Las políticas de «estabilización» lanzadas el miércoles por el flamante ministro de Hacienda no pudieron tener un resultado más frustrante: 1.943 millones de dólares de las reservas se le diluyeron en un sólo día, sumando 4.161 millones en la semana (14.000 millones de dólares desde el viernes 26 de julio). El dólar trepó a 62,03 […]
Las políticas de «estabilización» lanzadas el miércoles por el flamante ministro de Hacienda no pudieron tener un resultado más frustrante: 1.943 millones de dólares de las reservas se le diluyeron en un sólo día, sumando 4.161 millones en la semana (14.000 millones de dólares desde el viernes 26 de julio). El dólar trepó a 62,03 pesos, pero fuera del horario bancario llegó a cotizar online, en bancos de primera línea, a $ 65. El riesgo país trepó a 2.533 puntos. Ni las tasas de interés ofrecidas a los bancos a través de las Leliq al 83,26% anual para absorber los pesos, ni la intervención del Banco Central con 387 millones de dólares vendidos para buscar calmar la demanda, frenaron la corrida. Esta era la famosa luz al final del túnel que anunció la vice Gabriela Michetti en junio de 2016.
Un gobierno agonizante que gasta sus últimas balas
Mauricio Macri estaba acabado mucho antes de las PASO, a las que no hubiera llegado sin el préstamo del FMI que transgredió todas las normas con un doble objetivo: sostener a Macri hasta las elecciones y, si las perdía, condicionar a quien ganara para que negocie de rodillas.
El mes y medio que falta hasta las elecciones de octubre, más el otro mes y medio que faltaría para el traspaso de gobierno en diciembre se presentan como una larga agonía en la que el macrismo puede arrastrar al desastre a todos los argentinos. Faltan poco más de tres meses pero el hambre no espera. Cada día que pasa es peor. No puede pagar sus deudas, apenas tiene fondos para gobernar, no tiene capacidad para negociar, y el bloque del capital abandona aceleradamente el barco. A modo de ejemplo, el presidente de Swiss Medical, Claudio Bolocopitt, cuestionó con dureza al gobierno: «Todas las medidas que tomaron a partir del lunes posterior a las elecciones fueron horribles».
En este escenario la marcha de respaldo a Mauricio Macri de la semana pasada aparece como una farsa para sostener a un personaje que salió al balcón para despedirse antes de que lo echen. Los periodistas del oficialismo exhiben esa expresión grotesca de la política como si fuera un gesto de enorme valor ciudadano y gastaron ríos de tinta especulando con un resurgir del macrismo. Setenta y dos horas después, los movimientos sociales multiplicaron por diez el número de movilizados contra el hambre.
«Reperfilar» la deuda
La necesidad de «reperfilar» la deuda n o fue una iniciativa del Gobierno, fue una condición del FMI. Para los técnicos del organismo, la Argentina comenzó a presentar un panorama de deuda que va de la calificación de «sustentable pero no con alta probabilidad» que podría llegar a la «insustentabilidad».
E l crédito stand-by que el FMI le dio a la Argentina es técnicamente «excepcional» porque el monto va más allá de lo que le corresponde al país. Según la normativa del FMI, sólo podía otorgar ese tipo de programa a un país si se cumplía con determinados requisitos, entre ellos, que presentase algún tipo de proyección alentadora para conseguir fondos en el mercado de capitales y una deuda pública «sustentable».
La Argentina no cumplía ninguna de estas dos condiciones, pero el respaldo político de Estados Unidos en el FMI hizo que se diera una tercera posición: la deuda argentina era «sustentable» pero «no con alta probabilidad» y además, en un primer momento, hasta se argumentaba que podían emitirse bonos a pesar de que las tasas ya eran elevadísimas. Ahora, el FMI parece considerar que la Argentina no puede financiarse en el mercado voluntario de deuda y que la deuda argentina se encuentra en una posición de «sustentable pero no con alta probabilidad» hasta rozar el «no sustentable».
Como Argentina ya no puede emitir bonos y, no accede a préstamos de otros países, la única condición que podía ofrecerle al FMI para que comience a destrabar el desembolso del tramo de los U$S 5.400 millones a fines de setiembre, es la de «reperfilar» la deuda.
¿De qué se trata? Cuando la situación de un país empieza a complicarse, y se teme que no pueda acceder a la refinanciación se apela al reperfilamiento. Miguel Ziolenka de Econviews señala: «Cuando se va complicando el acceso al mercado voluntario, los países buscan canjear deuda, rescatando antes de su vencimiento deuda ya emitida y entregando a cambio otra con un vencimiento a más largo plazo». Una experiencia de reperfilación de deuda que terminó mal fue el megacanje de Domingo Cavallo a mediados de 2001. No sirvió de mucho, porque a los pocos meses se declaró el default.
Lacunza anunció que se elevará al Congreso un Proyecto de ley que provea las herramientas necesarias para promover «un reperfilamiento voluntario de vencimientos de capital bajo jurisdicción local, sin quita de capital ni intereses y con la sola extensión de plazos». Al mismo tiempo, el Gobierno señaló que «se da inicio del proceso de reperfilamiento de los bonos bajo legislación extranjera, bajo las cláusulas de acción colectiva, con el mismo fin de extender los plazos de vencimiento, sin quitas de capital ni intereses, a fin de completar un perfil financiero menos exigente para el período 2020-23, que genere alivio financiero para la concreción de políticas económicas y sociales que inserten al país en un sendero de crecimiento sostenido».
