Unos pocos días después del veinticinco aniversario de la recuperación democrática, Eduardo Buzzi, líder de la Federación Agraria Argentina, sinceró los objetivos de las corporaciones agropecuarias en su largo conflicto con el gobierno nacional. Para él, desde ahora en adelante, la consigna es «desgastar a este gobierno desde donde se pueda». (1) En declaraciones realizadas […]
Unos pocos días después del veinticinco aniversario de la recuperación democrática, Eduardo Buzzi, líder de la Federación Agraria Argentina, sinceró los objetivos de las corporaciones agropecuarias en su largo conflicto con el gobierno nacional. Para él, desde ahora en adelante, la consigna es «desgastar a este gobierno desde donde se pueda». (1)
En declaraciones realizadas en una reunión de productores de Sáenz Peña, a 180 kilómetros de Resistencia, Chaco, Buzzi sostuvo:
«Por eso, desde la Comisión de Enlace, hay una actitud de ir desgastando y erosionando desde donde se pueda a este gobierno». Inmediatamente, agregó: «Estamos muy atentos a actuar, habrá que ver en qué momento, porque de ser necesario se podría volver a los cortes de ruta», aunque aclaró que esto ocurriría únicamente como «último recurso». (2)
El objetivo de este modus operandi sería, de cara a 2009, «que se puedan equilibrar las fuerzas políticas en el Congreso y en las legislaturas provinciales, para que en 2011 se pueda lograr un cambio a esta lógica que desperdició una oportunidad histórica.» (3)
Pese a todo, el ruralista insistió en que «no somos un partido político» (4).
Horas después, Buzzi fue apoyado en sus declaraciones por el dirigente de Federación Agraria Alfredo de Ángeli, quien señaló
«Lo que dice sin dudas el compañero Buzzi, es porque se está haciendo un daño que va a costar muchos años reparar.» (5)
Consultado por La Nación sobre sus dichos, Buzzi reconoció que «fue desafortunado decirlo con esas palabras», aunque mantuvo el sentido original de sus declaraciones. (6)
No es la primera vez que los dirigentes de las corporaciones agrarias realizan declaraciones de este tenor. En los primeros días de octubre, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Néstor Roulet, había asegurado:
«La Iglesia, el Ejército y el campo son tres instituciones que hicieron grande a la Argentina. Ojalá activemos eso junto al resto de la sociedad para ser un país grande, y no chico como es ahora» (7)
Estas declaraciones, tan sinceras como desafortunadas, revelan algo que habíamos observado anteriormente: en el vacío generado por el debilitamiento de los partidos políticos, producto de la crisis de representatividad abierta por la debacle del neoliberalismo, han sido las corporaciones y los medios de comunicación quienes han ocupado el lugar de formadores de la opinión pública opositora. La característica saliente de este proceso, con todo, ha sido la convivencia de este rol no institucional con la negación constante de su ejercicio. En otras palabras, asistimos a la forma más perversa de actividad política: aquella que se niega a sí misma en el proceso. (8)
El debilitamiento del Estado nacional, sometido al doble juego de presiones mediáticas y corporativas, ha redundado en su incapacidad para regular los flujos económicos y fijar reglas de juego claras y consistentes. De este modo, no sólo se debilita la democracia, sino que, a la vez, se establecen reglas de facto favorables a la acumulación desmedida de ganancias en núcleos reducidos de personas.
