Argentina denunció este jueves a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, por incumplir tratados bilaterales sobre un río limítrofe al autorizar la instalación de dos plantas de celulosa y un puerto sobre ese curso de agua.
Tras una larga controversia que tensó al máximo el vínculo entre los dos vecinos, la cancillería argentina presentó su demanda ante el tribunal sobre la construcción de las fábricas de la empresa finlandesa Botnia y la española ENCE y un puerto en la ciudad sudoccidental uruguaya de Fray Bentos, sobre la margen oriental del río Uruguay.
Buenos Aires esgrime preocupaciones ambientales para oponerse a la instalación de las fábricas y pide al tribunal «una solución compatible con el ecosistema».
El canciller argentino Jorge Taiana sostuvo este jueves que «Argentina está plenamente convencida de los derechos que le asisten en esta controversia y continuará haciendo todos los esfuerzos para asegurar la protección de su medio ambiente y la salud de la población».
Argentina, que apela a la Corte por primera vez en su historia, argumenta que Uruguay violó tres veces el Estatuto del Río Uruguay, de 1975, al autorizar las obras sin cumplir los requisitos de los instrumentos firmados para reglamentar el uso racional del recurso compartido.
El capítulo XV del Estatuto establece que «toda controversia sobre la interpretación o ejecución del Tratado o del Estatuto, que no pudiere solucionarse por negociaciones directas, podrá ser sometida, por cualquiera de las partes, a la Corte Internacional de Justicia».
En diálogo con IPS, la abogada Romina Picolotti, asesora legal de la cancillería argentina en este caso, se mostró confiada en que el tribunal admitiría su jurisdicción en la controversia, para luego dictar una medida cautelar destinada a frenar las obras en un plazo de entre tres y seis meses.
«Soy optimista porque nos asiste la razón y el derecho», remarcó la abogada especializada en derecho ambiental e internacional y titular de la organización no gubernamental Centro de Derechos Humanos y Ambiente.
Picolotti fue convocada para representar al gobierno de la nororiental provincia argentina de Entre Ríos, donde se ubica la ciudad de Gualeguaychú, epicentro de un amplio movimiento de vecinos que pretenden se ponga fin a la construcción de las dos fábricas de pulpa de papel por sus riesgos ambientales.
Los habitantes de Gualeguaychú, erigida sobre un afluente del río Uruguay, están a apenas 35 kilómetros de Fray Bentos, donde se construyen las plantas.
Los vecinos contrataron también a Picolotti, y la cancillería la designó este mes experta no estatal para asesorar a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en la presentación ante La Haya.
«No hay muchos antecedentes de medidas cautelares de la Corte de La Haya como para establecer un patrón de conducta de lo que va a ocurrir, pero creo que entre tres y seis meses el tribunal debería ordenar la suspensión de las obras. Porque si se espera al final del proceso jurídico, la sentencia puede devenir abstracta», opinó.
Las fábricas podrían comenzar a funcionar entre 2007 y 2008, antes del plazo previsto para un eventual fallo. «El bien a proteger es el río y la población que vive en su entorno, si la sentencia llega cuando el agua está contaminada el daño será irreversible», advirtió.
Existen «dos pilares del derecho ambiental» que son el «principio precautorio y el derecho a la prevención», explicó la abogada. El principio precautorio indica que, en este caso, «es Uruguay el que debe demostrar que no va a contaminar el río», ejemplificó.
Otro de los asesores legales, Juan Carlos Vega, sostuvo que Argentina «ya no tenía otra posibilidad» que acudir a La Haya, el único tribunal que puede dirimir este conflicto. Y añadió que en 60 días podría conocerse si a criterio de los magistrados es aceptable una suspensión.
El río Uruguay se extiende a lo largo de 1.800 kilómetros, de los cuales 500 constituyen la frontera natural entre ambos países. En 1961, ambos gobiernos suscribieron el Tratado de Límites sobre aguas, costas e islas, que derivó al Estatuto, firmado en 1975, la reglamentación del uso y administración compartida de las aguas.