Por último, según las autoridades, «además de haber cumplido estrictamente con todas las metas fiscales y monetarias del acuerdo con el FMI para dar continuidad al acuerdo vigente, hemos propuesto a ese organismo internacional iniciar el diálogo, que inexorablemente deberá concluir en el próximo mandato, para reperfilar los vencimientos de deuda con ese organismo internacional».
¿Por qué no te callas y te vas ya?
El presidente Mauricio Macri volvió a hablar públicamente luego de varios días de silencio.
Lo hizo durante la botadura del buque Santiago S. en el Astillero Tandanor. Allí, el mandatario se refirió a la crisis económica y política que se desató después de las PASO y a las últimas medidas económicas que tomó su gobierno. También hizo un llamado a la oposición al considerar que lo que ocurra hasta las elecciones «no depende sólo de un gobierno».
«Lo que pasó hace poco más de dos semanas, lo que los argentinos estamos viviendo desde el resultado de las PASO, un clima de preocupación y de angustia. Se ha generado una incertidumbre política que han tenido consecuencias económicas. Me refiero a unas PASO, unas PASO mal diseñadas que no han sido más que una encuesta, una encuesta que debe ser la más cara de todas, pero han tenido la capacidad de generar una crisis como la que estamos viviendo», comenzó el presidente.
Macri se refirió a la medida anunciada este miércoles por Lacunza: «Nos hicimos cargo del tema de la deuda para defender la estabilidad cambiaria en el corto, mediano y largo plazo y vamos a trabajar como siempre, sin especular. Eso significa no patear los problemas para adelante. Esto surge de escuchar a los propios y a la oposición, porque creo que es fundamental encontrar acuerdos», sostuvo.
En ese sentido, hizo un llamado a la oposición luego de varios duros cruces que mantuvo en los últimos días el gobierno con el Frente de Todos en plena visita del Fondo Monetario Internacional.
«Tenemos 59 días por delante hasta llegar a las elecciones. Que trascurran de la mejor manera es mi responsabilidad como presidente, pero nunca depende solo de un gobierno. Todos los que ocupamos roles de liderazgo en nuestro país sabemos el paso de cada paso que damos y sabemos muy bien qué hacer para hacer que ese presente y futuro sea lo más tranquilo y ordenado posible», manifestó.
También hace 10 días sentenció: «El dólar se va a quedar donde está, como dijo Lacunza». Fue el martes 20. Ese día el dólar cerró a $ 57.
El Gobierno actualizó el Salario Mínimo 20 puntos debajo de la inflación
Sin consenso gremial, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, fijó una actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil del 35% en 3 tres tramos. Llegará a los 16.875 pesos en octubre.
Los beneficiarios, que hoy cobran 12.500 pesos, percibirán un 13 % de mejora con los haberes de agosto, otro 12 % desde septiembre y un 10 % a partir de octubre, y la prestación por desempleo también será elevada en un 35 %, indicó el Ministerio de Trabajo.
Esas subas comprenden a los trabajadores no encuadrados en convenios colectivos, a beneficiarios de prestaciones por desempleo y a un sector que percibe programas de la cartera de Salud y Desarrollo Social y, según la cartera laboral, los incrementos impactarán también sobre «los salarios mínimos de docentes y en las jubilaciones mínimas».
«Los salarios mínimos de los docentes deben ubicarse en un 20 % por arriba del mínimo que determina el Consejo a partir del decreto 52/18. La ley de movilidad jubilatoria asegura para el sector pasivo que el haber no será inferior al 82 % del mínimo, vital y móvil», puntualizó Trabajo en un comunicado.
En una improvisada conferencia de prensa a la salida del frustrado encuentro del organismo tripartito que, a través de un laudo ministerial, determinó el nuevo valor del ingreso mínimo en 16.875 pesos en tres tramos, Peidro y Godoy coincidieron en rechazar la propuesta patronal de elevar el básico en un 30 % en dos tramos y el laudo de Dante Sica.
«La oferta se ubicó muy lejos de cubrir el valor de la canasta básica, que hoy equivale a 31.900 pesos según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Tampoco el gobierno y los empresarios aceptaron la propuesta gremial para implementar una cláusula gatillo según la inflación y menos para aplicar el aumento al salario social complementario, por lo que a partir de septiembre habrá jornadas de lucha» , dijeron.
La ATE de Godoy ya definió como probable fecha de paro y marchas en todo el país el 10 de septiembre próximo, al igual que docentes, docentes universitarios y otros gremios de la CTA Autónoma, en tanto Peidro enfatizó la necesidad de unificar las protestas.
Por su parte, el co-secretario general de la CGT, Héctor Daer, señaló: «Hubo una devaluación del 200 %, lo que tiene impacto real y concreto sobre los alimentos y consumos sensibles de los sectores más vulnerables. En el resto del mundo se toma el 60 % del promedio salarial, que ronda los 30 mil pesos. Además, el gobierno decidió que el ingreso mínimo no sea acumulativo» .
