proceso de revisión.

El texto no se ajusta, de todos modos, a la realidad de estas universidades con situaciones y estructuras muy disímiles: sin ir más lejos no todas se crean de cero, la de las Madres era antes un instituto, y depende de Justicia. La de Ezeiza era una universidad provincial a la que el Congreso le dio el rango de nacional con la ley de fines de septiembre. Más allá de los pasos que ya se están dando para conveniar el traspaso, es una universidad que ya cuenta con más de 9.000 estudiantes en sus 16 carreras de grado y pregrado. Ubicada en el barrio Uno, a pocos metros del aeropuerto, se enfoca en carreras como Comercio Internacional, Gestión Aeroportuaria, Logística o Turismo.

Ese fuerte anclaje territorial guía también un proyecto como el de la Universidad del Delta, que abarca los municipios de San Fernando, Tigre y Escobar, y se enfoca en áreas estratégicas como la eco sustentabilidad, el turismo, el medioambiente, la industria naval, la seguridad informática, la biotecnología. Con distintas sedes pensadas para dar una oportunidad de estudios a la población de las islas, en este caso está organizada en cinco institutos. Se trata de un proyecto que venía impulsando desde hace años en Tigre Sergio Massa y, al frente de la cartera de Educación municipal, Malena Galmarini. 

El curro de las universidades

Río Tercero es otra localidad que venía trabajando por su universidad desde hace años. La marca trágica de esta ciudad tras las explosiones del 95 hace que se presente a este logro como «una reparación», con toda la oportunidad de desarrollo que significa. La diputada por Córdoba y una de las impulsoras del proyecto de creación de la universidad, Gabriela Estévez, (Unión por la Patria) calificó la decisión como «un nuevo ataque a Córdoba» y pidió luchar contra ella «por la memoria de las víctimas del atentado y por el presente y el futuro de todos los ríotercerenses”. El intendente radical de Río Tercero, Marcos Ferrer, solicitó audiencia a la ministra para pedir explicaciones. Aún no obtuvo una respuesta.

Curiosamente, ninguna de estas universidades recibió cuestionamientos sobre su forma de financiamiento actual ni futuro. No les fue informado que se detectara problema alguno, y tampoco que se tomaría una decisión como ésta; todas se enteraron de la resolución por los medios. En Río Tercero, por ejemplo, aseguran que el rector normalizador, Pablo Yannibelli, trabaja actualmente ad honorem. “Es claro que una resolución no puede voltear una ley. Lo que se busca es poner en pausa, y nadie sabe por cuánto tiempo, una decisión del Congreso Nacional”, analizan desde las casas de estudios. 

Mientras dirigentes del radicalismo y del peronismo criticaron la decisión y anticiparon que harán «todo lo que haya que hacer para defender la educación pública», desde La Libertad Avanza celebraron la noticia. «Se terminó el curro de las universidades como caja para hacer política», sintetizó el pensamiento libertario la diputada Pagano, que estudió en la Universidad Argentina de la Empresa. 

Bahía Blanca: movilización y paro activo contra el ajuste en educación

En el marco del paro nacional convocado por la CTERA, el lunes 26 se realizó en Bahía Blanca un acto y movilización en la Plaza Rivadavia, convocado por el Suteba Multicolor, Aduns, CTA y la Asamblea de Trabajadores Autoconvocados en defensa de la Ciencia y la Educación Públicas.

Las intervenciones durante el acto frente al Municipio reflejaron la participación de distintos sectores que se sumaron en unidad a la acción, más allá de las y los docentes. Había organizaciones de jubilados y jubiladas, estudiantes, investigadores, trabajadores no docentes de la UNS, etc.

Neuquén: los docentes de Aten marcharon junto a otras organizaciones

En el marco del Paro Nacional convocado por la CTERA y con una alta adhesión en toda la provincia de Neuquén, lxs docentes de Aten marcharon junto a otras organizaciones sindicales, políticas y sociales, al igual que en diferentes puntos del país.  
En una nutrida marcha de más de 5.000 trabajadores, reclamaron al Gobierno Nacional que abra la Paritaria Docente, que restituya el pago del FONID, el Fondo compensador, los fondos para los comedores escolares e infraestructura, junto a programas educativos aprobados que son parte del presupuesto aprobado para Educación. El gobierno de Milei no puede violar la Ley de Presupuesto y de Educación, ni desligarse de la responsabilidad de garantizar el derecho a estudiar y trabajar.
Al finalizar la marcha, se expresaron compañerxs dirigentes de diferentes seccionales del sindicato. Micaela Gomiz de ADUNC (en el marco del paro nacional también convocado por su asociación) y Soledad Urrutia referente de la UTEP.

La secretaria Adjunta de Aten, Cintia Galetto, manifestó que en Neuquén, el inicio de las clases está en manos del Gobernador y que esperamos que mañana nos acerque una propuesta salarial acorde a las necesidades de recuperación del salario y agregó: «no queremos ser la miseria planificada de esta inflación. Quienes estamos acá presentes, no queremos ver llegar a nuestrxs pibes con hambre a las escuelas, por eso, en la más amplia unidad estaremos en la calle para defender la escuela pública. ¡¡La Patria no se vende y la escuela pública tampoco!!»

Fuentes: Perfil, La Izquierda Diario, Anred, Página 12

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