Por este convenio las partes se obligaron a «proteger y preservar el medio acuático y, en particular, prevenir su contaminación» así como a «no disminuir en sus respectivos ordenamientos jurídicos las exigencias técnicas para prevenir la contaminación».
Los Estados también se comprometieron a «informarse recíprocamente de toda norma que prevean dictar sobre contaminación de las aguas» y se declararon «responsables frente a la otra parte por daños inferidos como consecuencia de la contaminación causada por propias actividades, o de personas físicas o jurídicas».
A fin de garantizar el cumplimiento de estos acuerdos, las partes crearon la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), integrada por ambos países para dictar normas de navegación, prevención de contaminación, fijar cupos de pesca de especies en peligro y evaluar proyectos sobre las riberas, entre otros fines.
En la CARU, Montevideo debió informar de manera detallada sobre los planes de construcción de las plantas desde el año 2003, un paso que, según delegados argentinos, no fue cumplido.
En febrerote este año, el canciller Taiana informó al Congreso legislativo argentino que Uruguay incumplió por primera vez el Estatuto del Río Uruguay el 9 de octubre de 2003 al autorizar la instalación de ENCE sin respetar los mecanismos de consulta ante la CARU.
El segundo incumplimiento fue el 14 de febrero de 2005 cuando se autorizó la planta de Botnia.
Sin embargo, en 2004, las cancillerías parecieron arribar a una solución.
En junio de ese año, «ambos países firmaron un acuerdo bilateral, poniendo fin a la controversia por la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos», afirma la Memoria Anual del estado de la Nación Argentina de 2004, en el punto 4.5.4. correspondiente a la Dirección de Países Limítrofes.
«Este acuerdo respeta, por un lado el carácter nacional uruguayo de la obra, que nunca estuvo puesto en entredicho y, por otro lado, la normativa vigente que regula las aguas del Río Uruguay a través de la CARU», afirma ese documento del gobierno argentino.
Más adelante, en ese mismo texto, puede leerse «Planta de Celulosa M’Bopicua ENCE y Emprendimiento Botnia. De acuerdo a las coincidencias específicas de ambas delegaciones ante la CARU con referencia a la posible instalación de fábricas de pasta de celulosa a la vera del río Uruguay fue diseñado un Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en áreas de plantas celulósicas que junto con el Plan de Protección Ambiental del Río Uruguay contribuye a mantener la calidad del recurso hídrico».
Pero pese a esos entendimientos, la crisis escaló, con gran protagonismo de la comunidad de Gualeguaychú, y el gobierno argentino volvió a sus reclamos.
Con el conflicto en ciernes, Argentina y Uruguay establecieron en 2005 el Grupo Técnico Bilateral de Alto Nivel, una comisión mixta de representantes de diversos sectores de los dos países que examinó el caso y no alcanzó un consenso.
En el plazo de seis meses en los que deliberó la comisión, Botnia consiguió también autorización para un puerto privado sobre el río, considerada la tercera violación del Estatuto bilateral, según las fuentes argentinas.
Tras un verano marcado por los bloqueos de vecinos argentinos a puentes internacionales de Uruguay, el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, propuso a su par uruguayo Tabaré Vázquez la suspensión de las obras por tres meses y la realización de un estudio de impacto ambiental con expertos independientes.
Uruguay, a su vez, exigió que los vecinos de Gualeguaychú levantaran los bloqueos que afectaban la libre circulación de bienes y personas.
El entendimiento entre los dos mandatarios estuvo a punto de lograrse en abril, pero fracasó por la negativa de Botnia a suspender las obras.
Tras esa frustración, Buenos Aires apela a la Corte Internacional de Justicia, el tribunal que los dos países designaron como competente para dirimir sus controversias en lo que al río Uruguay respecta.