El dirigente de la Sanidad añadió que «no se acordó tampoco una actualización del mínimo por cláusula gatillo»; y convocó a modificar «el modelo económico en octubre» para recuperar «los ingresos y construir un país diferente», descartando que la CGT convoque a medidas de fuerza ante «la proximidad de la elección presidencial».
El cónclave se llevó a cabo en una sede del Ministerio de Producción y Trabajo cercada por la masiva movilización que encabezaron sectores del sindicalismo combativo y movimientos sociales, entre ellos, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán y el MTD Aníbal Verón.
En esta oportunidad y por primera vez en la historia, estos últimos tuvieron su representación directa con una silla en el ámbito tripartito que, entre todas cosas, define el salario mínimo.
A diciembre de 2015, el salario mínimo en la Argentina equivalía a 580 dólares. Hasta la mañana del viernes, el haber alcanzaba los 12.500 pesos. Es decir, unos 208 dólares que se ubica entre los más bajos de la región: Perú 278 dólares; Bolivia 307; Paraguay 336; Uruguay 427 y Chile 435.
Chubut
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, se reunió este viernes en la Casa de Gobierno provincial con representantes de los gremios estatales que encabezan, hace semanas, distintas protestas contra el pago escalonado de sueldos, pago de los aumentos acordados y servicio de la obra social Seros.
En la reunión Arcioni anunció que el 11 de septiembre se iniciará el nuevo formato de pago de sueldos, que incluye una primera cuota de $ 30.000 para todos los activos y pasivos de la Administración Pública Provincial y que el resto se abonará en dos cuotas a pagar dentro del mes en fecha a confirmar. También anunció que enviará los fondos a los municipios para que a partir del 3 o 4 de septiembre se reanude el Transporte Educativo Gratuito (TEG).
La propuesta del Gobierno fue que los aumentos retroactivos adeudados al mes de junio se abonarán en dos veces, un 50 % el martes 3 de septiembre y el otro 50 % la primera semana de octubre. En total, son unos $ 131 millones. El martes 3 se cancelarán $ 100 millones a la obra social Seros.
Al salir de la reunión, Santiago Goodman de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech) confirmó que el sindicato docente seguirá de paro la semana que viene por 120 horas y que el resto de los sindicatos que integran la Mesa de Unidad Sindical (MUS) decidirán qué hacer en las próximas horas.
En el Gobierno esperan que la propuesta sea aceptada por los otros gremios y se divida la Mesa de Unidad Sindical y un sector anuncie el levantamiento de las medidas de fuerza desde la semana próxima.
A pesar de los vientos intensos con ráfagas que superaron los 100 Km/h en Comodoro Rivadavia y Sarmiento, docentes y estatales permanecieron firmes en las rutas hasta el miércoles. También el corte de ruta 3, a la altura de Puerto Madryn. En el corte de Sarmiento confluyeron trabajadores de Vialidad, Salud, Educación y Judiciales. En la zona no se detuvo a vehículos particulares solo se controló que no haya paso de vehículos de la industria petrolera.
El conflicto con los trabajadores estatales se había agudizado y en ese marco se dio la segunda renuncia en el gabinete del gobernador Mariano Arcioni. El lunes dejó su cargo el ministro de Educación, Leonardo De Bella, y el jueves se fue el titular de la cartera de Salud, Adrián Pizzi. El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut ratificó un paro total del sector por 48 horas, que comenzó el miércoles y continuó el jueves, con la paralización de más de 6.000 pozos que hoy se encuentran en producción. Las medidas son en protesta por «las políticas económicas del gobierno nacional».
Docentes de Chubut y representantes de organizaciones políticas y sociales realizaron el jueves una protesta en el Obelisco porteño en reclamo por la situación social que atraviesa la provincia, que mantiene salarios adeudados a empleados estatales y docentes.
«La situación en la provincia es insostenible. Docentes y estatales estamos sin cobrar hace meses y cada vez cuesta más vivir. Es la quinta semana de protesta: votamos en asambleas continuar con el plan de lucha contra el ajuste del gobernador (Mariano) Arcioni y el PJ, que siguieron las recetas de (Mauricio) Macri y el FMI en la provincia» , señaló la delegada docente Noemí Barra en un comunicado.
«Vinimos hasta Buenos Aires para visibilizar nuestra situación. Necesitamos un plan de lucha nacional que comience con un paro de 36 horas para imponer una salida a la crisis en favor del pueblo trabajador», agregó la dirigente.
Acompañaron la convocatoria militantes del Suteba La Matanza y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, además de organizaciones sindicales clasistas.
Por su parte, las asambleas de Paso de Indios, Yala Laubat, Puerto Madryn, Lago Puelo, Dique Ameghino, Esquel, Trevelin, Rawson, Playa Unión, Trelew, Costa del Lepá, Gaiman y Dolavon, reunidas en la capital provincial, emitieron un comunicado que entre otros reclamos señala:
APOYAMOS Y ACOMPAÑAMOS al pueblo que sale a manifestarse y defenderse de las políticas neoliberales de ajuste y REPUDIAMOS cualquier intento represivo, persecución, amenaza o amedrentamiento.
CONVOCAMOS a todxs lxs trabajadorxs organizadxs y en lucha a seguir rechazando este modelo de ajuste, represión y entrega.
