La información estadística confirma el hartazgo que impregna el sentido social mayoritario. En efecto, con datos a septiembre del 2016, la indigencia acumula 2,7 millones de personas, unas 600.000 más que a diciembre del 2015. Así, los pobreza por ingreso alcanzan a 13 millones de personas, 1,5 millones más que a fines del 2015. Se […]
La información estadística confirma el hartazgo que impregna el sentido social mayoritario.
En efecto, con datos a septiembre del 2016, la indigencia acumula 2,7 millones de personas, unas 600.000 más que a diciembre del 2015. Así, los pobreza por ingreso alcanzan a 13 millones de personas, 1,5 millones más que a fines del 2015. Se trata de 6,9% de indigentes y 32,9% de pobres. Un tercio de la población bajo la pobreza y las mujeres en situación más vulnerable que los varones. [1]
El agravante es que la situación es peor para los menores de 14 años, ya que para la infancia se reconoce un 48,8% de pobres; los jóvenes de 15 a 29 años, un 37,9%; los adultos entre 30 y 59 años un 28,3%; y los mayores de 60 años el 10,9%. Son datos preocupantes en el presente y alarmantes sobre el futuro de los niños y jóvenes.
Por su parte, el INDEC [2] desmiente los dichos oficiales sobre contención de la inflación, ya que en febrero 2017 marcó una suba del 2,5%; lo que significa un acumulado del 3,85% para el primer bimestre y una proyección del 25,4% anualizado, muy lejos de la meta entre 12 y 17% establecida por el BCRA, el presupuesto nacional, y el techo paritario imaginado por patronales y el gobierno nacional en 18% para todo el 2017.
La crónica periodística remite regularmente a las crecientes suspensiones y cesantías, derivadas de la continuada recesión más allá del optimismo económico del oficialismo.
Nicolás Dujovne habla de la recuperación de la economía y GM o SANCOR cesantean. Es una situación convergente con una capacidad instalada en la industria del 60,6% en enero 2017 contra un 62,9% en enero 2016. [3] Es una cuestión que también se verifica en el ascenso de los índices oficiales de desempleo, subempleo y un tercio de trabajadores en situación irregular,
Todo ello confluye en un crecimiento de la desigualdad, cuya metáfora pasa por el aumento de venta de automóviles 0km y suspensiones de trabajadores de la industria automotriz. Hay que asociarlo a mejora de capacidad de compra de sectores de altos ingresos, aumentos de la importación de automotores y disminución de producción local con destino al mercado interno y/o brasileño.
Este relato remite al fenómeno de una cotidianeidad que deteriora la condición de vida de la mayoría de la sociedad, que no está en el peor momento de 1989 o 2001, pero que tiene ese destino según la evolución progresiva de los indicadores económicos y sociales.
Lo esencial es la reaccionaria reforma estructural
Se llega a esos máximos de deterioro por las reformas estructurales organizadas desde 1975/76 y especialmente en los 90 del siglo pasado, que consolidan el incremento de la desigualdad, la pauperización aumentada y la concentración y extranjerización de la riqueza socialmente generada.
Esto es lo esencial en el orden capitalista; la recreación de las condiciones de explotación y dominación para asegurar la valorización de los capitales y la toma de ganancias, su acumulación y reproducción social.
He aquí la esencia de la regresiva reforma de la estructura económica y social de la Argentina desplegada en dos tiempos: uno bajo la dictadura genocida y otro durante la convertibilidad, con menemismo y Alianza, expresión histórica de las cúpulas del bipartidismo, que ahora intentan ser superadas desde el PRO y nuevos alineamientos en el sistema político.
La crisis indujo la regresiva reestructuración de la economía y la política, disciplinando al movimiento social a las nuevas condiciones de funcionamiento de la sociedad (extranjerización, concentración, nuevo modelo agro primario exportador, elevada especulación y papel de la banca transnacional), con mayores niveles de empobrecimiento y marginación social, con la consecuente despolitización instaurada desde el genocidio y el terrorismo de Estado.
