El consorcio mediático Clarín insistió en su amenaza de acudir a la justicia para evitar cumplir la ley de medios, validada constitucionalmente por la Corte Suprema, pero ante la realidad legal no tiene otra opción que acatarla. Incluso, el consorcio la emprendió contra el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, acusándolo de que selló un […]
El consorcio mediático Clarín insistió en su amenaza de acudir a la justicia para evitar cumplir la ley de medios, validada constitucionalmente por la Corte Suprema, pero ante la realidad legal no tiene otra opción que acatarla.
Incluso, el consorcio la emprendió contra el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, acusándolo de que selló un pacto con el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández y distorsiona sus declaraciones achacándole haber dicho que el consorcio multimedios puede acudir a las instancias judiciales, dijo PL.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina falló este martes la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, después de cuatro años de laberínticos juegos judiciales por parte de Clarín, porque le obliga a deshacerse de un grupo de medios ante las regulaciones antimonopólicas estipuladas en la legislación, diseñada para democratizar el espectro mediático en Argentina.
Lorenzetti desmintió este miércoles acuerdo alguno con el ejecutivo y reiteró que la Ley está ya vigente y que Clarín deberá acatarla; mientras que la Autoridad Federal de Servicios y Comunicación Audiovisual reiteró que deberá hacerlo de oficio pues se le venció el plazo de procedimientos.
El consorcio monopólico, que dirige Héctor Magneto, controla más de 250 canales de cable, emisoras de radio, televisión, periódicos, revistas y casas editoriales.
Igualmente, tiene el dominio sobre proveedoras de Internet y mensajería, portales digitales y la fabricación y distribución de papel prensa.
Clarín ha monopolizado la información a nivel nacional, desinformando sistemáticamente y formando opinión, a través de su poderosa red sin competencia.
Ahora tendrá que definir, por ejemplo, si se queda con Canal 13 o con Cablevisión-Multicanal, ya que la nueva ley prohíbe a una misma compañía ser dueña de una licencia de televisión abierta y una compañía de cable.
El acatamiento de las regulaciones trasciende la cuestión meramente comercial, financiera, e implica un trascendental cambio en el cuadro mediático en Argentina, dicen analistas.
Con esta Ley se deja atrás la legislación impuesta por la pasada dictadura militar (1976-1983), que había logrado sobrevivir al proceso de transición democrática abierto a finales de 1983 y que cumplió tres décadas este 30 de octubre.
Durante 22 años, universidades, periodistas, intelectuales, sindicatos, movimientos sociales y humanitarios debatieron sobre lo que sería el proyecto finalmente presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en agosto del 2009 al Congreso.
Desde que llegó al poder el ya fallecido presidente Néstor Kirchner, en 2003, Clarín se convirtió en la virtual jefatura de la oposición contra el Gobierno de recuperación nacional que, sin embargo, continuó su programa gracias a la elección popular de Cristina Fernández como presidenta en 2007 y su reelección.