Sabemos que la crisis y el ajuste que estamos sufriendo son fomentados con la intención de imponer a la mega-minería como única salida. Reiteramos que ésta, sólo enriquecerá a unos pocos dejando para las comunidades un pasivo ambiental imposible de remediar, enfermedades y muerte.
Por esto en 2019, desde las asambleas de Chubut, hacemos el lanzamiento de la campaña «GANE QUIÉN GANE, QUE PIERDA LA MEGAMINERÍA». Buscando contrarrestar el lobby político, el uso de los medios de comunicación y las campañas pro-mineras que durante este año pretenden manipular la opinión pública que se viene manifestando en rechazo de esta actividad.
Suspensiones y despidos
Las suspensiones en las plantas industriales no cesan. En la ciudad de Bahía Blanca, un grupo de 60 trabajadores de la planta «Biobahía» recibieron el telegrama que les comunicaba la suspensión de las actividades dentro de la empresa por 2 meses.
La petrolera YPF argumentó este viernes que una inversión de US$ 700 millones está en riesgo. La misma está destinada a obras en la refinería de la ciudad de Ensenada que emplea a 800 trabajadores que están viendo peligrar sus puestos de trabajo a partir de amenazas de los directivos de YPF. A partir de un conflicto por falta de pagos y despidos, y atravesado por internas gremiales de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), se mantiene paralizada parte de la planta desde el viernes pasado.
Lo que ocultan los directivos de YPF es la falta de pagos salariales, malas liquidaciones y los 30 últimos despidos en la contratista AESA, una de las mayores empresas de Ingeniería que presta servicios para el sector energético en todo el país y Sudamérica (de la cual YPF es dueña). Por estas demandas el lunes pasado los trabajadores se dispusieron a reclamar ante el Ministerio de Trabajo pero fueron reprimidos por la policía.
Fuentes gremiales confirmaron que un total de 60 operarios de la planta que Motomel posee en San Nicolás quedaron sin sus puestos de trabajo. Es por la virtual paralización de la producción en un escenario de franca recesión.
Tras el despido de los operarios, quedarían en planta alrededor de 180 trabajadores, un número muy inferior al que tenía Motomel en actividad hace unos años.
El secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil (AOT), José Listo, denunció el cierre de la empresa Coteminas Argentina, que dejará sin trabajo a 200 empleados en Santiago del Estero.
Indicó que actualmente más de 1.500 trabajadores textiles sufren suspensiones parciales o reducción de la jornada de trabajo.
La multinacional Arcor dispuso vacaciones forzadas para 1.300 operarios de Bagley Salto. La caída del consumo, el aumento de la harina y la suba del dólar fueron, según fuentes de la empresa, las causantes de la crisis.
También pararía nuevamente la producción de su planta de glucosa de Arroyito debido a que los tanques están completos y no hay ventas suficientes para reducir el stock. La medida se implementaría desde este fin de semana.
General Motors decidió realizar una «parada técnica» durante dos semanas y continuar a partir del 16 de setiembre con suspensiones rotativas del personal hasta fines de año. Afecta a 1.400 trabajadores.
Según la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), en julio la producción de las doce terminales adheridas fue de 21.646 unidades, con una caída de 9,5% respecto de junio y 47,8% en comparación con 2018.
La empresa Adient Rosario, situada en la ciudad santafesina de Pueblo Esther, al sur de Rosario, anunció que desvinculará a 26 operarios, aproximadamente el 10% de su personal, a través de retiros voluntarios.
La planta produce los asientos y los tapizados del automóvil Cruze, que se fabrica en la vecina fábrica de General Motors, en la localidad santafesina de Alvear, así como los de la camioneta HRV, que Honda dejará de producir en 2020 tras el reciente anuncio de la firma nipona acerca del cese de la fabricación de automóviles en el país.
Los directivos de la fábrica Link, en Rosario, cerraron los portones y abandonaron la producción. Tras la decisión, 30 operarios se quedaron sin empleo. Pablo Cerra, abogado de la UOM Rosario, manifestó: » Link primero les dijo a sus trabajadores que iba a cerrar y los iba a indemnizar con el 50 %, luego cerró y ni les avisó. Entre mayo y diciembre de 2018, en Rosario, cerraron 100 pymes metalúrgicas. Lo que representa la pérdida de 1.000 puestos de trabajo».
Por su parte, los directivos de la autopartista 3M también especulan con cerrar los portones y dejar de producir en el país. L a compañía que produce repuestos para Ford y Toyota planea dedicarse a la importación de insumos desde Brasil y abandonar la producción de su planta en la localidad de Hurlingham.
En la tarde del lunes se realizó una reunión en el Ministerio de Trabajo en la que se les comunicó a los 22 empleados de SanCor que todavía quedaban activos en Arenaza donde se producía Mendicrim, uno de los quesos untables preferidos de los argentinos, que a fin de mes se retira la empresa del lugar.
El viernes 23 los trabajadores de Corblock San Pedro recibieron la notificación de despidos por parte de la empresa que alega que la decisión está vinculada a la crisis económica que atraviesa el país.
Se trata de 13 trabajadores. Todos pertenecen al área de producción que directamente será paralizada. La decisión fue tomada «por tiempo indefinido» y recién a fin de año podría reevaluarse la continuidad .