Sobre esas reformas estructurales in-modificadas desde el modelo productivo, la reestructuración continúa y tiene que ver, en primer lugar, con acentuar las modificaciones en la relación entre el capital y el trabajo, para profundizar la subordinación de éste hacia aquel, lo que se manifiesta como disminución del costo laboral. También debe considerarse la permanente reforma del Estado al servicio del Capital y la inserción subordinada en el sistema mundial.
Bajo este concepto de reducción del costo laboral está el salario y por eso el techo pretendido a la actualización de ingresos, consumada en 2016 con pérdidas de capacidad de compra de los ingresos populares entre 6 y 12% según sea la categoría de empleo, regular o irregular de los trabajadores. Pero también supone la reducción del salario indirecto recortando beneficios de la seguridad y previsión social, la salud o educación junto a otros derechos universales a cargo del presupuesto público.
Toda la lógica de política económica se sustenta en generar mejores condiciones para la inversión, por lo que el esfuerzo oficial apunta a elevar la rentabilidad del capital, la ganancia. Esta resulta de la producción de plusvalor, y por eso los dineros destinados a la inversión requieren bajas de los precios de los medios de producción (capital constante) y de la fuerza de trabajo (capital variable).
Para reducir el precio de los medios de producción buscan el menor precio posible en el mercado mundial, y por ende presionan por la apertura de la economía. Así, destruyen cualquier proceso productivo local. Incluso, pueden llegar a suplir el proceso productivo y reemplazar producción final local por otra de origen externo. Es lo que ocurre en la coyuntura con la creciente importación, verdadera sustitución de producción local por extranjera, destruyendo fuentes de empleo y producción.
Para disminuir el precio de la fuerza de trabajo, las patronales y el gobierno presionan con el objeto de desarticular la capacidad de organización y resistencia del movimiento sindical y social, sectorial o territorial de los trabajadores. Se trata de disciplinar a las organizaciones sindicales y sociales para facilitar la inducción en la baja del costo de producción, sea del sector privado como del gasto público social. Por esto es que se empecinan en reducir el déficit fiscal y a cualquier costo trasladar la carga fiscal sobre los de abajo y en beneficio de la cúpula de inversores.
En ese rumbo no debe sorprender que en algún borrador se piense en bajar impuestos a los inversores y aumentar el IVA, por ejemplo. Mientras resuelven el financiamiento local de su política, no dudan en incrementar la deuda pública hipotecando el futuro de las finanzas del Estado. Condicionan así presente y futuro.
La respuesta movilizada
El conflicto docente es emblemático en este sentido, y en la pulseada se juega la posibilidad de avanzar sobre otros sectores de trabajadores. El acuerdo con los petroleros patagónicos y el avance con metalúrgicos y los sindicatos del automotor es el camino para reducir el costo salarial de las grandes empresas, en el mismo sendero de la tercerización y toda forma de flexibilización de los ingresos y las condiciones de trabajo.
La gran movilización de los docentes protestando con el no inicio de las clases, con paros de 48, 72 o 96 horas y perspectivas de continuidad en una lógica muy alejada de la oferta patronal para actualizar salarios, evidencia una confrontación con alcances al conjunto del movimiento sindical y social. Se hizo todo lo posible para deslegitimar la protesta, incluyendo la aberración de acudir a voluntarios para reemplazar profesionales en la educación. La confrontación es económica, política e ideológica y no está cerrada, con el gobierno negando la paritaria nacional.
Por eso se puede pensar en continuado las movilizaciones del lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de marzo, aun cuando cada uno tuvo sus propias reivindicaciones y motivaciones. La primera con los docentes y la defensa de la escuela pública y sus ingresos. La segunda iniciada por los gremios productivos de la CGT y asumida por todas las Centrales de Trabajadores (CTAs) y diversos movimientos y organizaciones no adheridas a las centrales sindicales. La tercera promovida por el Día Internacional de las mujeres trabajadoras y con Paro Internacional de Mujeres.
