La toma que protagonizan más de 2000 familias en la localidad de Guernica, en el partido bonaerense de Presidente Perón, enfrenta una nueva cuenta regresiva.
Hace una semana venció el plazo previsto por el juez de Garantías N° 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, para desalojar el predio, pero a diferencia de la tensión que se respiraba hace tres semanas, ahora existe una negociación que podría canalizar el conflicto y originar una nueva metodología para afrontar crisis de este tipo. Las organizaciones sociales que participan de la toma y las autoridades del gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanzan en una serie de intercambios que, según confiaron fuentes judiciales, serán informadas al juzgado en los próximos días para dar un giro en el expediente.
Hasta ahora Rizzo transita los días posteriores a la última prórroga y le adjudican una fecha límite para el próximo 26 de octubre. El tiempo de descuento arrancó el 15 y en los papeles concluye el 30. Si no se hay prórroga o solución a la crisis, se pondría en marcha un operativo de desalojo ejecutado por 3.000 efectivos de la Policía Bonaerense. El fantasma de la intervención violenta sobrevuela el caso desde que comenzó la toma, pero a pesar de los tironeos y los momentos donde todo parecía empeorar, los negociadores provinciales, conducidos por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y la «Coordinación de Delegados y Delegadas y organizaciones de la Recuperación de Tierras de Guernica», encontraron un punto en común: avanzan en un censo conjunto realizado y monitoreado entre ambas partes.
Hilo fino
Es el tercer conteo de personas que se realiza desde que comenzó el conflicto. El primero fue ejecutado en soledad por la Provincia, el segundo fue un primer intento de trabajo común y el tercer round se encamina a definir un universo preciso sobre las necesidades, urgencias y realidades de las familias que protagonizan la toma de tierras que reinstaló la problemática habitacional en toda su crudeza. La diferencia con los dos intentos anteriores es la veeduría de los organismos de derechos humanos que, como contó Tiempo hace 20 días, jugaron un papel determinante para evitar una crisis de dimensiones desconocidas.
También por la intervención del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de La Plata y por un dato que los delegados de la toma consideran crucial: «Este censo, como el anterior, desmiente sin objeciones las cifras que funcionarios del gobierno han difundido en los medios de comunicación, intentando instalar la idea de que la recuperación de tierras de Guernica había sido vaciada”.
La síntesis de ese trabajo final será informada a Rizzo en los próximos días. Los datos deberán ser refrendados por los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio Paz y Justicia (SerPaj), que han buscado evitar un incremento de la tensión y generar una salida que permita saltar el laberinto por arriba.
Al cierre de esta nota, el único freno para concluir con el relevamiento son las condiciones climáticas. «Centenares de familias lograron censarse en una jornada inconclusa por el temporal que se retomará cuando las condiciones climáticas y el estado del territorio lo permitan», informaron las delegadas y delegados en un comunicado, donde explicaron que «el censo fue elaborado bajo las condiciones de los vecinos, con preguntas limitadas para dar cuenta de la cantidad de familias que reclaman tierra para vivir».
El nudo de la crisis no pasa por el relevamiento, cuya consistencia será la base para construir lo que viene, sino por los tiempos y alternativas que puedan acordar las partes. En la mesa hay propuestas oficiales y devoluciones de la coordinadora que, ante las consultas de este diario, fueron mantenidas bajo estricta reserva.
La oposición de JxC: entre la demolición y las elecciones de 2021
El sustrato de esos cuidados reside en un dato político que pasa inadvertido ante la vertiginosidad de la pandemia y la cuarentena. Entre el inicio del conflicto y el tránsito actual, las especulaciones de la oposición conservadora, y especialmente de Juntos por el Cambio en tierra bonaerense, viraron de una apuesta segura al fracaso de las negociaciones a la incredulidad ante una posible salida superadora. Entre una instancia y la otra, la alianza opositora comenzó a corporizar una ofensiva política que unifica a sus socios contra la administración del gobernador Axel Kicillof.
A fines de septiembre la Fundación Innovación Política Argentina (INNPOA) generó un documento sobre el encuadre jurídico del delito de usurpación previsto por el artículo 181 del Código Penal y su interpretación y alcance en el Código Procesal Penal provincial. El texto recuerda que la usurpación no es excarcelable y que «desde julio pasado hasta el 1 de agosto se registraron 71 usurpaciones judicializadas a través de las cuales se aprehendió a 258 personas», pero «la mayoría fueron liberadas porque la pena es de tres meses a tres años de prisión». También sostiene que «en ese mismo período se registraron 315 intervenciones policiales», pero «la diferencia radica en que muchas de las tomas que se realizan de tierras fiscales no son denunciadas por los intendentes que, como en los casos de Mario Ishii en José C. Paz, o Fernando Espinoza, en La Matanza, deciden actuar de manera personal para mediar en el conflicto con apoyo policial».
El pantallazo es un recorte que refleja las contradicciones del espacio que lidera el expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, porque INNPOA es el «think thank» que nuclea a ese espacio macrismo «dialoguista» en territorio bonaerense. Se autodefine como una usina de ideas para «diseñar políticas públicas concretas y de alto impacto, en base a acuerdos amplios e inclusivos».
El documento no confirma esa prédica. No hace una sola mención a la situación económica de la provincia, ni a la frágil supervivencia de los inquilinos informales castigados por la crisis y la cuarentena. Ni siquiera menciona la existencia de la ley bonaerense 14.449, de acceso justo al hábitat y tampoco que la Corte Suprema provincial tiene una acordada donde estableció un protocolo de actuación ante tomas de tierras protagonizadas por poblaciones vulnerables. En su lugar, la pieza releva detenciones, denuncias y presuntas vistas gordas de los intendentes, cuanto están habilitados hasta por la Justicia para impulsar mediaciones.
El tanque de Emilio y la operación de Jorge
Monzó es el vicepresidente de INNPOA y es acompañado por el exintendente de Rivadavia, Sergio Buil, como titular, también del «ala dialoguista» del PRO. El documento al que accedió Tiempo fue distribuido entre los cuadros provinciales del partido y los adherentes de todo pelaje. Es un diagnóstico que precede en 50 días a los panegíricos que ahora pronostica el intendente de Vicente López y presidente del PRO bonaerense, Jorge Macri, sobre los conflictos que sucedieron en Olavarría y Junín, dos distritos del interior provincial administrados por el macrismo que tuvieron conflictos menores. Sin embargo los intendentes Ezequiel Galli y Pablo Petrecca eligieron adjudicar los casos a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Sus voceros negaron cualquier vinculación por fuera de la legitimidad del reclamo protagonizado por un puñado de familias.
Para Macri, primo del expresidente Mauricio, esas escenas dejaron a los dos intendentes de esos distritos encerrados a merced de la barbarie. Es parte de un despliegue que también busca conectar esta situación con el conflicto que transcurre en Entre Ríos, luego de que Dolores, la hermana del exministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, denunciara que la despojaron de la parte de la herencia que le correspondía tras la muerte de su padre y dispusiera esos terrenos para un proyecto de agricultura familiar. El ex funcionario denunció la usurpación del campo e impulsó una movilización a las puertas del lugar, pero la Justicia no ordenó desalojo alguno porque no pudo acreditar ninguna usurpación.