Un grupo de unos 100 obreros de la construcción despedidos por la parálisis de las obras en la central nuclear Atucha protestaron cortando la rotonda de acceso a la central nuclear . Acompañados por la Uocra, los trabajadores reclamaban que se cumpla con la promesa de reincorporarlos.
Este jueves se registraron 20 despidos de empleados de la obra social OSPRERA (trabajadores rurales), pero algunos de los cesanteados aseguraron que en realidad el gremio planea despedir a cerca de 300 empleados en todo el país.
Voceros de los trabajadores despedidos explicaron: «El modus operandi de los despidos que realiza el sindicato es propio de su línea pro patronal: esperar que lleguen a trabajar y recibirlos con la seguridad privada del edificio, que acompaña a los empleados hasta la oficina de Recursos Humanos para firmar el telegrama de despido».
Esta primera tanda de despidos se produce pocas semanas después de que algunas regionales del interior del país denunciaran la intención de la conducción nacional del gremio de cerrar por lo menos 200 seccionales locales, argumentando que no llegan al mínimo requerido de 100 afiliados.
El poderoso Grupo América les comunicó a sus trabajadores de todas las áreas que abrirán un plan de retiros voluntarios a raíz de una decisión de «reestructurar» la empresa.
Según publicaron los trabajadores del multimedios, los apuntados son alrededor de 60 empleados de las diferentes unidades de América: A24, América TV y La RED; e incluyen tanto a periodistas, como a locutores y personal técnico.
La salida de Víctor Hugo Morales de la señal de noticias C5N hizo que los trabajadores apoyaran al periodista, quien este jueves anunció que se sintió «ninguneado» por los dueños del Canal luego de que apoyara una medida de fuerza realizada semanas atrás por los empleados.
En un comunicado, la Comisión Interna de los trabajadores de C5N expresaron su solidaridad con el conductor quien «además de ser un periodista de renombre, siempre acompañó las decisiones que tomó la mayoría de lxs trabajadorxs en asamblea y, como cada vez que hubo medidas de fuerza, adhirió al paro de mediados de julio, lo que le provocó una fuerte discusión con las autoridades del canal».
Los «metrodelegados» convocaron a la paralización de las seis líneas de subte y del premetro desde las 21:00 del miércoles hasta el fin de las actividades de la jornada.
El motivo de la decisión fue «el fracaso de la audiencia del martes en la Subsecretaría de Trabajo donde se exigió una vez más que se designe el personal correspondiente en las boleterías Catalinas y Correo Central Norte de la línea E». En este sentido, los trabajadores del subte defienden su derecho al cumplimiento del Convenio colectivo y las leyes laborales, denunciando que la demora en el nombramiento de personal responde a la intención de la empresa Metrovías de eliminar puestos y categorías laborales.
La medida de fuerza se produce, además, a pocos días de la denuncia oficial de varios casos de enfermedad laboral producidos por la presencia de asbesto en varias líneas de subte, un tema reconocido tardíamente por la empresa concesionaria y por el Gobierno de la Ciudad, en tanto también se trata de una cuestión de salud pública.
El empleo registró en junio una caída interanual del 1,4%, lo que significó la eliminación de más de 170.000 puestos de trabajo en un año, según la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Producción y Trabajo.
Industriales Pymes Argentinos (IPA) presentaron un informe en el que relevan la magnitud de la crisis económica. Encontraron que en los últimos doce meses cerraron 1.734 empresas manufactureras y advierten que «van a caer algunas más».
El trabajo publicado por el IPA sentenció que «desde 2012 la producción industrial argentina exhibe una tendencia contractiva que se fue profundizando. 2011 fue el último año de crecimiento (+8%) y luego se alternaron recesiones del nivel de producción en años pares, con recuperaciones parciales en años de elecciones. En 2018 la caída acumulada desde 2011 llegó al -13%. En los primeros seis meses de 2019 ese descenso llegó al -16%».
De acuerdo con el informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), el empleo disminuyó en la comparación con mayo de este año: 1,7%. En junio se registraron 410.336 puestos de trabajo mientras que el mes anterior había 417.216.
Luego de 23 días de lucha, de acampe y movilización, los 35 trabajadores despedidos de Ran Bat tuvieron un emotivo regreso a la planta de baterías de Burzaco que había cerrado sus puertas. Así tal como estaba planeado retomaron sus puestos de trabajo y comenzaron las tareas.
La movilización que realizaron el martes a la delegación de Almirante Brown del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires logró la reapertura de la fábrica, la reincorporación de todos los despedidos y el pase a planta permanente de los contratados. A su vez el Ministerio se comprometió a hacer el seguimiento para que se garanticen las condiciones de salubridad en la fábrica.
La Sala 5ª de la Cámara de Apelaciones del Trabajo emitió dos fallos ordenando la reincorporación de otros 30 trabajadores despedidos de la agencia estatal de noticias Télam. Sólo queda pendiente un expediente para que todos los cesanteados irregularmente por el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, tengan garantizado el retorno a sus puestos de trabajo.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la nulidad de la desvinculación de una empleada jerárquica de la Biblioteca Nacional, en el marco de los despidos masivos dispuestos por Cambiemos, porque lo realizaron un día después que comunicara que estaba embarazada.