En todas las movilizaciones ganó la consigna del PARO GENERAL. La cúpula de la CGT fue vapuleada por no convocar con fecha cierta a la medida reclamada en una inmensa movilización callejera. El poder del movimiento popular, especialmente de los trabajadores se hizo sentir y se evidenció que junto a la iniciativa del poder, también existen otras de las clases subalternas.
Resulta de interés entender la situación en clave de lucha de clases, ya que la constitución de un sujeto colectivo movilizado limita el objetivo disciplinador promovido por las clases dominantes y el gobierno Macri.
Es cierto que la hegemonía en el movimiento popular está en disputa, o dicho de otro modo, no hay dirección aun de la movilización popular; pero al mismo tiempo, parece que el gobierno Macri tampoco resuelve la demanda de las clases dominantes por doblegar al movimiento social en lucha.
Desde el gobierno baja la discusión sobre ajuste gradual o políticas de shock, en el sentido de las primeras medidas con devaluación, quita o disminución de retenciones y liberalización del mercado de cambios y cancelación de deudas en litigio, aun con mayor endeudamiento.
Conviven ambas perspectivas en el poder, y se viene el 24/3, conmemoración del Golpe de Estado que inició la regresiva reestructuración que juega ahora un nuevo turno reaccionario.
¿Cómo seguir?
Unos discuten como gobernar el capitalismo local y se adecuan a las nuevas condiciones del orden mundial, con Trump y el Brexit, en simultáneo con la continuidad de la liberalización, con el G20 próximo en Alemania y en 2018 en Argentina; o con la OMC en diciembre en nuestro país. ¿Habrá condiciones para otro NO, como en Mar del Plata 2005 contra el ALCA?
El capitalismo de esta época no con transita con la tranquilidad que suponía el avance de la globalización y menos con la siembra realizada por el gobierno en sus relaciones con Obama y la Casa Blanca, y que busca ahora readecuarse. Recordemos que los inversores siempre le piden disciplinar al movimiento social.
Para esa discusión de como gobernar el capitalismo local y en tiempos electorales se presentan varios candidatos, muchos coinciden con el eje en la demanda de inversores, que buscan afuera ante el parasitismo de la clase dominante local, solo animada en el agro y la minería, de la mano de las transnacionales de esos sectores.
Están también los que imaginan que se puede estimular el consumo sin afectar la lógica de dominación del capital, sin comprender los límites del cambio político en la región en este nuevo siglo. La demanda de más consumo sin modificar el modelo productivo conlleva la orientación del voto hacia lógicas reproductivas de un patrón consumista y de dominación monopólica de la esfera de la producción.
Necesitamos discutir el país que tenemos y el que necesitamos, lo que supone convocatorias asamblearias e una dinámica congresal, para analizar y consensuar el diagnóstico y las propuestas para transformar la realidad. Un congreso popular se requiere para transformar el parasitismo de las clases dominantes del capitalismo local y orientar el desarrollo a la satisfacción de necesidades sociales contra la lógica capitalista.
El problema de los problemas pasa por reiterar la recurrente lógica de invertir para ganar, siempre a costa del bienestar mayoritario y lo que se necesita es voluntad mayoritaria para orientar el esfuerzo colectivo de la producción para resolver insatisfechas necesidades sociales.
Notas:
[1] Observatorio de la Deuda Social Argentina. POBREZA EN LA ARGENTINA URBANA (2010-2016), en: http://www.uca.edu.ar/uca/
[2] INDEC. Índice de Precios al Consumidor Febrero de 2017, en: http://www.indec.gob.ar/
[3] INDEC. Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria. Enero de 2017, en: http://www.indec.gob.ar/
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