Asimismo, el juego político posterior a 2001 revela otra secuela perversa. En su análisis del reciente conflicto agropecuario, el politólogo Martín Plot sostuvo que
«Tanto las acciones del gobierno como las de la oposición política y las organizaciones agropecuarias estuvieron ampliamente sobredeterminadas por el habitus de la aceleración de los tiempos institucionales. En una frase: el fantasma de unos era la esperanza secreta de otros. Ocurre que el comportamiento de los actores políticos y sociales luego de las experiencias de las transiciones gubernamentales entre Alfonsín y Menem primero, y entre De la Rúa y Duhalde, luego, han encarnado prácticas que generan expectativas de transición que no se condicen con la realidad institucional -y esta expectativa de transición opera tanto en la forma de actuar del gobierno como de la oposición-. Esta sobredeterminación fue reconocible, fundamentalmente, en la intransigencia de los actores involucrados. Por el lado del gobierno, la intransigencia era mayormente defensiva y no se manifestó en la incapacidad de introducir reformas a la medida originaria (cosa que éste hizo, y mucho) sino en la permanente vocación por introducirlas de tal modo que no pudiesen ser leídas como una derrota política. Una derrota política de este calibre, percibía crecientemente el actor político en ejercicio circunstancial del Ejecutivo, no podía sino iniciar un proceso con altas posibilidades de desembocar en la aceleración de los tiempos institucionales. Extrañamente, los representantes del sector social en conflicto con el gobierno parecieron, una y otra vez, actuar como si concesiones a sus intereses no fuese lo que estaban buscando, sino concesiones que precisamente pudiesen ser leídas como derrota política. Estos sectores, efectivamente unificados por intereses sectoriales tocados por las retenciones, sin embargo actuaron como un actor que, haciéndolo unificadamente, podría eventualmente cambiar el «modelo» y la «política agropecuaria» -cambios que sólo un gobierno en ejercicio puede introducir.» (9)
María Esperanza Casullo señaló al respecto
las experiencias de las transiciones del alfonsinismo y el delaruismo han creado en los actores sociales y políticos la idea de que las circunstancias de puja de intereses objetivos deben ser resueltas o van a ser resueltas mediante la caída de un gobierno constitucional y su reemplazo por otro gobierno, también institucionalmente legítimo. […] El problema es que esta habitualidad ofrece a los actores sociales y políticos opositores muy pocos incentivos para construir salidas negociadas a la crisis. Antes que construir coaliciones y planificar alternativas para la alternancia en el mediano plazo, en todos los casos para las oposiciones parece mejor movida «empujar» un poco más con la esperanza de hacer caer el gobierno y reemplazarlo por otro más afín. […] Un corolario de esta forma de hacer política en la no política es que en la mayoría de los casos que estamos viendo en este mismo momento las rebeliones no están motorizadas por los sectores obreros o campesinos, sino por las elites económicas y culturales, tal como se ha visto en Bolivia, Venezuela y Argentina. Estos actores tienen una gran capacidad erosiva, dada su posición dominante tanto económica como cultural. En sus manos están muchos resortes de la política, el mercado, y los medios de comunicación, y pueden entonces ser actores con altísima capacidad de veto, no sólo política, sino también económica y cultural. (10)
En el contexto reseñado por ambos analistas, es posible percibir mejor la lógica inherente, no sólo a la conducta corporativa, sino al permanente incentivo opositor a un final anticipado, tal como puede desprenderse de las casi diarias admoniciones de la dirigente de la CC, Elisa Carrió.
Lo curioso es que, contrariamente a lo supuesto por los analistas de la izquierda tradicional, la acción erosiva «por arriba» no brinda legitimidad social a la protesta social «desde abajo». Al contrario, atravesando el discurso de la no – política, podemos encontrar un doble estándar valorativo, que pondera positivamente sólo aquellas acciones cuya consecuencia esperable reside en un debilitamiento del oficialismo.
Estas condiciones de funcionamiento sociopolítico pueden rastrearse, con facilidad, en los críticos años 2001 – 2003. Ya en aquel momento, para el historiador Tulio Halperín, se hizo evidente que
«La Argentina vivía una situación inédita en que el Estado sólo retenía el monopolio de la violencia a condición de renunciar a usarla.» (11)
La situación derivada de esta crisis de la legitimidad estatal fue saldada a través de gobiernos que, como el de Néstor Kirchner, hicieron de la no – represión una bandera. Pero la voluntad, extremadamente positiva, de no criminalizar la protesta social en un contexto de emergencia económica, tuvo una consecuencia inevitable en la pérdida de referencias claras, por parte de la sociedad, para distinguir la acción opositora legítima de la ilegítima. Ana María Mustapic, politóloga, se refería a esta situación de desgaste de la autoridad estatal señalando
«La debilidad del Gobierno para recurrir al uso legítimo de la coerción. Cabe señalar que éste no es un problema nuevo, ni de esta gestión, y no es sencillo de resolver. Sea como fuere, en los intersticios de esa debilidad del Estado se filtran las conductas que se apartan de la ley.» (12)
En todo caso, el resultado de este proceso redunda en un debilitamiento de la legitimidad de las instancias políticas, debilitamiento que, al no estar compensado por el contrapeso de un poder popular organizado, genera un vacío sumamente favorable a la dinámica desestabilizadora de los enemigos de la democracia argentina.
Notas
(1)http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/52890/buzzi-la-consigna-es-desgastar-a-este-gobierno-desde-donde-se-pueda.html
(2)Ibídem.
(3)Ibídem.
(4)http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=230869&ID_Seccion=33
(5)http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=94034&se=1000
(6)http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1066634
(7)http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2008/10/14/noticia_5450.html
(8)http://www.rebelion.org/noticia.php?id=70839
(9)Véase Página 12, 13/07/2008.
(10)http://artepolitica.com/cuestion-de-habitus-2/
(11)http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1023521&high=Halperin
(12)http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1008611&high=mustapic