Salarios
La inquietud económica que se profundizó en las últimas 48 horas, llevó al secretario General del Sindicato de estacioneros de servicio de la Región de Cuyo, José Escoda, a iniciar las gestiones para acelerar el debate de la «cláusula de revisión» salarial que estaba previstas para el mes de octubre.
Escoda representa a los trabajadores de San Luis, Mendoza y San Juan y orbita en la actividad de Carlos Acuña, integrante del binomio de conducción de la CGT que por estas horas se sienta a debatir con la UIA sin la mediación del Gobierno Nacional.
La Unión Industrial Argentina (UIA) y la CGT negocian un bono salarial para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, que se vio severamente reducido tras la última devaluación. Sería un monto no remunerativo.
En el ámbito gremial son varios los dirigentes que esperan los datos de inflación de agosto, que estarán en los próximos días, para ir a golpear las puertas con el mismo propósito.
De acuerdo a lo instruido por el Tribunal de Trabajo N°3 de La Plata la gobernadora, María Eugenia Vidal deberá retomar la negociación paritaria con los empleados de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.
Durante el mediodía del miércoles la capital bonaerense fue el escenario de importantes movilizaciones. En el marco de un paro provincial por 24 horas, los gremios provinciales ATE (estatales), CICOP (salud), AJB (judiciales) movilizaron junto a las organizaciones sociales como la CTEP, la CCC y Barrios de Pie y la Federación Universitaria de La Plata, para reclamar la reapertura de paritarias y una serie de medidas para no seguir perdiendo frente a una inflación que ya supera el 50% anual.
Desde la Federación de Unidad de Docentes Bonaerenses (FUDB) «nos vimos en el compromiso con nuestros representados de exigir al gobierno de Vidal que mensualice la cláusula gatillo» señaló Elisa Semino, secretaria de Comunicación del SUTEBA que conduce Roberto Baradel.
Al mismo tiempo incluyen en el reclamo: «la actualización de los salarios familiares y de los cupos alimentarios que se recortaron fuertemente y también los montos del servicio de comedor que es de 27 pesos y resulta totalmente insuficiente», agregó.
«Volveremos a insistir también con el reclamo de infraestructura escolar y con el Fondo de Incentivo Docente que está congelado desde el 2015, pero todavía ni siquiera nos han recibido», reconoció Semino.
El Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de la Conadu (H), resolvió por unanimidad la convocatoria a Jornada Nacional de Lucha para los días 28 y 30 de agosto en defensa del salario y el presupuesto universitario, confluyendo con la CTA Autónoma.
Los docentes universitarios reclaman el adelanto del 8% de la cuota de septiembre de su paritaria, la percepción del bono de $5.000 para los estatales del cual fueron excluidos, la indexación mensual de los salarios y jubilaciones, y salario para todos los ad-honorem, entre otros pedidos.
La reciente asamblea de Ademys, gremio docente de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió convocar a un paro activo de 36 horas para el viernes y convocó a movilizar al Ministerio de Educación el día en el que se reunió el Consejo del Salario. Los docentes porteños exigen la convocatoria urgente a una mesa salarial.
El gremio también reclamó un «aumento de emergencia» para los docentes porteños y una «indexación automática mensual», teniendo en cuenta que luego de la devaluación post electoral, se esperan cifras inflacionarias superiores al 5% mensual.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), junto a la CTA Autónoma de Río Negro, se movilizó el miércoles en Viedma, Bariloche, Cipolletti y Neuquén para reclamar negociaciones paritarias que compensen el atraso de los salarios frente a la inflación.
En tanto, el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck dijo a la prensa en la ciudad de General Roca que la provincia no puede pagar un bono de 5.000 pesos a los trabajadores estatales, una de las medidas dictadas por el Gobierno nacional luego de la última devaluación del peso, con lo cual «no está prevista una nueva discusión salarial» con los sindicatos del sector público.
Al reclamo por reabrir las paritarias se sumó la Unión de Trabajadores por la Educación de Río Negro (Unter) y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).
Desde el jueves 22, los más de 500 trabajadores del ingenio Bella Vista vienen realizando un paro por deudas salariales. La firma de José Minetti adeuda la segunda quincena de julio y la primera de agosto. Además hay un grupo de obreros del surco a los que se les adeuda las vacaciones de 2018. La patronal tampoco viene cumpliendo con sus obligaciones ante la AFIP y la Obra social.
Este martes se reunieron en Casa de Gobierno el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, el intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar, dirigentes de la FOTIA y la FEIA, y Carlos Rojas por parte de la patronal.
En la reunión se acordó levantar las medidas de fuerza a cambio de un compromiso de pago hasta el 3 de septiembre del 50% de lo correspondiente a julio. La patronal presentará luego un cronograma sobre el pago de los haberes vencidos.
Las patronales azucareras vienen encolumnándose detrás del gobernador Manzur y la candidatura de Alberto Fernández, al mismo tiempo que atacan las condiciones laborales de los trabajadores azucareros. Con el ingenio Santa Bárbara y San Juan sin moler, centenares de familias trabajadoras quedaron sin su fuente de sustento. En simultáneo, patronales como Minetti, Emilio Luque en el ingenio Concepción o Jorge Rocchia Ferro recurren al atraso en el pago de salarios y en el de la obra social. Todo esto en un contexto donde el salario sufrió una fuerte devaluación.
La Confederación de Trabajadores Municipales reclamó «la inmediata reapertura de paritarias en los más de 2.200 gobiernos locales de todo el país».
El Secretario Gremial del Sindicato Petrolero santacruceño, Carlos Monsalvo, reiteró la exigencia planteada durante la última semana al Ministerio de Trabajo de la Nación, para que se adelante en carácter urgente el llamado a la comisión paritaria salarial estipulada para el mes de octubre.
La Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) ratificó que el amparo presentado ante la Justicia Laboral contra el régimen de Alta Dirección Pública se encuentra «en pleno trámite» y salió al cruce de la versión difundida por UPCN que sostenía que la acción legal había sido rechazada.
«Este nuevo régimen de Alta Dirección Pública flexibiliza los requisitos existentes hasta hoy para el acceso a los más altos cargos de la Administración Pública, de modo que los nuevos Directivos tendrán que llenar menores recaudos que los agentes subordinados a ellos», advirtieron desde el gremio.
Asimismo, detallaron que el convenio » beneficia a quienes el actual Gobierno puso ‘a dedo’ (2.500) en los cargos Directivos que pasarán a ser Alta Dirección Pública, con designaciones hechas en forma transitoria, porque no se llamó a concurso y por excepción, ya que no reunían los requisitos mínimos que la Ley exige para ser designado en tales cargos».
«Esos funcionarios tendrán también un régimen salarial superior al del común de los agentes públicos, y en caso de no renovarse su designación pueden ser indemnizados, o incorporados sin concurso en forma directa, a la más alta categoría del SINEP aun cuando no haya vacante financiada, configurando otro privilegio exclusivo», agregaron.
«Sorprende que UPCN se arrogue años de lucha para alejarse de normas ‘heterónomas'» y dispararon sin anestesia: «Cabe preguntarse si cuando firmaron, en los últimos años, los aumentos salariales escandalosos, siempre por el piso de la paritaria, muy por debajo de la inflación y recortando el poder adquisitivo de los trabajadores estatales llevando a muchos de ellos por debajo de la línea de la pobreza, lo hicieron también luchando contra las normas heterónomas» .
La iglesia pidió que en forma «urgente» se declare la emergencia alimentaria
La Comisión que preside el obispo Jorge Lugones, indicó que «si bien el Estado Nacional está asistiendo con mayor ayuda alimentaria, no sería suficiente para paliar las deficiencias de este tiempo».
La «emergencia alimentaria» es algo que vienen reclamando los movimientos sociales» desde hace tiempo, y ahora, la Iglesia, a través de un documento, dejó sentado que ante el «notable aumento de la indigencia, la pobreza, la desocupación y el aumento indiscriminado del precio de los alimentos de la canasta básica» es urgente la declaración de la «emergencia alimentaria y nutricional, que afecta esencialmente a los más vulnerables, en especial a los pequeños».
La Pastoral Social consideró también que es «urgente implementar una Canasta Básica de Primera Infancia con productos esenciales que puedan ser distribuidos gratuitamente y/o a costo subsidiado para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, la salud, y los cuidados de calidad de niñas y niños», que incluya medicamentos, vitaminas, leche líquida y en polvo fortificada, productos lácteos, carnes, pescados, frutas, verduras, huevos, legumbres, y pañales.
Para los obispos que integran la Comisión también es «urgente aumentar el presupuesto destinado a los comedores y a las huertas escolares, comunitarias y familiares, y a emprendimientos de la agricultura familiar y social, garantizando la equidad y la calidad federal de los servicios de asistencia alimentaria y nutricional».
Movimientos sociales se movilizaron el martes para exigir Emergencia Social y Alimentaria: medidas concretas económicas y de protección contra la pobreza. La marcha fue encabezada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la CCC, Barrios de Pie, la OLP, el Frente Popular Darío Santillán y el FOL. Además adhirieron la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Detrás de una enorme bandera que proclamaba «Luche y se van» se alinearon numerosos militantes de las Organizaciones Libres del Pueblo (OLP), de la Simón Bolívar y la Organización Los Pibes. Varios de sus integrantes repartían volantes proclamando «¡Que renuncie Macri Ya!», consigna que fue recibida con aplausos por los otros manifestantes.
La jornada de protesta incluyó movilizaciones en numerosas ciudades del país, como Rosario, La Plata, La Rioja, Santa Rosa, San Salvador de Jujuy, San Juan, Trelew y Posadas.
El Consejo Local de Niñez de Quilmes se reunió el miércoles 21 de agosto con integrantes de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio y resolvieron avanzar con una ordenanza que considera a la alimentación como un derecho humano que por unanimidad se aprobó por todos los presidentes de bloques en el Concejo Deliberante.
La norma autoriza a reasignar partidas presupuestarias priorizando la compra de alimentos, reforzar y fortalecer: el Servicio Alimentario Escolar (SAE); acciones destinadas a merenderos y comedores barriales; y la distribución de leche a través de las Unidades Sanitarias y organismos estatales pertinentes. La misma tendrá vigencia desde el 1º de setiembre hasta el 9 de diciembre de este año.
En tanto, en la tarde del lunes la policía a cargo de María Eugenia Vidal y Martiniano Molina desalojó violentamente a los trabajadores manteros de la peatonal en el centro de Quilmes.
Decenas de vecinos se acercaron a repudiar el accionar de la fuerza que, una vez más, reprimió a los vendedores que buscan sustentar a sus familias ante la creciente desocupación y el ajuste económico.
Represión judicial y policial a la protesta obrera
En marzo de 2018, una máquina armadora de cubiertas de camión aplastó a Javier Bertolotti, operario de la fábrica de neumáticos Fate. El hecho, que casi se cobra la vida del trabajador, le causó heridas graves que lo mantienen imposibilitado de cumplir funciones.
Luego del incidente, los delegados del Sindicato Único del Neumático y Afines (SUTNA) iniciaron una serie de acciones gremiales con el fin de preservar la integridad física de sus representados. Entre ellas, exigieron la renuncia de Gauna, gerente del sector, por ser el responsable de las condiciones de salud y seguridad.
Además, los delegados del SUTNA realizaron un peritaje propio, en el que se logró comprobar la responsabilidad de la directiva en la violación de los distintos sistemas de seguridad. Cabe destacar que, los resultados del peritaje, fueron ratificados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Sin embargo, los directivos de la firma -propiedad de Madanes Quintanilla- arremetieron contra la organización interna iniciando juicios de desafuero contra los representantes de los trabajadores. Por este hecho, le ha iniciado juicio a los delegados Ariel Godoy y José Orellano.
La avanzada de los empresarios no se detuvo ahí. Además, y según manifestó la Lista Roja en un comunicado, le «ha iniciado juicio por desafuero a todos los miembros de la Seccional San Fernando del SUTNA, delegados de planta y a varios miembros de la directiva del SUTNA, por este mismo conflicto».
El próximo lunes 2 de septiembre, a las 9:30 horas, comienza el juicio. Los trabajadores de FATE convocan a movilizarse al Tribunal N°6 del Trabajo (Maipú 19, esquina Centenario, San Isidro), bajo la consigna: ¡Abajo los juicios por desafuero!
El juicio contra los delegados del SUTNA se da en el marco de una avanzada empresaria, a través de la justicia, contra las organizaciones obreras como son los casos de los 5 procesados en la línea 60, de los choferes de la línea ESTE, del Frigorífico Rioplatense y Tandanor, entre otros.
Al respecto, el sábado 31, se realizó una Reunión Abierta de organizaciones obreras, con el propósito de debatir la grave persecución que vienen sufriendo diferentes sectores de trabajadorxs y resolver acciones comunes para enfrentarlo.
Exigieron la absolución de los 5 compañeros de la 60 que el 20 de septiembre irán a juicio por la gran lucha de 42 días del año 2015. Además, en la misma línea 60 hay 6 compañeros más procesados, entre ellos 3 delegados, y 14 denunciados por la empresa por participar en diferentes reclamos.
Denunciaron la prisión domiciliaria sufrida por los compañeros de la Línea Este de La Plata, así como la persecución laboral contra trabajadorxs, delegadxs y activistas de los más diversos sectores, privados y públicos. Repudiaron los juicios por desafuero contra delegados y dirigentes a los que se pretenden quitarle la representatividad que le dieron sus compañerxs (Línea 60, Fate, Frigorífico Rioplatense, Tandanor, entre otros).
Exigieron el cese de los sumarios contra cientos de docentes en la Provincia de Buenos Aires, por defender la educación pública.
Se sumaron al reclamo de libertad a Daniel Ruiz, el cese de la persecución a Sebastián Romero y de los procesamientos a todxs lxs luchadorxs.
Finalmente, llamaron a unir fuerzas como clase trabajadora, defendiendo a ultranza el derecho a reclamar y organizarse.
Durante cuatro días protestaron en la Municipalidad de La Plata. Son unas 700 cooperativistas que no cobran desde julio. Hacen tareas de limpieza y cuidado en la ciudad. La policía lanzó gases y golpeó a los manifestantes que estaban en la puerta.
Finalmente la Municipalidad de La Plata efectivizó el pago de los salarios de julio a cientos de cooperativistas. El intendente, Julio Garro, primero reprimió a los trabajadores este jueves y luego cumplió con su obligación. Pasaron cuatro días de marchas en el Palacio Municipal y el jueves el gobierno de Juntos por el Cambio mandó a la policía a reprimir a quienes reclamaban legítimamente. Las organizaciones sociales levantaron el corte ante el logro de sus salarios, no sin antes pasar por varios momentos tensos. «Garro nos obligó a pasar días en las calles con cientos de familias para conseguir nuestros salarios y como si fuera poco nos reprimió», expresaron. «Nos mantendremos en alerta para el próximo cobro ya que hace dos meses que nos pagan con retraso», advirtieron. Finalmente señalaron: «Agradecemos a las organizaciones sociales, políticas y sindicales que se solidarizaron con nuestra situación. Nos mantendremos unidos en las calles para hacer frente al brutal ajuste del gobierno».
Fuentes: Página12, Canal Abierto, Resumen Latinoamericano, Anred, Red Eco Alternativo, APU, La Nación, Clarín, Diario Popular, Tiempo Argentino, Ambito Financiero, BAE Negocios, www.perfil.com, La Izquierda Diario.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.